febrero 1, 2025

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48% de los homicidios que han ocurrido en SLP siguen impunes

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homicidios impunes

Las declaraciones del fiscal Federico Garza no son lo único escandaloso de su comparecencia ante el Congreso, además mostró cifras poco alentadoras 

Por: El Saxofón

La atención mediática durante la comparecencia del fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, ante el Pleno del Congreso del Estado, se concentró en los dimes y diretes entre el funcionario y los legisladores, pero poco o nada se ha dicho acerca de las cifras que presentó Garza Herrera, las cuales si bien no reflejan “nulos resultados”, sí son evidencia de una lentitud en la procuración de justicia que huele a impunidad.

Según los datos que Garza Herrera ofreció a los legisladores, en los tres años transcurridos de la gubernatura de Juan Manuel Carreras López, “la Policía de Investigación ha logrado la captura de 4 mil 730 personas por diversos delitos en toda la entidad potosina; de esas, 3 mil 342 son de la zona Centro; 372 en la zona Media; 230 en la zona Altiplano; 515 en la Huasteca Norte; y 271 en la Huasteca Sur”.

Hasta aquí nada parece llamar la atención, sin embargo, el fiscal detalló que “De estas detenciones, 698 corresponden a homicidios; 30 a homicidio en grado de tentativa; 711 a robo en sus diversas modalidades; 416 a lesiones; 262 a violación; 87 a violación en grado de tentativa; 102 a abuso sexual; 95 a secuestro; 33 a privación ilegal de la libertad; 247 a violencia familiar; 51 a abigeato; 190 a fraude diverso, 162 a incumplimiento a las obligaciones familiares; el resto a otros delitos.

Un ejercicio básico y necesario, consiste en contrastar estas cifras con el número de denuncias que se han presentado a lo largo de tres años por estos mismos delitos. Veamos:

Homicidios

Desde enero de 2016 hasta abril de 2019, la Fiscalía ha abierto 1 mil 351 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, si en este mismo periodo han sido detenidos 698 presuntos homicidas, ello quiere decir que el 48.33 por ciento de los homicidios siguen en la impunidad.

Estas cifras se agravan, si se toma en cuenta que el fiscal reconoció que en materia de homicidio doloso, la Fiscalía solo ha logrado 190 sentencias condenatorias. Es decir, solo en el 27.22 por ciento de los casos, la FGE ha aportado las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de los acusados.

Feminicidio

El feminicidio es otro delito sintomático de la escalada de violencia que se vive en el país y en San Luis Potosí. En cuanto a este delito, en los últimos tres años se han cometido 54 asesinatos de mujeres por razones de género. En contraste, la FGE ha logrado solo 16 sentencias condenatorias para presuntos feminicidas.  Esto quiere decir que 38 casos más siguen en la impunidad.

Violación

Informó el fiscal que durante su gestión han sido detenidos 262 presuntos violadores sexuales. La cifra es a todas luces ínfima, si se toma en cuenta que por este delito, en estos tres años se han presentado mil 216 denuncias. Esto quiere decir que por cada diez víctimas de violación que denuncian, solo son detenidos dos presuntos violadores (el 21.54 por ciento).

Peor aún, según los datos que ofreció el fiscal a los legisladores, solo 68 de estos presuntos violadores han sido sentenciados gracias a las pruebas aportadas por la Fiscalía.

Lesiones

Tan solo en 2018 se presentaron 3 mil 81 denuncias por lesiones dolosas. En los tres años de Federico Garza al frente de la Fiscalía se han presentado 9 mil 990 denuncias por lesiones dolosas. Saber que solo han sido detenidos 416 presuntos responsables de este delito, no da lugar para ser optimista.

Violencia familiar

La violencia familiar es un delito que cada vez se denuncia más, en promedio se presentan unas 500 denuncias por mes, actualmente. Desde 2016 se han presentado 15 mil 701 denuncias por este delito,  cuyas víctimas son principalmente mujeres. Pues en este caso, el fiscal informó a los diputados que solo han sido detenidas 247 personas por este delito

, y ningún legislador ni legisladora dijo nada al respecto.

Robo

El fiscal también reveló ante los legisladores que, en tres años han sido detenidos 711 presuntos responsables de robo en sus diversas modalidades y que la Fiscalía ha logrado que 257 de estas personas fueran sentenciadas a prisión por este delito.  Sin embargo el fiscal omitió que en este mismo periodo se han presentado 33 mil 695 denuncias por robo.

Vista la cantidad de denuncias por hurto, 711 presuntos ladrones detenidos no son nada, y todavía menos representan los 257 presuntos ladrones condenados.

Secuestro

En este rubro, Federico Garza dio a conocer que se han detenido a 95 presuntos plagiarios, de los cuales han sido sentenciados condenatoriamente 52. En contraste, en estos tres años se han presentado 74 denuncias por secuestro extorsivo.

Otras cifras

Además en su comparecencia ante los diputados locales, el fiscal Garza Herrera dio a conocer que “Del 1° de octubre del 2015 al 28 de febrero del 2019, se registraron 114 mil 919 delitos, derivado de las denuncias recibidas en la Fiscalía General del Estado, de las cuales se cuenta con la determinación del 54.2 por ciento, que equivalen a un 25.1 por ciento en Archivo Temporal, los cuales son atendidos en la Unidad Estratégica de Investigación y Análisis, en donde se trabaja con patrones de conducta con la finalidad de identificar a los presuntos y formular imputación.

“El 18.2 por ciento se resolvieron a través de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos; en 6.7 por ciento se decretó el No ejercicio de la acción penal en sus diversas modalidades como el perdón legal, falta de requisitos de procedibilidad, entre otros; y un 1.7 por ciento se acumularon las causas; el 2.5 por ciento se llevaron ante la Autoridad Judicial, quedando pendiente por determinar un 45 por ciento.

“En cuanto al trabajo de la conformación de los expedientes de investigación y su seguimiento ante la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado, del año 2016 al 2019, ha obtenido mil 553 sentencias condenatorias, a través del Sistema Tradicional de Justicia, que se mantienen aún presente en toda la entidad y 425 sentencias condenatorias desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que da un total de mil 978 sentencias en ambos sistemas. Recordando que, con el naciente sistema de justicia, hay medidas alternas de solución de conflictos.

“De las sentencias condenatorias obtenidas a través del Sistema Tradicional, 190 corresponden al delito de homicidio, 16 a Feminicidio, 257 a Robo diverso, 52 a secuestro y privación ilegal de la libertad, 68 por violación, 63 por abuso sexual, 128 por violencia familiar, 13 por abigeato, 115 por narcomenudeo y contra la salud, con altas penalidades solicitadas a la autoridad judicial.

“En materia de Secuestros, ya con el nuevo sistema de justicia penal, del año 2017 a 2019, la Fiscalía ha obtenido 16 sentencias condenatorias, destacando una por 80 años en 2018, 4 por 80 años en 2019, 9 por 50 años y 1 por 50 años, principalmente a través de Juicios Orales”.

Como colofón, baste decir que el Fiscal les recordó a los legisladores que ya previamente les había aclarado que el nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad y la presunción de inocencia, estará funcionando plenamente hasta 2030“.

“(…) desde el inicio de mi función como Procurador General de Justicia y en mi caminar como Fiscal del Estado, he señalado que el sistema de Justicia Penal estaría funcionando al cien por ciento en quince años, para finales del 2030 y cabe decir que apenas han transcurrido tres años siete meses“, les dijo literalmente el fiscal a los diputados, así que habrá que esperar poco más de una década para ver un cambio sustancial en esta difícil realidad.

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#4 Tiempos

Fuego cruzado y señalamientos precoces | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

Entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia, el Instituto de Fiscalización y el Ayuntamiento capitalino, hay fuego cruzado y no se avisora tregua.

Al respecto y si me lo permite, vamos poniendo las diéresis en las “us”, los puntos sobre las íes y las cartas sobre la mesa.

Quien encendió la hoguera, que hoy ya no saben controlar, fue el titular del Instituto de Fiscalización, Rodrigo Joaquín Lecortois, que desde diciembre pasado soltó una declaración precoz y maliciosa (en política lo que parece, es) respecto al monto y origen de supuestas y millonarias observaciones detectadas en las cuentas de algunos entes obligados pero al mismo tiempo haciendo un énfasis “velado” en el caso de la capital potosina.

Técnicamente y siendo muy “puristas” el titular del IFSE, no rompió ninguna norma y reglamento al hablar del tema, pero no le faltó nada para hacerlo y eso huele a imprudencia programada, a golpe sin que parezca golpe, y a la rienda suelta para la politización del asunto. Y así fue.

La postura del gobierno de Enrique Galindo por su parte, es la más simple: Primero ser notificados, segundo cumplir con el primer plazo para desahogo de observaciones (que terminó hoy) y usar los 60 días que restan y que marca la ley para que se sigan solventando las dudas y observaciones de cualquier índole y de cualquier tamaño.

Llamar, de cualquiera de las partes involucradas en este fuego cruzado, a la “no politización” del asunto no les queda. A ninguno. Ya están grandecitos.

El asunto es político por donde se le vea, y estando las cosas en el grado de tensión entre palacios, la intervención del IFSE en ese grado no puede creerse que sea obra ni de la casualidad ni de la “inocencia”. (¿O será que yo soy el único mal pensado?)

Están jugando a la bolsa de valores del descrédito, o al menos ese es el mensaje que están enviando. ¿De qué les sirve? Yo tengo mis teorías, pero la mejor opinión es la de Usted, mi Culto Público.

Entre tanto, los episodios declarativos y esgrimas verbales entre los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, específicamente entre el diputado presidente de dicha comisión, Fernando Gámez Macías y el legislador Marco Gama, vinieron a echar gasolina a la hoguera que inició en diciembre.

Por un lado, el legislador naranja puso de manifiesto que no se había tenido acceso al dictamen y se quejó del uso político de los “adelantos” a la opinión pública,

lo que interpretó (igual que muchos) como un acto de ataque dirigido.

En contra parte, la narrativa del diputado Fernando Gámez se centró dos líneas: demostrar que desde diciembre pasado todos los integrantes pudieron revisar los dictámenes y querer quejarse en último de enero era demasiado tarde.

Le dijeron a Gama algo así como “tu no hiciste la tarea y yo no te presto la mía”.

Por otro lado, tanto Gámez como el Instituto de Fiscalización acuden al argumento de los nuevos tiempos y de la transparencia encima de la prudencia que corresponde al manejo de las observaciones, que apenas entran a una segunda etapa de desahogo por 60 días más, es decir, no es tiempo de acusaciones completas. Ni hay nadie con un pié fuera de su esfera.

El argumento fue reforzado por declaraciones de éste mismo sábado en la mañana por el diputado José Luis Fernández y el senador Gilberto Hernández Villafuerte, ambos del Partido Verde, que respaldan al diputado Fernando Gámez y a Rodrigo Joaquín Lecortois y tienen razón, nadie en su sano juicio está en contra de que se explique y transparente el uso de los recursos, sin embargo el modo en que lo están haciendo, estando las circunstancias como están, se presta por lo menos a interpretaciones.

Sin embargo, hay que ser muy claros: adelantado o no, precoz o no, politizado o no, prudente o no, filtrado o no, si el ayuntamiento capitalino y otros entes obligados tienen encima millonarias observaciones pues deben ponerse a trabajar, evitar la esgrima mediática de asuntos técnicos, cumplir en tiempo y forma, dar la cara, ser responsables y cumplir no solamente con los personajes al frente de las instituciones, sino asumir responsabilidad ética y moral que tienen con nosotros los ciudadanos.

Jorge Saldaña.

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Miguel Ángel Lutzow abandona el Cereso de La Pila

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El ex funcionario de Salud en el periodo de Juan Manuel Carreras llevará su proceso en prisión domiciliaria en respuesta a un amarpo para revocar la prisión preventiva

Por. Redacción

La defensa legal de Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí durante el periodo de Juan Manuel Carreras López, logró retirar la prisión preventiva justificada, por lo que se determinó que llevará su proceso en arraigo domiciliario.

Luego de una audiencia efectuada este sábado por un Tribunal de Alzada, el ex funcionario estatal abandonó el Centro de Reinserción Social de La Pila, luego de determinarse en la audiencia que deberá llevar el cumplimiento de su sentencia en resguardo domiciliario, por lo que no podrá salir de su domicilio durante el tiempo que dure el procedimiento, además de otras medidas cautelares que estableció.

El Tribunal de Alzada presidido por la jueza Claudia Hernández Ibarra, sesionó por casi cuatro horas, en la que se dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo 1646-2924

del juzgado cuarto de distrito en San Luis Potosí, interpuesto en contra de la prisión preventiva justificada impuesta en agosto de 2023 por el Juez de Control, Javier Pérez Contreras.

Miguel Ángel Lutzow Steiner fue detenido el 3 de mayo de 2022, acusado por ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría, por lo cual permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila; posteriormente, condenado desde el 7 de octubre de 2024 a cinco años y tres meses de prisión, una multa de 46 mil 046 pesos (equivalente a 530 UMAs), y la reparación solidaria del daño al erario público.

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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas localiza área con restos óseos en Rioverde

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En la comunidad de Agua Dulce se inició la recuperación de éstos para su posterior identificación a través de métodos científicos

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí (CEBP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil Estatal localizó un área con restos biológicos humanos en la comunidad de Agua Dulce, durante las jornadas de labores en el municipio de Rioverde.

Derivado del trabajo que realiza la dependencia estatal para la localización de personas no localizadas y/o desaparecidas en la entidad y brindar apoyo a las familias de las cuatro regiones fue posible la detección de un área con restos óseos.

Durante las jornadas que se realizan en Agua Dulce, personal de la CEBP identificó distintos tipos de restos óseos que serán recolectados y sometidos a pruebas por la Vicefiscalía Científica para determinar su identificación, en cumplimiento con la política del Gobierno del Estado de San Luis Potosí de fortalecer la búsqueda de las y los potosinos no localizados.

Los trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para el rastreo de restos humanos en Rioverde comenzaron desde el pasado 24 de enero y continuarán hasta la recuperación de todos los indicios.

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Opinión

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