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SLP es líder en el Bajío… en delitos cometidos por funcionarios
Entre enero y marzo de este año, en San Luis Potosí se presentaron 340 denuncias en contra de funcionarios, cifra que rebasa por mucho a otras entidades del Bajío
Por: El Saxofón
Los delitos cometidos por servidores públicos siguen a la alza en San Luis Potosí. En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la región del Bajío, según el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por delitos cometidos por funcionarios.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y junio de 2019, a nivel nacional se han presentado 9 mil 317 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.
El estado con mayor número de casos es la Ciudad de México, con 2 mil 738, le sigue el Estado de México con mil 394; en tercer lugar se ubica Nuevo León con mil 128, en cuarto Baja California con 593; en quinto Chihuahua con 423 y en sexto, San Luis Potosí, con 340 denuncias presentadas ante la fiscalía local.
En la región del Bajío, San Luis Potosí es líder en denuncias contra funcionarios, pues los 340 casos reportados formalmente ante las autoridades superan con mucho a los de Zacatecas (150), Aguascalientes (74), Guanajuato (7) y Querétaro (0)
El Código Penal Federal enumera 13 conductas concebidas como delitos por parte de los funcionarios públicos, estas son: Ejercicio indebido del Servicio Público; Abuso de Autoridad; Desaparición forzada de personas; Coalición de servidores públicos; Uso Indebido de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Cohecho a servidores públicos extranjeros; Peculado; Enriquecimiento ilícito.
En días pasados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición de junio 2019, publicada por el Inegi, reveló que el 61.6 por ciento de los potosinos han experimentado actos de corrupción por parte de elementos policiacos.
El porcentaje de potosinos afectados por hechos de corrupción supera a la media nacional, de 47 por ciento, y posiciona a San Luis en el grupo de las ciudades más corruptas en el país.
Además, la ENSU indicó que el 14.76 por ciento de los potosinos de 18 años y más que tuvo contacto directo con algún servidor público experimentó algún acto de corrupción.
El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Este ha sido un paso importante en el combate a la corrupción a nivel nacional, y en el futuro se espera ver a un mayor número de funcionarios procesados, aunque a decir verdad aún falta mucho por hacer en las entidades federativas.
En días pasados, José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en entrevista con la Agencia Notimex señaló “que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí 
“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa, según el reporte de Notimex, “me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.
Refirió que “en el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.
“También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar”.
Participación ciudadana en el combate a la corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó a operar el 19 de julio de 2016, y tiene como base la colaboración estrecha entre ciudadanos y titulares de entes públicos.
La intervención de los ciudadanos en este esquema implica la integración de un Comité de Participación Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisión de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos locales.
En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción “Quien encabece el Comité de Participación Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.
Este mismo esquema se replica en los 32 estados del país, con los titulares de las dependencias correspondientes, conformándose como Sistema Estatal Anticorrupción, que también es presidido por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, el Comité Ciudadano sigue sin operar debido a que no ha sido conformado legalmente.
Revelan sueldo de los 137 asesores del Congreso de SLP; 68 mil, el más alto
Héctor Serrano indicó que el próximo martes sesionará la Jucopo para analizar y fundamentar jurídicamente la posible destitución de concejales de Pozos exhibidos como corruptos y que promovieron un paquete de prestaciones millonario.
Por: Redacción
El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés se manifestó respecto a las recientes revelaciones sobre la aprobación en la comisión de hacienda de Villa de Pozos de un paquete de prestaciones que otorgaría a los concejales más de 240 mil pesos a cada uno.
El legislador dejó en claro que es facultad del Congreso tanto la designación de la presidenta concejal de dicho municipio, como se dio en días pasados, y por lo tanto también tienen facultades de poder destituir concejales en caso de que se sustente jurídicamente y fundamenten los motivos.
El diputado recordó que el municipio de Pozos es un concejo y que sus integrantes no fueron electos y su designación no proviene de la voluntad popular, ya que fueron designados por el legislativo tal como lo marca el decreto que dio vida al nuevo municipio, por lo tanto, se revisará el próximo martes al interior de la Jucopo si existen los elementos jurídicos suficientes para destituir a los concejales exhibidos primero por aprobarse un paquete de prestaciones alejado de las políticas de austeridad y segundo por el audio en que se revela la “venta” de votos a cambio de recursos.
“El Congreso ha sido muy respetuoso de las funciones y atribuciones que hoy tienen, pero también somos enfáticos en decir que la intención de concretar un consejo como el de Pozos es garantizar la estabilidad social y mejorar las condiciones de vida de los potosinos que habitan esa región”
Resaltó que este tipo de conductas no corresponde a la dinámica de austeridad que ha establecido la actual administración estatal y adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una convocatoria para tomar una decisión respecto a las medidas que deberán aplicarse.
“Lo tomamos con seriedad; acompañamos la propuesta y actuaremos en consecuencia con base en los hechos, que lamentablemente se han registrado y son atribuibles a la conducta de los integrantes de este consejo”, concluyó.
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“Es una mentada de madre” así se expreso el gobernador sobre los concejales de este municipio de autorizaron 200 mil pesos en prestaciones de fin de año
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló respecto a que los concejales de Villa de Pozos se autorizaron un paquete de prestaciones de fin de año, que se resume en que cada concejal recibirá 200 mil pesos.
“Es una mentada de madre, eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo. El Congreso del Estado tiene que hacer algo ya. Hay una indignación de que estos concejales abusen de esta manera, saqueen de esta manera. El Congreso debe remover a todos esos integrantes
Cabe recordar que los concejales se autorizaron 45 días de aguinaldo, pago del llamado ‘Día 7’, la devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono y compensaciones adicionales contempladas en el Capítulo 1000 del presupuesto.
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La frase clave de la concejal de Villa de Pozos: “votemos todos a favor”, sugiriendo negociación grupal
Por: Redacción
Un audio en poder de este medio revela que la aprobación del millonario aguinaldazo en el recién creado municipio de Villa de Pozos no fue resultado de “convicción”, sino de negociaciones económicas entre regidores que se ostentan como oposición, particularmente los concejeros Maribel Lemoine y Dante Carreón.
En la grabación —que La Orquesta pudo obtener de fuentes cercanas al concejo — se escucha claramente a la regidora Maribel Lemoine condicionar su voto y el de otros regidores de oposición a cambio de un incremento de 200 mil pesos adicionales a sus prestaciones:
“Póngale otros 200 (mil) y puede que votemos a favor” y “primero traemos nosotros 240 (mil)… Entonces yo les digo: Súmanle otros 200 y la votación de noviembre a favor.”
En el fragmento, Lemoine no habla solo por ella, sino por un bloque de regidores de oposición: “votemos todos a favor”.
Esto evidencia que la negociación del aguinaldo no fue individual, sino colectiva, y que involucró votos de integrantes que públicamente se presentan como contrapeso del Cabildo.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda —firmado por Dante Carreón, Maribel Lemoine y María Guadalupe Hernández Méndez— los regidores se autorizaron:
- Aguinaldo superior a 200 mil pesos por persona (más de 240 mil en algunos casos).
- 45 días de compensación para sus “asesores”, es decir 45 mil pesos extra.
- Pago del “día 7” (7 días extras por los meses con 31 días).
- Devolución del ISR retenido durante todo 2025, pagado por el municipio.
En total, el paquete navideño representa cerca de 40 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual del nuevo municipio.
La ciudadanía de Pozos enfrenta ahora un Cabildo que, en su primer cierre de año, no discute obras, servicios ni prioridades comunitarias, sino cuánto dinero adicional puede sumarse a sus cuentas personales.
Aquí puedes consultar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=Q8qjNT572Kw
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