noviembre 21, 2024

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Se avecina crisis de agua sin precedente en SLP

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En mayo ni presa, ni acueducto ni pozos darán abasto

Por: Jorge Saldaña

La zona metropolitana de San Luis Potosí se encuentra al borde de una severa crisis de escasez de agua. El acueducto “El Realito” está roto y la presa del mismo nombre se desangra en fugas estructurales. Las autoridades calculan que para el mes de mayo no habrá agua que trasladar y dejará al 30 por ciento de la población sin el vital líquido por al menos 10 meses.

Joel Felix Díaz, titular de la Conagua, mencionó que las reparaciones a la presa aún se encuentran en etapa de estudio y seguirán así al menos otros dos meses, para iniciarlas se requiere de una inversión aproximada a los 60 millones de pesos y tomarán 10 meses más en concluirlas.

Actualmente, la presa se encuentra a un 15 por ciento de su capacidad y con unos 8 mil metros cúbicos disponibles, los cuales se constató, se están desperdiciando en fugas producto de fracturas en su cortina.

Este miércoles Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado,  y Enrique Galindo, presidente municipal de la capital potosina, comandaron una visita de supervisión a la presa y constataron las fallas y fugas que dejaran vacía la instalación hidráulica antes del mes de mayo.

Mientras tanto, Juan Miguel Martínez, superintendente de la empresa Aquos, aseguró en entrevista que su empresa invierte 150 millones de pesos en reparar y cambiar materiales del ducto que desde el año 2021 ha presentado una cantidad innumerable de fallas. Seis solo en lo que va de este año 2023.

El contrato con esta subsidiaria de Aquos, es producto de la inversión del 51 por ciento de los recursos que implicaron la construcción del acueducto a cambio del pago durante de 25 años tanto a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por la infraestructura, como al Interapas por el líquido, monto que fluctúa entre 30 y 35 millones de pesos mensuales.

Luego de un breve encuentro con los medios de comunicación que acudieron al lugar, el funcionario abandonó el sitio.

Por su parte, tras conocer la situación por parte del titular de Conagua, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos anunciaron una serie de medidas que calificaron como “drásticas” extremas y extraordinarias.

Para contener y sobrellevar la crisis que viene, se adelantó que el contrato con la empresa y por lo tanto los pagos mensuales serán suspendidos y se implementará una estrategia jurídica para terminar con el ventajoso contrato que además no se está cumpliendo.

Además, se adelantó la cancelación de las concesiones que tiene el ayuntamiento capitalino con un particular que cobra el agua en una zona privilegiada de la capital y que se denomina Aguas del Poniente.

Al mismo tiempo el presidente municipal manifestó que se implementará en breve la conexión, reconexión y excavación de nuevos pozos en el valle del Tangamanga.

Explicó que son 139 pozos reconocidos, sin embargo hay otros 39 ubicados qué, o funcionan de manera clandestina o no están en uso, mismos que serán recuperados y conectados a la red de distribución de agua en la zona metropolitana.

El costo de estas medidas asciende a 200 millones de pesos de los cuales. “El ayuntamiento tiene y tendrá todo nuestro apoyo para lograrlo pero sobre todo la gente” dijo el ejecutivo del estado.

Al mismo tiempo se cobrará la cartera vencida de la industria que asciende a más de 100 millones de pesos, se denunciará penalmente a las tomas clandestinas que han sido descubiertas y se hará público el listado de las empresas y negocios que además de no pagar se han amparado jurídicamente para no pagar el agua aun cuando es parte de su materia prima o proceso.

Mientras tanto la única sugerencia por el momento entre que ocurren las reparaciones y son una realidad los nuevos pozos, es la de cuidar el agua, racionarla, y prevenirse comprando tinacos o depósitos para almacenar la que queda disponible.

Viene un año difícil y la crisis llega gota a gota.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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