La filial de Grupo Valorán, empresa de la poderosa familia Rangel, busca desesperadamente interconectar el Libramiento poniente

Por: Redacción

Por acuerdo de fecha 28 de enero de 2019, el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito determinó investigar la violación de una medida cautelar por parte de un grupo representado por la abogada Carmen Salazar y que involucra al Grupo Mexicanos de Técnicos en Autopistas, mejor conocido como Grupo Meta, subsidiaria de la constructora Grupo Valorán.

El acuerdo en el juicio 1318/2013, apenas notificado este 6 de febrero, establece: “Con fundamento en los artículos 186 y 187 de la ley agraria, como diligencia para mejor proveer y tener mayor conocimiento de los hechos controvertidos para el efecto de dar vista al Ministerio Público de la Federación, respecto de la presunta violación a la medida cautelar otorgada en el presente asunto”, según los documentos, de los que La Orquesta posee una copia.

El Tribunal Agrario identificará a clientes de Carmen Salazar, inducidos por ella a vender un terreno, ubicado en el poniente de la ciudad de San Luis Potosí, que no podría ser materia de una transacción por estar en litigio, comentó la propietaria del inmueble Florina Pérez.

La Empresa Meta deberá además explicar por qué compró un terreno sobre el que obraba una medida cautelar.

Se trata de un inmueble de casi 4 mil metros cuadrados, por el que recibieron de la empresa Meta 314 mil 560 pesos, equivalentes a un 10 por ciento del precio total. El contrato, con fecha del 9 de abril del 2018, está en manos del Tribunal Agrario y del Ministerio Público Federal.

Según la propietaria, Florina Hernández Pérez, si Meta se sale con la suya le regalara otros tres millones pesos, si no es que ya lo hizo, al grupo de clientes de Carmen Salazar.
Meta irrumpió con maquinaria pesada en diciembre del año 2018 apoyado por fuerza policial y grupos de choque.

Según Carlos Covarrubias, asesor legal de los afectados, la empresa está urgida en hacer funcionar la interconexión del Libramiento. Por eso, a Carmen Salazar y una persona de nombre María Cruz Pérez Hernández no les importó violar la medida cautelar, pues “vendieron indebidamente y pusieron en riesgo todo el proyecto, porque podría colapsar”.

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