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Se avecina crisis de agua sin precedente en SLP
En mayo ni presa, ni acueducto ni pozos darán abasto
Por: Jorge Saldaña
La zona metropolitana de San Luis Potosí se encuentra al borde de una severa crisis de escasez de agua. El acueducto “El Realito” está roto y la presa del mismo nombre se desangra en fugas estructurales. Las autoridades calculan que para el mes de mayo no habrá agua que trasladar y dejará al 30 por ciento de la población sin el vital líquido por al menos 10 meses.
Joel Felix Díaz, titular de la Conagua, mencionó que las reparaciones a la presa aún se encuentran en etapa de estudio y seguirán así al menos otros dos meses, para iniciarlas se requiere de una inversión aproximada a los 60 millones de pesos y tomarán 10 meses más en concluirlas.
Actualmente, la presa se encuentra a un 15 por ciento de su capacidad y con unos 8 mil metros cúbicos disponibles, los cuales se constató, se están desperdiciando en fugas producto de fracturas en su cortina.
Este miércoles Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, y Enrique Galindo, presidente municipal de la capital potosina, comandaron una visita de supervisión a la presa y constataron las fallas y fugas que dejaran vacía la instalación hidráulica antes del mes de mayo.
Mientras tanto, Juan Miguel Martínez, superintendente de la empresa Aquos, aseguró en entrevista que su empresa invierte 150 millones de pesos en reparar y cambiar materiales del ducto que desde el año 2021 ha presentado una cantidad innumerable de fallas. Seis solo en lo que va de este año 2023.
El contrato con esta subsidiaria de Aquos, es producto de la inversión del 51 por ciento de los recursos que implicaron la construcción del acueducto a cambio del pago durante de 25 años tanto a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por la infraestructura, como al Interapas por el líquido, monto que fluctúa entre 30 y 35 millones de pesos mensuales.
Luego de un breve encuentro con los medios de comunicación que acudieron al lugar, el funcionario abandonó el sitio.
Por su parte, tras conocer la situación por parte del titular de Conagua, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos anunciaron una serie de medidas que calificaron como “drásticas” extremas y extraordinarias.
Para contener y sobrellevar la crisis que viene, se adelantó que el contrato con la empresa y por lo tanto los pagos mensuales serán suspendidos y se implementará una estrategia jurídica para terminar con el ventajoso contrato que además no se está cumpliendo.
Además, se adelantó la cancelación de las concesiones que tiene el ayuntamiento capitalino con un particular que cobra el agua en una zona privilegiada de la capital y que se denomina Aguas del Poniente.
Al mismo tiempo el presidente municipal manifestó que se implementará en breve la conexión, reconexión y excavación de nuevos pozos en el valle del Tangamanga.
Explicó que son 139 pozos reconocidos, sin embargo hay otros 39 ubicados qué, o funcionan de manera clandestina o no están en uso, mismos que serán recuperados y conectados a la red de distribución de agua en la zona metropolitana.
El costo de estas medidas asciende a 200 millones de pesos de los cuales. “El ayuntamiento tiene y tendrá todo nuestro apoyo para lograrlo pero sobre todo la gente” dijo el ejecutivo del estado.
Al mismo tiempo se cobrará la cartera vencida de la industria que asciende a más de 100 millones de pesos, se denunciará penalmente a las tomas clandestinas que han sido descubiertas y se hará público el listado de las empresas y negocios que además de no pagar se han amparado jurídicamente para no pagar el agua aun cuando es parte de su materia prima o proceso.
Mientras tanto la única sugerencia por el momento entre que ocurren las reparaciones y son una realidad los nuevos pozos, es la de cuidar el agua, racionarla, y prevenirse comprando tinacos o depósitos para almacenar la que queda disponible.
Viene un año difícil y la crisis llega gota a gota.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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