El gobernador añadió que, con la llegada del nuevo comandante, se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, participó en la ceremonia de toma de protesta, protesta de Bandera y posesión del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, con quien refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con las fuerzas federales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias potosinas.

Ricardo Gallardo destacó que, con la colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, se mantienen los resultados positivos en seguridad pública en las cuatro regiones de la entidad, aunado al reforzamiento de los operativos permanentes que se desarrollan, principalmente, en los límites con los demás estados.

El gobernador añadió que, con la llegada del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí,

se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta que permita reforzar las acciones de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia en beneficio de la tranquilidad y la paz social de cada rincón del estado potosino.

De igual forma, reiteró que San Luis Potosí continúa posicionándose entre las cuatro entidades más seguras del país, resultado de la estrategia integral de seguridad y del trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales, lo que ha fortalecido la vigilancia y la protección de la ciudadanía, transportistas, trabajadores y turistas que transitan diariamente por territorio potosino.

La magistrada Lourdes Zarazúa explicó que San Luis es uno de los nueve estados que ya transitaron por esta parte de la reforma

Por: Redacción

Durante su “Conferencia del Pueblo” de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que presentará una propuesta para realizar ajustes en la reforma judicial establecida en los últimos días del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum señaló que quieren corregir algunas fallas del proceso del 2025, por lo que buscarán rediseñar el proceso de selección de candidatos a estos cargos, así como aplazar el proceso electoral al 2028, en lugar del 2027.

Dentro de la iniciativa, se plantea la reducción del número de candidatos que participen en el proceso, así como la simplificación de la boleta. En caso de que hubiera votación por la revocación de mandato en el mismo año, todo se haría en un mismo día.

Ante esta situación, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reveló que estas potenciales modificaciones no tendrán mayor efecto en San Luis Potosí, pues aquí ya se transitó por esa parte de la reforma.

Añadió que el estado es uno de los nueve que ya pasó por esa transición (hay algunos que solo la han efectuado parcialmente), por lo que los jueces y magistrados de la gestión actual ya fueron elegidos mediante el voto popular el año pasado.

A pesar de ello, aseguró que habrá que estar al pendiente en torno a las especificaciones de los cambios que se acaben aprobando, aunque aseguró que algunos como el establecimiento de capacitaciones constantes, ya están plenamente activos en San Luis Potosí.

Recalcó que el estar plenamente capacitados forma parte de su responsabilidad como órgano de disciplina, y es uno de los principales objetivos de esta administración.

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En el Día Internacional contra la Homofobia, el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras se pronunció por la cero tolerancia a la violencia y la discriminación

Por: Redacción

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, la Secretaría General de Gobierno, a través del Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se pronunció por la cero tolerancia a la discriminación y la violencia contra las poblaciones LGBTIQA+.

El organismo subrayó que la orientación sexual y la identidad de género son derechos protegidos constitucionalmente

, y llamó a las instituciones del Estado a garantizarlos mediante políticas públicas de inclusión transversales.

También exhortó a la ciudadanía a denunciar actos de discriminación o violencia contra personas LGBTIQA+ y a promover acciones afirmativas que contribuyan a erradicar estas prácticas. El llamado se extendió a instancias municipales, estatales y organismos autónomos.

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