junio 12, 2025

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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?

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Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí

Por: El Saxofón

Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.


Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.

El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?

El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba:A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”

Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.

Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.

Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.

Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.

En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.

Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.

El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.

“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.

“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.

 

Larga lista de instituciones y funcionarios omisos

En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:

 

SEGE culpa al Covid-19

“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue

requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de

trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado

el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las

estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al

personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento.

Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.

  

DIF estatal calla

Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le

solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta.

De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?

 

Legislación y autoridades responsables

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.

Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.

 

Instituciones y funcionarios omisos

Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.

Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.

De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.

De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.

De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.

 

Técnicas de investigación

Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.

En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:

  1. Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
  2. Identificación del modus operandi de los involucrados;
  • Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;

Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.

Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.

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#Entrevista | #Exclusiva | Terreno, deudas y gobierno: el rector de la UASLP responde

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La Orquesta sostuvo una entrevista en exclusiva con Alejandro Zermeño Guerra, rector de la UASLP, para abordar temas de controversia en la Máxima Casa de Estudios potosina

El rector apuesta por el diálogo con el gobierno estatal, asegura confiar en su gabinete y en que no hubo intención de negocio en beneficio de particulares o su personal en el caso del terreno de las Lomas, propiedad de la Universidad.

En la charla también expuso que hay compromisos del gobernador que no se han cumplido.

 

Por: Redacción

En distintos momentos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se ha visto envuelta en polémicas por diversos señalamientos respecto a la situación financiera de este centro de estudios, su relación con el Ejecutivo estatal y su titular, Ricardo Gallardo Cardona, así como del proyecto fallido de un centro deportivo en terrenos ubicados Lomas Cuarta Sección, propiedad de la Universidad mismo que tuvo que rescindirse por inconsistencias de origen e incumplimientos el arrendatario.

El revés en el contrato derivó en señalamientos de corrupción y hasta chantaje entre la Universidad, empresarios y dueños medios de comunicación.

Ante este escenario, Jorge Saldaña, director de esta casa editorial, tuvo la oportunidad de sostener un encuentro con Alejandro Javier Zermeño Guerra, donde se abordaron estos temas.

La Orquesta (LaO):

En la última entrevista que vimos, hablaba de una deuda acumulada que tiene, de más de 200 millones de pesos. Esto hace que los recursos para muchas áreas sufran dentro de la comunidad universitaria. ¿Hay una estrategia en este momento para endurecer las medidas y exigir esos recursos?

Alejandro Zermeño Guerra (AZG):

En la entrevista yo hablé de 200 millones de pesos de nuestro presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto anual, y esto depende del ingreso federal, el ingreso estatal y los ingresos propios. En este año hemos tenido un decrecimiento de los ingresos propios muy importante.

La deuda no es estatal al cien por ciento. El Gobierno del estado nos debe una parte, y quiero que quede muy claro, porque es una de las situaciones que hemos platicado con el señor gobernador y con la Secretaría de Educación Pública Federal.

El Gobierno del Estado, por ahí de la primera quincena de diciembre, hace su presupuesto de egresos y dicen, “a la Universidad le tocan 100 millones pesos.” Y en las primeras semanas de enero, llega el convenio Federación-Estado y dice, “Le toca dar 180 millones de pesos al Estado.” Y el Gobierno dice: “espérame, ¿de dónde saco los 80 diferentes si no más me autorizaron 100?”.

Esto es una de las situaciones que ha creado esta deuda creciente, con la diferencia de lo que la Federación exige al Gobierno que dé, y de lo que el Estado está autorizado a dar.

Esto quiero que quede muy claro: la deuda no es exclusivamente del Gobierno del Estado, es esa diferencia entre lo que la Federación exige que se nos dé y lo que el Gobierno está autorizado a dar. Y vaya, no estoy defendiendo a ninguna parte ni nada, pero yo creo que el Ejecutivo tiene un tope que está autorizado por el Congreso.

Y la otra cosa es que los ingresos propios no han sido tan buenos como los años anteriores por la situación del país, y no tenemos que inventar nada. La situación del mundo ahorita los recursos no están tan boyantes como en otra época.

Eso es lo que hace nuestra diferencia y que traigamos una deuda de 200 millones actualmente.

LaO:

¿Hay un miedo por enfrentarse, o porque las fricciones con Gobierno del Estado, aumenten justamente generadas o propiciadas por esta falta de recursos?

AZG:

Las pláticas que he tenido con el señor gobernador (Ricardo Gallardo Cardona) yo creo que han sido bastante correctas, ha habido mucho respeto de parte nuestra hacia él y de parte de él hacia nosotros. Yo creo que esto es un factor económico.

Él está tratando de resolver dentro de sus capacidades, y nosotros estamos tratando de adecuarnos y hacer trámites a nivel federal para obtener más recursos para el crecimiento de la institución.

Hay un concepto muy difícil actualmente, a nivel federal, no nada más estatal, sobre la educación. El nacimiento de las nuevas universidades universidades como la Rosario Castellanos, la del Bienestar, y otros, han hecho que los recursos de educación se diluyan, y esto nos está afectando a muchas universidades públicas, no solamente la de San Luis Potosí.

Sí quiero dejar muy claro que el Gobierno del Estado, en la medida de sus posibilidades, está atendiendo las necesidades de la Universidad. Tenemos mucho déficit, sí. Tenemos muchas necesidades, sí. Hemos estado tratando de lograr que se incremente el apoyo del Gobierno del Estado hacia la universidad, pero bueno, ha habido casos importantes.

Por ejemplo, una de las cosas que se iban a hacer el año pasado, del estacionamiento y el reforzamiento del Edificio de Ciencias, desconozco la razón (porque nunca me ha sido informado oficialmente) pero no avanzó, absolutamente.

A pesar de que el señor gobernador dijo públicamente que se iban a hacer todos esos cambios y que el personal de Obra Pública no iba a salir de la Universidad hasta que terminaran, a las pocas horas de que el señor gobernador se salió, ya no había nadie.

No sé decirte exactamente cuál es la razón y eso es uno de los puntos que estamos tratando de platicar con el señor gobernador. Hemos estado solicitando cita para que nos apoyen en esos aspectos.

LaO:

En el ánimo de la comunidad universitaria ¿no ha ido encendiéndose esa preocupación o esa urgencia de que la Universidad no gestiona los recursos? ¿No se ve como un signo de debilidad de la rectoría para para imponerse y para exigir que los recursos funcionen?

Hablo de muchas carencias: lo del Edificio de Ciencias lo recordamos, pero también vemos carencias, por ejemplo, en el Hábitat.

¿La comunidad está tranquila, o se puede generar una un ambiente de tensión interno a la Universidad, porque no se vea una rectoría fortalecida que se puede enfrentar al Gobierno del Estado?

AZG:

Podría ser, en algunas personas, verlo como una debilidad. Yo considero que los logros que se puedan tener interinstitucionales, en este caso con el Gobierno del estado y la Universidad, vamos a obtener más con diálogo que con presión.

Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ve cuántas manifestaciones al día hay en la Plaza de Armas y qué logran. Realmente creo que es mucho más, sentarnos a platicar y ver posibilidades de colaboración mutua, a un enfrentamiento que no va a llevar a nada. No va a llegar más que a debilitar las instituciones, creo que lo que queremos es un San Luis que progrese, y que se logra, en mi punto de vista, mucho más con diálogo.

Hay gentes que opinan diferente y gentes que opinan que hay una animadversión de algunas áreas del Ejecutivo hacia la Universidad. Mi punto de vista es que el señor gobernador ha tenido una disposición clara, ha dado indicaciones a sus gentes en diversas áreas y que no se han cumplido.

El ejemplo lo vuelvo a decir, sobre el terreno: cuando le dice a la Secretaría de Obra que haga tal cosa, desconozco por qué no lo hicieron. Pero al final, él dio una indicación y no se cumplió.

En las cuestiones de finanzas, él ha dado indicaciones a la Secretaría de Finanzas de que nos pague algunas deudas pendientes

(por ejemplo, la de Conagua) y no se han cumplido.

Pero yo pienso que más que hacer una cosa de acciones de provocación, lo más correcto es que tengamos diálogo. Para eso somos universitarios, creo que tenemos la inteligencia suficiente para sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos.

LaO:

En términos legales, ¿en qué proceso va el asunto de la demanda que se hace por parte de VEM y su representante, Fabian Espinosa Díaz de León, en contra de usted, pero también en contra de Miguel Mayo Romero, directivo de un medio en específico y de algunos periodistas?

Esto, sobre un asunto en el que los acusa incluso de extorsión por que no salió bien el negocio del terreno de allá de Lomas Cuarta Sección.

Pero quisiera ser muy puntual en mi segunda pregunta: pareciera que las crisis o varios asuntos importantes por los que ha transitado la Universidad, de alguna u otra manera, o en mayor o menor medida, se involucra este medio de comunicación Astrolabio, de Miguel Maya.

¿Hay algún compromiso, pacto o se debe algo entre la Universidad al empresario?

AZG:

No, absolutamente nada. No tenemos ningún compromiso.

Debo de suponer que considera que está haciendo su labor periodística. Pero no, la Universidad no tiene ningún contrato, ningún convenio, ninguna acción específica con ese medio que no se tenga con otros, como difusión de algunos proyectos, etcétera. Pero no hay nada que nos relacione con las actividades que él tiene. Él está actuando según su entender periodístico.

Respecto a lo que comentas de la denuncia presentada, está siendo atendida por la oficina del Abogado General de la Universidad. Nosotros obviamente estamos a disposición de lo que la autoridad considere, y que se tengan que arreglar las cosas, porque desde mi punto de vista –que no soy abogado–, hay muchas cuestiones que son claras en esa denuncia y que no están apegadas a la verdad.

Uno de esos, por ejemplo, es lo que se comentó, de que este empresario periodístico había pedido dinero en mi nombre. Obviamente eso es una gran falsedad, a menos que yo haya pedido que lo hiciera, pero por supuesto que eso no es cierto. Y si él lo pidió o no, él tendría que aclararlo, pero por supuesto que esas son cosas falsas, absolutamente.

Y nosotros lo que estamos viendo es que ese contrato que, como le digo, lo va a manejar la Abogacía General, pues es una cuestión mercantil y que estamos trabajándola como lo que es es, un contrato mercantil que tendrá ciertas acciones que tomarse para que se cumpla o se deshaga el contrato.

LaO:

En el corto, mediano o largo plazo, ¿tiene usted considerado abrir alguna convocatoria pública, alguna invitación a empresarios o a inversionistas para que en este terreno se propongan proyectos que beneficien a la comunidad universitaria, o se quedará para la siguiente rectoría?

AZG:

En este momento no voy a tener considerado nada. Primero, antes que nada se tiene que dejar terminado este asunto, que el terreno esté totalmente liberado de cualquier problema legal. Y posteriormente, una vez terminado todo el proceso, veremos si es posible que esta rectoría haga algo o lo dejamos tal cual para la siguiente rectoría.

Pero no hay ninguna prisa; el terreno tiene 24 años en propiedad de la Universidad, y ha generado plusvalía indiscutiblemente, y la idea de que siga teniendo plusvalía, en realidad es muy buena.

Sin embargo, si pudiera haber algo que beneficiara a la comunidad realmente, sería cuestión de analizarlo. Pero definitivamente, no vamos a poder hacer absolutamente nada hasta que este asunto esté totalmente terminado.

LaO:

Con la perspectiva y con toda la información que ha salido a la luz respecto de este terreno, como rector ¿no no ve usted señales de que se quiso hacer un negocio? ¿Que quiso hacerse un “enjuague” a través de la Universidad para beneficiar a ciertas personas con una propiedad de la comunidad universitaria?

¿Confía usted en su gabinete plenamente todavía?

AZG:

Sí, yo pienso que sí. Es como lo quieran ver.

Para mi era un centro deportivo que iba a dar servicio a la comunidad estudiantil, que iba a dar áreas de estacionamiento para los estudiantes y que iba a dar una renta que se iba a convertir en becas para deportistas. Y al final de la renta de ese terreno, la Universidad se iba a quedar, además de la propiedad del terreno (que ya es de ella) con una infraestructura deportiva que iba a servir a la comunidad universitaria.

Es cuestión de que alguien dijera: “bueno, pero va a ser negocio de otras” Sí, probablemente. Si lo consideras así, iba a ser negocio de otras personas, pero al final iba a hacer una inversión que redituaría en una plusvalía para la Universidad.

LaO:

Con todas estas condiciones que se dieron, ¿no pensó en algún momento que alguien verdaderamente quería hacer un enjuague de ahí? ¿Un negocio?

AZG:

No lo he pensado, la verdad no. Y si así fuera la pregunta directa, no encontraría yo quién pudiera ser esa persona que se lograba o se quisiera beneficiar de eso.

Al final esto ha pasado por la Comisión de Hacienda, por el Consejo Directivo. Incluso, por opiniones importantes de los estudiantes, era el beneficio que iba a dar esto en becas, en un lugar para hacer deporte, en un lugar para estacionarse las gentes que están por esa zona, que son un buen número de estudiantes.

Yo no he visto o no vi en ese momento unas condiciones preocupantes para mí. Al final de cuentas, los inversionistas iban a tener que sacar algún beneficio, por supuesto, estaban invirtiendo. Pero a la larga, en unos años, el beneficio definitivo iba a ser para la Universidad, quedarse con un campo deportivo y dar ese servicio deportivo y de estacionamiento a los académicos y estudiantes de estos años.

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Gallardo Cardona prepara doble informe de gobierno en San Luis Potosí

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El mandatario estatal anuncia una ceremonia solemne en la capital y un evento masivo en el interior del estado, posiblemente en Tamazunchale o Rioverde

Por: Redacción

Respecto al Cuarto Informe de Gobierno por parte de las autoridades estatales, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que este año se realizarán dos ceremonias en diferentes sedes de San Luis Potosí.

“Vamos a estar en dos zonas la misma semana. Estaremos en la capital potosina en un evento más solemne

, pero también vamos a tener un informe masivo dos días después, como lo hemos estado haciendo”
, señaló el mandatario estatal.

Adelantó que se está analizando que el segundo informe pueda realizarse en el municipio de Tamazunchale o en Rioverde y añadió que “hay mucho que informar”.

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Refuerzan acciones contra el bullying en escuelas de SLP

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La CEDH da seguimiento a recomendaciones emitidas a la SEGE por casos de acoso escolar y otras violaciones a derechos educativos

Por: Redacción

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, informó que se ha dado seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) respecto a los casos de bullying registrados en diferentes planteles de la entidad potosina.

Explicó que este seguimiento forma parte de los procedimientos de la comisión, y que se busca reforzar las medidas ante situaciones de intimidación o acoso escolar, ya que estas también competen a los derechos humanos y deben ser atendidas en conjunto con las autoridades educativas.

Actualmente, en San Luis Potosí, la CEDH tiene registros de aproximadamente 100 carpetas de investigación relacionadas con el ámbito educativo. En estas no solo se abordan casos de acoso escolar, sino también situaciones de violencia sexual

, negación del acceso a la educación y violaciones a los derechos de personas con discapacidad.

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