noviembre 11, 2026

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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)

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Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)

Continua con: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)

Por: Roberto Rocha

PARTE III

 

ENFERMEROS PIDEN AUXILIO

El pasado viernes 12 de junio, un grupo de enfermeros del Hospital General del ISSSTE se manifestaron en busca de obtener las condiciones correctas para la realización de sus actividades laborales, pues aseguran que no han recibido cubrebocas n95, pese a que se están atendiendo pacientes de covid-19.

El grupo de enfermeros exigió a la directora del hospital, ubicado a una cuadra de la Calzada de Guadalupe, que solicite a las autoridades federales que ese sea considerado únicamente un hospital covid y no de atención mixta.

Desde el pasado martes 9 de junio, enfermeros de ese centro de salud consiguieron una suspensión de plano, para evitar que, a causa de la pandemia de covid-19, se dé atención médica distinta a la de coronavirus en ese sitio.

Esta suspensión, otorgada por un juez de distrito, fue promovida y obtenida incluso antes del fallecimiento de una enfermera de ese hospital, de nombre Olivia, a causa del covid-19, dada a conocer el pasado jueves. Ese fallecimiento representó la primera muerte de un trabajador de la salud en el estado de San Luis Potosí, que era hasta ese momento, junto con Colima, la única entidad que no había registrado defunciones en personal de ese sector desde el inicio de la pandemia.

Hasta el pasado viernes, dos días después de haber sido notificados de la suspensión de plano, las autoridades del Hospital General del ISSSTE no habían iniciado el procedimiento para enviar la atención médica no destinada al coronavirus a otros centros médicos.

Sin embargo, el sábado 13, la secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, aseguró que el gobierno del estado ya fue notificado acerca de la suspensión obtenida por enfermeros del Hospital General del ISSSTE, para evitar que en ese centro de salud se siga prestando atención médica del covid-19.

Rangel Martínez dio a conocer que la delegación del ISSSTE está analizando la posibilidad de no recibir más pacientes con enfermedades respiratorias. Además recordó que desde el nivel federal se hicieron acuerdos para que, en caso de que la infraestructura en los hospitales quede rebasada, se pudiera mover la atención médica general hacia hospitales privados, o los internamientos del covid-19, se trasladen al Hospital General de Soledad.

La secretaria de Salud también dijo que el ISSSTE deberá agotar sus posibilidades ante instancias federales, pero que el gobierno del estado está dispuesto a apoyar los movimientos de pacientes para no prestar más atención covid en el Hospital General del ISSSTE.

“Hay que tener cuidado que no se pierda la atención para la gente que se está atendiendo ahí. Seguiremos en coordinación todo el tiempo, aquí lo principal son los pacientes, no se han dejado de atender, se va a brindar todo el apoyo”, dijo Rangel Martínez el 13 de junio pasado.

 

FALLA EL PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIOS CRUZADOS

Según los enfermeros que se manifestaron este viernes 12, durante la más reciente visita del gobernador Juan Manuel Carreras, los trabajadores del ISSSTE dijeron al mandatario que ese hospital había quedado rebasado, por lo que no se entiende la decisión de mantener en ese sitio atención a covid-19, mientras se siguen realizando actividades relacionadas con otras enfermedades e incluso partos.

El cuerpo de enfermería del ISSSTE también aseguró que el código con el que se anuncia el ingreso de un paciente sospechoso de covid no se escucha en todo el hospital, por lo que existe riesgo de que pueda tenerse contacto con pacientes de manera accidental.

Esto contrasta con lo dicho el sábado pasado por la secretaria Mónica Liliana Rangel, quien aseguró que “para garantizar el que no existan infecciones cruzadas, lo que se hace es prácticamente una separación de rutas, en donde no se cruzan las personas que entran a una atención cotidiana y a una atención covid. Se establecen también códigos de alerta de pacientes respiratorios para todo el hospital, para que sepan que llegó una persona sospechosa o confirmada de covid”. 

Rangel Martínez señaló también que con ello se busca poder separar “y dar la atención específica de ese paciente, para que nadie más puede entrar a esa áreas, digamos que se bloquean las áreas cotidianas para poder atender toda la ruta covid”. Esto, sin embargo se contradice con la presencia de un bebé con covid en la misma zona de neonatología en la que están otros recién nacidos.

Alberto asegura que el de su hijo no es el único caso de un bebé contagiado por el covid-19 en los cuneros del Hospital General del ISSSTE: “Nos llamó mucho la atención que estaba afuera del hospital un oficial con el uniforme de la Guardia Nacional. Nos dimos cuenta que a su bebita le habían diagnosticado también el covid y se había contagiado ahí, según lo que escuchamos que estaba diciendo en una llamada telefónica”. 

“La bebé se veía recién nacida, la tenían en brazos, pero ya se las habían entregado y la tenían ahí. Querían hablar con la pediatra porque ahí se había contagiado. Vimos muchas cosas increíbles para la contingencia que se está viviendo, como que no tengan jabón o papel de baño en el hospital. Incluso, en un cambio de turno, llegó una persona, un trabajador en su bicicleta, que llevó rodando hasta el área de hospitalización”.

 

15 TRABAJADORES DEL ISSSTE HAN TENIDO COVID

El pasado martes 9 de junio, en la rueda de prensa diaria de actualización sobre el covid-19, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner

, aseguró que desde el inicio de la pandemia en el estado, el 13 de marzo de 2020, 15 trabajadores del ISSSTE han contraído el coronavirus en San Luis Potosí.

Lutzow Steiner, sin embargo, dijo que no todos están ubicados en el mismo sitio de trabajo ni estuvieron contagiados simultáneamente, sino que pudieron ocupar distintas fechas en sus contagios.

 

PATRICIO NO MURIÓ POR COVID

Ayer 14 de junio, el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud estatal, Juan Jesús Martínez López, dio a conocer que Patricio fue confirmado por covid-19, después de fallecer.

“Es un prematuro de 35 semanas de gestación, esto quiere decir que nació antes de que tuviera la madurez suficiente. Además de esto desarrolló otra enfermedad secundaria que se llama enterocolitis necrotizante, este paciente fallece de esta enfermedad, que es una enfermedad grave en los pacientes que tienen esta característica de nacer antes de tiempo y en forma paralela, porque tenía pocos días desde su nacimiento hasta su fallecimiento, le realizan una prueba de covid y resulta positiva”, dijo el funcionario estatal.

La Orquesta se comunicó con Alberto al terminar la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del día de ayer. El padre de Patricio informó a este medio que ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud estatal le confirmaron a su familia acerca del positivo a la prueba de covid de su bebé.

Martínez López señaló que el positivo a covid-19 del bebé “no quiere decir que haya tenido síntomas de covid, sino que son parecidos los síntomas de la prematurez, sus pulmones no están desarrollados, por lo tanto tiene dificultad para respirar. Como protocolo, se le hace una prueba de covid a todo paciente que está hospitalizado en un área de terapia intensiva, porque este niño estaba en terapia intensiva neonatal, y resulta positiva”. Los padres del menor tampoco estuvieron enterados que su bebé estaba en terapia intensiva.

El director de Atención Médica también dijo: “la causa de su enfermedad no es covid, puede ser una cosa que estuvo paralela al momento de su fallecimiento, pero la causa principal del deceso fue la prematurez y el desarrollo de un problema intestinal que se llama enterocolitis necrotizante, por la misma prematurez”. 

Miguel Ángel Lutzow Steiner, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud estatal, continuó la información: “Hemos identificado ya tres personas que fallecieron, que tenían coronavirus pero que no fallecieron por coronavirus. En esto quiero ser muy claro. Hemos estudiado ya 225 defunciones, pero estas tres que estoy señalando en este momento no se pueden agregar a la contabilidad de coronavirus porque en el dictamen que se lleva a cabo al proceso de la defunción y todas sus características clínicas, el estudio de caso, señalan que no está relacionada la defunción. Es decir, se trata de personas que estaban cursando efectivamente por coronavirus, pero que la causa de la muerte no es esa”.

Al cierre de este domingo, 109 personas han fallecido en el estado de San Luis Potosí a causa del covid-19. 

 

QUE NO LE PASE A NADIE MÁS

“Yo quiero hablar porque estamos molestos, pero no con los doctores, no queremos vengarnos de nadie, no queremos nada, lo único que queremos es que más personas que pasen por una situación como la nuestra, no tengan ese sufrimiento”, dijo Alberto, en entrevista para La Orquesta. 

“Yo creo que desde un principio el doctor, el ginecólogo, cuando llegamos a consulta, debió habernos informado que en ese hospital se estaba atendiendo covid. Él debió haber dicho, si está viendo en el expediente que ella es una persona con embarazo de alto riesgo porque tiene tiroides, porque tiene diabetes, porque tiene presión alta, si el mismo doctor me dijo que era todo eso, él tuvo la responsabilidad de haberme dicho que ese era un hospital covid y que se pudo haber complicado”. 

“El tuvo que haberme dado la opción de decirme si ustedes tienen posibilidades de ir a otro hospital adelante, él nos hubiera dicho ‘yo, como doctor, tengo la posibilidad de pedir que los trasladen a otro hospital, por la contingencia y por la cualidad del embarazo, que es de alto riesgo’. Pero no lo hizo así, simplemente a mi me dijo ‘la vamos a ingresar, firmele’. No tuvimos oportunidad de eso, ni siquiera nos comentaron en ningún momento que ese hospital era covid”, dijo Alberto, quien considera que más casos como el de su bebé pueden evitarse.

“Nosotros nos sentimos muy mal, pero queremos que se sepa nuestro caso porque no queremos que nadie más pase lo que nosotros pasamos”.

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Nueve municipios no han subido el sueldo a sus policías: Gallardo

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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno

Por: Redacción

Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.

“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.

Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.

La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación

del funcionario responsable.

El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.

Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.

También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC

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SLP, quinto lugar nacional en robos y asaltos contra negocios

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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó

Por: Ana G Silva

Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.

En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.

Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.

Más caro que hace dos años

La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.

San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos

por negocio. El promedio nacional fue de 44 mil 560 pesos.

Pequeñas y grandes, las más expuestas

La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.

En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.

Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.

En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.

El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.

También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP

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Conagua clausura tres pozos de Tecmol: “No le puede robar a la gente”

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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal

Por: Redacción

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.

Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.

“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.

El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.

El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.

Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.

El pozo de la discordia

El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.

En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.

El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.

Las cifras de la dependencia

González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones

, de las que derivaron más de 45 procedimientos de clausura de sitios de extracción irregular, cifra que coloca a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en inspecciones y clausuras.

Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.

También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.

Más allá de Salinas

En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.

Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.

Qué sigue

Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.

Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.

Lee también: “Ese hombre para mí no existe”: Medina arremete contra Tecmol

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