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Diputados potosinos quieren dar “atole con el dedo”: Ciudadanos Observando
El vocero de Ciudadanos Observando afirmó que, a pesar de que los diputados conformen un código de ética para contratar asesores, “continuarán con el mismo crimen”
Por: Ana Dora
Hace un par de días, el diputado Mauricio Ramírez Konishi informó que en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se está elaborando un Código de Ética para regular las contrataciones de asesores legislativos, a lo que el vocero de la agrupación Ciudadanos Observando, Guadalupe González, respondió que se trata de una simulación.
“Nos van a dar atole con el dedo, van a quitar a todos los que están ahorita y a meter a una camada diferente con algunas reglas diferentes pero en esencia continuar con el mismo crimen”.
El activista anticorrupción indicó que un código de ética no haría una diferencia significativa: “aquí no se necesitan códigos, se necesita congruencia y parar”, además indicó que el presidente de la Jucopo, el diputado Edson Quintanar, tiene responsabilidad pues tuvo conocimiento de lo sucedido entre la diputada Alejandra Valdés y su asesor, a quien presuntamente le pedía parte de su salario.
“Yo personalmente le informé que había una denuncia de un exasesor de la diputada Alejandra Valdés al que estaban extorsionando. Él tiene una gran responsabilidad como coordinador de bancada de Morena y presidente de la Jucopo”.
Añadió que el legislador cuenta con un asesor que a la vez cobra una remuneración desde la Secretaría del Bienestar: “revisando el portal de la Secretaría del Bienestar aparece registrado como Servidor de la Nación 
El activista de Ciudadanos Observando señaló que es inoperante cualquier acción de la Jucopo: “todo lo que emane de ese clan hay que ponerlo en duda”, sentenció y recalcó que sólo el veinte por ciento de las personas contratadas por el Congreso, laboran como asesores legislativos, los cuales ya están bajo una normatividad.
“Ellos sí tienen título, tienen que tener un plan de trabajo, deben de asistir a trabajar, dar un reporte de actividades”, apuntó, y señaló que la intención de elaborar un código de ética para justificar la contratación de “apoyo administrativo” sin perfil profesional va a terminar en que “van a meter hasta a su comadre que no tiene ni título. En base a eso quieren hacer una reglamentación”.
Por último, el vocero indicó que es necesario se transparenten las contrataciones “reglas claras para contratación, contratos públicos, no puede haber ninguna persona a la que no se le pueda verificar su actividades”.
Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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