La SCT reconoció que la ruta MetroRed entre Comunicaciones y Soledad continúa sin operar, pese a que había anunciado su arranque desde noviembre del año pasado.

Por: Redacción

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado admitió que la nueva ruta de transporte MetroRed que conectará la avenida Comunicaciones con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez sigue sin arrancar, luego de que la dependencia había prometido su operación desde noviembre pasado.

Araceli Martínez Acosta, titular de la SCT, reconoció el retraso al ser cuestionada directamente sobre la fecha comprometida el año pasado. “Se ha ido postergando”, afirmó, y explicó que la dependencia trabaja en la construcción de los paradores de la ruta antes de iniciar operaciones.

La funcionaria insistió en que se requiere tener al menos algunos paradores construidos para arrancar el servicio, sobre todo porque la ruta beneficiará a personas con discapacidad, quienes necesitan un punto fijo para abordar las unidades.

De acuerdo con la secretaria, la ruta beneficiará a las colonias de Soledad de Graciano Sánchez y Los Ángeles, con una frecuencia de entre 15 y 17 minutos, y se extenderá posteriormente hasta el Libramiento. La dependencia ya distribuyó alrededor de 30 unidades y capacitó al personal operativo. Martínez Acosta estimó que la ruta arrancará “en unos dos meses”.

La titular de la SCT confirmó además que las rutas Riviera Huasteca y Rioverde también iniciarán operaciones este año, cada una con 30 unidades y frecuencias de entre 15 y 20 minutos. No se precisó una fecha exacta para su arranque.

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Habrá vigilancia en el Estadio Libertad Financiera, Parque de Morales y puntos de reunión en los 59 municipios

Por: Redacción

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí desplegó un operativo interinstitucional de seguridad, prevención y protección civil con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, para garantizar que las familias potosinas y visitantes disfruten esta celebración deportiva en un ambiente de paz, orden y sana convivencia.

La estrategia refleja la coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno, con la participación de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones municipales y cuerpos de emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta y atención durante toda la jornada.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, encabezó la supervisión del dispositivo en el Parque de Morales, acompañado por mandos de las corporaciones de seguridad, autoridades de protección civil y el alcalde de la capital Enrique Galindo. El operativo contempla la implementación de los dispositivos Euforia, Corredor Mundialista y Estadio Seguro, mediante los cuales más de 5 mil 500 elementos realizan labores de vigilancia, control vial, proximidad social, prevención de incidentes y atención inmediata en el Estadio “Libertad Financiera

Al concluir el encuentro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantendrá un reforzamiento operativo en las zonas donde tradicionalmente se registran celebraciones, con el propósito de preservar el orden público, proteger la integridad de las personas y garantizar una movilidad segura para quienes regresen a sus hogares, en coordinación con las autoridades federales y municipales.

El Gobierno del Estado mantiene una coordinación interinstitucional para salvaguardar la integridad de la población y exhorta a las y los potosinos a disfrutar esta fiesta deportiva con responsabilidad, privilegiando la convivencia familiar, el respeto a las disposiciones de las autoridades y una celebración en paz.

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Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.

Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.

Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,

Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.

El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.

La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. 

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