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10 años después, la FGR atrajo el caso de “los 4 desaparecidos de Toranzo”
Las autoridades potosinas fueron omisas y negligentes para investigar el caso de “los desaparecidos de Toranzo”, desaparición ocurrida en 2009
Por: Marcela del Muro
“Hija Perla Guadalupe… mi corazón nunca estará completo hasta que no regreses al hogar. Resiste mi niña, yo te encontraré” se podía leer bajo la ficha de búsqueda de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres, durante el volanteo que realizó el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.
Tere, mamá de Perla Guadalupe, busca a su hija y yerno desde hace seis años: el 14 de junio del 2013, mientras Perla y su familia dormían, un comando irrumpió violentamente en su casa en el municipio de Ríoverde, San Luis Potosí. Iban por José Alberto, pero Perla lo defendió y también se la llevaron. Los dos hijos de la pareja y la suegra de Perla fueron testigos.
Desde entonces, el miedo ha invadido a Tere, pero no ha parado. Los primeros años no hubo avances en la averiguación y ella comenzó la investigación por su cuenta: preguntando a todos los que se topaba en la calle, buscando en internet, pegando volantes. Han pasado los días, meses y años, ahora, se siente más cobijada y su búsqueda continúa.
El año pasado, trasladaron el caso a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la capital del estado, reconociendo que la desaparición forzada es una línea muy clara y contundente en la investigación.
La Desaparición Forzada se define como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o complicidad del Estado. Es un delito negado, silencioso, encubierto que en México empezó con la guerra sucia, en la década de los setentas, pero para el 2006 se disparó con más fuerza por la “guerra contra el narcotráfico”.
En San Luis Potosí, existen dos casos donde se señala la desaparición forzada como línea de investigación.
El 31 de mayo, el caso de los “cuatro desaparecidos de Toranzo” pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) como desaparición forzada. El 11 de octubre del 2009, en la colonia Jardines del Oriente, San Luis Potosí, fue la última vez que vieron a Moisés Gámez Almanza, Marco Antonio Coronado, Julio Cesar Coronado y Luis Francisco Medina Rodríguez; quienes colaboraban en la campaña, del entonces candidato, Fernando Toranzo Fernández.
Según la definición de este delito, la desaparición forzada va seguida de la negación en el reconocimiento de la privación de la libertad, así como, la negligencia para la investigación por parte del Estado. Cuando la familia de Moisés Gámez acudió a poner la denuncia por la desaparición de su hijo de 23 años, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les negó el servicio, tenían que esperar 72 horas. Regresaron al tiempo indicado, interpusieron la denuncia y, entonces, comenzaron las llamadas de extorsión para el rescate de Moisés. La familia no tardó en avisar al agente encargado de la investigación, quien sugirió entregar el dinero a los extorsionadores, además, de mantenerse al margen para no perjudicar el rescate de Moisés, el cual fue falso.
Para Carmelita, mamá de Moisés, este fue el primero de muchos actos de omisión, encubrimiento y revictimización que vivieron. “Se nos negaba todo. Donde d esaparecieron hay cámaras de seguridad, pero no servían. Pedíamos audiencia con Toranzo, era el gobernador y mis hijos (Carmelita es madre de Moisés, pero también busca a sus tres compañeros desaparecidos y los llama hijos en esta lucha) trabajaron en su campaña, pero nunca nos ayudó, ni nos recibió, no quiso darnos la cara ”. En octubre de este año, se cumplen 10 años sin tener rastros de Moisés, Marco Antonio, Julio César y Luis Francisco.
Hasta la fecha, se han realizado dos búsquedas referentes a la carpeta de investigación: la primera en el municipio de Soledad, la cual fue negativa; y la segunda en el Ejido Matanzas, Moctezuma, San Luis Potosí, que ha sido positiva y continúan trabajando en el predio.
Madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, sobrinos, hijos e hijas buscan de muchas formas a su familiar desaparecido. El 30 de agosto, también, buscaron, mediante un volanteo en la plaza Juárez en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Sabían que no los hallarían físicamente, pero pedían empatía de la ciudadanía para encontrar rastros que los ayuden con la investigación de su ser querido.
Varios cientos de fichas de búsquedas impresas se repartieron en las calles colindantes a la plaza. La ciudadanía se inquietó, se impactó, se quedaron mudos al recibir las hojas. No era un papel cualquiera, es la esperanza de todo un comunidad por encontrarlos.
El colectivo Voz y Dignidad estuvo acompañado de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Luz María Montes, titular de la Unidad de Búsqueda, comentó que es esencial sensibilizar a la ciudadanía y los servidores públicos para la cooperación con los familiares de personas desaparecidas, además, comentó su compromiso para la pesquisa y poder llevar a todos a casa, preferentemente, con vida.
El sol sofocaba pero los familiares marcharon por las calles cercanas a la plaza: “¿Por qué los buscamos? porque los amamos” se escuchaba repetidas veces mientras caminaba por las calles, “ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” los familiares mostraban carteles con fotografías de sus desaparecidos, “aquí, allá, los vamos a encontrar”.
Seis personas se presentaron en las carpas de la plaza para dar datos de sus familiares desaparecidos en el municipios, dos de las cuales no contaban con denuncia. José Joaquín Martínez Aguilar, Coordinador Estatal de Búsqueda Inmediata, comentó la importancia de denunciar una desaparición y perder el miedo a las instituciones. El Licenciado Martínez Aguilar fue el encargado, dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda, de investigar y encontrar al bebé Luis Fernando Perales Alonso.
La reciente conmemoración del Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada nos acerca a la realidad de un país con más de 40 mil personas desaparecidas y donde ninguna familia está exenta de sufrir este mal.
También lee: Ejido Matanzas: los restos de la crueldad en el Altiplano potosino
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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