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Ubers y taxis han sido utilizados para cometer robos en SLP
En 2015 se registraron 2 casos de robo a bordo de unidades de transporte, pero el año pasado la cifra se elevó a 38 casos; tanto taxis como ubers se han usado para cometer dichos atracos
Por: El Saxofón
En medio de la ola de robos que azota a San Luis Potosí, el robo a bordo de unidades de transporte, como taxis o aquellos que hacen uso de Uber, también se ha incrementado.
De dos casos registrados en 2015, las denuncias por este delito escalaron a 38 en 2018. Entre enero y mayo de 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tenido que abrir 18 carpetas de investigación por este tipo de asaltos.
Tan solo el pasado 11 de julio, agentes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) auxiliaron a un taxista víctima de un robo.
El hecho se registró durante la madrugada en el fraccionamiento Buenaventura, ubicado en la delegación de Villa de Pozos.
En su intervención, los policías municipales detuvieron a Jesús Andrés ‘N’, de 19 años de edad, quien fue encontrado en posesión de un cuchillo y el dinero que presuntamente robó al conductor del taxi.
Los oficiales realizaban un patrullaje en cerrada San Pedro, en el fraccionamiento Buenaventura, cuando observaron a dos personas forcejear al exterior del vehículo.
Al momento de intervenir, el taxista refirió a los oficiales que minutos antes el otro sujeto lo había asaltado usando un cuchillo para amagarlo y despojarlo del efectivo que portaba.
Los agentes municipales aseguraron a Jesús Andrés N. y a petición de la parte afectada procedieron con la disposición del detenido ante la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de los delitos de robo y portación de arma prohibida.
Casos como este puede haber varios, pero pocos llegan a ser del conocimiento público, y todavía menos se denuncian debido a la falta de confianza hacia las autoridades.
Como dijimos anteriormente, en 2015 solo se denunciaron dos asaltos en transporte público individual, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Al año siguiente, 2016, solo se presentó una denuncia. Sin embargo, en 2017 el número de casos denunciados ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) subió a 10, y en 2018 repuntó hasta 38.
En la Región Bajío, San Luis Potosí es la segunda entidad con mayor número de denuncias por robo en transporte público individual 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en San Luis Potosí el 79.5 por ciento de los ciudadanos de 18 años y más se sienten inseguros en el transporte público, y este es el segundo espacio con mayor percepción de inseguridad, solo por debajo de los cajeros automáticos.
La seguridad, como una de las demandas más importantes de la ciudadanía, no ha encontrado eco en este sector, pues si bien se han tratado de paliar los robos en los camiones urbanos con la instalación de cámaras de videovigilancia, aún no se han colocado botones de pánico, una propuesta que también se ha hecho en el caso de los vehículos de alquiler, como son los taxis.
Las estadísticas del SNSP solo dan a conocer el número de denuncias, sin embargo, se desconoce cuántas denuncias han ocurrido a bordo de taxis y cuantas a bordo de vehículos que emplean plataformas digitales para ofrecer el servicio. Tampoco se sabe en cuántos de los casos las víctimas son los choferes y en cuántos son los usuarios.
Si bien, 38 robos denunciados en un año (2018) y 18 en cinco meses (2019) pueden parecer cifras bajas, las autoridades no deberían pasar por alto esta información. Ya que, como en otros casos, se trata de actos delictivos que van en ascenso y cuyo control sería importante establecer desde ahora.
Además cabe destacar que, en la mayoría de los casos, los atracos se cometen con lujo de violencia, lo cual pone en riesgo la integridad de las víctimas. Consideremos que, en 2018, 22 de los 38 casos registrados, es decir el 57.89 por ciento, fueron robos violentos. En 2019, nueve de los casos han sido con violencia y otros nueve sin ella.
Cumplimenta FGE otra orden de aprehensión a un sujeto acusado ahora de violación
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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