diciembre 4, 2025

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Pozos pasaría a convertirse en un nuevo municipio de SLP

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Ricardo Gallardo anunció que enviará en breve la iniciativa al Congreso para ser votada; de aprobarse, la capital perdería al 16.22% de su población

Por: Luis Moreno y Bernardo Vera

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, hizo esta mañana el que podría ser el anuncio geopolítico y económico más importante de los últimos años para el estado: Villa de Pozos podría convertirse en el municipio 59 del estado.

El gobernador, mediante un mensaje en sus redes sociales, dijo:

“Villa de pozos está listo para convertirse en el municipio número 59 y así ser el tercer municipio más grande del estado, una iniciativa que mandaremos para que sea una realidad”.

Gallardo Cardona tiene razón en su consideración, pues en los últimos años la delegación Villa de Pozos que pertenece al Ayuntamiento de la capital se ha convertido en uno de los sectores de la ciudad con mayor crecimiento, pues ahí reside buen parte de la población que labora en la zona industrial, hay un número importante de empresas, restaurantes, escuelas, bodegas, etcétera.

Para que el proyecto se convierta en una realidad, el gobernador debe enviar al Congreso del Estado la iniciativa que deberá ser aprobada en comisiones para posteriormente subir al pleno para ser discutida por los 27 diputados y diputadas, 18 de ellos y ellas (dos terceras partes) deberán posicionarse a favor, por lo que existe una gran posibilidad de que eso ocurra debido a que entre el partido verde y sus aliados (PT-Morena-Nueva Alianza) alcanzan 13 votos, por lo que solo necesitarían del apoyo de cinco congresistas de oposición, que hasta el momento han impulsado casi de forma unánime las iniciativas del gobernador.

De concretarse, Pozos pasaría a recibir de manera directa parte del presupuesto estatal, se tendría que hacer una redistritación tanto local como federal para que la nueva ciudad tenga representación legislativa y se establecería un cuerpo edilicio que sería votado democráticamente posiblemente durante las elecciones del 2024.

Actualmente Pozos cuenta con una población de 148 mil habitantes, el 16.22% de la población total de la capital. El gobierno de la delegación recae sobre Ángel Castillo, quien funge como delegado.

Se estima que la fundación oficial de Pozos data de 1639, y en 1826 la demarcación fue elevada a rango de municipio; en 1949 se suprimió como tal y se integró como delegación a la capital.

Los últimos municipios potosinos en conformarse fueron El Naranjo y Matlapa en 1994, y el último municipio creado en el país fue San Quintín, Baja California, aprobado por el congreso local el 12 de febrero de 2020 y formalizado el 28 de febrero de ese mismo año.

 

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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