junio 10, 2026

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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?

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Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí

Por: El Saxofón

Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.


Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.

El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?

El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba:A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”

Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.

Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.

Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.

Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.

En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.

Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.

El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.

“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.

“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.

 

Larga lista de instituciones y funcionarios omisos

En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:

 

SEGE culpa al Covid-19

“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue

requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de

trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado

el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las

estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al

personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento.

Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.

  

DIF estatal calla

Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le

solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta.

De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?

 

Legislación y autoridades responsables

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.

Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.

 

Instituciones y funcionarios omisos

Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.

Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.

De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.

De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.

De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.

 

Técnicas de investigación

Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.

En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:

  1. Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
  2. Identificación del modus operandi de los involucrados;
  • Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;

Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.

Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.

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#4 Tiempos

El 2027 se escribe con B | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público: El “plan B” es el antídoto al hubiera; es la versión adulta de cruzar los dedos; es pedir un deseo a una fuente pero guardar otra moneda.

En la política potosina de cara al 2027, los planes B proliferan como salpullido después de cortar elotes.

En el gallardismo, en la oposición, en Morena, en los pasillos federales y hasta en Washington (aunque ese último, como veremos, tiene poco de expediente y mucho de SPEI desde un Banorte capitalino) la segunda carta es un seguro que mas vale tener para no tener que usar.

Antes del análisis va un no negociable del proyecto en turno en el poder local: el movimiento gallardista tiene un gran y único plan. Uno sin letra que es el techo de toda la estrategia: ganar la siguiente gubernatura y garantizar la continuidad.

Para que eso ocurra se necesita un perfil que garantice lealtad, fidelidad, absoluta confianza, acceso ilimitado y acuerdos no limitativos. (Recuerde este párrafo por favor)

Ahora si, vamos de uno por uno:

Como todos lo creemos (por que así se ha hecho creer) la senadora Ruth González es el plan A a la vista. Cumple con todos los requisitos descritos aquí arriba. Sí, también es la esposa del gobernador, pero también una persona única, con decisiones propias, derechos políticos completos, y aprobación popular ganada, no heredada.

Para como están las cosas hoy, los caminos de participación de la senadora son dos: competir solo con el Verde con previsibles resultados ganadores (todas las encuestas coinciden) pero rompería la alianza — no tanto con Morena sino con la presidenta- y eso no es poca cosa.

La otra opción es Ruth con Morena y Verde juntos, una combinación imparable que volvería la elección un trámite, no obstante eso implicaría que Sheinbaum haga una excepción a su postura contra lo que ella llama nepotismo.

Entonces, para el caso San Luis, (que debes ser el asunto como 249 o más de la lista a resolver por la presidenta) hay cartas sobre el escritorio: hacer la excepción potosina, asegurar un estado ganador para la 4T sin arriesgarse a perder más, pero pagar un costo político altísimo por contradecir su propia postura.

O ir juntos… pero no con Ruth.

Aquí entonces entra el plan B presidencial: que no sea Ruth, a cambio de que Ricardo lleve mano para elegir abanderado o abanderada.

En este contexto, el perfil que proponga el gobernador se convertiría muy seguramente en el próximo mandatario o mandataria.

Entonces, si no es Ruth, aquí el plan B de Gallardo (que conociéndolo quizás siempre fue su plan A): escoger entre Ignacio Segura, Guadalupe Torres, Juan Manuel Navarro o Juan Carlos Valladares.

La ventaja de todos es que ninguno es la esposa de Ricardo. La desventaja: ninguno es mujer, ni se asume como tal. Los cuatro no se pueden descartar en el escenario de alianza completa, y cumplen lo Ricardo necesita en su sucesor: confianza absoluta, lealtad al proyecto y disposición de tomar el timón de un barco donde el siga siendo el capitán.

Entonces, ¿es alguno de ellos realmente el caballo negro, el plan B de los planes B, la carta mejor guardada para responder al “tu esposa no” de la presidenta?

No. No son ninguno de ellos. La respuesta es: Aranza Puente Bustindui.

¿Suena a disparate? A mí también al principio. Pero respiremos hondo y volvamos al quinto párrafo: de los requisitos los cumple todos.

Tiene el género correcto. Y muchos valores agregados: expediente y pasado a prueba de balas.

No es Nacho Segura, al que más vale tener siempre a un lado. No es Guadalupe Torres, cuya opinión a veces se interpreta como discrepancia. No es Juan Manuel Navarro, eficiente y leal pero sin la pericia política para improvisar y salir a salvo.

Tampoco es Juan Carlos Valladares — aunque hay que detenerse aquí, porque Juan Carlos merece párrafo aparte.

Valladares sería un candidato rockstar. Hasta presidenciable si se anota el triunfo — y no lo digo yo, así lo leen en CDMX.

Su problema es que no es marinero: es capitán. Y en el barco 2027-2033 no puede haber dos con el mismo grado por más que compartan mapa.

Además, Morena lo tiene muy bien medido, lo ven muy bien, y eso — paradójicamente — le juega en contra para la gubernatura. Es el “si no es Ruth, entonces no es Juan Carlos presidenta”.

Por eso Valladares es claramente el plan A del tablero del gobernador para la capital potosina y un factor de empuje invaluable para ganar la gubernatura.

Si por alguna razón extraordinaria el diputado Valladares no se decide, el plan B capitalino apunta a Mario García — al que todavía le late el corazoncito —, Nacho Segura, o a algún perfil de Morena (la capital como ficha de cambio) que aunque vaya apoyado por el Verde, iría de sacrificio. Lo digo para que ni se apunten Cuauhtli y Arreola.

Ok. Cambiemos de lado el casette (y levante la mano quien tuvo uno de esos Sony cafés con etiqueta a escrita a mano que decía “calmaditas en inglés” jaja bueno ya, al tema)

En este mes es casi un hecho que se firme un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el IFSE. Los términos implican alcances y facultades para el órgano fiscalizador estatal de tal magnitud que el IFSE accedió sin pensarlo a la única petición de la federación: no tocar al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.

¿Por qué la ASF (léase instrucción de Rosa Icela Rodríguez) estaría interesada en un blindaje de ese grado al oftalmólogo?

Pues resulta que desde el escritorio de Juan Ramiro Robledo allá en México

, se ha presupuestado una agenda de placeo federal del líder universitario con funcionarios, magistrados, diputados, senadores y operadores partidistas de Morena.

El impulso lo opera el propio Juan Ramiro, pero lo ejecutan las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres. La idea sembrada a Gobernación: que el plan B de Morena jugando solos al gobierno potosino sea Alejandro Zermeño, el “factor sorpresa”, el contraste natural al proyecto actual, con una comunidad universitaria que, asume JRR, se desdoblaría para darle el triunfo al doctor.

En este posible — pero nada probable — escenario, el rector no tendría que bajar de la estación espacial internacional donde dijo que habitaría un año para no ser candidato a alcalde.

Solo tendría que decir que sí a una candidatura que (solo esa) le parece merecida para su estatura.

Lo bueno es que soñar no cuesta nada. Ser consciente de la realidad, levantar la mano con valor, con decisión y causa, eso sí. Por lo demás, el escenario Verde contra Morena todavía late, pero casi no oxigena.

Del lado de la oposición: hasta el viernes pasado a la una pe eme, la única candidata lista para registrarse por el PAN a la gubernatura era la senadora Verónica Rodríguez —muy a su pesar.

Pero pasados 104 minutos (maso) el plan A blanquiazul rescató al plan B: Enrique Galindo aceptó inscribirse. El plan A galindista no muere, solo queda en “estenbai”: lograr la alianza PRI-PAN aunque sea solo en San Luis Potosí, segundos antes de la hora. Posible, sí. Probable, mmm -no lo se.

Eso sí, Vero va firme a la alcaldía capitalina, dejará en su escaño en el senado a la maestra Estela Arriaga y dejará la dirigencia para concentrarse en la elección.

El combo hoy son entonces Galindo y Vero (los espacios para hombres en las 17 gubernaturas en juego para el PAN son tan reducidos que Enrique o aceptaba el viernes o se quedaba sin estar en la boleta).

El 21 de junio sabremos el nombre del perfil femenino inscrito por el PAN a la gubernatura (obligatorio) y si finalmente a la alcaldía se apuntan para medirse contra Vero, Marcelito de los Santitos Anayita, Davidito Azuarita, Rubén Guajardo, el empresario Fernando Díaz de León, el abogado José Mario de la Garza o el empresario Miguel Maya Romero.

Último plan B, y que creo es el más importante de mi entrega:

El supuesto expediente de Washington contra el gobernador Gallardo que reveló el periodista Raymundo Riva Palacios no se generó en Washington. Se generó en un SPEI desde un Banorte de la capital potosina a un Santander de la CDMX.

Siempre queda un CEP generado por el Banco de México.

No hay semáforo consultable para saber si los expedientes de la FGR se abren o se cierran, tampoco los de la UIF.

Lo que sí hay es una investigación que todos sabemos está en curso sobre el escándalo del Huachicol, los almirantes, sus cómplices y sus lavadores.

El plan activo no es que Washington venga a atrapar al gobernador — sueño de sus detractores que omiten los procedimientos, el fuero, la soberanía y la resistencia estratégica de la presidenta frente a las presiones de intervención estadounidense planteadas en el discurso del 31 de mayo (Si no entendieron eso, pues no entendieron nada).

El plan activo es otro: encarcelar a la cabeza del entramado facturero del caso huachicol. Muchas cabezas han caído, y cuando caen cabezas primero caen las de abajo.

AMLO se blindó a él y a su hijo Andy con la carta a Trump. Andy puso tierra de por medio. Ellos no van a caer, pero si tienen que entregar una cabeza en bandeja de plata, pues la guillotina apunta a Tanquián.

Ese sí es un plan B: Morena sin Adán Augusto y sin Andy no tiene razón para proteger a Sánchez Zumaya. Y si Estados Unidos quiere un “abono” de buena voluntad, el nombre del Batman de Tanquián es primero en la lista.

Sí, así son los planes B Culto Público, son no deseados pero necesarios, son el tercer portero en la banca, se ruega porque no se ocupen, pero se ocupan si es inevitable.

¿Sabían que no hay razón lógica por la que la “A” sea la primera letra del alfabeto? Es un convencionalismo de cuatro mil años, inventado por comerciantes semíticos que dibujaban cabezas de vaca y casas en tablillas.

Entonces, para leer el alfabeto electoral, no es necesario comenzar con la A.

Hagamos equipos de tres y lo discutimos después del mundial ¿va?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

 

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Alcohol y drogas, principales causas de las riñas en SLP: SSPC

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Jesús Juárez informó que se realizan cerca de 30 detenciones diarias por narcomenudeo

Por: Redacción

El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, algunas de las cuales han derivado incluso en homicidios, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

Al ser cuestionado sobre el incremento de hechos violentos relacionados con enfrentamientos entre particulares, el funcionario descartó que exista un crecimiento de grupos pandilleriles o de organizaciones dedicadas a generar conflictos en colonias y comunidades.

Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con los análisis realizados por las autoridades de seguridad, la mayoría de estos casos tienen como origen el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, en segundo término, el uso de sustancias ilícitas.

“El problema es el consumo de alcohol en primer lugar y en segundo lugar el consumo de drogas”, afirmó.

Ante esta situación, explicó que la SSPC mantiene operativos coordinados con las policías municipales para combatir el narcomenudeo

y reducir factores que propician la violencia. Entre las estrategias mencionó los operativos Convoy, Cazador y Boomi, enfocados en la detección de delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.

El secretario destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mayor actividad en el combate al narcomenudeo, al registrar en promedio alrededor de 30 detenciones diarias por este delito, realizadas de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales.

Según explicó, estas acciones han contribuido a contener delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que persisten problemas de violencia derivados de conflictos entre particulares bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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CEDH reporta mayor demanda de atención en la región Huasteca

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La presidenta del organismo explicó que muchas de las quejas están relacionadas con servicios públicos, educación y seguridad

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha identificado que la mayor parte de las quejas y solicitudes de atención que recibe provienen de la región Huasteca, informó su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

La ombudsperson explicó que los asuntos más recurrentes están relacionados con temas educativos, de seguridad pública y dificultades en la realización de trámites ante diversas instituciones, aunque aclaró que existe una amplia variedad de casos: “Donde hemos recibido más es sobre todo en la zona Huasteca”, señaló.

Argüelles Moreno destacó que una de las prioridades de la actual gestión ha sido fortalecer los mecanismos para restituir derechos de manera inmediata

, incluso antes de que concluya formalmente el proceso de queja.

La presidenta de la CEDH explicó que, gracias a la coordinación con dependencias estatales y otras instituciones públicas, en diversos casos se ha logrado resolver la problemática planteada por los ciudadanos durante el desarrollo de la investigación.

“Hay muchas maneras de poder realizar el trámite para que las personas sientan satisfacción, y una de ellas es que se resuelva durante el trámite”, indicó.

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