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Tekmol… ¿de Canto de Sal a La Pila?
No se sabe nada del exdiputado del PRI, quien ha permanecido en silencio pese a que las autoridades han congelado sus cuentas y realizado operativos en un hotel de su propiedad
Por: La Orquesta
El panorama de José Luis Romero Calzada luce cada vez más oscuro. Ayer, autoridades federales de realizaron tareas dentro del Hotel Canto de Sal, propiedad del exdiputado local, quien desde hace semanas es investigado por presuntamente operar una red de robo de combustible en la región.
Aunque la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo, los servicios que ofrecía el Canto de Sal han quedado interrumpidos. Sin embargo, aunque las puertas del recinto se encuentran cerradas, no cuentan con sellos de suspensión ni hay elementos policiales vigilando la propiedad.
Hasta el momento se desconocen los alcances de la visita de las autoridades federales al Hotel Canto de Sal; sin embargo, ha trascendido que este podría haber sido incautado, junto con vehículos y otros activos del patrimonio de Romero Calzada.
Versiones periodísticas apuntan a que el proceso legal ha llegado a instancias cruciales, por lo que es posible que en las próximas horas se gire una orden para evitar su fuga.
El episodio se suma a una serie de tropiezos que el político, conocido popularmente como Tekmol, ha sufrido en las últimos meses luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a la lucha contra la corrupción y el huachicoleo como uno de los objetivos más importantes de su sexenio.
¿EN DÓNDE ESTÁ TEKMOL?
Hasta el momento el exdiputado ha dejado de participar en la vida pública y política del estado desde que trascendió la acusación en su contra. Incluso, su página en Facebook ha sido eliminada, junto con un contenido en video donde manifestó no estar involucrado en el robo de combustible.
Adicion almente, Romero Calzada dejó de estar disponible en el número telefónico que usaba antes de que su enredo legal empezara a formalizarse. Tampoco ha vuelto a salir en defensa de sus empresas ni tampoco hay constancias fehacientes de su paradero. El silencio es especialmente llamativo toda vez que a lo largo de su trayectoria política destacó por su proclividad al desparpajo y a una voluntad sostenida por llamar la atención.
Su trayectoria tirada al humor y a cierto descaro pareció apagarse hace unas semanas cuando se dio a conocer que estaba siendo investigado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su presunta responsabilidad en el comercio de combustible robado.
Incluso, las cuentas bancarias ligadas a Tekmol de México SA de CV, Grupo Gasolinero RomCal, y las registradas a nombre del propio José Luis Romero, fueron congeladas por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la SHCP; un movimiento que, por cierto, fue apelado por el político y empresario a través de un amparo.
UNA INTRIGA DE LARGO ALIENTO
El rumbo se empezó a torcer para Romero Calzada justo hace un año. En enero de 2018 La Orquesta dio a conocer que sobre él pesaba una denuncia por huachicoleo y lavado de dinero, la cual se encontraba dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En el documento se establecía que el diputado «se dedica a negociar con los denominado “huachicoleros”, ya que se dedica a la actividad ilegal de robo y venta de combustible (gasolina o diésel)».
El priista reaccionó de forma virulenta cuando se dio a conocer la existencia de tal documento y aunque se respetó su presunción de inocencia, un año después, ya por otro tipo de investigación, Romero Calzado ha vuelto al ojo del huracán, esta vez por elementos más contundentes que distan de ser una sola denuncia y que forman parte más bien de una estrategia de de alto calado que viene desde el ejecutivo federal.
Las próximas horas resultarán cruciales para el controvertido personaje que pasó del baile y los alaridos a un silencio sepulcral.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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