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Violencia familiar en SLP: casi el 99% de los casos queda impune
Durante la actual de Juan Manuel Carreras solo se ha detenido al 1.54% de los agresores y únicamente el 0.81% ha sido condenado por el delito de violencia familiar
Por: El Saxofón
A partir de 2016, las denuncias por violencia familiar han repuntado de manera considerable. Las denuncias por este delito, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad, en 2015 fueron apenas 942, sin embargo, al siguiente año el número de carpetas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por las víctimas escaló a 3 mil 930.
Desde entonces, las querellas por violencia familiar no han parado de aumentar, en 2017 la Fiscalía General del Estado recibió 5 mil 723 denuncias y abrió igual número de carpetas de investigación y para el 2018 se alcanzó la cifra de 6 mil 48 denuncias presentadas.
Sin embargo, aunque cada vez más mujeres denuncian, la procuración de justicia sigue siendo muy lenta, a tal grado que en los últimos tres años, solo 247 acusados por violencia familiar han sido detenidos, y solo 128 han sido sentenciados condenatoriamente entre el 1 de octubre de 2015 y el 28 de febrero de 2019. Por tanto, la procuración de justicia es una asignatura pendiente en los casos de violencia familiar.
La cifra resulta ínfima si se toma en cuenta que en el mismo periodo se han recibido las denuncias de 15 mil 969 víctimas de violencia familiar. Es decir, solo han sido detenidos el 1.54 por ciento de los presuntos agresores, y solo el 0.81 por ciento han sido castigados.
En el primer cuatrimestre de 2019 suman ya 2 mil 589 carpetas de investigación abiertas por la FGE, y abril pasado se ubicó como el mes con más denuncias presentadas por violencia familiar con 705.
El repunte sin duda obedece a que, por un lado, la violencia familiar es un problema frecuente al interior de los hogares potosinos, pero también se podría decir que cada vez un mayor número de mujeres están dispuestas a denunciar a sus agresores, principalmente sus parejas sentimentales.
Ahora, si bien se reconoce que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncia, habría que decir que el mayor número de denuncias se concentra en las zonas urbanas, por lo que se puede inferir que las mujeres que habitan en el ámbito rural siguen padeciendo este flagelo en silencio.
De las carpetas de investigación abiertas entre enero y abril del presente año, mil 685 se trata de casos ocurridos en la zona metropolitana que integran San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Esta cantidad equivale al 65.08 por ciento de los casos.
Tan solo en la capital potosina se concentra el 46.81 por ciento de las denuncias (mil 212), mientras que en Soledad se registra el 18.26 por ciento (473 denuncias).
Otros municipios del estado en los que se denuncia mayormente la violencia familiar coinciden con los más densamente poblados de la entidad, como son Ciudad Valles con 184 casos, Rioverde con 98, Matehuala con 81 y Tamazunchale con 60 casos.
Si bien los programas para sensibilizar a las mujeres y apoyarlas a visibilizar y denunciar esta problemática parecen estar dando resultados, haría falta llevar o impulsar estos esfuerzos en los municipios del interior del estado.
De acuerdo con el Diagnóstico de Tipos y Modalidades de Violencia contra las mujeres en San Luis Potosí, en las localidades de la zona Huasteca, la forma más recurrente de violencia contra las mujeres es la violencia física, la cual han sufrido el 45.9 por ciento de las mujeres.
En la zona Media, también la violencia física es la más frecuente, con un 47.4 por ciento de mujeres víctima de esta modalidad de agresiones.
El diagnóstico realizado por El Colegio de San Luis, en la zona Centro, señala que el 42.7 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas; el 38.8 por ciento han sufrido violencia física (empujones, jaloneos, bofetadas, jalones de cabello, entre otro tipo de agresiones).
En la zona Altiplano, el 41 por ciento han recibido violencia en el ámbito de la pareja, 32.7 por ciento refieren que sufrieron jalones de cabello, empujones, jaloneos, o bofetadas. Además el 26.9 por ciento han sido objeto de gritos, humillaciones, insultos o amenazas.
En la Huasteca, el 45.9 por ciento han sido víctimas de empujones, jaloneos, bofetadas, pellizcos o les han arrojado algún objeto. Además el 41.8 por ciento refieren haber sido víctimas de violencia de pareja, y 30.6 por ciento refieren haber sido humilladas, insultadas o amenazadas.
En la Zona Media, el 47.4 por ciento declararon haber sido objeto de empujones, jalones de cabello, bofetadas y otras agresiones físicas.
El 42.3 por ciento han sido violentadas por sus parejas; al 39.7 por ciento les han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, e incluso al 32.1 por ciento refieren haber sido pateadas o golpeadas con el puño.
Dicho estudio ofrece un panorama preocupante, y aún y cuando tal parece que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncian, queda claro que urge por un lado incentivar la cultura de la denuncia y por otro, tratar se sensibilizar a los propios agresores.
En resumen, la lentitud en la procuración e impartición de justicia siguen siendo la norma y los violentadores siguen gozando de impunidad.
Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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