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Violencia familiar en SLP: casi el 99% de los casos queda impune
Durante la actual de Juan Manuel Carreras solo se ha detenido al 1.54% de los agresores y únicamente el 0.81% ha sido condenado por el delito de violencia familiar
Por: El Saxofón
A partir de 2016, las denuncias por violencia familiar han repuntado de manera considerable. Las denuncias por este delito, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad, en 2015 fueron apenas 942, sin embargo, al siguiente año el número de carpetas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por las víctimas escaló a 3 mil 930.
Desde entonces, las querellas por violencia familiar no han parado de aumentar, en 2017 la Fiscalía General del Estado recibió 5 mil 723 denuncias y abrió igual número de carpetas de investigación y para el 2018 se alcanzó la cifra de 6 mil 48 denuncias presentadas.
Sin embargo, aunque cada vez más mujeres denuncian, la procuración de justicia sigue siendo muy lenta, a tal grado que en los últimos tres años, solo 247 acusados por violencia familiar han sido detenidos, y solo 128 han sido sentenciados condenatoriamente entre el 1 de octubre de 2015 y el 28 de febrero de 2019. Por tanto, la procuración de justicia es una asignatura pendiente en los casos de violencia familiar.
La cifra resulta ínfima si se toma en cuenta que en el mismo periodo se han recibido las denuncias de 15 mil 969 víctimas de violencia familiar. Es decir, solo han sido detenidos el 1.54 por ciento de los presuntos agresores, y solo el 0.81 por ciento han sido castigados.
En el primer cuatrimestre de 2019 suman ya 2 mil 589 carpetas de investigación abiertas por la FGE, y abril pasado se ubicó como el mes con más denuncias presentadas por violencia familiar con 705.
El repunte sin duda obedece a que, por un lado, la violencia familiar es un problema frecuente al interior de los hogares potosinos, pero también se podría decir que cada vez un mayor número de mujeres están dispuestas a denunciar a sus agresores, principalmente sus parejas sentimentales.
Ahora, si bien se reconoce que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncia, habría que decir que el mayor número de denuncias se concentra en las zonas urbanas, por lo que se puede inferir que las mujeres que habitan en el ámbito rural siguen padeciendo este flagelo en silencio.
De las carpetas de investigación abiertas entre enero y abril del presente año, mil 685 se trata de casos ocurridos en la zona metropolitana que integran San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Esta cantidad equivale al 65.08 por ciento de los casos.
Tan solo en la capital potosina se concentra el 46.81 por ciento de las denuncias (mil 212), mientras que en Soledad se registra el 18.26 por ciento (473 denuncias).
Otros municipios del estado en los que se denuncia mayormente la violencia familiar coinciden con los más densamente poblados de la entidad, como son Ciudad Valles con 184 casos, Rioverde con 98, Matehuala con 81 y Tamazunchale con 60 casos.
Si bien los programas para sensibilizar a las mujeres y apoyarlas a visibilizar y denunciar esta problemática parecen estar dando resultados, haría falta llevar o impulsar estos esfuerzos en los municipios del interior del estado.
De acuerdo con el Diagnóstico de Tipos y Modalidades de Violencia contra las mujeres en San Luis Potosí, en las localidades de la zona Huasteca, la forma más recurrente de violencia contra las mujeres es la violencia física, la cual han sufrido el 45.9 por ciento de las mujeres.
En la zona Media, también la violencia física es la más frecuente, con un 47.4 por ciento de mujeres víctima de esta modalidad de agresiones.
El diagnóstico realizado por El Colegio de San Luis, en la zona Centro, señala que el 42.7 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas; el 38.8 por ciento han sufrido violencia física (empujones, jaloneos, bofetadas, jalones de cabello, entre otro tipo de agresiones).
En la zona Altiplano, el 41 por ciento han recibido violencia en el ámbito de la pareja, 32.7 por ciento refieren que sufrieron jalones de cabello, empujones, jaloneos, o bofetadas. Además el 26.9 por ciento han sido objeto de gritos, humillaciones, insultos o amenazas.
En la Huasteca, el 45.9 por ciento han sido víctimas de empujones, jaloneos, bofetadas, pellizcos o les han arrojado algún objeto. Además el 41.8 por ciento refieren haber sido víctimas de violencia de pareja, y 30.6 por ciento refieren haber sido humilladas, insultadas o amenazadas.
En la Zona Media, el 47.4 por ciento declararon haber sido objeto de empujones, jalones de cabello, bofetadas y otras agresiones físicas.
El 42.3 por ciento han sido violentadas por sus parejas; al 39.7 por ciento les han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, e incluso al 32.1 por ciento refieren haber sido pateadas o golpeadas con el puño.
Dicho estudio ofrece un panorama preocupante, y aún y cuando tal parece que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncian, queda claro que urge por un lado incentivar la cultura de la denuncia y por otro, tratar se sensibilizar a los propios agresores.
En resumen, la lentitud en la procuración e impartición de justicia siguen siendo la norma y los violentadores siguen gozando de impunidad.
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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