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Tribunal Electoral a punto de tumbar a Verónica Rodríguez y David Azuara como candidatos
Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria
Por: Jorge Saldaña
La sentencia del Tribunal Electoral de la sala de Monterrey con número 121 del 2024, obligó a entregar un acta de asamblea que de existir, invalidaría las candidaturas de Verónica Rodríguez al senado de la república e indirectamente a David Azuara al quinto distrito federal. De no existir el documento, el resultado sería el mismo.
El 22 de enero del 2024 la Sesión Permanente del Partido Acción Nacional se reunió con el fin de elegir a sus candidatos rumbo al proceso electoral, sin embargo, por omitir generar, o al menos presentar el acta de dicha asamblea, se pone en riesgo inminente la candidatura al senado de la república de Verónica Rodríguez y David Azuara Zúñiga, la primera por no haber sido puesta a votación y al segundo por haber perdido con votos su designación.
Al no existir evidencia “coherente y fundada” , como dicta la sentencia del Tribunal, de la forma en que se designaron como candidatos al senado y quinto distrito federal respectivamente, la próxima resolución podría dejar fuera de la contienda a los ya mencionados.
Durante la sesión de ese 22 de enero, los panistas con derecho a voz y voto, eligieron a sus candidatos a los puestos federales, mismos que arrojaron un triunfo, en el caso del quinto distrito, a favor de Santiago Zamanillo, que ganó a José Antonio Zapata Meraz y otros.
No obstante, en una decisión en la ciudad de México, se designó, sin mayor explicación ni siquiera a quien quedó en segundo lugar (Jose Antonio Zapata) sino a quien buscaba de origen la alcaldía capitalina, es decir, David Azuara Zúñiga.
Aún con el triunfo validado con votos, por parte de Zamanillo, la Comisión Nacional designó al candidato perdedor de la votación interna, es decir, a David Azuara como su abanderado.
En el caso de Verónica Rodriguez, la sesión omitió la votación y se prefirió enviar a la Comisión Nacional la decisión para la designación de la candidata, misma que se jugó entre la hoy abanderada y la empresaria Imelda Elizalde, candidata ciudadana que fue invitada a participar como parte del llamado “Consejo Empresarial Potosino”.
Al no haber existido siquiera una votación al respecto de la fórmula al senado, la empresaria potosina impugnó ante el tribunal local y ahora federal, sus derechos político electorales.
En este momento, y a punto de que el tribunal resuelva, dicho recurso puede resolver que se realice de nuevo la asamblea o de plano declarar como inválida la candidatura al senado de Verónica Rodríguez.
En el caso de David Azuara, que también fue impugnado en su momento, el mismo documento de la sesión bastaría para reponer el proceso, que fue ganado inicialmente y por votos de los panistas convocados por Santiago Zamanillo.
El acta de la sesión ha sido negada, como consta por diversos oficios, en diversas ocasiones tanto por el Comité Estatal como el Comité Nacional, documento imprescindible para dar validez a la designación de las candidaturas.
El documento, de existir y ser presentado (mismo que ya fue solicitado por transparencia por este medio) convalidaría que se violaron los derechos políticos de la ciudadana Imelda Elizalde, al grado que uno de los jueces de la sala del Tribunal colegiado de Monterrey, advirtió que merece al menos, una explicación respecto a la negativa de su candidatura.
En cualquier caso, si el Comité potosino resuelve entregar acta de la asamblea, o acepta su inexistencia, la candidata Verónica Rodríguez podría perder su calidad de abanderada en fórmula al senado y con un recurso de jurisprudencia, Santiago Zamanillo podría solicitar de forma económica se respeten sus derechos por la misma causa y exigir sea repuesto el proceso que ganó para ser el candidato al quinto distrito federal con cabecera en la capital potosina.
El recurso, así como la resolución y hasta el voto del magistrado que hace ver la omisión, se encuentra de manera pública en los estrados del Tribunal Electoral de la federación de la sala en Monterrey con número JDC121/2024 en dos expedientes.
Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria se designaron a los candidatos en cuestión, situación que los dejaría fuera de la contienda.
#4 Tiempos
La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ciudad
En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP
Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre
Por: Redacción
El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.
La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.
Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.
Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.
Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.
Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.
“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.
Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.
También lee: SLP requiere nuevas estaciones de bomberos
Destacadas
Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial
Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada
Por: Redacción
El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna
.Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.
Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.
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