abril 1, 2025

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UASLP recibiría este año más de 400 denuncias por violaciones a derechos

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Algunas de estas serían presentadas contra profesores, profesoras alumnos, alumnas y personal administrativo por violencia de género,  hostigamiento o acoso sexual

Por: Ana G Silva

Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de a Defensoría de Derechos Universitarios, indicó que en lo que va del 2022 se han recibido 131 quejas y denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se espera que para el cierre de este año serían más de 400, de las cuales el 30 por ciento corresponden a violencia de género, hostigamiento o acoso sexual por parte de profesores, profesoras, alumnos, alumnas y personal administrativo.

La titular de la Defensoría destacó que en 2020 se atendieron 124 casos de violaciones a derechos humanos, de los cuales 17 eran por violencia de género o hostigamiento o acoso sexual; en 2021 fueron 168 de los cuales 38 eran por violencia de género o hostigamiento o acoso sexual, esto a pesar que en este periodo la mayoría de las clases se impartieron a distancia debido a la pandemia por el covid-19.

Navarro Sánchez detalló que en el caso de la violencia de género en los últimos años se dio entre pares, es decir compañeros; además de que han notado una nueva forma de violencia contra las mujeres, como es la violencia digital al compartir imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la persona.

La abogada señaló que las estudiantes han dado a conocer grupos y un canal de Telegram donde se comparten “packs”, que tiene más de dos mil usuarios. En lo que va del año hay cinco denuncias por violencia digital, mientras que en 2021 fueron dos, las cuales la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento.

Urenda Navarro resaltó que del 100 por ciento de las denuncias que se hacen de violación de derechos humanos en la UASLP, el 30 por cuento corresponden a violencia de género o hostigamiento o acoso sexual, el resto de violeaciones de derechos universitarios.

“Cuando llega una víctima de violencia de género hay una unidad de atención temprana que recibe y se hace una evaluación de riesgo porque con eso determinamos si requiere una medida cautelar, antes siquiera de interponer una denuncia, la medida corresponde a la situación en particular, se le canaliza a la unidad de atención psicológica que a su vez sirve como un dictamen de afectación del daño, que se integra al expediente de investigación”.

Navarro Sánchez resaltó que la Defensoría está conformada por 22 personas, 11 de base y otras 11 por prestación de servicios y prácticas profesionales.

El 99 por ciento está integrada por mujeres con tres áreas prioritarias: una Defensoría de Quejas y Denuncias, una Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión y una Visitaduría General.

Urenda Navarro comentó que se debe entender que no todos los casos son de acoso o hostigamiento sexual, algunos de estos son de violencia de género:

“Sabemos que la comunidad puede enunciar una práctica y violencia de género como acoso y hostigamiento porque no son la parte técnica y no necesariamente tienen que saber a lo que se enfrentan, por ejemplo una mirada lasciva no es acoso ni hostigamiento, es un tipo de violencia, para que sea acoso o hostigamiento tiene que haber dos elementos: en el hostigamiento tiene que haber una relación supra subordinación como la de profesor-alumna, el acoso es entre pares, por ejemplo entre estudiantes. Para que se configure el acoso o hostigamiento lo que tiene que existir es el elemento del chantaje, el dar a cambio de algo, cuando no lo hay estamos ante otro tipo de violencia, aunque no quiere decir que la violencia sexual no sea grave”.

La titular de la Defensoría argumentó que en 2020 se creó un protocolo para establecer parámetros de definición para la aplicación de sanciones, los cuales son la gravedad de la conducta e intensidad del daño. Hay cuatro sanciones, actuando conforme a derecho, que son: la destitución de cargos y comisiones, amonestaciones, suspensión y rescisión de la relación laboral. El acoso y hostigamiento amerita recesión de la relación laboral y el resto de las conductas tendrá que ponderarse.

La contraparte tiene derecho a un debido proceso y a los mecanismos de defensa, muchos se han amparado, y los procesos se interrumpen porque ya no se pelean internamente sino ante un juzgado de distrito para determinar quién tiene la razón, si el trabajador o la universidad. Aunque todos los amparos que lleva la Defensoría los hemos ganado”.

Finalmente, Urenda Navarro dijo que en 2021 se logró expulsar a un profesor denunciado de hostigamiento, dos fueron destituidos de su cargo permanentemente y otro fue suspendido sin goce de sueldo por un año.

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#4 Tiempos

MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.

No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.

Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.

El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.

El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.

Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.

De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.

¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.

Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.

Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).

Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.

Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos

que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.

¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.

Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.

Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.

¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.

 

BEMOLES

MORALES

En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.

En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.

En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.

En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.

Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.

¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.

Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.

Hasta la próxima

Jorge Saldaña

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Ciudad

Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”

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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora

Por: Bernardo Vera

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.

El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.

Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.

Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.

Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.

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Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial

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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.

El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.

“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.

La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.

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Opinión

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