octubre 7, 2025

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Estado

Piden castigar el ciberacoso con hasta 4 años de cárcel en SLP

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Además de castigar el ciberacoso, la iniciativa de la diputada Paola Arreola pretende fortalecer las sanciones contra personas que difundan imágenes de una persona desnuda sin su consentimiento

Por: Redacción

La diputada Paola Alejandra Arreola Nieto presentará una iniciativa de Ley que propone reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para tipificar como delito el ciberacoso sexual.

Destacó que la propuesta de reforma al artículo 187, plantea establecer que comete el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio, divulgue, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

La legisladora puntualizó que este delito se sancionará con una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de trecientos días del valor de la unidad de medida de actualización.

Además, se aumentaría la sanción pecuniaria y la pena privativa de la libertad, cuando: “El delito sea cometido por el cónyuge o por persona que esté, o haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin convivencia, y la víctima fuese menor de edad, o persona con discapacidad”.

Expuso que en la adición del artículo 187 Bis, también se propone que a quien sin consentimiento de la víctima, obtenga de dispositivos móviles o de almacenamiento físico o virtual, cualquier imagen, video, textos o audios, de contenido íntimo o erótico sexual, se le impondrá de tres a seis años de prisión. “187 Ter. Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas en el presente capítulo, se aumentarán en dos terceras partes”, agregó.

Dijo que, de aprobarse la iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, se impondrá de cuatro a siete años de prisión, a quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio, divulgue, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

Además, precisó que en la adición al artículo 187 Sextus, se establecería que “Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en los artículos anteriores”.

Por último, la legisladora Paola Arreola, precisó que la adición del artículo 187 Septimus, se propone que “si la persona agresora fuese servidor público, y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta”.

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Nueva Ley Hídrica podría poner en la mira concesiones en SLP

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La CONAGUA, investigará a balnearios potosinos que explotan agua de uso agrícola para fines turísticos, confirma el diputado José Luis Fernández.

Por: Roberto Mendoza

Como parte de una investigación federal sin precedentes, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha detectado más de 50 concesiones con inconsistencias en San Luis Potosí, de las cuales 22 corresponden a pozos de uso agrícola en Villa de Reyes que son investigados por presuntamente abastecer de forma ilegal a balnearios y centros turísticos. Estas acciones derivan del nuevo Programa Nacional de Verificación de Títulos que, a la fecha, ha puesto bajo auditoría a más de 150,000 de las 536,000 concesiones existentes en México, revelando miles de casos de sobreexplotación, transferencias ilegales y uso distinto al autorizado, una práctica ilegal en medio de la severa crisis hídrica que azota al estado.

El diputado federal por el Partido Verde, José Luis Fernández Martínez, confirmó que se está realizando una revisión de todos los títulos de explotación, con un enfoque particular en centros recreativos que, presuntamente, operan con concesiones de agua para uso agrícola, una práctica irregular ante la severa crisis hídrica que afecta a la entidad y al país.

El legislador potosino detalló que la investigación se concentra en la región conocida por sus aguas termales, donde coexisten establecimientos privados con el Centro Vacacional Gogorrón, propiedad del estado. Según Fernández Martínez, la concesión de este último parece estar en regla bajo la categoría de “uso urbano”, pero existe la sospecha de que varios balnearios privados aledaños se abastecen de pozos cuyo permiso es exclusivamente para actividades agrícolas. El objetivo de la auditoría federal es, en palabras del diputado, “ajustar las concesiones para lo que fueron otorgadas”

y poner orden en la administración de un recurso cada vez más escaso. Recientes informes de la propia CONAGUA confirman la detección de al menos 19 casos de uso irregular en el estado.

Esta acción se alinea con la nueva política hídrica del gobierno federal, que busca reordenar las más de 500,000 concesiones del país para priorizar el derecho humano al agua y frenar su comercialización entre privados. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que llegará próximamente al Congreso de la Unión, endurecerá las sanciones contra el uso indebido y contempla la creación de un Registro Nacional de Agua para el Bienestar (Renab) que garantice una gestión transparente. Fernández subrayó la importancia de sancionar a quienes resulten responsables, aludiendo a la posible existencia de “un grupo de poder que tenía mucha influencia en el tema de las concesiones”, y afirmó que la corrección de estas irregularidades es un paso indispensable para una gestión hídrica justa y sostenible.

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Aprueban reforma que prohíbe la venta de animales digitales en SLP

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La iniciativa busca garantizar la protección y bienestar de los animales, además de promover una sociedad ética y responsable.

Por Redacción:

Se aprobó por unanimidad una reforma al artículo 119 de la Ley de Protección a los animales en San Luis Potosí, mediante la cual se prohibe la venta de animales por medios digitales sin contar con el permiso expendido por la autoridad correspondiente.

La iniciativa presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas responde al crecimiento descontrolado de la comercialización de animales a tráves de plataformas digitales lo que ha derivado casos de maltrato, tráfico ilegal y falta de control sanitario.

Menciono que está práctica provoca hacinamiento, desnutrición, y enfermedades afectando tanto a los animales como a la salud pública. Además añadió que esta medida representa un avance en la defensa de los derechos de los animales.

Con la aprobación de esta iniciativa se busca establecer una prohibición efectiva y sanciones para quienes continúen con estas prácticas promoviendo una cultura de respeto hacia los animales y fomentando la adopción responsable.

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Disminuye en un 53% el número de homicidios dolosos en SLP

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Estas cifras validan la estrategia integral de seguridad que el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona implementó

Por: Redacción

Durante el pasado mes de septiembre se registraron sólo 14 homicidios dolosos en San Luis Potosí, lo que equivale a una disminución del 53 por ciento con respecto al número de casos registrados en el mismo mes del año pasado.

Lo anterior se dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al presentarse el reporte de la incidencia delictiva con cifras consolidadas hasta el 30 de septiembre, en el cual se destacó la entidad potosina por ocupar la octava posición entre los estados con menos homicidios registrados ese mes.
Los 14 homicidios dolosos ocurridos en San Luis Potosí

están muy por debajo de los 55 que en promedio nacional se registraron en todo el país, configurando apenas el 0.8 por ciento del total.

Estas cifras validan la estrategia integral de seguridad que el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, implementó desde el inicio de su administración, a través de la cual se ha reducido la incidencia de algunos de los principales delitos.

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Opinión

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