La Procuraduría Agraria le informó que necesita pedir otra vez una opinión a esa dependencia, pues la anterior se revocó; mientras, comienzan las fracturas entre los inversionistas

Por Roberto Rocha

El comisariado de San Juan de Guadalupe deberá volver a solicitar a la Procuraduría Agraria una opinión sobre la posibilidad de ceder 2 mil 64 hectáreas de esa comunidad a la empresa Reserva San Luis SA de CV, propiedad de Alejandro Tamayo Ibarra, Carlos López Medina y otros empresarios de la construcción, pues la solicitud anterior fue revocada.

El total del comisariado de la comunidad de San Juan de Guadalupe, además del Consejo de Vigilancia y otros diez habitantes de esa comunidad visitaron la Ciudad de México el lunes pasado, buscando entrevistarse con el procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, aunque únicamente lograron acercamientos con los responsables de Audiencia Campesina, la primera instancia de respuesta en esa dependencia federal.

La Audiencia Campesina de la Procuraduría Agraria les ratificó la improcedencia del proyecto, y por tanto, de la solicitud de opinión, por no existir cambio de uso de suelo en esa zona de la ciudad.

Por eso, la Procuraduría Agraria pidió a los integrantes del Comisariado de San Juan de Guadalupe, afín a los intereses de Carlos “El Chato” López, que vuelvan a la Procuraduría Agraria cuando obtengan el cambio de uso de suelo, para que sea revisado por esa dependencia en una nueva solicitud, pues la que habían realizado en noviembre ya no es procedente.

La solicitud de opinión anterior había sido presentada por las empresas Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos, propiedad de Alejandro Tamayo Ibarra, en sociedad con “El Chato” López. Para su obtención, ambas empresas entregaron como prueba a la Procuraduría Agraria una decisión tomada en sesión de cabildo del 28 de febrero de 2013, durante la administración de Mario García Valdez, en la que se aceptaba la viabilidad del proyecto, pero no se autorizaba el cambio de uso de suelo en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito.

Esa misma falta en el cambio de uso de suelo provocó que la Procuraduría Agraria no se presentara a la asamblea comunal del pasado domingo 13 de enero, lo que fue considerado como un triunfo para los defensores de los comuneros de San Juan de Guadalupe, pues impide que, por el momento, el negociazo inmobiliario en esa zona, al sur de la ciudad, se consiga.

La ausencia de la Procuraduría Agraria significó la invalidad de esa asamblea, en la que se había conseguido quórum debido a la asistencia de 245 de los 328 comuneros. De acuerdo con defensores de los terrenos ejidales de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, de los 245 asistentes, el proyecto de Reserva San Luis tenía el apoyo de apenas 80 de los comuneros.

Para quejarse de la ausencia de la Procuraduría Agraria en la asamblea del 13 de enero, un grupo de alrededor de 30 comuneros partidarios de la cesión de derechos a Reserva San Luis se presentaron ayer en las instalaciones de la delegación en el Centro de la ciudad, en la calle de Morelos, para manifestarse, por lo que bloquearon el paso en la calle de Universidad.

Entrevistado por La Orquesta acerca de la finalidad de esa manifestación, un comunero de San Juan de Guadalupe se negó a contestar, pues dijo: “Nos incumbe nada más a puros comuneros. Son decisiones propias y particulares de nuestra asamblea. Es nada más una decisión para nosotros. No tiene caso darles más detalles, porque solo es de importancia para nosotros”.

Rodolfo Valdez García, comisariado de San Juan de Guadalupe, dijo que la manifestación solo buscaba que la delegada de la Procuraduría, María Luisa Plascencia “asista a nuestra asamblea que se va a convocar el 3 de febrero”.

Valdez García aceptó que “por supuesto” estaba dispuesto a vender 2 mil hectáreas de la comunidad. “Aquí estamos presionando para que asistan a nuestra asamblea”. Además dijo “vamos a aportar tierras que no son útiles, que no les podemos sacar ningún provecho. Eso que dicen de la Sierra de San Miguelito está muy lejos”, pese a que el proyecto inicial del Desarrollo Inmobiliario Las Cañadas tiene como fin quedarse con 14 mil hectáreas, lo que representa el 100 por ciento de la extensión de la comunidad y que el vínculo con la pérdida de la declaratoria de área natural protegida para el Ejido de San Juan de Guadalupe, independiente de la comunidad del mismo nombre, se dio solo por la colindancia.

Los comuneros que buscan ceder sus terrenos a la empresa Reserva San Luis utilizaron durante su manifestación cartulinas que decían: “Procuraduría Agraria deja de apoyar a los invasores”, “Procuraduría Agraria, queremos asamblea” y “Procuraduría Agraria, la aportación no daña la Sierra de San Miguelito”.

Fuentes cercanas al proceso de cesión han mencionado que a causa del fracaso del proyecto, se ha presentado también una ruptura entre los inversionistas, que se culpan mutuamente de la estrategia fallida. El cisma entre Carlos López Medina, Alejandro Tamayo Ibarra, Vicente Rangel Mancilla, Miguel Torres Corzo, José Muñiz Werge y Marcelo de los Santos Anaya está generando el hundimiento de Reserva San Luis.

La comunera Baudelia Aguilar García, quien se opone a la aportación de las 2 mil hectáreas dijo a La Orquesta que los empresarios reclaman los titubeos del alcalde Xavier Nava Palacios y los errores al mezclar el pago de deudas del Periférico con la aportación a las inmobiliarias.

 

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