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SLP es líder en el Bajío… en delitos cometidos por funcionarios
Entre enero y marzo de este año, en San Luis Potosí se presentaron 340 denuncias en contra de funcionarios, cifra que rebasa por mucho a otras entidades del Bajío
Por: El Saxofón
Los delitos cometidos por servidores públicos siguen a la alza en San Luis Potosí. En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la región del Bajío, según el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por delitos cometidos por funcionarios.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y junio de 2019, a nivel nacional se han presentado 9 mil 317 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.
El estado con mayor número de casos es la Ciudad de México, con 2 mil 738, le sigue el Estado de México con mil 394; en tercer lugar se ubica Nuevo León con mil 128, en cuarto Baja California con 593; en quinto Chihuahua con 423 y en sexto, San Luis Potosí, con 340 denuncias presentadas ante la fiscalía local.
En la región del Bajío, San Luis Potosí es líder en denuncias contra funcionarios, pues los 340 casos reportados formalmente ante las autoridades superan con mucho a los de Zacatecas (150), Aguascalientes (74), Guanajuato (7) y Querétaro (0)
El Código Penal Federal enumera 13 conductas concebidas como delitos por parte de los funcionarios públicos, estas son: Ejercicio indebido del Servicio Público; Abuso de Autoridad; Desaparición forzada de personas; Coalición de servidores públicos; Uso Indebido de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Cohecho a servidores públicos extranjeros; Peculado; Enriquecimiento ilícito.
En días pasados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición de junio 2019, publicada por el Inegi, reveló que el 61.6 por ciento de los potosinos han experimentado actos de corrupción por parte de elementos policiacos.
El porcentaje de potosinos afectados por hechos de corrupción supera a la media nacional, de 47 por ciento, y posiciona a San Luis en el grupo de las ciudades más corruptas en el país.
Además, la ENSU indicó que el 14.76 por ciento de los potosinos de 18 años y más que tuvo contacto directo con algún servidor público experimentó algún acto de corrupción.
El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Este ha sido un paso importante en el combate a la corrupción a nivel nacional, y en el futuro se espera ver a un mayor número de funcionarios procesados, aunque a decir verdad aún falta mucho por hacer en las entidades federativas.
En días pasados, José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en entrevista con la Agencia Notimex señaló “que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí . Los 28 restantes están trabajando con los siete integrantes que los conforman, entre los que destaca el presidente de Comité de Participación Ciudadana (CPC). Un ciudadano que tiene la titularidad del sistema en cada entidad.
“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa, según el reporte de Notimex, “me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.
Refirió que “en el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.
“También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar”.
Participación ciudadana en el combate a la corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó a operar el 19 de julio de 2016, y tiene como base la colaboración estrecha entre ciudadanos y titulares de entes públicos.
La intervención de los ciudadanos en este esquema implica la integración de un Comité de Participación Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisión de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos locales.
En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción “Quien encabece el Comité de Participación Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.
Este mismo esquema se replica en los 32 estados del país, con los titulares de las dependencias correspondientes, conformándose como Sistema Estatal Anticorrupción, que también es presidido por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, el Comité Ciudadano sigue sin operar debido a que no ha sido conformado legalmente.
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Violadores de estudiante de Derecho enfrentarían hasta 20 años de prisión
La Fiscalía General del Estado busca a los otros dos implicados; uno de ellos es menor de edad.
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Santiago “N”, uno de los tres jóvenes señalados por la violación agravada de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El delito que se le imputa —violación específica agravada— contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión, que extenderse debido a las agravantes establecidas en el Código Penal del Estado, como el estado de vulnerabilidad de la víctima y la participación de más de una persona en el ataque.
La fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 17 de octubre, entre las 16:00 y 16:30 horas, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, donde la víctima —una joven de 18 años— convivía con tres hombres: dos estudiantes de la UASLP y un civil externo. De acuerdo con la denuncia, la estudiante fue agredida sexualmente sin su consentimiento.
Una alumna que presenció parte del incidente alertó a las autoridades universitarias, quienes acudieron al lugar y auxiliaron a la víctima. Posteriormente, fue trasladada junto con dos de los implicados ante los directivos del plantel.
La víctima presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer el 18 de octubre, un día después de los hechos. Desde entonces se le otorgaron medidas de protección, y se inició una investigación con perspectiva de género.
“El hecho de que la víctima se encontrara en un estado vulnerable constituye un agravante. Se trata de una violación específica agravada”, explicó García Cázares.
La fiscal confirmó que ya fue detenido uno de los implicados, mientras que otros dos continúan prófugos. El tercer señalado, es menor de edad.
La audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo este lunes al mediodía, donde el juez de control determinará la situación jurídica del detenido: “La Fiscalía no dejará este hecho impune. Continuaremos con la búsqueda de los demás intervinientes hasta presentarlos ante la justicia”, subrayó García Cázares.
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Detienen a Santiago “N”, presunto implicado en caso de violación en Derecho
La detención fue dada a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo a través de sus redes sociales
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los presuntos responsables de la violación denunciada por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hecho que provocó una ola de manifestaciones estudiantiles en los últimos días.
A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer que el detenido fue identificado como Santiago “N”, y señaló que las autoridades ya tienen plenamente identificados a los demás involucrados en el caso.
“Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido Santiago “N”, un presunto involucrado en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados”, publicó Gallardo en su cuenta oficial de Facebook.
El gobernador agradeció a la Fiscalía “por actuar rápido y con determinación”, y reiteró que su administración mantiene respaldo total a la víctima, su familia y la comunidad universitaria.
“Nuestro compromiso como Gobierno es claro: respaldo total a la persona denunciante, a su familia y a toda nuestra comunidad universitaria. No están solos. En San Luis Potosí: cero tolerancia a la violencia de género”, añadió.
El caso, que salió a la luz pública esta semana, desató protestas masivas de estudiantes y colectivas feministas que exigieron justicia.
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11 maestros han sido cesados por distintas faltas en escuelas de SLP: SEGE
Torres Cedillo también pidió una ley que defienda a los docentes ante denuncias injustas
Por: Redacción
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, hizo un llamado a “recuperar el equilibrio” entre la protección de los estudiantes y los derechos de los docentes, al advertir que muchos profesores hoy temen perder su empleo por simples malentendidos dentro del aula.
El funcionario expuso que, en lo que va de la administración, 11 trabajadores de la educación han sido separados definitivamente del cargo y 33 casos en total han recibido algún tipo de sanción por conductas relacionadas con abuso de autoridad, discriminación o acoso. Sin embargo, aclaró que no todos los casos derivan en despido, ya que algunos se resolvieron con medidas correctivas tras una revisión jurídica.
Torres Cedillo aseguró que desde marzo de 2022, cuando asumió el cargo, la dependencia mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de violencia en el entorno escolar. A la par, se han impulsado capacitaciones, pláticas y actualizaciones normativas para prevenir abusos.
Pese a ello, reconoció que existe un clima de inseguridad laboral entre los maestros , quienes han optado por moderar su trato con los alumnos ante el temor de ser señalados injustamente.
“El avance en la protección infantil es positivo, pero también ha generado miedo en el magisterio. Hoy un maestro prefiere no corregir por temor a una denuncia”, señaló.
Como ejemplo, mencionó el caso de un profesor denunciado por discriminación luego de llamar “chaparrito” a un estudiante durante una dinámica recreativa: “Son situaciones que no tienen una intención negativa, pero que podrían terminar con la carrera de un docente”, dijo.
El titular de la SEGE adelantó que se trabaja con la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México, en una iniciativa de ley que garantice la defensa del profesionalismo docente, sin que ello signifique relajar las sanciones a quienes cometan abusos reales.
“Necesitamos una ley que defienda a los maestros sin poner en riesgo la protección de los alumnos”, concluyó.
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