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Un amparo pronto podría dejar libre a Alejandro “N” | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Es ilegal publicar su nombre completo pero todos lo sabemos, es el hijo de la familia Fernández Montiel. Es Alejandro, el homenajeado con la Presea Plan de San Luis y el reconocimiento de “Potosino Distinguido”. Es el hermano de hermanos poderosos, el vinculado a grandes fortunas y autoridades circulantes en el ámbito de la opinión pública.
También es miembro de una sociedad que le creyó por décadas su disfraz de filántropo, prestigio que lo cubrió como cal a una tumba putrefacta.
En octubre del 2019, fecha en que fue detenido, se escarbó entre sus obscuros escombros, fue denunciado y posteriormente sentenciado a doce años de prisión por violación agravada, pues de acuerdo a su juicio (mismo que se retrasó en más de dos ocasiones), Alejandro “N” habría violentado en múltiples ocasiones de un menor de edad que estaba bajo su “cuidado”.
El caso de Alejandro, en sus inicios, causó controversia y hasta solidaridad de la clase más alta de la sociedad potosina. Sin embargo, éste se fue derruyendo en cada etapa de su proceso en el que expertos en materia psicológica, médica y tecnológica (fundamental fue el peritaje a su teléfono celular y otros dispositivos por el que se ponía en contacto con la víctima).
El colchón con sangre de la víctima y semen del victimario encontrado en la propia oficina del hoy encarcelado (disculpe Culto Público, pero a las cosas hay que llamarles por su nombre) no fue admitido como prueba. Por alguna razón inexplicable, la entonces defensa de Alejandro logró desacreditar la prueba, no obstante fue ratificada su sentencia el 14 de diciembre del 2023 cuando la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia confirmó su condena.
El ex funcionario del DIF estatal, a cargo de los albergues para los menores más desprotegidos del estado y en situaciones verdaderamente perturbadoras, fue quien de poco a poco y de cita en cita, sacaba a su víctima para convivir en solitario.
Bueno, pues el ex funcionario, ese personaje galardonado, ese preso sentenciado, a cinco años de su aprehensión y a menos de la mitad de su condena podría salir libre.
A las manos de quien esto escribe, llegó una copia (que fue previamente corroborada) de un oficio en el que se da cuenta a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, la interposición de un amparo directo promovido por el acusado.
Este oficio, fechado el 4 de junio de este año pero dado por visto a las partes y hecho público hasta la semana pasada de este mes de agosto, se interpone en contra de su sentencia; es decir, que de proceder, se convertiría en la puerta de salida para el sentenciado.
120- VISTO_240826_110138 (1)Por el momento, y hasta que no se resuelva de manera definitiva el instrumento legal, se mantienen las cosas en el “estado procesal que guardan”. Es decir, que Alejandro N. Seguirá en prisión, pero no por mucho tiempo.
¿Por qué me animo a decir que no por mucho tiempo?
Le explico a mi Culto Público: a partir de tener en mi poder el oficio, me di a la tarea de rastrear e investigar justamente el “estado que guardan las cosas” y esas cosas de plano se podrían definir como un acto de vileza, abuso y corrupción.
Al día de hoy, la víctima no tiene defensa y parece no querer tenerla. Por alguna razón (no me imagino cuál pero se me viene a la mente una avalancha de signos de pesos) la propia familia de la víctima se ha alejado de sus abogados, 
De la víctima no se sabe absolutamente nada e incluso hay quien asegura que cansado del asunto, con una vida interna y externa hecha pedazos, ha decidido continuar su camino dejando todo el asunto atrás.
Respecto a la defensa de Fernández Montiel, también pude saber que ha cambiado. Ya no son los abogados que iniciaron su juicio los que hoy lo representan, ni Marco Polo ni Rafael Aguilar llevan el caso.
Al parecer hay un abogado “muy reconocido” de San Luis Potosí (que no pude saber de quién se trata) y es el que lleva veladamente el asunto a través de pasantes y abogados de su despacho.
Su estrategia ha sido la de “convencer” a billetazos a la familia de la víctima, es decir, aprovecharse de su necesidad, de su cansancio, de su sufrimiento, para que con algo de pan y lentejas calientes, el hombre que abusó de su hijo (como lo dijo el juez y no yo, para que no empiecen de violentos contra el mensajero los miembros de su familia) quede en libertad y siga su vida fuera de la cárcel y gozando de todos sus privilegios.
Ese es el estado verdadero que guardan las cosas.
Aparentemente así está de desequilibrada la balanza de la ciega Justicia en nuestro SLP.
Es este caso, como muchos otros incluso más graves pero que no son conocidos, los que deberían poner en cuestión la necesidad de reformar el sistema de justicia o dejarlo como está.
Este es un caso de corrupción agravada y desalmada, corromper el alma misma de una familia aprovechándose de sus necesidades más básicas. Es poner un bolillo con lentejas para que su voz que pide justicia esté ocupada comiendo.
Quizás, y muy pero muy tristemente en el caso de Alejandro N, van a ganar los billetes y la inmoralidad, a la justicia. Sin embargo, toda una fortuna en generaciones, no podrán comprar nuevamente la decencia, ni habrá suficiente oro que le permita al hoy probadamente culpable (por un juez y no por la opinión pública ni los periodistas que hemos dado seguimiento al caso) volver a andar por la calle con la cabeza en alto.
Estará este aprendiz de reportero, al pendiente de lo que ocurra en los próximos días.
Por hoy es todo para mi querido y Culto Público. Los destapes madrugadores rumbo al 2027 pueden esperar para la próxima entrega.
Atentamente
Jorge Saldaña
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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