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Violencia familiar en SLP: casi el 99% de los casos queda impune
Durante la actual de Juan Manuel Carreras solo se ha detenido al 1.54% de los agresores y únicamente el 0.81% ha sido condenado por el delito de violencia familiar
Por: El Saxofón
A partir de 2016, las denuncias por violencia familiar han repuntado de manera considerable. Las denuncias por este delito, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad, en 2015 fueron apenas 942, sin embargo, al siguiente año el número de carpetas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por las víctimas escaló a 3 mil 930.
Desde entonces, las querellas por violencia familiar no han parado de aumentar, en 2017 la Fiscalía General del Estado recibió 5 mil 723 denuncias y abrió igual número de carpetas de investigación y para el 2018 se alcanzó la cifra de 6 mil 48 denuncias presentadas.
Sin embargo, aunque cada vez más mujeres denuncian, la procuración de justicia sigue siendo muy lenta, a tal grado que en los últimos tres años, solo 247 acusados por violencia familiar han sido detenidos, y solo 128 han sido sentenciados condenatoriamente entre el 1 de octubre de 2015 y el 28 de febrero de 2019. Por tanto, la procuración de justicia es una asignatura pendiente en los casos de violencia familiar.
La cifra resulta ínfima si se toma en cuenta que en el mismo periodo se han recibido las denuncias de 15 mil 969 víctimas de violencia familiar. Es decir, solo han sido detenidos el 1.54 por ciento de los presuntos agresores, y solo el 0.81 por ciento han sido castigados.
En el primer cuatrimestre de 2019 suman ya 2 mil 589 carpetas de investigación abiertas por la FGE, y abril pasado se ubicó como el mes con más denuncias presentadas por violencia familiar con 705.
El repunte sin duda obedece a que, por un lado, la violencia familiar es un problema frecuente al interior de los hogares potosinos, pero también se podría decir que cada vez un mayor número de mujeres están dispuestas a denunciar a sus agresores, principalmente sus parejas sentimentales.
Ahora, si bien se reconoce que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncia, habría que decir que el mayor número de denuncias se concentra en las zonas urbanas, por lo que se puede inferir que las mujeres que habitan en el ámbito rural siguen padeciendo este flagelo en silencio.
De las carpetas de investigación abiertas entre enero y abril del presente año, mil 685 se trata de casos ocurridos en la zona metropolitana que integran San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Esta cantidad equivale al 65.08 por ciento de los casos.
Tan solo en la capital potosina se concentra el 46.81 por ciento de las denuncias (mil 212), mientras que en Soledad se registra el 18.26 por ciento (473 denuncias).
Otros municipios del estado en los que se denuncia mayormente la violencia familiar coinciden con los más densamente poblados de la entidad, como son Ciudad Valles con 184 casos, Rioverde con 98, Matehuala con 81 y Tamazunchale con 60 casos.
Si bien los programas para sensibilizar a las mujeres y apoyarlas a visibilizar y denunciar esta problemática parecen estar dando resultados, haría falta llevar o impulsar estos esfuerzos en los municipios del interior del estado.
De acuerdo con el Diagnóstico de Tipos y Modalidades de Violencia contra las mujeres en San Luis Potosí, en las localidades de la zona Huasteca, la forma más recurrente de violencia contra las mujeres es la violencia física, la cual han sufrido el 45.9 por ciento de las mujeres.
En la zona Media, también la violencia física es la más frecuente, con un 47.4 por ciento de mujeres víctima de esta modalidad de agresiones.
El diagnóstico realizado por El Colegio de San Luis, en la zona Centro, señala que el 42.7 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas; el 38.8 por ciento han sufrido violencia física (empujones, jaloneos, bofetadas, jalones de cabello, entre otro tipo de agresiones).
En la zona Altiplano, el 41 por ciento han recibido violencia en el ámbito de la pareja, 32.7 por ciento refieren que sufrieron jalones de cabello, empujones, jaloneos, o bofetadas. Además el 26.9 por ciento han sido objeto de gritos, humillaciones, insultos o amenazas.
En la Huasteca, el 45.9 por ciento han sido víctimas de empujones, jaloneos, bofetadas, pellizcos o les han arrojado algún objeto. Además el 41.8 por ciento refieren haber sido víctimas de violencia de pareja, y 30.6 por ciento refieren haber sido humilladas, insultadas o amenazadas.
En la Zona Media, el 47.4 por ciento declararon haber sido objeto de empujones, jalones de cabello, bofetadas y otras agresiones físicas.
El 42.3 por ciento han sido violentadas por sus parejas; al 39.7 por ciento les han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, e incluso al 32.1 por ciento refieren haber sido pateadas o golpeadas con el puño.
Dicho estudio ofrece un panorama preocupante, y aún y cuando tal parece que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncian, queda claro que urge por un lado incentivar la cultura de la denuncia y por otro, tratar se sensibilizar a los propios agresores.
En resumen, la lentitud en la procuración e impartición de justicia siguen siendo la norma y los violentadores siguen gozando de impunidad.
La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.
“El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.
Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.
La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.
En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.
Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.
Lee también: Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG
El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.
“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.
Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.
Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.
Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,
Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.
En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.
Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.
Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.
También lee: Protección Civil continúa combate a incendio en Santo Domingo
La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad
En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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