Entre enero y marzo de este año, en San Luis Potosí se presentaron 340 denuncias en contra de funcionarios, cifra que rebasa por mucho a otras entidades del Bajío

Por: El Saxofón 

Los delitos cometidos por servidores públicos siguen a la alza en San Luis Potosí. En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la región del Bajío, según el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por delitos cometidos por funcionarios.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y junio de 2019, a nivel nacional se han presentado 9 mil 317 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.

El estado con mayor número de casos es la Ciudad de México, con 2 mil 738, le sigue el Estado de México con mil 394; en tercer lugar se ubica Nuevo León con mil 128, en cuarto Baja California con 593; en quinto Chihuahua con 423 y en sexto, San Luis Potosí, con 340 denuncias presentadas ante la fiscalía local.

En la región del Bajío, San Luis Potosí es líder en denuncias contra funcionarios, pues los 340 casos reportados formalmente ante las autoridades superan con mucho a los de Zacatecas (150), Aguascalientes (74), Guanajuato (7) y Querétaro (0)

El Código Penal Federal enumera 13 conductas concebidas como delitos por parte de los funcionarios públicos, estas son: Ejercicio indebido del Servicio Público; Abuso de Autoridad; Desaparición forzada de personas; Coalición de servidores públicos; Uso Indebido de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Cohecho a servidores públicos extranjeros; Peculado; Enriquecimiento ilícito.

En días pasados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición de junio 2019, publicada por el Inegi, reveló que el 61.6 por ciento de los potosinos han experimentado actos de corrupción por parte de elementos policiacos.

El porcentaje de potosinos afectados por hechos de corrupción supera a la media nacional, de 47 por ciento, y posiciona a San Luis en el grupo de las ciudades más corruptas en el país.

Además, la ENSU indicó que el 14.76 por ciento de los potosinos de 18 años y más que tuvo contacto directo con algún servidor público experimentó algún acto de corrupción.

El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Este ha sido un paso importante en el combate a la corrupción a nivel nacional, y en el futuro se espera ver a un mayor número de funcionarios procesados, aunque a decir verdad aún falta mucho por hacer en las entidades federativas.

En días pasados, José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en entrevista con la Agencia Notimex señaló “que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí

“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa, según el reporte de Notimex, “me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.

Refirió que “en el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.

“También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar”.

Participación ciudadana en el combate a la corrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó a operar el 19 de julio de 2016, y tiene como base la colaboración estrecha entre ciudadanos y titulares de entes públicos.

La intervención de los ciudadanos en este esquema implica la integración de un Comité de Participación Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisión de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos locales.

En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción “Quien encabece el Comité de Participación Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.

Este mismo esquema se replica en los 32 estados del país, con los titulares de las dependencias correspondientes, conformándose como Sistema Estatal Anticorrupción, que también es presidido por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, el Comité Ciudadano sigue sin operar debido a que no ha sido conformado legalmente.

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