Frinné Azuara cuestionó que la reforma para dar un salario digno a los trabajadores de la salud todavía no se haga efectiva

Por: Redacción

La diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, respaldó las protestas de los trabajadores de salud. “Tienen razón, no se les ha hecho derecho, no se les ha dado el derecho a tener condiciones laborales dignas como lo marcan sus contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Afirmó que las demandas de las marchas son algo “que no es sorpresa ya para nadie”. Según la legisladora, el origen está en la centralización de los servicios de salud, es decir, en que la Federación concentró su manejo, y en la desaparición del esquema de compra consolidada de medicamentos que existía con el Seguro Popular. En ese esquema se juntaban las compras de varias instituciones para conseguir mejores precios. También mencionó la pérdida del acceso a la salud de millones de mexicanos.

“Una crisis sanitaria”

Azuara Yarzábal dijo que las consecuencias ya se ven en las evaluaciones de organismos internacionales. Mencionó al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la OCDE, que según ella ubican a México en una crisis sanitaria por el aumento de muertes que se pudieron evitar. “La verdad es triste y es cruel”, señaló.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que, si no se destina alrededor del 6 por ciento del PIB a la salud, “no va a haber respuestas”. El PIB es el valor de todo lo que produce el país en un año.

Un salario digno que no llega

La diputada cuestionó que no se haya hecho efectiva la reforma al artículo 123 constitucional que, dijo, se aprobó en 2024 en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, incluido el de San Luis Potosí, para dar un salario digno a los trabajadores de la salud. “Ese dinero que le están destinando a otro tipo de obras y de instituciones que ya se vio que no están dando los resultados esperados, ¿por qué no se están aplicando estos recursos a la salud?”, preguntó.

Explicó que, con el convenio que firmaron los estados con el IMSS-Bienestar, en San Luis Potosí ya se transfirió “el noventa y tantos por ciento” de los servicios, incluidos el personal, los insumos y el abasto de medicamentos. “La respuesta está ya a nivel federal. El presupuesto no se ha incrementado, no vamos a poder dar atención médica a toda la población que lo demanda”, sostuvo.

El diputado de Morena Carlos Arreola Mallol también dijo que la solución a la demanda de los trabajadores tiene que venir de la Federación, aunque defendió que hay inversión y que se va “en la ruta correcta”.

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Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

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Tras el señalamiento contra el dirigente panista Carlos Enrique Dahud por recibir honorarios del Ayuntamiento, el alcalde Enrique Galindo respondió con una acusación contra el presidente del Congreso: afirma que registros de transparencia muestran que Luis Fernando Gámez Macías sigue cobrando 32 mil pesos en la Secretaría General de Gobierno

Por: Jorge Saldaña

Foto creada con IA

La confrontación entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el bloque político del Gobierno del Estado escaló este martes, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó al presidente de la Directiva del Congreso local, Luis Fernando Gámez Macías, de aparecer simultáneamente en la nómina de la Secretaría General de Gobierno con una percepción de 32 mil pesos.

El señalamiento surgió un día después de que se hiciera público que Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general y presidente en funciones del PAN estatal, mantiene un contrato de honorarios con el Ayuntamiento capitalino por alrededor de 28 mil pesos mensuales.

Galindo reconoció que Dahud presta servicios al gobierno municipal, pero rechazó que se trate de una irregularidad o de un caso de “aviaduría”. Según explicó, el dirigente panista cuenta con un contrato por honorarios, cumple funciones específicas y ese esquema no necesariamente implica un horario fijo.

“No es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función en función de un contrato de honorarios”, sostuvo el alcalde, quien aseguró que está dispuesto a mostrar la documentación y las actividades realizadas por Dahud.

Acto seguido, Galindo devolvió el señalamiento al Congreso.

De acuerdo con el alcalde, información obtenida mediante solicitudes de transparencia indica que Gámez Macías todavía aparece como director general dentro de la Secretaría General de Gobierno y recibe aproximadamente 32 mil pesos.

“Eso sí es un delito, si es que no ha renunciado”, afirmó Galindo, quien insistió en que el legislador debe aclarar públicamente si mantiene o no una relación laboral y salarial con el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que ejerce como diputado y presidente de la Directiva del Congreso.

La afirmación corresponde al señalamiento del alcalde y, hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que Gámez continúe cobrando ese salario ni se ha determinado por una autoridad que exista responsabilidad penal o administrativa.

Galindo elevó además el tono del enfrentamiento al asegurar que, si se pretende abrir una investigación contra el Ayuntamiento por el caso Dahud, el Congreso debería aplicar el mismo criterio al propio Gámez.

“Que el presidente del Congreso, el diputado Gámez, explique primero si sigue cobrando en la Secretaría General. Es un dato muy reciente, cobra 32 mil pesos”, declaró.

Incluso sostuvo que, en caso de comprobarse una incompatibilidad, a Gámez también podrían alcanzarle procedimientos como un juicio político o una eventual inhabilitación.

El alcalde ironizó sobre el caso al señalar que el presidente de la Directiva no sería “un aviador chiquito”, sino “un aviador del 727”, debido al nivel del cargo que, según Galindo, aparece registrado en la administración estatal.

Más allá del posible doble cobro, Galindo acusó a Gámez de utilizar la presidencia del Congreso para mantener una ofensiva política contra el Ayuntamiento capitalino.

A pregunta expresa sobre si consideraba que el legislador había sido colocado al frente de la Directiva con el propósito de confrontarlo rumbo al proceso electoral de 2027, respondió: “Estoy seguro de eso, pero el Congreso no se lo merece”.

Galindo sostuvo que las expresiones de Gámez comprometen institucionalmente al Poder Legislativo porque, en su calidad de presidente de la Directiva, sus declaraciones ya no pueden ser consideradas únicamente opiniones personales.

“Hoy que es presidente representa a un poder. No es Gámez el que habla, habla el Congreso”, señaló.

Por ello, pidió al legislador separarse de la presidencia de la Directiva si pretende continuar con la confrontación política.

“Yo le pido que mejor deje la Directiva. Que si él como presidente del Congreso es nombrado para golpearme, yo invito al diputado a que deje la Directiva para que nos golpeemos a gusto”, expresó.

El alcalde también reclamó una postura del Gobierno del Estado y particularmente de la Secretaría General de Gobierno para aclarar si Gámez mantiene actualmente algún nombramiento o percepción económica dentro de esa dependencia.

“Si Gámez no deja fehacientemente claro que renunció como director general de la Secretaría General, pues también el secretario general tiene que decir algo. Yo también creo que el Gobierno del Estado tiene que fijar una postura”, afirmó.

El episodio abre un nuevo frente en la disputa pública entre el Ayuntamiento capitalino y actores políticos ligados al Gobierno del Estado y al Partido Verde, ahora con señalamientos cruzados sobre nóminas públicas, posibles incompatibilidades y utilización política de las instituciones.

Galindo aseguró que responderá cualquier investigación relacionada con la contratación de Dahud, pero exigió que el mismo nivel de escrutinio se aplique al presidente del Congreso.

“Yo me comprometo a aclarar lo mío y a demostrar que no es ilegal. Que él aclare”, sentenció.

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