La presidenta de México reiteró su propuesta de mesa de trabajo con el gobierno del presidente Donald Trump en materia de seguridad y salud pública

Por: Redacción

Ante la imposición de aranceles por parte del Gobierno de los Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que México no busca una confrontación, sino que parte de la colaboración y del trabajo conjunto, por lo que reiteró al presidente de EUA, Donald Trump, la propuesta de establecer una mesa de trabajo entre ambos países en materia de seguridad y de salud pública, pero siempre con respeto a la soberanía nacional.

“México no quiere confrontación, partimos de la colaboración entre países vecinos, México no sólo no quiere que el fentanilo no llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar de forma integral, pero siempre bajo principios. Los principios de responsabilidad compartida; de confianza mutua; de colaboración; y sobre todo, respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no”

“Para ello el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al Presidente Trump, que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, el de seguridad y también el de salud pública. No es con imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos, esto se los quiero contar, lo hicimos así en las últimas semanas, con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con el respeto a los derechos humanos”, destacó a través de un video publicado en sus redes sociales.

Desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal rechazó categóricamente la calumnia hecha por La Casa Blanca de que el Gobierno de México tiene alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en territorio nacional.

“Rechazamos categóricamente la calumnia que hace La Casa Blanca al Gobierno de México, de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año”, detalló.

Como prueba de ello, expuso que la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA, por sus siglas inglés) de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reconoce que el 74 por ciento de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar estadounidense.

Resaltó que el Gobierno de México tiene una Estrategia Nacional de Seguridad, que atiende las causas y combate la impunidad, la cual en cuatro meses ha asegurado 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. Además, de que se ha detenido a más de 10 mil personas vinculadas con estos grupos.

En su mensaje, invitó al gobierno de Estados Unidos a focalizar sus esfuerzos e inteligencia en el combate a la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades y agregó que la epidemia de opioides sintéticos en EUA tuvo su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo cuya venta continúa autorizada en las farmacias estadounidenses.

“El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en Estados Unidos?”, cuestionó.

La mandataria le aseguró a las mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos que cuentan con la Presidenta de México y con un pueblo entero que los defiende y si desean regresar serán recibidos con los brazos abiertos.

“El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra. Les digo que aquí está su Presidenta, tenemos valentía y grandeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo”, resaltó.

Por ello, pidió al pueblo esperar la respuesta del presidente Trump a la propuesta que realizó el Gobierno de México y adelantó que en “La mañanera del pueblo” de este lunes, informará las primeras medidas del Plan B, en respuesta a la imposición de aranceles.

“Como decía Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, concluyó.

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APUNTES

Entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia, el Instituto de Fiscalización y el Ayuntamiento capitalino, hay fuego cruzado y no se avisora tregua.

Al respecto y si me lo permite, vamos poniendo las diéresis en las “us”, los puntos sobre las íes y las cartas sobre la mesa.

Quien encendió la hoguera, que hoy ya no saben controlar, fue el titular del Instituto de Fiscalización, Rodrigo Joaquín Lecortois, que desde diciembre pasado soltó una declaración precoz y maliciosa (en política lo que parece, es) respecto al monto y origen de supuestas y millonarias observaciones detectadas en las cuentas de algunos entes obligados pero al mismo tiempo haciendo un énfasis “velado” en el caso de la capital potosina.

Técnicamente y siendo muy “puristas” el titular del IFSE, no rompió ninguna norma y reglamento al hablar del tema, pero no le faltó nada para hacerlo y eso huele a imprudencia programada, a golpe sin que parezca golpe, y a la rienda suelta para la politización del asunto. Y así fue.

La postura del gobierno de Enrique Galindo por su parte, es la más simple: Primero ser notificados, segundo cumplir con el primer plazo para desahogo de observaciones (que terminó hoy) y usar los 60 días que restan y que marca la ley para que se sigan solventando las dudas y observaciones de cualquier índole y de cualquier tamaño.

Llamar, de cualquiera de las partes involucradas en este fuego cruzado, a la “no politización” del asunto no les queda. A ninguno. Ya están grandecitos.

El asunto es político por donde se le vea, y estando las cosas en el grado de tensión entre palacios, la intervención del IFSE en ese grado no puede creerse que sea obra ni de la casualidad ni de la “inocencia”. (¿O será que yo soy el único mal pensado?)

Están jugando a la bolsa de valores del descrédito, o al menos ese es el mensaje que están enviando. ¿De qué les sirve? Yo tengo mis teorías, pero la mejor opinión es la de Usted, mi Culto Público.

Entre tanto, los episodios declarativos y esgrimas verbales entre los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, específicamente entre el diputado presidente de dicha comisión, Fernando Gámez Macías y el legislador Marco Gama, vinieron a echar gasolina a la hoguera que inició en diciembre.

Por un lado, el legislador naranja puso de manifiesto que no se había tenido acceso al dictamen y se quejó del uso político de los “adelantos” a la opinión pública,

En contra parte, la narrativa del diputado Fernando Gámez se centró dos líneas: demostrar que desde diciembre pasado todos los integrantes pudieron revisar los dictámenes y querer quejarse en último de enero era demasiado tarde.

Le dijeron a Gama algo así como “tu no hiciste la tarea y yo no te presto la mía”.

Por otro lado, tanto Gámez como el Instituto de Fiscalización acuden al argumento de los nuevos tiempos y de la transparencia encima de la prudencia que corresponde al manejo de las observaciones, que apenas entran a una segunda etapa de desahogo por 60 días más, es decir, no es tiempo de acusaciones completas. Ni hay nadie con un pié fuera de su esfera.

El argumento fue reforzado por declaraciones de éste mismo sábado en la mañana por el diputado José Luis Fernández y el senador Gilberto Hernández Villafuerte, ambos del Partido Verde, que respaldan al diputado Fernando Gámez y a Rodrigo Joaquín Lecortois y tienen razón, nadie en su sano juicio está en contra de que se explique y transparente el uso de los recursos, sin embargo el modo en que lo están haciendo, estando las circunstancias como están, se presta por lo menos a interpretaciones.

Sin embargo, hay que ser muy claros: adelantado o no, precoz o no, politizado o no, prudente o no, filtrado o no, si el ayuntamiento capitalino y otros entes obligados tienen encima millonarias observaciones pues deben ponerse a trabajar, evitar la esgrima mediática de asuntos técnicos, cumplir en tiempo y forma, dar la cara, ser responsables y cumplir no solamente con los personajes al frente de las instituciones, sino asumir responsabilidad ética y moral que tienen con nosotros los ciudadanos.

Jorge Saldaña.

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El ex funcionario de Salud en el periodo de Juan Manuel Carreras llevará su proceso en prisión domiciliaria en respuesta a un amarpo para revocar la prisión preventiva

Por. Redacción

La defensa legal de Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí durante el periodo de Juan Manuel Carreras López, logró retirar la prisión preventiva justificada, por lo que se determinó que llevará su proceso en arraigo domiciliario.

Luego de una audiencia efectuada este sábado por un Tribunal de Alzada, el ex funcionario estatal abandonó el Centro de Reinserción Social de La Pila, luego de determinarse en la audiencia que deberá llevar el cumplimiento de su sentencia en resguardo domiciliario, por lo que no podrá salir de su domicilio durante el tiempo que dure el procedimiento, además de otras medidas cautelares que estableció.

El Tribunal de Alzada presidido por la jueza Claudia Hernández Ibarra, sesionó por casi cuatro horas, en la que se dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo 1646-2924

Miguel Ángel Lutzow Steiner fue detenido el 3 de mayo de 2022, acusado por ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría, por lo cual permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila; posteriormente, condenado desde el 7 de octubre de 2024 a cinco años y tres meses de prisión, una multa de 46 mil 046 pesos (equivalente a 530 UMAs), y la reparación solidaria del daño al erario público.

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