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Se avecina crisis de agua sin precedente en SLP
En mayo ni presa, ni acueducto ni pozos darán abasto
Por: Jorge Saldaña
La zona metropolitana de San Luis Potosí se encuentra al borde de una severa crisis de escasez de agua. El acueducto “El Realito” está roto y la presa del mismo nombre se desangra en fugas estructurales. Las autoridades calculan que para el mes de mayo no habrá agua que trasladar y dejará al 30 por ciento de la población sin el vital líquido por al menos 10 meses.
Joel Felix Díaz, titular de la Conagua, mencionó que las reparaciones a la presa aún se encuentran en etapa de estudio y seguirán así al menos otros dos meses, para iniciarlas se requiere de una inversión aproximada a los 60 millones de pesos y tomarán 10 meses más en concluirlas.
Actualmente, la presa se encuentra a un 15 por ciento de su capacidad y con unos 8 mil metros cúbicos disponibles, los cuales se constató, se están desperdiciando en fugas producto de fracturas en su cortina.
Este miércoles Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, y Enrique Galindo, presidente municipal de la capital potosina, comandaron una visita de supervisión a la presa y constataron las fallas y fugas que dejaran vacía la instalación hidráulica antes del mes de mayo.
Mientras tanto, Juan Miguel Martínez, superintendente de la empresa Aquos, aseguró en entrevista que su empresa invierte 150 millones de pesos en reparar y cambiar materiales del ducto que desde el año 2021 ha presentado una cantidad innumerable de fallas. Seis solo en lo que va de este año 2023.
El contrato con esta subsidiaria de Aquos, es producto de la inversión del 51 por ciento de los recursos que implicaron la construcción del acueducto a cambio del pago durante de 25 años tanto a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por la infraestructura, como al Interapas por el líquido, monto que fluctúa entre 30 y 35 millones de pesos mensuales.
Luego de un breve encuentro con los medios de comunicación que acudieron al lugar, el funcionario abandonó el sitio.
Por su parte, tras conocer la situación por parte del titular de Conagua, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos anunciaron una serie de medidas que calificaron como “drásticas” extremas y extraordinarias.
Para contener y sobrellevar la crisis que viene, se adelantó que el contrato con la empresa y por lo tanto los pagos mensuales serán suspendidos y se implementará una estrategia jurídica para terminar con el ventajoso contrato que además no se está cumpliendo.
Además, se adelantó la cancelación de las concesiones que tiene el ayuntamiento capitalino con un particular que cobra el agua en una zona privilegiada de la capital y que se denomina Aguas del Poniente.
Al mismo tiempo el presidente municipal manifestó que se implementará en breve la conexión, reconexión y excavación de nuevos pozos en el valle del Tangamanga.
Explicó que son 139 pozos reconocidos, sin embargo hay otros 39 ubicados qué, o funcionan de manera clandestina o no están en uso, mismos que serán recuperados y conectados a la red de distribución de agua en la zona metropolitana.
El costo de estas medidas asciende a 200 millones de pesos de los cuales. “El ayuntamiento tiene y tendrá todo nuestro apoyo para lograrlo pero sobre todo la gente” dijo el ejecutivo del estado.
Al mismo tiempo se cobrará la cartera vencida de la industria que asciende a más de 100 millones de pesos, se denunciará penalmente a las tomas clandestinas que han sido descubiertas y se hará público el listado de las empresas y negocios que además de no pagar se han amparado jurídicamente para no pagar el agua aun cuando es parte de su materia prima o proceso.
Mientras tanto la única sugerencia por el momento entre que ocurren las reparaciones y son una realidad los nuevos pozos, es la de cuidar el agua, racionarla, y prevenirse comprando tinacos o depósitos para almacenar la que queda disponible.
Viene un año difícil y la crisis llega gota a gota.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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