julio 9, 2026

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Congreso del Estado

#SanjuanaLibre | A dos meses, diputados no terminan análisis de la solicitud de indulto

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Legisladores de las respectivas comisiones se niegan a posicionarse; argumentan que sería irresponsable y esperarán el análisis definitivo

Por: Bernardo Vera

El pasado 15 de febrero, la organización Perteneces, acompañada de redes de abogadas en la ciudad, presentaron una solicitud de indulto al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para ejecutar la liberación de Sanjuana Maldonado Amaya, detenida en 2009 por supuestos vínculos con el crimen organizado.

A más de dos meses de presentarse esta solicitud, legisladores e integrantes de las comisiones respectivas declararon que continúan en el análisis del caso, el expediente, así como la espera de otros documentos para deliberar sobre su decisión.

Rubén Guajardo Barrera, diputado local e integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que asumir una posición a favor o en contra podría resultar contraproducente en el proceso, toda vez que el Legislativo adquiere una figura de juzgador, en el que se requiere toda la información; en este caso, la solicitud del indulto, la información de la sentencia por parte de la instancia jurisdiccional –que en este caso fue un juez, en 2009, con el sistema de justicia penal anterior– y las tres confirmaciones que se dan en apelación de Sala Magistrado, de un Juzgado Federal y de un colegiado.

“Sería muy irresponsable de mi parte, en este momento, decir a favor o en contra. Primero, porque también hay víctimas. Víctimas sobre una denuncia de un delito. Y creo que en este caso del indulto, el Congreso del Estado pasa a ser juzgador. Y un juzgador tiene que ser muy responsable; tendríamos que tener toda la información para poder realmente tener ya una decisión responsable en el pleno del Congreso”, explicó.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, legislador e integrante de la misma Comisión,

manifestó que esperará el análisis de la misma, que ya se desarrolla en su parte técnica. Manifestó que si la versión apunta a que se cometieron irregularidades en contra de Sanjuana Maldonado, se posicionará a favor de su liberación.

“Vamos a analizarlo, y si el proceso no se llevó de buena manera, no hubo o no se siguió con la perspectiva de género, pues claro. Nosotros siempre hemos estado a favor de este tema, y vamos a analizarlo a fondo. Y si cuenta con todos los factores para que nosotros como Congreso podamos elevar este indulto, yo estoy de acuerdo”.

Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada en el Congreso local, también se pronunció en su calidad de legisladora, y aunque no pertenece a las comisiones correspondientes, se mostró interesada en conocer a fondo el caso, y participará en la defensa de los derechos de Sanjuana Maldonado.

“Me interesa conocer a fondo el caso y también la responsabilidad que nosotros estaríamos participando dentro de él. Es muy importante que se esté buscando, que se respeten sus derechos y bueno, eso es lo básico”, mencionó.

La defensa de Sanjuana Maldonado manifestó en su momento que durante su proceso judicial se detectaron una serie de irregularidades, como la violencia estructural de la que fue víctima, así como un proceso sin perspectiva de género.

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Congreso del Estado

Congreso activa comisión especial para periodistas, pero admite vacíos en su arranque

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La comisión presentó un plan de trabajo con foros y propuestas legislativas, aunque sus propias integrantes reconocieron no tener diagnóstico de violencia ni haber escuchado antes las demandas laborales del gremio

Por: Redacción

La LXIV Legislatura instaló la Comisión Especial de Atención a Periodistas con un plan de trabajo que prevé espacios de capacitación, foros de análisis y propuestas legislativas para fortalecer la protección al gremio periodístico.

La comisión quedó presidida por la diputada María Dolores Robles Chairez, con Sara Rocha Medina como secretaria y Marco Antonio Gama Basarte como vocal. Robles Chairez señaló que el objetivo es “generar espacios de diálogo entre el Congreso del Estado, el gremio periodístico, las instituciones públicas, la academia, los organismos especiales y la sociedad civil”. El plan contempla además reuniones de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, al ser cuestionada tras la sesión, Rocha Medina reconoció que la comisión arranca con vacíos importantes: no cuentan con un diagnóstico sobre la situación de violencia contra periodistas en el estado, y fue la primera vez que escuchó la demanda del gremio sobre derechos laborales. “Es la primera vez que lo escucho. Pero sin ningún problema, si presentan alguna iniciativa, le damos el trámite necesario”, afirmó.

La diputada precisó además que la comisión es de carácter temporal y no ha contemplado convertirse en permanente. “No se ha pensado nada, es la primera instalación”, indicó. En la sesión estuvieron presentes Verónica Onofre Serment, coordinadora de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras, y Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.

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Congreso del Estado

Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP

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Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.

Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.

Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,

o que el sujeto activo sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, de seguridad privada o de las fuerzas armadas.

Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.

El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.

La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. 

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Diputado propone crear el Sistema Estatal de Cuidados en SLP

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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres

Por: Redacción

El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.

La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.

De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.

La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.

Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.

El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.

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