Por: Abelardo Medellín

Destrozos, agresiones, pintas y supuestas detenciones arbitrarias son el saldo de lo que se vivió la tarde de este viernes 5 de junio en la Plaza de Armas de la capital potosina, cuando una manifestación en contra de la violencia policial desembocó en la irrupción al edificio del pleno del Congreso, donde los manifestantes vandalizaron espacios, rompieron vidrios y quemaron una bandera de México.

La manifestación fue convocada para marchar en contra de los casos de abuso policial en San Luis Potosí y en específico para alzar la voz por el asesinato de un ciudadano de Jalisco a manos de la policía de esa entidad.

Sin embargo, lo que inició como una marcha y manifestación pacífica, se convirtió rápidamente en un contingente enardecido que irrumpió en el pleno del Congreso del Estado derribando las barandas y rompiendo todos los vidrios de la entrada.

Al ingresar al recinto, los manifestantes vandalizaron la mayor parte del edficio y procedieron a entrar a los salones para provocar daños que son “incalculables aún”, de acuerdo con lo declarado por Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno.

Tras los destrozos, un contingente de granaderos arribaron al lugar para apagar las fogatas hechas con papeles y una bandera mexicana; tras controlar el área y después de que algunos manifestantes se dividieran, las autoridades iniciaron algunas detenciones que los ciudadanos definieron como “arbitrarias”.

Entre los 10 de detenidos que mencionó el secretario General de Gobierno, ciudadanos afirmaron que se encontraba un menor de edad, mismo que los policías habían cuando se encontraba observando la situación en la plaza con una familiar; la abuela del menor implicado dijo que su nieto fue levantado por granaderos para subirlo a una patrulla sin razón alguna.

En ese sentido, el momento en que se llevan al menor se puede apreciar en varias trasmisiones hechas por ciudadanos donde se ve que el joven ni siquiera pertenecía a la manifestación.

Por otro lado, aseguran que una de las primeras detenidas por elementos de la Policía Estatal fue Roxana Hernández, integrante del Colectivo feminista La Castilla Combativa

, quien, en un intento por parar la represión policial contra los manifestantes, fue subida a golpes a la patrulla 02375, de acuerdo con versiones de otros integrantes del colectivo.

Otros de los afectados por la intervención de los granaderos, fueron periodistas que cubrían la marcha y los destrozos, quienes narraron cómo elementos de la policía los agredieron fisicamente e incluso les sustrajeron equipos de trabajo.

Posterior a los hechos violentos, al lugar arribó secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, y el secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga: este último, dijo en entrevista que “si comparamos estos destrozos con lo que pasa en otros lados, no es nada”.

Por su parte, a su llegada, Rolando Hervert Lara opinó en entrevista que la manifestación “no podía ser obra de la casualidad” y que la marcha parecía tener tintes políticos y dijo que: “tenemos que controlarlos, hacer las investigaciones sin temor a nadie, porque luego van a querer quemar la Catedral […] yo me siento agredido por estos actos vandálicos”.

Con la manifestación controlada y mientras peritos valoraban los daños del recinto del Congreso, muchos de los asistentes a la marcha permanecieron afuera expectantes de los destrozos que quedaron.

Otros edificos vandalizados por la manifestación fueron la Fiscalía General del Estado, el Palacio de Gobierno del Estado y el palacio de gobierno municipal, sin embargo, la mayor parte de los destrozos los recibió el edifico legislativo que terminó con pintas como: “asesinos”, “justicia”, “antisistema” y, la más utilizada, “Fuck the Police”.

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