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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes
En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional
Por: El Saxofón
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.
Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.
En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.
A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.
En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.
El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.
De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.
Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.
En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.
Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares 
También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.
Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.
Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.
En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.
En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.
Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.
También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.
Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).
En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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