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SLP es líder en el Bajío… en delitos cometidos por funcionarios
Entre enero y marzo de este año, en San Luis Potosí se presentaron 340 denuncias en contra de funcionarios, cifra que rebasa por mucho a otras entidades del Bajío
Por: El Saxofón
Los delitos cometidos por servidores públicos siguen a la alza en San Luis Potosí. En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la región del Bajío, según el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por delitos cometidos por funcionarios.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y junio de 2019, a nivel nacional se han presentado 9 mil 317 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.
El estado con mayor número de casos es la Ciudad de México, con 2 mil 738, le sigue el Estado de México con mil 394; en tercer lugar se ubica Nuevo León con mil 128, en cuarto Baja California con 593; en quinto Chihuahua con 423 y en sexto, San Luis Potosí, con 340 denuncias presentadas ante la fiscalía local.
En la región del Bajío, San Luis Potosí es líder en denuncias contra funcionarios, pues los 340 casos reportados formalmente ante las autoridades superan con mucho a los de Zacatecas (150), Aguascalientes (74), Guanajuato (7) y Querétaro (0)
El Código Penal Federal enumera 13 conductas concebidas como delitos por parte de los funcionarios públicos, estas son: Ejercicio indebido del Servicio Público; Abuso de Autoridad; Desaparición forzada de personas; Coalición de servidores públicos; Uso Indebido de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Cohecho a servidores públicos extranjeros; Peculado; Enriquecimiento ilícito.
En días pasados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición de junio 2019, publicada por el Inegi, reveló que el 61.6 por ciento de los potosinos han experimentado actos de corrupción por parte de elementos policiacos.
El porcentaje de potosinos afectados por hechos de corrupción supera a la media nacional, de 47 por ciento, y posiciona a San Luis en el grupo de las ciudades más corruptas en el país.
Además, la ENSU indicó que el 14.76 por ciento de los potosinos de 18 años y más que tuvo contacto directo con algún servidor público experimentó algún acto de corrupción.
El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Este ha sido un paso importante en el combate a la corrupción a nivel nacional, y en el futuro se espera ver a un mayor número de funcionarios procesados, aunque a decir verdad aún falta mucho por hacer en las entidades federativas.
En días pasados, José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en entrevista con la Agencia Notimex señaló “que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí 
“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa, según el reporte de Notimex, “me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.
Refirió que “en el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.
“También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar”.
Participación ciudadana en el combate a la corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó a operar el 19 de julio de 2016, y tiene como base la colaboración estrecha entre ciudadanos y titulares de entes públicos.
La intervención de los ciudadanos en este esquema implica la integración de un Comité de Participación Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisión de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos locales.
En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción “Quien encabece el Comité de Participación Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.
Este mismo esquema se replica en los 32 estados del país, con los titulares de las dependencias correspondientes, conformándose como Sistema Estatal Anticorrupción, que también es presidido por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, el Comité Ciudadano sigue sin operar debido a que no ha sido conformado legalmente.
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La Fiscalía determinó que el convoy circulaba por encima de los límites de velocidad autorizados en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República responsabilizó al conductor del Tren Interoceánico por el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo ferroviario Nizandá–Chivela, en el estado de Oaxaca. En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el dictamen técnico de la institución concluyó que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad del convoy.
Godoy detalló que, de acuerdo con los registros analizados por peritos federales, la velocidad máxima permitida en la curva donde se produjo el descarrilamiento era de 50 kilómetros por hora, mientras que el tren ingresó a ese punto a aproximadamente 65 kilómetros por hora. Añadió que, en tramos previos, el convoy llegó a circular hasta 41 kilómetros por hora por encima de los límites establecidos para zonas rectas.
La fiscal explicó que la investigación incluyó la revisión de la infraestructura ferroviaria, el estado de las vías, el sistema de frenos y los componentes mecánicos del tren. Señaló que no se detectaron fallas técnicas ni defectos de construcción que hubieran contribuido al descarrilamiento, por lo que se descartó que la causa del accidente estuviera relacionada con la obra ferroviaria.
El accidente dejó un saldo final de 14 personas fallecidas y 25 personas lesionadas, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República.
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Jesús Juárez Hernández aseguró que el Centro es en donde más fuerzas policiacas hay, pero que deben incrementar la atención en ciertos puntos y horarios
Por: Redacción
Tras el incidente donde un joven fue golpeado a las afueras de un antro del Centro Histórico, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que esta zona no representa un “foco rojo” para la capital potosina.
El secretario reconoció que este no es el primer caso que tienen en el Centro, pero recalcó que es el punto de la ciudad en donde se tiene una mayor presencia de la Guardia Civil y la Policía Municipal.
Hernández aseguró que más allá de aumentar el número de elementos, lo que se tiene que hacer es poner un énfasis especial en algunos lugares en específico, así como incrementar la atención en ciertos horarios.
Finalmente, el funcionario pidió a las fuerzas de seguridad ubicadas en el Centro Histórico que no se relajen, pues muchas veces se piensa que estos incidentes solo ocurren en la periferia, cuando también pueden suceder en esta zona.
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El diputado señaló que, aunque hay inversión extranjera, los empresarios mexicanos no están invirtiendo de forma generalizada
Por: Redacción
Emilio Rosas Montiel, diputado local por Morena, advirtió que la inversión nacional en México, y particularmente en San Luis Potosí, se encuentra prácticamente estancada, al señalar que los empresarios mexicanos no están invirtiendo, pese a los esfuerzos por generar condiciones favorables para el desarrollo económico.
Durante su posicionamiento, el legislador reconoció que, si bien existe inversión extranjera directa —dato que calificó como relevante—, la inversión nacional no presenta el mismo dinamismo. No obstante, hizo un paréntesis para destacar que empresarios potosinos sí están apostando por el estado, mencionando a empresas sólidas como Grupo Valoran y Grupo Acerero, entre otras, que continúan invirtiendo.
Rosas Montiel explicó que el contexto económico actual es complejo y que se requieren estímulos y condiciones adecuadas para incentivar la inversión, especialmente ante escenarios internacionales adversos, como el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual impacta el ánimo de los inversionistas y la generación de empleos.
El diputado señaló que actualmente existen 14 polos de desarrollo que ya se encuentran en vías de consolidación a nivel nacional, y expresó el interés de que San Luis Potosí cuente también con uno de estos polos, como parte de una estrategia para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Asimismo, destacó la incorporación de los conceptos de economía regenerativa y economía circular dentro de la Ley de Desarrollo Económico, subrayando que esta visión está alineada con los criterios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum
Detalló que este enfoque contempla exenciones fiscales importantes, como la exención del 100 por ciento en activos fijos para maquinaria destinada a este tipo de negocios, la asignación de tierra y exenciones del 25 por ciento para innovación, tecnología y capacitaciones, lo que representa un incentivo directo para nuevas inversiones.
El legislador explicó que la economía regenerativa y circular busca atender problemáticas como el manejo de residuos, el aprovechamiento de energías limpias y renovables, así como el impulso al turismo ecológico, planteando estas áreas como oportunidades de negocio desde una perspectiva económica.
Finalmente, informó que también se aprobó la abrogación de la Ley de Mejora Regulatoria, al señalar que uno de los principales logros de la administración federal ha sido la aprobación de la Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, ante la existencia de más de siete mil trámites en todo el país, entre niveles municipal, estatal y federal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema único y digitalizado.
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