Ciudad
Xavier Nava ya no ve lo duro; sino lo tupido
El Congreso tunde a Xavier Nava; los regidores se deslindan; la ASF detecta irregularidades mientras sus policías le entran a la ordeña de combustible
Por: Redacción
Desde hace algunos días, el alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios ha acumulado un número importante de negativos que colocan a su administración en una posición desfavorecedora que además fue reprobada (4.46 de calificación) por los potosinos en una encuesta reciente. Apenas la semana pasada las comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso del Estado dieron entrada a la solicitud de juicio político en su contra, presentada por la exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, mismo del que regidores y panistas se deslindaron. Fue criticado por presumir frente a Coparmex que el nuevo Plan del Centro de Población Urbano ofrecerá 5 mil 465 hectáreas para suelo de uso urbano cuando las consultas públicas en el tema continúan. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de recursos y, por si no fuera suficiente, policías municipales a su cargo fueron captados ordeñando el combustible de sus patrullas.
Con relación al juicio político en contra del alcalde Xavier Nava, la diputada Sonia Mendoza Díaz afirmó que la administración capitalina “se está ahogando en un vaso sin agua”, pues apenas inició el proceso donde el Poder Legislativo simplemente determinó que existen los elementos para conformar una comisión jurisdiccional que se encargará de determinar si procede o no a una sanción.
Señaló que este hecho, es independiente de partidos políticos, y añadió que como legisladores deberán ser imparciales al tiempo que apuntó, son dos comisiones dictaminadoras con siete diputados de diferentes fracciones parlamentarias donde, además de panistas, votaron a favor diputados del PRI, Morena y el Partido Verde.
Por su parte, Verónica Rodríguez Hernández, en representación de la coordinación de regidores del Partido Acción Nacional se deslindó de las declaraciones del regidor Alfredo Lujambio Cataño, luego de que este minimizara el accionar de los diputados locales frente a la autorización a pleno del juicio político contra Xavier Nava Palacios.
La regidora se limitó al Congreso del Estado que los procesos que se lleven a cabo sean “apegados a derecho, apelamos a cero impunidad”.
En ese sentido, el diputado panista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Rolando Hervert Lara, lamentó la opinión vertida en un desplegado por organismos empresariales quienes aseguraban que el juicio político contra Nava Palacios fue aprobado por las comisiones del Congreso del Estado porque los diputados están buscando su futuro político.
De acuerdo con el legislador, los empresarios fueron “chamaqueados”, ya que no tenían información precisa sobre el desarrollo del juicio político por lo que emitieron una opinión equivocada: “deben dejar que se haga el trabajo desde el Congreso, con este asunto que debió evitar el Ayuntamiento, sobre la forma tan violenta que actuaron (en contra de la ex ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales)”.
Previamente, el legislador le respondió al secretario del Ayuntamiento, Sebastían Pérez García 
ASE detecta irregularidades millonarias en Ayuntamiento capitalino
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones al Ayuntamiento capitalino para aclarar el destino de 6.4 millones de pesos entregados en 2018 que formaron parte del subsidio del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública en los municipios (Fortaseg).
La dependencia federal detectó que, a partir de abril de 2019, bajo la administración de Xavier Nava Palacios, no fueron devueltos 3.8 millones de pesos que no fueron gastados en el lapso pactado. Además, faltó acreditar 2.6 millones de pesos para comprobar el pago de evaluaciones de control y confianza de la Policía Municipal.
El tercer reporte de la ASF sobre la cuenta pública en 2018 se suma a otra reportada en la segunda fase por 137.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), por lo que el total del monto observado a la administración municipal asciende a 143.5 millones de pesos.
Debido a lo anterior, la alcaldía abrió un procedimiento para determinar responsabilidades administrativas; en tanto, la ASF se percató de la emisión de 5 contratos que amparan la compra de 2 camionetas, 1 auto, 1 motocicleta y equipo diverso por 38.6 millones de pesos, cuyos proveedores no aparecen en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cachan a municipales “ordeñando” patrulla
Elementos de la Policía Municipal capitalina a cargo de la patrulla 4150, fueron captados a las afueras de un domicilio particular de la colonia Hogares Populares Pavón, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; fuera de su jurisdicción, ordeñaban el combustible de la misma a las afueras de un domicilio particular, según confirmaría más tarde, el propio director de la corporación, Edgar Jiménez Arcadia.
Frente al hecho, se limitó a señalar que los elementos implicados están bajo un proceso de investigación, pues se abrió una carpeta en Asuntos Internos y en la Fiscalía General del Estado.
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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.
Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.
El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.
Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días
Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.
Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.
Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.
Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.
También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo
Los trabajos incluyeron la reconstrucción de más de 2 mil 995 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico
Por: Redacción
Con una vialidad renovada que fortalece la movilidad y mejora la conexión con la zona urbana, la presidenta concejal de Villa de Pozos entregó la rehabilitación integral de la calle Galeana, una de las vías de acceso a la cabecera municipal que durante años presentó condiciones de deterioro y afectaciones para quienes transitan diariamente por la zona.
La obra, realizada a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, comprende una intervención de 6 mil 730 metros cuadrados y representa un avance en la modernización de las vialidades y la atención al rezago en infraestructura, en b eneficio de mas de 3 mil familias.
La presidenta concejal destacó que la rehabilitación de esta calle, en el tramo comprendido entre Tercera Privada de Galeana y Segunda Calle de Villa de Guadalupe, permitirá mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal, al tratarse de una vialidad fundamental por su función como uno de los principales accesos a la cabecera municipal y su conectividad con la zona urbana, lo que facilitará los traslados cotidianos de las familias y fortalecerá la comunicación entre distintos sectores de Villa de Pozos.
Los trabajos incluyeron la reconstrucción de más de 2 mil 995 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de la rehabilitación de banquetas, guarniciones y alumbrado público, así como mejoras en la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario.
Interapas reconoce solo los 296 millones por saneamiento y rechaza 584.3 millones por operación y mantenimiento de Tenorio que no están sustentados en ningún convenio previo
Por: Jorge Saldaña
La Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó de 296.3 millones a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (INTERAPAS) entre el 13 y el 21 de octubre, al añadir 584.3 millones por operación y mantenimiento de la planta Tenorio.
El comunicado del 21 de octubre fija el total en 880 millones 650 mil 492.19 pesos: los adeudos por saneamiento más 584 millones 333 mil 116.50 pesos por operación y mantenimiento de 2021 a 2026.
De acuerdo a información oficial de la CEA identifican a Interapas como deudor y responsabilizan políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos por presidir su Junta de Gobierno.
En respuesta, Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de Interapas, reconoció que el organismo adeuda aproximadamente 296.3 millones por saneamiento, pero rechazó los 584.3 millones adicionales. Sostuvo que la revisión jurídica del organismo no encontró un convenio o decreto que establezca esa obligación.
El 20 de octubre tras su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí tienen adeudos con Interapas y volteó las cifras exponiendo a medios de comunicación que era el Interapas el que debía no 200 sino 900 mdp.
En la reseña oficial del Congreso se recogió una estimación de 184 millones de pesos correspondiente a 2025 que debe gobierno al organismo aún con inconsistencias.
En este sentido, la funcionaria expuso un gasto mensual de 12 millones de pesos a cargo de la CEA y estimó un adeudo de Interapas superior a 900 millones. Esa cifra no coincide con los 880.65 millones que la dependencia publicó al día siguiente, sin embargo no se ha dado explicación al respecto.
Días antes de la comparecencia, el 14 de octubre, el alcalde Galindo afirmó que el Estado se acercaba a 300 millones de pesos de deuda con Interapas y propuso compensar saldos y liquidar la diferencia.
En los documentos públicos consultados no se encontró convenio o acuerdo que sustente la integración de los 584.3 millones que aumentó el gobierno estatal ni el importe conciliado que deben los inmuebles estatales de manera desglosada, por lo que no es posible establecer un saldo neto definitivo.
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