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Tekmol… ¿de Canto de Sal a La Pila?
No se sabe nada del exdiputado del PRI, quien ha permanecido en silencio pese a que las autoridades han congelado sus cuentas y realizado operativos en un hotel de su propiedad
Por: La Orquesta
El panorama de José Luis Romero Calzada luce cada vez más oscuro. Ayer, autoridades federales de realizaron tareas dentro del Hotel Canto de Sal, propiedad del exdiputado local, quien desde hace semanas es investigado por presuntamente operar una red de robo de combustible en la región.
Aunque la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo, los servicios que ofrecía el Canto de Sal han quedado interrumpidos. Sin embargo, aunque las puertas del recinto se encuentran cerradas, no cuentan con sellos de suspensión ni hay elementos policiales vigilando la propiedad.
Hasta el momento se desconocen los alcances de la visita de las autoridades federales al Hotel Canto de Sal; sin embargo, ha trascendido que este podría haber sido incautado, junto con vehículos y otros activos del patrimonio de Romero Calzada.
Versiones periodísticas apuntan a que el proceso legal ha llegado a instancias cruciales, por lo que es posible que en las próximas horas se gire una orden para evitar su fuga.
El episodio se suma a una serie de tropiezos que el político, conocido popularmente como Tekmol, ha sufrido en las últimos meses luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a la lucha contra la corrupción y el huachicoleo como uno de los objetivos más importantes de su sexenio.
¿EN DÓNDE ESTÁ TEKMOL?
Hasta el momento el exdiputado ha dejado de participar en la vida pública y política del estado desde que trascendió la acusación en su contra. Incluso, su página en Facebook ha sido eliminada, junto con un contenido en video donde manifestó no estar involucrado en el robo de combustible.
Adicion almente, Romero Calzada dejó de estar disponible en el número telefónico que usaba antes de que su enredo legal empezara a formalizarse. Tampoco ha vuelto a salir en defensa de sus empresas ni tampoco hay constancias fehacientes de su paradero. El silencio es especialmente llamativo toda vez que a lo largo de su trayectoria política destacó por su proclividad al desparpajo y a una voluntad sostenida por llamar la atención.
Su trayectoria tirada al humor y a cierto descaro pareció apagarse hace unas semanas cuando se dio a conocer que estaba siendo investigado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su presunta responsabilidad en el comercio de combustible robado.
Incluso, las cuentas bancarias ligadas a Tekmol de México SA de CV, Grupo Gasolinero RomCal, y las registradas a nombre del propio José Luis Romero, fueron congeladas por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la SHCP; un movimiento que, por cierto, fue apelado por el político y empresario a través de un amparo.
UNA INTRIGA DE LARGO ALIENTO
El rumbo se empezó a torcer para Romero Calzada justo hace un año. En enero de 2018 La Orquesta dio a conocer que sobre él pesaba una denuncia por huachicoleo y lavado de dinero, la cual se encontraba dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En el documento se establecía que el diputado «se dedica a negociar con los denominado “huachicoleros”, ya que se dedica a la actividad ilegal de robo y venta de combustible (gasolina o diésel)».
El priista reaccionó de forma virulenta cuando se dio a conocer la existencia de tal documento y aunque se respetó su presunción de inocencia, un año después, ya por otro tipo de investigación, Romero Calzado ha vuelto al ojo del huracán, esta vez por elementos más contundentes que distan de ser una sola denuncia y que forman parte más bien de una estrategia de de alto calado que viene desde el ejecutivo federal.
Las próximas horas resultarán cruciales para el controvertido personaje que pasó del baile y los alaridos a un silencio sepulcral.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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