febrero 12, 2026

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Un amparo pronto podría dejar libre a Alejandro “N” | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Es ilegal publicar su nombre completo pero todos lo sabemos, es el hijo de la familia Fernández Montiel. Es Alejandro, el homenajeado con la Presea Plan de San Luis y el reconocimiento de “Potosino Distinguido”. Es el hermano de hermanos poderosos, el vinculado a grandes fortunas y autoridades circulantes en el ámbito de la opinión pública.

También es miembro de una sociedad que le creyó por décadas su disfraz de filántropo, prestigio que lo cubrió como cal a una tumba putrefacta.

En octubre del 2019, fecha en que fue detenido, se escarbó entre sus obscuros escombros, fue denunciado y posteriormente sentenciado a doce años de prisión por violación agravada, pues de acuerdo a su juicio (mismo que se retrasó en más de dos ocasiones), Alejandro “N” habría violentado en múltiples ocasiones de un menor de edad que estaba bajo su “cuidado”.

El caso de Alejandro, en sus inicios, causó controversia y hasta solidaridad de la clase más alta de la sociedad potosina. Sin embargo, éste se fue derruyendo en cada etapa de su proceso en el que expertos en materia psicológica, médica y tecnológica (fundamental fue el peritaje a su teléfono celular y otros dispositivos por el que se ponía en contacto con la víctima).

El colchón con sangre de la víctima y semen del victimario encontrado en la propia oficina del hoy encarcelado (disculpe Culto Público, pero a las cosas hay que llamarles por su nombre) no fue admitido como prueba. Por alguna razón inexplicable, la entonces defensa de Alejandro logró desacreditar la prueba, no obstante fue ratificada su sentencia el 14 de diciembre del 2023 cuando la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia confirmó su condena.

El ex funcionario del DIF estatal, a cargo de los albergues para los menores más desprotegidos del estado y en situaciones verdaderamente perturbadoras, fue quien de poco a poco y de cita en cita, sacaba a su víctima para convivir en solitario.

Bueno, pues el ex funcionario, ese personaje galardonado, ese preso sentenciado, a cinco años de su aprehensión y a menos de la mitad de su condena podría salir libre.

A las manos de quien esto escribe, llegó una copia (que fue previamente corroborada) de un oficio en el que se da cuenta a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, la interposición de un amparo directo promovido por el acusado.

Este oficio, fechado el 4 de junio de este año pero dado por visto a las partes y hecho público hasta la semana pasada de este mes de agosto, se interpone en contra de su sentencia; es decir, que de proceder, se convertiría en la puerta de salida para el sentenciado.

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Por el momento, y hasta que no se resuelva de manera definitiva el instrumento legal, se mantienen las cosas en el “estado procesal que guardan”. Es decir, que Alejandro N. Seguirá en prisión, pero no por mucho tiempo.

¿Por qué me animo a decir que no por mucho tiempo?

Le explico a mi Culto Público: a partir de tener en mi poder el oficio, me di a la tarea de rastrear e investigar justamente el “estado que guardan las cosas” y esas cosas de plano se podrían definir como un acto de vileza, abuso y corrupción.

Al día de hoy, la víctima no tiene defensa y parece no querer tenerla. Por alguna razón (no me imagino cuál pero se me viene a la mente una avalancha de signos de pesos) la propia familia de la víctima se ha alejado de sus abogados,

no les han dado mayor información de los procedimientos y se podría decir que abandonaron el caso.

De la víctima no se sabe absolutamente nada e incluso hay quien asegura que cansado del asunto, con una vida interna y externa hecha pedazos, ha decidido continuar su camino dejando todo el asunto atrás.

Respecto a la defensa de Fernández Montiel, también pude saber que ha cambiado. Ya no son los abogados que iniciaron su juicio los que hoy lo representan, ni Marco Polo ni Rafael Aguilar llevan el caso.

Al parecer hay un abogado “muy reconocido” de San Luis Potosí (que no pude saber de quién se trata) y es el que lleva veladamente el asunto a través de pasantes y abogados de su despacho.

Su estrategia ha sido la de “convencer” a billetazos a la familia de la víctima, es decir, aprovecharse de su necesidad, de su cansancio, de su sufrimiento, para que con algo de pan y lentejas calientes, el hombre que abusó de su hijo (como lo dijo el juez y no yo, para que no empiecen de violentos contra el mensajero los miembros de su familia) quede en libertad y siga su vida fuera de la cárcel y gozando de todos sus privilegios.

Ese es el estado verdadero que guardan las cosas.

Aparentemente así está de desequilibrada la balanza de la ciega Justicia en nuestro SLP.

Es este caso, como muchos otros incluso más graves pero que no son conocidos, los que deberían poner en cuestión la necesidad de reformar el sistema de justicia o dejarlo como está.

Este es un caso de corrupción agravada y desalmada, corromper el alma misma de una familia aprovechándose de sus necesidades más básicas. Es poner un bolillo con lentejas para que su voz que pide justicia esté ocupada comiendo.

Quizás, y muy pero muy tristemente en el caso de Alejandro N, van a ganar los billetes y la inmoralidad, a la justicia. Sin embargo, toda una fortuna en generaciones, no podrán comprar nuevamente la decencia, ni habrá suficiente oro que le permita al hoy probadamente culpable (por un juez y no por la opinión pública ni los periodistas que hemos dado seguimiento al caso) volver a andar por la calle con la cabeza en alto.

Estará este aprendiz de reportero, al pendiente de lo que ocurra en los próximos días.

Por hoy es todo para mi querido y Culto Público. Los destapes madrugadores rumbo al 2027 pueden esperar para la próxima entrega.

Atentamente

Jorge Saldaña

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Ladrilleras, un problema social sin solución integral en SLP

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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos

Por: Haniel Valdés

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.

La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.

El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.

Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.

La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.

En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.

Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.

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Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG

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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.

“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.

Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.

Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.

Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,

resultado del despliegue coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.

En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.

Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.

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Senado avala reducción de la jornada laboral a 40 horas

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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra

Por: Roberto Mendoza

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad

, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo al dictamen.

En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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