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“Sebastián Pérez dio la orden de desalojar a Tere Carrizales”: ex jefe policiaco
Los policías que abusaron de la ex candidata a alcaldesa fueron sancionados, sin embargo, la víctima aseguró que va tras Xavier Nava y su ex secretario general
Por: Karina González
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso entre Teresa Carrizales (ex oficial del Registro Civil desalojada violentamente de su oficina) y los cinco policías implicados en el desalojo con uso de la fuerza del que fue víctima el 2 de julio del 2019, y se acordó la suspensión de los implicados por seis meses y se otorgó la reparación del daño a la víctima de 21 mil pesos que corrieron por cuenta de los policías involucrados.
Edgar N., quien fue comisario de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) durante el gobierno de Xavier Nava, cuando se dieron los hechos, señaló que fue Sebastián Pérez García quien giró un oficio en el que se ordenaba verificar un retiro, el cual efectuaron los policías para cumplir la orden, sin embargo, acusó que no hubo un respaldo del exalcalde ni del exsecretario para los policías que acudieron al cumplimiento de su deber.
“Cuál es el punto hoy, que a la fecha no hay una llamada, ni un intento de contacto por parte de quien emite la orden para tratar de respaldar a las policías, yo no soy víctima soy parte de la responsabilidad que uno tiene como mando y no dejamos solas a las policías porque no se trataba de que cada quien peleara por su lado, sino de llevar el caso y que quien emitió la orden (Sebastián Pérez García) estuviera para respaldar a las policías, ese es el punto. Que (los policías) cumplen lo que se tiene que hacer y al final terminan en un procedimiento que pueden terminar con sus carreras”, lamentó
Durante la audiencia el juez estableció que de incumplirse con la reparación del daño y la suspensión de seis meses se reactivará el proceso que podría llegar a juicio en donde los implicados podrían ser condenados. 
Con esta figura de suspensión del proceso se extingue la acción penal para los cinco policías involucrados, entre ellos el ex comisario de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), Edgar N., quien fue titular de la corporación en la administración de Xavier Nava Palacios como alcalde.
Teresa Carrizales mencionó que se integrarán más elementos a la carpeta de investigación, porque afirmó que los culpables no son los cinco policías que ejecutaron la orden del desalojo, sino de quien la dio, “Sebastián Pérez, Xavier Nava, esos siempre han sido mis objetivos. Sebastián, si me estás viendo, te lo dije en Palacio, el día que estábamos sentados, que me viste la cara el día que pediste una disculpa pública que simulaste, te dije que ibas a pagar y que yo iba a seguir, yo sigo en lo mismo, ellos son los que tienen que pagar”, advirtió la abogada.
Carrizales explicó que con esta suspensión condicional del proceso, provoca que concluya solo para los cinco policías involucrados, para poder continuar hasta responsabilizar al ex alcalde y el exsecretario general del ayuntamiento.
Por otra parte destacó que tuvo diálogos con Enrique Galindo Ceballos, actual alcalde de la capital potosina, a quien le pidió que posterior a que se cumplan los seis meses de suspensión de los cuatro policías, puedan recuperar sus empleos.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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