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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?
Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí
Por: El Saxofón
Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.
Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.
El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?
El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba: “A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”
Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.
Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.
Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.
Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.
En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.
Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.
El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.
“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.
“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.
Larga lista de instituciones y funcionarios omisos
En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:
SEGE culpa al Covid-19
“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue
requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de
trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado
el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las
estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al
personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento.
Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.
DIF estatal calla
Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta .
De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?
Legislación y autoridades responsables
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.
Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.
Instituciones y funcionarios omisos
Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.
Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.
De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.
De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.
De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.
Técnicas de investigación
Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.
En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:
- Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
- Identificación del modus operandi de los involucrados;
- Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;
Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.
Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.
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A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Miércoles 12 de agosto de 2026)
SEMÁFORO EDITORIAL
🟧 AGENDA EN MOVIMIENTO
No hay una sola crisis. Hay varias y con potencial de incomodar como mosquito sin laminitas de Raid.
El actuar del Congreso ya es un patrón: las iniciativas se hacen pasar por inocentes, pasan a la velocidad “te mando un whats” por comisiones y se votan en lo que se los cuento.
Reformas poco explicadas como la de los requisitos para ser fiscal con dictámenes con palabras indecisas, una propuesta electoral que recorta tiempos que está en suspenso y al mismo tiempo crecen en la opinión pública dos temas que palpitan en la emoción social: La muerte de Liz en el que está está involucrado el hijo de una diputada y el asesinato con pocos datos de Salvador, el alumno de la UASLP,
De un tiempo a la fecha la FGE se dibuja como una institución contradictoria, corta, agobiada y silenciosa.
EL TRANSITORIO DE AHORITA VOY Y VENGO
¿Tiene que ver una cosa con otra?
¿Cómo para qué el cambio?
¿Cómo para quién que tenga menos de 5 años con cédula?
La justificación es fragil como tostadita y la especulación pesada como un borrego.
No hay elementos para afirmar que los cambios tengan destinatario. Pero tampoco hay obligación periodística de fingir que reformar las reglas para ser fiscal, mover transitorios y tocar el calendario electoral en la misma ventana de tiempo son asuntos que merecen observarse por separado.
Cuando se siente que va a llover, pues se siente. Ya depende de cada quién si se lleva paraguas o impermeable.
2. EL TEMA QUE LLEGA: EL HOMICIDIO DE UN ESTUDIANTE DE LA UASLP
UASLP-DELITO-FISCALÍA no es una buena combinación. Esa historia ya se ha leído.
El homicidio de un estudiante de la Universidad Autónoma combina violencia, comunidad universitaria y una reacción pública todavía insuficiente frente a un hecho capaz de producir indignación y movilización muy rápido.
Aquí no se la pueden jugar a estar callados.
El sielncio no prueba el encubrimiento o la responsabilidad institucional, pero ante la muerte violenta de un universitario, las primeras horas construyen dos preguntas ¿A qué hora van a explicar lo que pasóm y a quién se exigirá cuentas?
Este tema todavía no domina la agenda, pero tiene con que hacerlo.
3. LIZ: UNA TRAGEDIA, UN INPUTADO Y UN DIPUTADO
Hay otro expediente (como si fueran pocos) donde la ausencia de explicaciones comienza a adquirir mucho peso y es la muerte de Liz, la joven de Cerritos.
Sí, existe un imputado…pero de eso a no tener nada no hay mucha diferencia, además existe una dimensión política alrededor del caso.
Hay una pregunta bien fácil que es sorprendente creer que no la pueda hacer la Fiscalía: Señora diputada ¿En dónde está su hijo para que responda ante la autoridad como el resto de la gente?
¿Desde cuando ser hijo de un diputado es un salvoconducto para fugarse?
4. GALLARDO-GALINDO: LA PAZ YA TIENE QUE PRODUCIR OBRA
La confrontación entre Gobierno estatal y Ayuntamiento capitalino ya bajó varios decibeles y que bueno.
Las obras municipales comenzaron a destrabarse y El Saucito se convirtió en el mejor ejemplo de lo ocurrido: la autorización administrativa finalmente existe, pero el calendario llevó el proyecto hacia 2027. Cosa que puede aprovecharse a favor por parte de la capital potosina.
La etapa del intercambio de culpas parece haber terminado y ahora comienza una que sí es útil como la de medir resultados.
Ya no importa demasiado cuál de los dos gobiernos diga que siempre tuvo voluntad.
Importa cuándo inicia cada obra.
Cuándo termina.
Cuánto cuesta.
Y qué ocurrió durante los meses en que estuvieron detenidas
La reconciliación política toma un segundo para tomarse la foto, pero recuperar el tiempo perdido si tarda poquito más.
5. FENAPO: LA GRAN MÁQUINA DE REPETICIÓN SIGUE ENCENDIDA
La Feria Nacional Potosina conserva uno de los mayores volúmenes de presencia mediática.
Eventos, cifras, conciertos, visitantes, servicios y declaraciones mantienen a la FENAPO permanentemente dentro de la conversación.
Pero volumen no es sinónimo de novedad. Ese es precisamente uno de los ejercicios que debe hacerse diariamente: distinguir entre agenda pública e intensidad de comunicación.
La feria continúa siendo relevante. Mucho, pero eso no significa que cada artista o nuevo boletín modifiquen la lectura de la jornada.
RUMBO 2027
LOS VEINTE DÍAS QUE ENTRARON EN RARO SUSPENSO
La propuesta para reducir las precampañas a 20 días parecía destinada a convertirse en una de las decisiones importantes de la sesión extraordinaria pero de pronto nadie sabe y nadie supo.
Ese silencio legislativo importa porque una modificación de esta naturaleza no es un ajuste de calendario, cambia las condiciones reales de competencia.
Una precampaña extremadamente corta beneficia relativamente más a quienes lleguen previamente conocidos, con estructura, recursos, territorio, narrativa y posicionamiento.
El aspirante desconocido, entre comillas, necesitaría utilizar esos veinte días para presentarse mientrras el adelantado podría utilizarlos para cerrar.
Reducir la precampaña cuando la carrera real empieza meses antes puede producir un fenómeno curioso: los aspirantes tendrán que ser veloces para ir por la leche cuando probablemente la mantequilla ya esté lista.
LA MAÑANERA DE CLAUDIA:
Claudia Sheinbaum dedicó buena parte de la conferencia al deporte.
Celebró las 407 medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y compartió además que practica Chi Kung, disciplina relacionada con el Tai Chi.
El dato personal no cambia el rumbo de la República.
Pero en una conferencia presidencial donde hasta el ejercicio matutino se hace información pública, deja una imagen distinta de la mandataria, muy humana y accesible.
Bien por Claudia.
¿Mencionó a San Luis Potosí? No directamente.
LA CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Las columnas locales empiezan a caminar alrededor de una misma sospecha política sin necesidad de formularla igual:
Algo se está acomodando.
Por separado aparecen reformas a la Fiscalía, movimientos legislativos, 2027, relaciones entre grupos políticos, el nuevo tono entre Ricardo Gallardo y Enrique Galindo y la modificación del calendario electoral.
Leídos juntos producen otra cosa.
No hay evidencia para afirmar que todos sean parte de una sola operación.
Pero sí existe una conversación en el mismo tono.
Destaca la columna de Jesús Aguilar en Antena, el planteamiento es muy interesante: El combo Galindo-Guajardo…esa no la puede dejar pasar hoy.
LO QUE SE REPITE
Congreso y 2027.
Fiscalía.
Gallardo-Galindo.
Obras municipales y El Saucito.
FENAPO.
Son los asuntos de mayor volumen.
Pero la agenda del día no está determinada por cuál aparece más veces, se determina por las preguntas que abre cada asunto. Hoy el Congreso gana por varios cuerpos.
MAPA NARRATIVO
Congreso: Presenta cambios institucionales que todavía necesitan una explicación política más sólida.
Fiscalía: Permanece formalmente estable, pero muy cuestionada. Es el foco en el que giran muchos asuntos de alto riesgo y con implicaciones políticas visibles.
Gobierno estatal: Mantiene obra, FENAPO y gestión como principales ejes comunicativos.
Ayuntamiento: Busca convertir el destrabe administrativo en obra efectivamente ejecutada.
Actores rumbo a 2027: Observan un calendario electoral que podría acortarse mientras la competencia real continúa adelantándose.
Ciudadanía y comunidad universitaria: pueden convertir rápidamente casos de violencia hoy contenidos en asuntos centrales de exigencia pública.
La agenda parece fragmentada, pero no tanto. De un lado se habla sobre nuevas reglas y del otro lado se exigen respuestas…hasta el porqué de las nuevas reglas.
DOS PREGUNTAS
¿Aguanta esta legislatura otra derogación?
¿Si la fiscalía cambia de titular, se evita un interinato y se asegura distrito? (Esa me la preguntaría a mi mismo nada más)
LAS PRÓXIMAS 24 HORAS
Más que la legislatura, los diputados serán fuente de inforamción. Las preguntas van a girar sobre la reforma electoral y una explicacion más solida sobre los requisitos cambiados para ser fiscal.
La Fiscal, se asistir a evento público, tri cuestionada: ¿Va a salir de la FGE? ¿Dónde está el “inputado” hijo de la diputada? ¿Hacia dónde va la investigación de Gabriel Salvador el alumno de la UASLP que fue asesinado?
No se ha preguntado a Leticia Vazquez Hernández una explicación más allá de distinguir los requisitos para ser magistrada que fiscal.
El dictamen de los veinte días necesita reaparecer: aprobado, corregido, detenido o muerto. El silencio no puede ser su estado legislativo permanente.
El homicidio del estudiante de la UASLP tiene condiciones para escalar rápidamente si la comunidad universitaria comienza a movilizarse o exige información.
El caso de Liz también puede crecer si nuevos actores políticos o familiares obligan a romper la actual ausencia de respuestas.
Y mientras tanto, la reconciliación Gallardo-Galindo entrará poco a poco en su etapa menos fotogénica: Poner las máquinas a funcionar.
INDICADORES ÚTILES
El Realito: SÍ está funcionando.
Y hoy pasa la basura por mi casa.
Información pública de altísima utilidad para SLP.
A tiempo y marcando el ritmo
Dirige Jorge Saldaña
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Asaltan y matan a estudiante de la UASLP; familia y compañeros exigen justicia
Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de Derecho y medallista nacional de tiro con arco, tenía 21 años. Su familia exige a Claudia Sheinbaum que el crimen no quede impune
Por: Redacción
La muerte de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de séptimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), provocó indignación entre la comunidad universitaria y llevó a su familia a dirigir una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir justicia.
El joven fue asesinado el viernes 7 de agosto, cuando regresaba de sus actividades cotidianas. De acuerdo con los primeros datos proporcionados sobre el caso, habría sido víctima de un asalto y recibió dos impactos de bala.
Ante el hecho, familiares del joven difundieron una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que cuestionan la falta de atención mediática y de respuestas institucionales frente al crimen.
La misiva, redactada por una tía de Gabriel, reclama que las víctimas de la violencia no sean reducidas a cifras estadísticas y enfatiza que el joven tenía una historia, una familia, proyectos y responsabilidades que quedaron truncados.
“Gabriel no es ni será un número”, sostiene el mensaje familiar, que reclama que su asesinato sea investigado y que no termine convertido en una carpeta más dentro de las estadísticas de violencia.
La carta también describe el impacto que el crimen ha provocado en su madre, su abuela y sus hermanos, y cuestiona la situación de inseguridad que, desde la perspectiva de la familia, permitió que el joven fuera víctima de un ataque mientras regresaba de sus actividades.
La familia también señala condiciones de inseguridad en la zona donde ocurrió el crimen, particularmente la falta de iluminación y vigilancia, aunque corresponde a las autoridades determinar las circunstancias concretas en las que ocurrió el asesinato.
El caso ha generado una exigencia que trasciende a la familia: que las autoridades esclarezcan quién asesinó a Gabriel Salvador Martínez Flores, determinen las responsabilidades correspondientes y eviten que su muerte quede sin respuesta.
Gabriel tenía 21 años y formaba parte del equipo Águilas UASLP como atleta de tiro con arco, disciplina en la que obtuvo reconocimiento y participó en competencias nacionales. Le faltaba aproximadamente un año para concluir sus estudios en la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.
De acuerdo con sus familiares, para contribuir a los gastos de su hogar y apoyar económicamente a su madre, vendía comida dentro de la universidad bajo el nombre de “Los muertos de hambre”. También colaboraba con el negocio familiar en un tianguis durante los domingos.
Además, de acuerdo con sus familiares y compañeros, Gabriel participaba en el cuidado de su abuela, de 80 años, y destinaba parte de su tiempo al rescate de animales.
Su muerte generó una amplia respuesta entre estudiantes, docentes, deportistas, vecinos y familiares. El velatorio reunió a cientos de personas, al punto de que el espacio resultó insuficiente para recibir a quienes acudieron a despedirlo.
La Facultad de Derecho de la UASLP publicó una esquela para expresar solidaridad con la familia del estudiante.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni se ha difundido un posicionamiento público de la Fiscalía General del Estado que permita conocer mayores detalles sobre el avance de la investigación.
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Corazón, diabetes y cáncer: las enfermedades que más matan en SLP
Las enfermedades del corazón provocaron 4 mil 589 muertes en 2025; diabetes y tumores malignos ocuparon el segundo y tercer lugar
Por: Ana G Silva
Las enfermedades crónicas concentran las principales causas de muerte entre los habitantes de San Luis Potosí. Durante 2025, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos ocuparon los primeros tres lugares, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI.
El principal motivo de defunción fueron las enfermedades del corazón, con 4 mil 589 muertes entre residentes del estado. De ellas, 2 mil 108 correspondieron a mujeres y 2 mil 481 a hombres.
La segunda causa fue la diabetes mellitus, responsable de 2 mil 312 defunciones: mil 225 mujeres y mil 87 hombres.
En tercer lugar aparecen los tumores malignos, con 2 mil 182 muertes, prácticamente divididas entre ambos sexos: mil 112 mujeres y mil 70 hombres.
Entre las principales causas también aparecen los accidentes, con 964 fallecimientos, y las enfermedades del hígado, con 899. En el caso de los accidentes, 743 de las defunciones correspondieron a hombres; mientras que las enfermedades del hígado provocaron 641 muertes entre hombres.
En conjunto, estas cinco causas representan 10 mil 946 defunciones entre residentes de San Luis Potosí durante 2025.
El INEGI reportó 18 mil 175 defunciones de residentes de San Luis Potosí durante el año, aunque la cifra de fallecimientos registrados en la entidad fue de 18 mil 336. La diferencia responde a que las estadísticas distinguen entre la entidad donde se registra u ocurre la defunción y el lugar de residencia habitual de la persona fallecida.
La fotografía que dejan los datos es clara: las enfermedades del corazón, diabetes y cáncer concentraron la mayor parte de las principales causas de muerte en el estado, por encima de accidentes y otras causas externas.
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