Ciudad
Sebastián y Nava dejan solo a Édgar Jiménez tras resolución de la CEDH
La resolución de la CEDH tras el caso Teresa Carrizales apunta a que el único responsable es el titular de la Policía Municipal, Édgar Jiménez Arcadia
Por: Ana Dora
El primero de julio a medio día, la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, fue desalojada violentamente por elementos de la policía municipal, quienes recibieron la orden de retirarla del inmueble donde laboraba.
El hecho se dio a conocer por un vídeo que circuló en varios medios de comunicación y redes sociales, donde se observa a diversas autoridades municipales, entre ellos el comisario Edgar Jiménez Arcadia, dando instrucciones a las oficiales para el desalojo de la funcionaria, a quien sacaron arrastrando.
Según ha defendido, Jiménez Arcadia actúo en razón del oficio S.G/2393/2019 donde se le informó que la funcionaria ya no laboraba en ese lugar por lo que debía acudir a desalojarla. Dicho documento es firmado por Sebastián Pérez García, secretario general.
Tras presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la exfuncionaria logró que se emitiera la recomendación 20/2019, en la cual se señala como único responsable de la violación a sus derechos humanos al comisario Edgar Jiménez Arcadia, quien de manera: “unilateral y bajo su criterio tomó la decisión de ordenar elementos de policía a su cargo a desalojar del inmueble a Carrizales Hernández mediante el empleo de la fuerza pública”.
En entrevista con el presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, precisó que “la recomendación analiza un hecho en particular: lo acontecido el primero de julio en la oficialía de Registro Civil“.
El Ombudsman señaló que la determinación se tomó por los videos en web y documentales que el mismo ayuntamiento proporcionó: “lo que advertimos con los videos y documentos que nos fueron entregados por el Ayuntamiento”.
El defensor aseguró que la responsabilidad de Jiménez Arcadia en los hechos del primero de julio exhibe que “la toma de decisión fue totalmente unilateral por parte del comisario. No hubo indicación escrita o verbal para que él tomara esa determinación”.
López Espinosa señaló que el comisario no debió “emplear el uso de la fuerza excesiva”, puesto que lo único que señala en el oficio indicaba era “salvaguardar el inmueble y retirar a la oficial”.
Lo anterior se robustece y fundamenta porque “Teresa Carrizales no puso en riesgo la integridad de alguna persona o entorpeció algún servicio”, por lo que el uso de la fuerza no es aplicable.
Recalcó que la CEDH “no encontró alguna indicación que le ordenara a Jiménez Arcadia que actuara de esa manera”, por lo que el pronunciamiento es exclusivamente al comisario y deja exentas a las otras autoridades municipales acusadas inicialmente por Teresa Carrizales, entre ellos Xavier Nava, presidente Municipal.
“Dejemos ahí”, sugiere Sebastián Pérez
Por su parte, Sebastián Pérez García, secretario general, pidió “no politizar el tema” e insistió: “dejemos el tema ahí, no ayuda politizar un tema tan sensible”.
Reconoció que “hay carencia en los protocolos” por lo que es necesario “mejorar los procedimientos y manuales en materia de derechos humanos” y acotó que ya se están impartiendo talleres y capacitación con enfoque de igualdad de género.
Pérez García dijo que se acatará la recomendación y señaló que la CEDH no lo menciona en la recomendación: “está muy clara la resolución que acaba de emitir el máximo organismo de los Derechos Humanos”.
Por la insistencia de los reporteros, Sebastián Pérez señaló que “la recomendación, como bien lo dice, exime al alcalde, al contralor, al secretario a la misma coordinadora de derechos humanos”.
También leyó un fragmento del documento: “se acredita que, en ningún momento, ni el alcalde, ni el secretario, ni contralor ni la designada de oficialía civil, giraron instrucciones directas para desalojar a la oficial del registro civil y mucho menos le ordenaron que empleará la fuerza para cumplir tal cometido”.
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Ayuntamiento de SLP
Disminuye 14% la incidencia delictiva en San Luis Capital, según el Sistema Nacional de Seguridad
En los últimos tres años, el Gobierno de la Capital ha invertido más de 433 mdp en el fortalecimiento de la SSPC Capitalina, a través de tecnología, equipamiento, capacitación y estímulos al personal de seguridad
Por: Redacción
La incidencia delictiva en San Luis Capital registró una disminución general del 14 por ciento durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en mejores condiciones de seguridad y mayor tranquilidad para la población, gracias a las políticas públicas de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.
Tan solo en 2026, la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos destina más de 152 millones de pesos, como parte de un esfuerzo acumulado superior a los 433 millones en los últimos tres años para el fortalecimiento institucional de la Policía Municipal, con acciones en desarrollo humano, tecnificación y equipamiento que han permitido consolidar una corporación más sólida, mejor preparada y cercana a la ciudadanía.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta tendencia a la baja se refleja de manera contundente en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, que presentó una reducción del 72.4 por ciento.
En materia de robos, los resultados también son relevantes: el robo en transporte público disminuyó 100 por ciento al no registrarse casos en el periodo enero-marzo de 2026
El robo de vehículo registró una reducción del 20.6 por ciento, mientras que el robo a transeúnte disminuyó 5.3 por ciento, consolidando una tendencia positiva en la protección del patrimonio de las familias potosinas.
Otros delitos también mostraron descensos significativos: el secuestro se redujo 100 por ciento al no presentarse casos, la violación bajó 16.4 por ciento, el narcomenudeo 13 por ciento, las lesiones dolosas 10.7 por ciento y la violencia familiar 10.5 por ciento.
Estos resultados reflejan un avance sostenido en la estrategia de seguridad en la Capital potosina, con efectos directos en la vida cotidiana de la ciudadanía, al fortalecer la paz social y la confianza en el entorno.
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La garantía de bienestar que ofrece el programa de “Familias fuertes” es que se mejora la convivencia entre los miembros de cada familia
Por: Redacción
La presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, mantiene activo el programa “Familias fuertes, amor y límites”, a través de las dinámicas y pláticas que se desarrollan con adolescentes y sus padres, madres o tutores, a fin de rescatar las relaciones intrafamiliares, mejorar su comunicación, respeto y empatía.
“Estos talleres cuentan de siete sesiones, donde también se les dan herramientas fund amentales para construir ambientes familiares más sanos, unidos y llenos de confianza, ya que esto permite tener un mejor ambiente en los hogares y por tanto se refleje a la comunidad potosina”, afirmó la directora Jessica Albarrán Ramírez,
Precisó que más de 530 familias ha recibido este taller, y al escuchar los testimonios de las y los beneficiarios agregó Albarrán Ramírez, que “es un gusto ver los cambios en el trato entre padres, madres y sus adolescentes, interacción que sabemos van a replicar con su familia y/o amigos”.
La garantía de bienestar que ofrece el programa de “Familias fuertes”, dijo la Directora del DIF Capitalino, Jessica Albarrán, es que se mejora la convivencia entre los miembros de cada familia, lo que lleva a que exista una mejor cohesión social, por lo que se mantendrá activo.
Reiteraron la necesidad de mantener una comunicación entre instancias, con el propósito de optimizar los mecanismos de atención
Por: Redacción
La presidenta concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, sostuvo una reunión de trabajo con la encargada de despacho d el Centro de Justicia para las Mujeres, Esther Angélica Martínez Cárdenas
Durante este encuentro, ambas autoridades abordaron diversos temas enfocados en generar estrategias de colaboración conjunta, que permitan impulsar programas, servicios y acciones orientadas a la atención, protección y bienestar de las mujeres poceñas.
Asimismo, la edil y la encargada destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno Municipal y el Centro de Justicia para las Mujeres
Además, reiteraron la necesidad de mantener una comunicación constante entre ambas instancias, con el propósito de optimizar los mecanismos de atención, facilitar el acceso a la justicia y consolidar programas que respondan de manera oportuna a las necesidades de la población femenina.
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