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Se avecina crisis de agua sin precedente en SLP
En mayo ni presa, ni acueducto ni pozos darán abasto
Por: Jorge Saldaña
La zona metropolitana de San Luis Potosí se encuentra al borde de una severa crisis de escasez de agua. El acueducto “El Realito” está roto y la presa del mismo nombre se desangra en fugas estructurales. Las autoridades calculan que para el mes de mayo no habrá agua que trasladar y dejará al 30 por ciento de la población sin el vital líquido por al menos 10 meses.
Joel Felix Díaz, titular de la Conagua, mencionó que las reparaciones a la presa aún se encuentran en etapa de estudio y seguirán así al menos otros dos meses, para iniciarlas se requiere de una inversión aproximada a los 60 millones de pesos y tomarán 10 meses más en concluirlas.
Actualmente, la presa se encuentra a un 15 por ciento de su capacidad y con unos 8 mil metros cúbicos disponibles, los cuales se constató, se están desperdiciando en fugas producto de fracturas en su cortina.
Este miércoles Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, y Enrique Galindo, presidente municipal de la capital potosina, comandaron una visita de supervisión a la presa y constataron las fallas y fugas que dejaran vacía la instalación hidráulica antes del mes de mayo.
Mientras tanto, Juan Miguel Martínez, superintendente de la empresa Aquos, aseguró en entrevista que su empresa invierte 150 millones de pesos en reparar y cambiar materiales del ducto que desde el año 2021 ha presentado una cantidad innumerable de fallas. Seis solo en lo que va de este año 2023.
El contrato con esta subsidiaria de Aquos, es producto de la inversión del 51 por ciento de los recursos que implicaron la construcción del acueducto a cambio del pago durante de 25 años tanto a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por la infraestructura, como al Interapas por el líquido, monto que fluctúa entre 30 y 35 millones de pesos mensuales.
Luego de un breve encuentro con los medios de comunicación que acudieron al lugar, el funcionario abandonó el sitio.
Por su parte, tras conocer la situación por parte del titular de Conagua, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos anunciaron una serie de medidas que calificaron como “drásticas” extremas y extraordinarias.
Para contener y sobrellevar la crisis que viene, se adelantó que el contrato con la empresa y por lo tanto los pagos mensuales serán suspendidos y se implementará una estrategia jurídica para terminar con el ventajoso contrato que además no se está cumpliendo.
Además, se adelantó la cancelación de las concesiones que tiene el ayuntamiento capitalino con un particular que cobra el agua en una zona privilegiada de la capital y que se denomina Aguas del Poniente.
Al mismo tiempo el presidente municipal manifestó que se implementará en breve la conexión, reconexión y excavación de nuevos pozos en el valle del Tangamanga.
Explicó que son 139 pozos reconocidos, sin embargo hay otros 39 ubicados qué, o funcionan de manera clandestina o no están en uso, mismos que serán recuperados y conectados a la red de distribución de agua en la zona metropolitana.
El costo de estas medidas asciende a 200 millones de pesos de los cuales. “El ayuntamiento tiene y tendrá todo nuestro apoyo para lograrlo pero sobre todo la gente” dijo el ejecutivo del estado.
Al mismo tiempo se cobrará la cartera vencida de la industria que asciende a más de 100 millones de pesos, se denunciará penalmente a las tomas clandestinas que han sido descubiertas y se hará público el listado de las empresas y negocios que además de no pagar se han amparado jurídicamente para no pagar el agua aun cuando es parte de su materia prima o proceso.
Mientras tanto la única sugerencia por el momento entre que ocurren las reparaciones y son una realidad los nuevos pozos, es la de cuidar el agua, racionarla, y prevenirse comprando tinacos o depósitos para almacenar la que queda disponible.
Viene un año difícil y la crisis llega gota a gota.
También lee: SLP se quedará sin agua de El Realito temporalmente
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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