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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?
Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí
Por: El Saxofón
Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.
Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.
El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?
El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba: “A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”
Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.
Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.
Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.
Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.
En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.
Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.
El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.
“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.
“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.
Larga lista de instituciones y funcionarios omisos
En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:
SEGE culpa al Covid-19
“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue
requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de
trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado
el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las
estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al
personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento. 
Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.
DIF estatal calla
Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta 
De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?
Legislación y autoridades responsables
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.
Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.
Instituciones y funcionarios omisos
Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.
Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.
De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.
De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.
De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.
Técnicas de investigación
Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.
En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:
- Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
- Identificación del modus operandi de los involucrados;
- Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;
Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.
Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.
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Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
Por: Haniel Valdés
El lunes 26 de octubre, en la gala del Balón de Oro en Londres, el futbol mexicano hizo historia, y lo hizo gracias a las mujeres. Charlyn Corral, delantera del Pachuca, recibió el trofeo Gerd Müller como la máxima goleadora del año, y es la primera mexicana en recibirlo. Scarlett Camberos, del América, terminó en el lugar 21 del Balón de Oro femenino, la primera mexicana en estar entre las 30 candidatas.
Vale la pena detenerse en lo que significa el premio de Corral, porque no es de los que se ganan por votos ni por simpatía. El Gerd Müller es por méritos deportivos: se lo lleva quien más goles marca en la temporada. Corral hizo 49 goles en 49 partidos, 36 con Pachuca y 13 con la Selección Mexicana. En el lado de los hombres lo recibió Harry Kane, el máximo artillero.
Y aquí es donde el mérito de Corral pesa más. Kane juega en el Bayern Múnich, donde casi todo se gana. Corral juega en un Pachuca que no es de los equipos fuertes: en este Apertura 2026 va en sexto lugar del Grupo B, con 13 puntos, lejos de la Liguilla. El premio no lo ganó por este torneo, sino por la temporada pasada, con 22 goles en el Apertura 2025 y 14 en el Clausura 2026 con el club, pero el contexto es el mismo. Aun así encabezó el goleo del mundo y dejó atrás a delanteras como Claudia Pina y Ewa Pajor, que juegan en el Barcelona, el mejor equipo del planeta, rodeadas de las mejores jugadoras. Pajor, de hecho, fue la primera ganadora de este trofeo en 2025; Corral es la segunda futbolista en recibirlo.
El caso de Camberos tiene el mismo fondo. Cuando se compara con los hombres, Julián Quiñones
Lo mismo pasó con el América como equipo. Fue considerado para el premio al mejor club femenil del año, algo que nunca había ocurrido con un equipo mexicano. No ganó porque el premio fue para el Barcelona, un rival imposible: Alexia Putellas, que ya no está en el club blaugrana pero hizo los méritos para el premio cuando aún jugaba ahí, se llevó su tercer Balón de Oro; Vicky López ganó el Kopa como mejor jugadora joven y el equipo blaugrana arrasó con todo lo que jugó. Pero estar en esa conversación, desde un equipo joven, en una liga joven y en un continente que apenas empieza a tomarse en serio el futbol femenil, ya es un logro enorme. El América puede estar, sin exagerar, entre los mejores del mundo.
Esas son las cifras. Lo que importa ahora es cómo las tratamos. Las jugadoras mexicanas están compitiendo en el escenario más grande y compitiendo bien, con méritos que se pueden medir en goles, títulos y posiciones. Un premio ganado por goles no admite discusión, y un puesto 21 entre 30 candidatas del mundo no se regala. Que se les reconozca con la misma vara que a los hombres que quedaron detrás o delante de ellas es lo mínimo que merecen.
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Norberto Cueto, de Canacar, advirtió que en el país suman 15 transportistas asesinados durante asaltos
Por: Redacción
Transportistas de San Luis Potosí se sumaron este lunes al paro nacional del autotransporte de carga con un recorrido de unidades que salió del puente de Peñasco, en Periférico, rumbo a la carretera federal 57 y al Eje 140, para exigir al Gobierno Federal más seguridad en las carreteras.
De acuerdo con Código San Luis, los operadores denunciaron robos, extorsiones y agresiones constantes durante el traslado de mercancías. La movilización en la capital potosina formó parte de una jornada de protesta en todo el país.
Norberto Cueto, delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que la inseguridad es uno de los principales problemas de la industria por el riesgo que enfrentan a diario los conductores en sus recorridos.
De acuerdo con el representante empresarial, en el país suman 15 transportistas asesinados durante intentos de asalto. En San Luis Potosí, dijo, también ha habido ataques contra operadores en carretera.
Entre los puntos de mayor riesgo en territorio potosino, Cueto ubicó distintos tramos de la carretera federal 57, en particular en las inmediaciones de Santa María del Río, La Pila y la zona de El Huizache.
Cueto advirtió que la inseguridad también ha reducido el interés por trabajar en el transporte de carga, un sector que enfrenta un déficit estimado de hasta 90 mil operadores
Además de más vigilancia carretera, los manifestantes pidieron medidas contra las extorsiones, los cobros indebidos y los abusos de autoridad.
Exigieron también soluciones al aumento en el precio de los combustibles, las cuotas de peaje y las obligaciones fiscales que pesan sobre la operación de las empresas.
A eso se suma, según el sector, el deterioro de la infraestructura carretera, que eleva los costos de mantenimiento y les resta competitividad tanto a las grandes compañías como a los transportistas independientes.
La 57 ya estaba en la agenda de seguridad. En julio, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, informó que buena parte de los elementos federales adicionales enviados a San Luis Potosí se desplegaría en esa carretera contra el robo al transporte.
A principios de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal catearon en San Luis Potosí un inmueble ligado al robo al autotransporte federal. Ahí aseguraron 297 tarimas con mercancía, 10 vehículos y 30 inhibidores de señal.
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