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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?
Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí
Por: El Saxofón
Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.
Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.
El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?
El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba: “A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”
Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.
Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.
Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.
Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.
En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.
Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.
El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.
“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.
“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.
Larga lista de instituciones y funcionarios omisos
En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:
SEGE culpa al Covid-19
“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue
requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de
trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado
el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las
estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al
personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento. 
Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.
DIF estatal calla
Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta 
De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?
Legislación y autoridades responsables
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.
Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.
Instituciones y funcionarios omisos
Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.
Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.
De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.
De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.
De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.
Técnicas de investigación
Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.
En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:
- Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
- Identificación del modus operandi de los involucrados;
- Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;
Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.
Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.
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Investigación revela socios, facturaciones y movimientos notariales coincidentes
Una revisión de registros mercantiles identifica al menos a 13 compañías más constituidas en San Luis Potosí, que están vinculadas por accionistas, representantes y operaciones ante las mismas notarías, con la constelación de facturación y desvío de recursos del caso Gómez Mont
Cinco de esas empresas fueron señaladas definitivamente por el SAT como emisoras de facturas por operaciones simuladas. Uno de los empresarios que concentra las conexiones fue detenido en febrero de 2025 en la capital potosina
Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña
Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: al menos otras 13 sociedades mercantiles relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.
La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.
Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.
La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.
Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.
Empresas constituidas en serie ante la misma notaría
Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.
En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.
La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.
Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.
El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.
Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.
Pero las coincidencias no terminaron ahí.
Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.
La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.
Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.
Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.
En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.
En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.
En total, cinco compañías de la red fueron constituidas durante 2016 ante el mismo notario.
Los nombres que conectan a las empresas
La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.
Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.
Además, las consultas de socios del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) lo relacionan con Vialidades del Tangamanga, Innovación en Servicios Integrales Dicont y Tangamanga Innovaciones y Negocios.
Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.
El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).
La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.
El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.
Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.
En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.
Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.
Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría
La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.
La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.
Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.
En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.
Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.
En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.
Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.
Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.
El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.
El mismo objeto social en compañías diferentes
Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.
Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.
No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.
Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.
Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.
El vínculo con los millones investigados por la FGR
La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.
Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.
De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.
Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.
El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que circularon por las otras tres sociedades y también del valor total de los contratos federales investigados.
El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.
Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT
La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.
Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.
Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.
Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.
La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.
Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí
A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad en la que Víctor Manuel Álvarez Puga aparece como accionista mayoritario.
De acuerdo con la documentación registral referida en el reportaje original, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos.
En esa operación, Alejandro Mario Álvarez Puga vendió sus acciones a su hermano Víctor Manuel, quien quedó con el 70 por ciento del capital, mientras Sergio Martínez Vega conservó el 30 por ciento restante.
El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.
Según el reportaje original, Mase Energy también fue incluida en abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.
Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.
La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.
En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.
Sin embargo, en las actas constitutivas y modificaciones societarias revisadas de ocho empresas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.
La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.
Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.
Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.
Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso
La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.
La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.
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Trabajadores de SLP, en desventaja: solo se resuelven 14 de cada 100 conflictos laborales
En 2025, de los mil 989 conflictos de trabajo que se reportaron en el estado, solo solucionaron 284, es decir menos de uno al día
Por: Ana G Silva
En 2025 se registraron mil 989 conflictos de trabajo en San Luis Potosí y se solucionaron 284 (es decir solo el 14.28%), de acuerdo con las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los conflictos solucionados bajaron de 825 en 2024 a 284 en 2025, una caída de 65.6%. En el mismo periodo, los conflictos nuevos subieron 7.9%: pasaron de mil 844 a mil 989.
El estado va en sentido contrario al país. A nivel nacional se registraron 104 mil 741 conflictos y se solucionaron 106 mil 980, es decir, se cerraron más casos de los que entraron en el año. En San Luis Potosí se solucionaron 14 por cada 100 conflictos nuevos.
Para el INEGI, un conflicto de trabajo es una disputa individual, que afecta a una persona trabajadora, o colectiva, que afecta a todo el personal de una empresa. Se cuenta como solucionado cuando hay arreglo o resolución final. En el país, el principal motivo de los conflictos individuales fue el despido injustificado, con 59.5%.
Cinco años con el nuevo modelo
San Luis Potosí fue una de las ocho entidades que arrancaron la reforma laboral el 18 de noviembre de 2020. Desde entonces, acudir a un centro de conciliación es obligatorio antes de demandar ante un tribunal laboral. Las juntas locales de conciliación y arbitraje siguen resolviendo los asuntos que empezaron antes del cambio.
Antes de la reforma, el estado registraba entre 3 mil 800 y 4 mil 900 conflictos por año y solucionaba entre 2 mil 600 y 3 mik 400. En 2021, el primer año completo del nuevo modelo, los conflictos bajaron a 1,699 y los solucionados a mil 607. Desde entonces, los conflictos se han mantenido arriba de mil 600 al año, mientras los solucionados han bajado cada año.
Entre 2021 y 2025 se acumularon 9 mil 077 conflictos de trabajo en el estado y se solucionaron 4 mil 702.
En 2025 se solucionaron menos de un conflicto de trabajo por día (0.77 al día): 284 en todo el año, entre tribunales laborales y la junta local.
En el Poder Judicial del Estado, la materia laboral la atiende un solo órgano jurisdiccional con cuatro personas juzgadoras, según el registro administrativo de justicia laboral estatal del INEGI. Desde finales de 2020, ese órgano ha radicado 11 mil 068 expedientes y 6 mil 097 seguían en proceso al cierre de 2025, de acuerdo con la misma fuente.
En 2025, el Tribunal de Justicia Laboral contó con 29 millones 716 mil pesos, el 2.2% del presupuesto del Poder Judicial, según el informe del Programa Institucional 2025 del propio Poder Judicial al tercer trimestre.
La mayoría de las diferencias entre patrones y trabajadores ya no llega a esa etapa. En 2025 se registraron 12 mil 869 convenios prejudiciales en San Luis Potosí, 10.2 por cada mil personas ocupadas, por encima de la tasa nacional de 8.6. La tasa de conflictos fue de 1.6 por cada mil ocupados, cercana a la nacional de 1.7.
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, encargado de esa etapa, recibió 9 millones 609 mil 13 pesos en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 (Decreto 0037). Es la misma cifra que tenía asignada en 2021, según el Programa Institucional del Centro 2022-2027, y la que repite el presupuesto de 2026 (Decreto 0338). Con ese monto se registraron los 12 mil 869 convenios del año, unos 747 pesos por convenio, aunque si solo se resolvieron 284 tiene un costo para los potosinos de 33 mil 834.55 pesos.
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Araceli Martínez dijo que las concesiones se cancelarán cuando concluyan los procesos
Por: Redacción
Hay alrededor de 15 carpetas de investigación abiertas contra taxistas por la probable comisión de delitos, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Según la funcionaria, los casos tienen que ver con la posible participación de choferes en robos o en otros incidentes. Aclaró que no se puede saber si son responsables “hasta que no se acredite y se concluya la investigación”.
Las carpetas siguen en proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). Para integrarlas, la Fiscalía ha pedido a la SCT datos de los taxistas, como números económicos y domicilios.
Esta semana, la dependencia pidió una reunión con la fiscal María Manuela García Cázares
La secretaria adelantó que los expedientes terminarán con la cancelación de la concesión de los taxistas que resulten responsables “en el momento procesal oportuno”. “Sin duda así será”, afirmó.
En julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los choferes que entraran a la plataforma de taxis de la SCT pasarían exámenes de control y confianza.
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