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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?
El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar
Por: Ana G Silva y Karina González
La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.
En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…
La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.
De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.
Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.
El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.
Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.
El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.
Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.
El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.
Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.
¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?
El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:
“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.
Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.
Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.
El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:
“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.
Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.
Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.
Lee también: Gobierno del Estado presentó su plan de recuperación económica para SLP
#4 Tiempos
Hagamos Fan Fest, eso lo paga el pueblo | Columna de Haniel Valdés
Acento Ajeno
La clase política potosina parece estar de acuerdo en una sola cosa: es hora de pelearse. Sin embargo para coordinarse y ahorrar dinero público, para cumplir promesas de campaña o terminar las obras conjuntas, para dialogar como adultos o políticos maduros, serios, profesionales, en lugar de andar tirando piedras con cuanta pregunta lanzan mis colegas del gremio, para eso: “no señor, no tenemos tiempo”.
El Mundial de 2026 está dejando una imagen que resume buena parte de la relación entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo: dos Fan Fest en la misma ciudad, financiados con recursos públicos distintos, promovidos por gobiernos distintos y dirigidos exactamente al mismo público, los potosinos.
Por un lado, el Gobierno del Estado adquirió un paquete de derechos de transmisión para llevar los partidos a San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Rioverde. Por otro, el Ayuntamiento capitalino firmó sus propios acuerdos para organizar transmisiones en Plaza del Carmen.
La pregunta es inevitable: ¿era realmente necesario dos fan fest en la capital del estado?
Porque más allá de los argumentos políticos o administrativos que cada autoridad pueda presentar, el resultado práctico fue que dos gobiernos sostenidos por los mismos contribuyentes terminaron desarrollando estructuras paralelas para ofrecer exactamente el mismo servicio: que los ciudadanos vieran partidos del Mundial en espacios públicos.
Pantallas, logística, promoción, personal operativo, actividades complementarias y derechos de transmisión. Todo por duplicado.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha transparentado completamente cuánto costaron los derechos de transmisión en cada caso. Se especula que mientras el Ayuntamiento capitalino gastó unos 11 millones, el “tetrapack” estatal superó los 60 millones.
Estas cifras pueden o no ser ciertas, pero lo que sí se conoce es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado comprometieron millones de pesos en contratos relacionados con sus Fan Fest destinando recursos para un mismo esquema de transmisiones mundialistas, solo que en dos plazas distintas.
El problema no es que existan eventos para acercar el Mundial a la gente. Eso puede justificarse perfectamente. El problema es la ausencia de coordinación institucional.
¿Alguien analizó cuánto habría costado un solo gran Fan Fest respaldado por ambas administraciones?
¿Alguien calculó cuánto dinero público se habría ahorrado compartiendo infraestructura, producción y permisos?
¿Alguien explicó por qué era mejor tener dos proyectos compitiendo entre sí en lugar de uno complementario?
La impresión que queda es incómoda: la rivalidad política terminó pesando más que la eficiencia administrativa.
Mientras los discursos oficiales hablan de unidad, promoción turística y convivencia familiar, las decisiones muestran otra cosa. Muestran dos gobiernos empeñados en demostrar quién podía organizar el mejor evento, aunque eso implique gastar más recursos públicos de los necesarios.
Yo veo dos niños pequeños, organizando su cumpleaños y peleados por ver quien hace la fiesta más linda. ¿El problema? Como los niños son de la misma familia, el dinero sale de la misma bolsa y los invitados son exactamente los mismos “amiguitos”.
El Mundial dura unas semanas. Las consecuencias de gastar sin coordinación permanecen mucho más tiempo.
Porque el dinero utilizado para financiar proyectos paralelos no pertenece ni al gobernador ni al alcalde. Pertenece a los ciudadanos.
Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si realmente era indispensable pagar dos veces por lo mismo.
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SLP podría tener vuelos directos a España y Mazatlán
La ruta a España sería una de las conexiones internacionales más ambiciosas para el aeropuerto potosino, declaró la titular de Sectur
Por: Redacción
San Luis Potosí podría sumar en los próximos años nuevas conexiones aéreas nacionales e internacionales. La aerolínea Volaris ya realiza estudios para evaluar la viabilidad de abrir vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hacia Mazatlán y Madrid, confirmó la titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.
La funcionaria explicó que la empresa se encuentra en la fase de análisis de aforo de pasajeros y demanda potencial para determinar si ambas rutas pueden operar de manera rentable desde la entidad.
Cepeda Echavarría destacó que existe disposición de las aerolíneas para explorar destinos que actualmente no cuentan con conexión directa desde San Luis Potosí, lo que representa una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea del estado y atraer un mayor número de visitantes.
Uno de los proyectos que genera mayor expectativa es la eventual ruta directa entre San Luis Potosí y Madrid, la cual abriría una puerta estratégica hacia el mercado europeo.
“Estamos haciendo todo lo necesario para atraer este tipo de vuelos”, afirmó la secretaria, quien señaló que el Gobierno estatal trabaja paralelamente en la promoción turística internacional para posicionar a San Luis Potosí como un destino atractivo para visitantes españoles.
La funcionaria explicó que la estrategia busca generar las condiciones necesarias para que una conexión aérea de este tipo tenga demanda suficiente tanto para viajeros de negocios como para turistas.
Además de los proyectos relacionados con el aeropuerto de la capital, Cepeda Echavarría informó que también existen avances para fortalecer la conectividad en la Huasteca potosina.
Detalló que en el Aeropuerto Nacional de Tamuín se encuentran en trámite dos posibles rutas aéreas que podrían iniciar operaciones una vez concluida la ampliación de la pista, proyecto que actualmente enfrenta retrasos debido a la adquisición de un terreno necesario para completar la obra.
La negociación, indicó, es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y presenta avances positivos. De concretarse, la ampliación de la pista podría quedar concluida e inaugurarse a más tardar en 2029, permitiendo la llegada de nuevas operaciones aéreas a la región.
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“Yo puedo vestir lo que quiera”: diputado del PT justifica reloj Cartier
Tomás Zavala defendió sus relojes de lujo asegurando que es un “empresario exitoso”, pese a representar a un distrito con altos niveles de pobreza y mantener una actividad legislativa cuestionada
Por: Redacción
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, salió a defender el uso de un reloj Cartier valuado en hasta 380 mil pesos y aseguró que no tiene por qué ocultar su estilo de vida, pues afirmó que su fortuna proviene de sus negocios y no del servicio público.
Luego de que se exhibiera públicamente el accesorio de lujo, el legislador minimizó las críticas y sostuvo que puede usar “lo que quiera” porque, según dijo, todo lo ha ganado trabajando como empresario.
“Yo puedo vestir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado”, declaró.
Zavala incluso reconoció que además del Cartier también utiliza relojes Rolex y afirmó que posee esos artículos desde hace años, aunque evitó dar detalles sobre el tamaño real de sus negocios.
“No te voy a decir todos”, respondió cuando se le pidió precisar sus empres as y fuentes de ingresos.
El diputado argumentó que la austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación debería aplicarse únicamente a “políticos que engañan al pueblo” , deslindándose así del discurso que Morena y sus aliados han impulsado en los últimos años.
“La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque soy un empresario exitoso”, insistió.
Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que Zavala representa a una zona con importantes niveles de rezago social y porque su desempeño legislativo ha sido señalado por mantener baja participación en tribuna y escasa presencia en iniciativas de alto impacto público.
Pese a ello, el legislador sostuvo que fue elegido por la ciudadanía y negó cualquier incongruencia entre portar artículos de lujo y ejercer un cargo público.
“Yo aquí estoy porque el pueblo me eligió y vengo a servir al pueblo. Ya les dí un poco de entrevista, aquí estamos a la orden, aquí hay un amigo diputado”, concluyó.
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