enero 13, 2026

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Estado

Segam pide suavizar multas a comercios que den bolsas de plástico en SLP

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Las autoridades de Ecología Municipal y de Segam piden que se realicen por etapas empezando por amonestaciones hasta clausuras.

Por Redacción

Las autoridades de Ecología Municipal y de Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) que serán las encargadas de aplicar las multas para quienes utilicen bolsas de plástico y popotes en los establecimientos comerciales de San Luis Potosí a partir del próximo 3 de octubre, pidieron al Congreso del Estado que se baje el monto y que se realicen por etapas, empezando por amonestaciones hasta clausuras.

Además, propusieron la creación de un órgano verificador de que las bolsas que se van a entregar sean compostables o biodegradables.

En una reunión de trabajo con autoridades de los ayuntamientos de la Capital y Soledad de Graciano Sánchez, cámaras empresariales, fabricantes y distribuidores de bolsas de plástico y Segam en el Congreso de San Luis Potosí, se vieron los alcances de la disposición legal y posibles modificaciones.

Los empresarios, distribuidores y comerciantes solicitaron una prórroga para la entrada en vigor de la Ley Ambiental programada para el 3 de octubre y que se permita que las bolsas tengan hasta un 50 por ciento de material amigable con el medio ambiente.

Reconocieron la apertura del Poder Legislativo para escuchar sus propuestas y expusieron que ellos también apoyan el cuidado al medio ambiente, y en una reunión la próxima semana, presentarán por escrito sus propuestas donde estarán todas las personas que participaron en ésta.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ecología, Cándido Ochoa Rojas, dijo que el Congreso del Estado está abierto y con disposición a todas las propuestas, “nosotros estamos del lado del cuidado del medio ambiente como todos ustedes y avanzaremos juntos en lo que se tenga que ajustar a la realidad que vivimos”.

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Estado

Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández

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El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad

Por: Redacción

José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.

Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.

Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.

Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”

, echando por tierra las especulaciones sobre supuestos beneficiarios directos de la reforma.

Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.

Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.

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Estado

Importante la construcción de un hospital psiquiátrico en San Luis: Aranza Puente

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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital

Por: Redacción

Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.

La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.

Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.

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Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente

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Vapeadores SS

La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley

Por: Redacción

Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.

La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.

Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores

.

La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.

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