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Se avecina crisis de agua sin precedente en SLP
En mayo ni presa, ni acueducto ni pozos darán abasto
Por: Jorge Saldaña
La zona metropolitana de San Luis Potosí se encuentra al borde de una severa crisis de escasez de agua. El acueducto “El Realito” está roto y la presa del mismo nombre se desangra en fugas estructurales. Las autoridades calculan que para el mes de mayo no habrá agua que trasladar y dejará al 30 por ciento de la población sin el vital líquido por al menos 10 meses.
Joel Felix Díaz, titular de la Conagua, mencionó que las reparaciones a la presa aún se encuentran en etapa de estudio y seguirán así al menos otros dos meses, para iniciarlas se requiere de una inversión aproximada a los 60 millones de pesos y tomarán 10 meses más en concluirlas.
Actualmente, la presa se encuentra a un 15 por ciento de su capacidad y con unos 8 mil metros cúbicos disponibles, los cuales se constató, se están desperdiciando en fugas producto de fracturas en su cortina.
Este miércoles Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, y Enrique Galindo, presidente municipal de la capital potosina, comandaron una visita de supervisión a la presa y constataron las fallas y fugas que dejaran vacía la instalación hidráulica antes del mes de mayo.
Mientras tanto, Juan Miguel Martínez, superintendente de la empresa Aquos, aseguró en entrevista que su empresa invierte 150 millones de pesos en reparar y cambiar materiales del ducto que desde el año 2021 ha presentado una cantidad innumerable de fallas. Seis solo en lo que va de este año 2023.
El contrato con esta subsidiaria de Aquos, es producto de la inversión del 51 por ciento de los recursos que implicaron la construcción del acueducto a cambio del pago durante de 25 años tanto a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por la infraestructura, como al Interapas por el líquido, monto que fluctúa entre 30 y 35 millones de pesos mensuales.
Luego de un breve encuentro con los medios de comunicación que acudieron al lugar, el funcionario abandonó el sitio.
Por su parte, tras conocer la situación por parte del titular de Conagua, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos anunciaron una serie de medidas que calificaron como “drásticas” extremas y extraordinarias.
Para contener y sobrellevar la crisis que viene, se adelantó que el contrato con la empresa y por lo tanto los pagos mensuales serán suspendidos y se implementará una estrategia jurídica para terminar con el ventajoso contrato que además no se está cumpliendo.
Además, se adelantó la cancelación de las concesiones que tiene el ayuntamiento capitalino con un particular que cobra el agua en una zona privilegiada de la capital y que se denomina Aguas del Poniente.
Al mismo tiempo el presidente municipal manifestó que se implementará en breve la conexión, reconexión y excavación de nuevos pozos en el valle del Tangamanga.
Explicó que son 139 pozos reconocidos, sin embargo hay otros 39 ubicados qué, o funcionan de manera clandestina o no están en uso, mismos que serán recuperados y conectados a la red de distribución de agua en la zona metropolitana.
El costo de estas medidas asciende a 200 millones de pesos de los cuales. “El ayuntamiento tiene y tendrá todo nuestro apoyo para lograrlo pero sobre todo la gente” dijo el ejecutivo del estado.
Al mismo tiempo se cobrará la cartera vencida de la industria que asciende a más de 100 millones de pesos, se denunciará penalmente a las tomas clandestinas que han sido descubiertas y se hará público el listado de las empresas y negocios que además de no pagar se han amparado jurídicamente para no pagar el agua aun cuando es parte de su materia prima o proceso.
Mientras tanto la única sugerencia por el momento entre que ocurren las reparaciones y son una realidad los nuevos pozos, es la de cuidar el agua, racionarla, y prevenirse comprando tinacos o depósitos para almacenar la que queda disponible.
Viene un año difícil y la crisis llega gota a gota.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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