octubre 21, 2025

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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?

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Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí

Por: El Saxofón

Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.


Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.

El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?

El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba:A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”

Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.

Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.

Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.

Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.

En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.

Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.

El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.

“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.

“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.

 

Larga lista de instituciones y funcionarios omisos

En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:

 

SEGE culpa al Covid-19

“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue

requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de

trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado

el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las

estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al

personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento.

Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.

  

DIF estatal calla

Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le

solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta.

De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?

 

Legislación y autoridades responsables

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.

Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.

 

Instituciones y funcionarios omisos

Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.

Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.

De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.

De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.

De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.

 

Técnicas de investigación

Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.

En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:

  1. Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
  2. Identificación del modus operandi de los involucrados;
  • Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;

Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.

Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.

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La falsa “Subsecretaría” de la SEP sigue operando: cuatro meses sin resultados

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Ni la SEP, ni el Gobierno Federal, ni las autoridades locales han informado avances, pese a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum

Por: Redacción

Han pasado ya más de cuatro meses desde que La Orquesta reveló la existencia de un esquema de fraude que operaba en San Luis Potosí bajo el nombre de una inexistente “Subsecretaría de Auditoría y Control” de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El caso, que alcanzó atención nacional e incluso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa sin avances públicos ni sanciones visibles.

En julio pasado, la mandataria federal instruyó una investigación inmediata y exhortó a las víctimas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado sobre el estatus de esa indagatoria, ni se conocen reportes oficiales de detenciones o procesos abiertos.

De acuerdo con testimonios recientes, las mismas personas que encabezaron la estafa continúan operando en la capital potosina, esta vez desde nuevas direcciones y oficinas temporales.

Entre los nombres señalados se mantiene el de Norma Judith Loredo Hernández, quien se presenta como “gobernadora indígena de San Luis Potosí” y ha sido identificada como una de las principales operadoras del esquema, junto con Juan Manuel Pérez, Daniel Guzmán, Eduardo Rodríguez López y Arquímedes Vázquez.

El fraude ofrece plazas laborales en la SEP, solicitando a los aspirantes pagos que iban de 6 mil hasta 22 mil pesos por supuestos trámites, manuales o afiliaciones sindicales.

A las víctimas se les pide entregar documentos personales y realizar depósitos a cuentas particulares, con la promesa de incorporarse a una dependencia federal que no existe ni figura en el Diario Oficial de la Federación

.

La investigación de La Orquesta ha documentado la operación del grupo en San Luis Potosí, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas, entre otras entidades que se han revelado al medio.

En la capital potosina, la supuesta oficina principal funcionó en Mariano Ávila #224, donde se atendía a los aspirantes y se recababa documentación con sellos y logotipos apócrifos del Gobierno de México.

Incluso, los reclutadores llegaron a presentarse en un programa de televisión abierta nacional, “Con M de Mañanita”, donde promovieron públicamente la existencia de esta falsa subsecretaría, reforzando así la percepción de legitimidad entre los afectados.

A pesar del mandato presidencial, las autoridades federales y locales no han rendido cuentas. No hay información sobre avances de la FGR, ni pronunciamientos de la SEP o la Secretaría de Gobernación sobre las denuncias interpuestas.

La estructura sigue operando, el fraude continúa y las instrucciones de la presidenta parecen haber quedado en el aire.

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Gobernador pide permiso a la Federación para arreglar las laterales de la 57

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Ricardo Gallardo advirtió que los tramos ya no soportan más bacheos, por lo que necesita una reconstrucción total

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal y al Ayuntamiento de la capital a definir quién se hará cargo de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, al considerar que estas vialidades se encuentran en condiciones críticas.

Gallardo señaló que el mantenimiento mediante bacheo ya no es suficiente y que se requiere una reconstrucción completa, pues los tramos laterales se han deteriorado con el paso del tiempo y la falta de coordinación entre niveles de gobierno.

“Urge arreglar las laterales de la 57. Ya no aguantan una bacheada más. Alguien debe tomar la batuta: si la Federación o el municipio no pueden, que nos den permiso para hacerlo”, enfatizó.

El mandatario potosino explicó que recientemente se firmó un convenio entre la Junta Estatal de Caminos (JEC)

y la SCT Federal para realizar labores de mantenimiento, pero advirtió que ese acuerdo no contempla una reconstrucción total, sino únicamente acciones de bacheo.

Además, adelantó que su administración continúa gestionando con el Gobierno Federal un proyecto integral de movilidad que contempla la construcción de un segundo piso sobre la carretera 57 y la extensión de la vía alterna hasta el kilómetro 140, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos.

“Sería llevar a San Luis Potosí a otro nivel de vialidades; hay que seguirlo buscando, la Federación tiene recursos para hacerlo”, sostuvo Gallardo.

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Sheinbaum reconoce respuesta de SLP ante inundaciones en la Huasteca

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Gobierno estatal destacó apoyos economicos por parte de la federación para familias afectadas

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dio a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la pronta reacción de las autoridades estatales ante las inundaciones ocurridas en la Huasteca Potosina.

En particular, destacó la coordinación con los municipios y brigadistas, lo que, en palabras del secretario, permitió que San Luis Potosí se posicionara como uno de los estados con mayor efectividad frente a la contingencia.

El pasado 17 de octubre, el gobierno estatal anunció que la entidad salió oficialmente de la contingencia

por inundaciones, tras haber repartido 50 mil 784 despensas y víveres, así como 17 mil 457 paquetes de limpieza.

Además, se reporta la presencia de 50 brigadas médicas activas en las zonas afectadas, las cuales han brindado mil 561 atenciones médicas a la población.

Por otro lado, Torres Sánchez informó que el Gobierno Federal otorgará apoyos económicos a través de censos realizados por los Servidores de la Nación, dirigidos a las familias cuyos hogares resultaron afectados.

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