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SLP es líder en el Bajío… en delitos cometidos por funcionarios
Entre enero y marzo de este año, en San Luis Potosí se presentaron 340 denuncias en contra de funcionarios, cifra que rebasa por mucho a otras entidades del Bajío
Por: El Saxofón
Los delitos cometidos por servidores públicos siguen a la alza en San Luis Potosí. En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la región del Bajío, según el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por delitos cometidos por funcionarios.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y junio de 2019, a nivel nacional se han presentado 9 mil 317 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.
El estado con mayor número de casos es la Ciudad de México, con 2 mil 738, le sigue el Estado de México con mil 394; en tercer lugar se ubica Nuevo León con mil 128, en cuarto Baja California con 593; en quinto Chihuahua con 423 y en sexto, San Luis Potosí, con 340 denuncias presentadas ante la fiscalía local.
En la región del Bajío, San Luis Potosí es líder en denuncias contra funcionarios, pues los 340 casos reportados formalmente ante las autoridades superan con mucho a los de Zacatecas (150), Aguascalientes (74), Guanajuato (7) y Querétaro (0)
El Código Penal Federal enumera 13 conductas concebidas como delitos por parte de los funcionarios públicos, estas son: Ejercicio indebido del Servicio Público; Abuso de Autoridad; Desaparición forzada de personas; Coalición de servidores públicos; Uso Indebido de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Cohecho a servidores públicos extranjeros; Peculado; Enriquecimiento ilícito.
En días pasados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición de junio 2019, publicada por el Inegi, reveló que el 61.6 por ciento de los potosinos han experimentado actos de corrupción por parte de elementos policiacos.
El porcentaje de potosinos afectados por hechos de corrupción supera a la media nacional, de 47 por ciento, y posiciona a San Luis en el grupo de las ciudades más corruptas en el país.
Además, la ENSU indicó que el 14.76 por ciento de los potosinos de 18 años y más que tuvo contacto directo con algún servidor público experimentó algún acto de corrupción.
El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Este ha sido un paso importante en el combate a la corrupción a nivel nacional, y en el futuro se espera ver a un mayor número de funcionarios procesados, aunque a decir verdad aún falta mucho por hacer en las entidades federativas.
En días pasados, José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en entrevista con la Agencia Notimex señaló “que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí 
“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa, según el reporte de Notimex, “me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.
Refirió que “en el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.
“También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar”.
Participación ciudadana en el combate a la corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó a operar el 19 de julio de 2016, y tiene como base la colaboración estrecha entre ciudadanos y titulares de entes públicos.
La intervención de los ciudadanos en este esquema implica la integración de un Comité de Participación Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisión de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos locales.
En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción “Quien encabece el Comité de Participación Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.
Este mismo esquema se replica en los 32 estados del país, con los titulares de las dependencias correspondientes, conformándose como Sistema Estatal Anticorrupción, que también es presidido por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, el Comité Ciudadano sigue sin operar debido a que no ha sido conformado legalmente.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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