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Secuestraron virtualmente a madre e hija en Villa de Arista
Un sujeto que se identificó como un policía judicial le dijo que su teléfono contaba con denuncias de dar información a un grupo delictivo, por lo que pidieron que se trasladara a la capital
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que una mujer y su hija de dos años de edad, originarias de Villa de Arista, fueron rescatadas de un secuestro virtual del que estaba siendo víctimas. Agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) las localizaron en un hotel de la capital potosina.
La joven de 21 años de edad recibió una llamada telefónica del número 443101641 en el que un sujeto le indicó que era un policía judicial y que sabía que de su celular se estaban generando muchas denuncias, pues presuntamente estaba dando información de un grupo delictivo y se estaba haciendo un mal uso de su número, por lo que se había metido en problemas.
Para solucionar eso, le dijo que debía salir de su casa y dirigirse a la plaza del municipio en donde encontraría a una licenciada que la asesoraría.
Durante la llamada, el extorsionador obtuvo información de la víctima sobre las actividades a las que se dedica su familia e incluso la que se encuentra en los Estados Unidos.
Una vez en la plaza, el sujeto que mantenía comunicación con la víctima le ordenó que se fuera a la ciudad de San Luis Potosí, de lo contrario le harían daño a su esposo, pues lo tenían ubicado.
Ella se trasladó a la capital potosina y ahí el extorsionador le indicó que se fuera a una tienda de conveniencia en donde ya le había depositado 700 pesos a su nombre y, una vez que lo hiciera, debía tomar un taxi a un hotel del barrio de San Sebastián 
Mientras eso ocurría, al esposo también le realizaron una llamada en donde le exigían que consiguiera la mayor cantidad de dinero que pudiera, si no le harían daño a su esposa e hija.
Al marcar él a su pareja esta no contestaba su celular ya que la tenían en otra llamada dándole el extorsionador las instrucciones con el fin de mantenerla aislada e incomunicada con su familia.
La UECS, al tener conocimiento de los hechos, asesoró al esposo y se le indicó que no depositara nada del dinero solicitado, y se implementó un operativo de búsqueda en diversos hoteles y moteles de la ciudad capital hasta que se ubicó a la madre y su hija en un establecimiento de la calle Martín de Mendalde.
Ahí se le explicó que se trataba de un secuestro virtual y se les dieron todas las atenciones a las víctimas ante esta situación.
La Fiscalía recomendó a la población estar muy alerta ante este tipo de llamadas y a colgar de inmediato, y en caso de contestar no brindar información personal, pues de ahí los extorsionadores obtienen datos que luego utilizan para provocar temor y pedir dinero a cambio de no hacerle daño a la familia, además de pedir asesoría de las autoridades en caso de ser víctima de este delito.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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