Congreso del Estado
#SanjuanaLibre | A dos meses, diputados no terminan análisis de la solicitud de indulto
Legisladores de las respectivas comisiones se niegan a posicionarse; argumentan que sería irresponsable y esperarán el análisis definitivo
Por: Bernardo Vera
El pasado 15 de febrero, la organización Perteneces, acompañada de redes de abogadas en la ciudad, presentaron una solicitud de indulto al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para ejecutar la liberación de Sanjuana Maldonado Amaya, detenida en 2009 por supuestos vínculos con el crimen organizado.
A más de dos meses de presentarse esta solicitud, legisladores e integrantes de las comisiones respectivas declararon que continúan en el análisis del caso, el expediente, así como la espera de otros documentos para deliberar sobre su decisión.
Rubén Guajardo Barrera, diputado local e integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que asumir una posición a favor o en contra podría resultar contraproducente en el proceso, toda vez que el Legislativo adquiere una figura de juzgador, en el que se requiere toda la información; en este caso, la solicitud del indulto, la información de la sentencia por parte de la instancia jurisdiccional –que en este caso fue un juez, en 2009, con el sistema de justicia penal anterior– y las tres confirmaciones que se dan en apelación de Sala Magistrado, de un Juzgado Federal y de un colegiado.
“Sería muy irresponsable de mi parte, en este momento, decir a favor o en contra. Primero, porque también hay víctimas. Víctimas sobre una denuncia de un delito. Y creo que en este caso del indulto, el Congreso del Estado pasa a ser juzgador. Y un juzgador tiene que ser muy responsable; tendríamos que tener toda la información para poder realmente tener ya una decisión responsable en el pleno del Congreso”, explicó.
Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, legislador e integrante de la misma Comisión, manifestó que esperará el análisis de la misma, que ya se desarrolla en su parte técnica. Manifestó que si la versión apunta a que se cometieron irregularidades en contra de Sanjuana Maldonado, se posicionará a favor de su liberación.
“Vamos a analizarlo, y si el proceso no se llevó de buena manera, no hubo o no se siguió con la perspectiva de género, pues claro. Nosotros siempre hemos estado a favor de este tema, y vamos a analizarlo a fondo. Y si cuenta con todos los factores para que nosotros como Congreso podamos elevar este indulto, yo estoy de acuerdo”.
Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada en el Congreso local, también se pronunció en su calidad de legisladora, y aunque no pertenece a las comisiones correspondientes, se mostró interesada en conocer a fondo el caso, y participará en la defensa de los derechos de Sanjuana Maldonado.
“Me interesa conocer a fondo el caso y también la responsabilidad que nosotros estaríamos participando dentro de él. Es muy importante que se esté buscando, que se respeten sus derechos y bueno, eso es lo básico”, mencionó.
La defensa de Sanjuana Maldonado manifestó en su momento que durante su proceso judicial se detectaron una serie de irregularidades, como la violencia estructural de la que fue víctima, así como un proceso sin perspectiva de género.
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Congreso del Estado
Congreso endurece castigo por despojo y por retener pacientes por deudas
El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.
Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.
Qué cambia con el despojo
El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.
Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:
- Cuando se simulen actos de autoridad.
- Cuando se use documentación falsa.
- Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
- Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.
Hospitales que retengan por deudas
La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:
- Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
- Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
- Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.
En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.
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Congreso del Estado
Propuesta de 3 mil mdp para transporte debe venir de la SCT, no de concesionarios: Serrano
El diputado dijo que esperará a que la secretaría se pronuncie sobre cualquier propuesta de los concesionarios
Por: Redacción
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dijo que una propuesta de casi 3 mil millones de pesos para mejorar el transporte urbano en 2027 “sí parece elevada”, y que antes de discutirla debe presentarla la secretaría responsable, no los concesionarios.
“Yo creo que toda propuesta hay que revisarla, pero de entrada yo sí considero que existen muchas otras necesidades sociales por atender”, afirmó.
Serrano dijo que la cantidad podría ser “mucho, mucho, mucho menos”, y que aun así tendría que llegar al Congreso como parte de una valoración de la política pública que quiera aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“No son propietarios”
El legislador recordó que el transporte público es una obligación del Estado, que da concesiones a particulares para que presten el servicio. “Las concesiones son potestad del Estado, no son propiedad de los concesionarios. Por eso son concesiones, no son propietarios de ellas”, dijo.
Agregó que el Estado tiene la obligación de aportar al transporte, pero insistió en que esperará a que la SCT se pronuncie sobre “cualquier propuesta que venga de concesionarios” y que la incluya en una propuesta global para el próximo año.
Gratuidad y presupuesto
Serrano reconoció que el Gobierno del Estado “está haciendo un esfuerzo” para que el transporte público sea gratuito, y dijo que ya existe “todo un mecanismo” que subsidia ese servicio. Con la tarjeta Mi Pase, estudiantes y adultos mayores viajan gratis en el transporte público, incluido el concesionado.
El diputado señaló que el tema será parte de la discusión del Presupuesto de Egresos 2027. “Ya empezamos hoy a hablar del tema. Ya muy pronto vamos a verlo”, dijo.
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Congreso del Estado
Relaciones familiares de una mujer no retiran derecho a competir: Serrano
El coordinador del Verde en el Congreso dijo que quien cumple los requisitos de ley tiene derecho a registrarse
Por: Redacción
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, defendió el derecho de la senadora Ruth González Silva a participar en el proceso electoral de 2027 si así lo decide, y sostuvo que el término nepotismo “no tiene una relación de forma directa” con su caso.
Serrano recordó que la senadora ha dicho que esperará los tiempos electorales para tomar una decisión y que esta “es exclusivamente de ella”.
“Si tú te puedes registrar y puedes participar en un proceso electoral es porque cumpliste previamente con los requisitos que la ley establece. No veo por qué se te negaría el derecho a participar si así lo decides”, afirmó.
“La esposa de”
Serrano dijo que se le ha dado “una connotación totalmente distinta” a la palabra nepotismo, que en términos jurídicos, explicó, no impide que una mujer participe por tener una relación familiar. El nepotismo es dar cargos o beneficios a familiares desde una posición de poder.
El legislador recordó la Epístola de Melchor Ocampo, un texto que durante décadas se leyó en las bodas civiles, y dijo que antes la mujer “pasaba a ser de” su esposo, algo que “se ha venido anulando” y que considera un avance en los derechos de las mujeres.
Agregó que la senadora considera violencia política en razón de género que se le ubique “como la esposa de, y no con su valor propio”. La violencia política en razón de género son los actos que buscan limitar o anular los derechos políticos de una mujer por el hecho de ser mujer.
“No las exime”
“Hay una gran cantidad de expresiones que a mi juicio contienen violencia política de género, y bueno, pues las mujeres que lo hacen no las exime de que tengan responsabilidad”, dijo Serrano.
Advirtió que las denuncias por violencia política “también limitan las participaciones políticas de quienes las hacen”, es decir, de quienes emiten esas expresiones.
El informe de la senadora
Este lunes, en su Segundo Informe como senadora, González Silva dijo que ha sido blanco de “mentiras, de señalamientos, de críticas” contra ella, su familia y su género, y negó haber dicho que quiera participar en la elección de 2027. Sostuvo que ninguna mujer debe ser excluida de la vida pública por sus vínculos familiares.
Serrano calificó ese mensaje como “contundente en cuanto a los derechos de las mujeres”.
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