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Marcelina Oviedo sigue siendo Oficial Mayor, asegura Edson Quintanar
El diputado reconoció que las bancadas de la oposición lo amenazaron con retirarle a Morena la facultad de asignar a quien cubre dicho cargo.
Por: Fernando Garduza
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Edson Quintanar, aseguró que sí hubo argumentos legales para la destitución de la Oficial Mayor; sin embargo, refirió también que en las otras bancadas amenazaron con quitarle esa posición a Morena si no destituían a Marcelina Oviedo.
Quintanar también dijo que después de la manifestación del jueves pasado en el Pleno, en apoyo a Marcelina Oviedo, hubo una confrontación con las otras bancadas que pretendían quitarle la posición a Morena; sin embargo, él acordó que Marcelino Oviedo sería destituida para mantener la Oficialía Mayor.
“Fue por parte de presiones después de la manifestación en el Pleno. Ninguno de los diputados de Morena sabía, diputados de las diferentes bancadas presionaron para remover a la Oficial Mayor, yo estaba buscando la forma para que no se viera como que la estaba removiendo el Pleno”.
Agregó que a pesar de que la ha buscado para tratar el tema no ha tenido comunicación con ella, y consideró que se hizo una “mala interpretación”, pues él en ningún momento orquestó su salida.
“He tratado de comunicarme con ella y no he podido tener una llamada o algo, también con gente allegada a ella, no he tenido respuesta; sin embargo yo ofrecí públicamente abrir canales de diálogo”.
Por otra parte, sobre la posibilidad de ser llamado a comparecer ante Morena para que explique esta situación, Edson Quintanar reconoció que Marcelina Oviedo está recibiendo mucho respaldo por parte de Sergio Serrano Soriano, “y nosotros mencionamos que no estamos ocultando nada y cualquier cuestión podemos dialogarlo”.
Además, aclaró que es el Pleno al que le corresponde la destitución de la Oficial Mayor, lo cual por ahora no ha ocurrido y Marcelina Oviedo sigue teniendo esa posición.
Los argumentos legales para la destitución de Marcelina Oviedo versan en el sentido de que usurpó funciones al promover una demanda en contra de la aseguradora que prestaba el servicio de gastos médicos a los diputados, lo cual le corresponde a la mesa directiva y no la Oficialía Mayor; además de que existe un proceso ante la Comisión de Garantía de Acceso a la información Pública (Cegaip) por el hecho de que no cumple con el perfil para ocupar el cargo.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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