julio 21, 2026

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

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PAN rumbo a la alcaldía: los cuatro perfiles en disputa

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El proceso interno reúne a una senadora que también dirige el partido, un legislador con cuatro periodos y una derrota previa por este mismo cargo, un diputado federal respaldado por una familia de larga presencia panista, y un empresario que lleva el apellido del único gobernador que el PAN dio a San Luis Potosí

Por: Redacción

El Partido Acción Nacional abrió formalmente la disputa por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí en 2027. Cuatro perfiles se registraron para la contienda interna: la senadora Verónica Rodríguez Hernández, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, el diputado federal David Azuara Zúñiga y el empresario Marcelo de los Santos Anaya. El registro cerró esta semana. La definición del candidato o candidata se espera después del 31 de agosto, mediante un proceso que incluye foros y una encuesta cuyos detalles deberán acordarse con un delegado del Comité Ejecutivo Nacional que llegará la próxima semana.

La selección que haga el PAN no produce todavía una candidatura formal para la elección de 2027: lo que está en juego es la coordinación municipal del partido en la capital, la posición que servirá de plataforma para quien resulte elegido. Las reglas del proceso deberán garantizar condiciones iguales para los cuatro — aunque al menos uno ya lo pidió antes de que comenzara. El diputado Guajardo advirtió el martes que la llegada del delegado del CEN es necesaria para que haya “cancha pareja“. La razón es evidente: uno de sus rivales es la dirigente estatal del propio partido.

El blanquiazul no planea ir en coalición. “Para 2027 el PAN va solo”, afirmó Guajardo.

Verónica Rodríguez: la senadora que también dirige el partido

Verónica Rodríguez Hernández llega a la contienda desde la posición más poderosa dentro del PAN potosino. Es senadora de la República desde 2024 — llegó al cargo por el principio de primera minoría como candidata de la coalición PAN, PRI y PRD — y preside el Comité Directivo Estatal del PAN desde 2021.

En el Senado encabeza la Comisión de Participación Ciudadana e integra las de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Educación y Jurisdiccional. Antes de llegar al Senado fue regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo 2018-2021 — la única de los cuatro aspirantes con experiencia directa en el cabildo capitalino. Es licenciada en Derecho y cuenta con dos maestrías: una en Administración con énfasis en Gestión Pública y otra en Gobierno y Políticas Públicas.

Su trabajo legislativo en el Senado apunta hacia lo que podría ser su agenda municipal. La Comisión de Participación Ciudadana que preside se ocupa de mecanismos de consulta, gobierno abierto y transparencia — temas que en el nivel municipal se traducen en rendición de cuentas del Ayuntamiento, acceso a la información y canales formales de participación vecinal. Combinada con su paso previo por el cabildo y su formación especializada en políticas públicas, el perfil que proyecta es el de una gestora institucional enfocada en el diseño de gobernanza local.

Su reelección como dirigente estatal en 2025 no fue sin tropiezos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir parte del procedimiento por irregularidades en la aprobación del método de selección. El Consejo Estatal la ratificó en junio de 2025 para el periodo 2025-2027, tras reponer el proceso.

Para participar en la contienda interna pedirá licencia a la presidencia del Comité Directivo Estatal — pero no a su curul en el Senado. El secretario general, Enrique Dahud Uresti, asumirá la dirigencia estatal de forma interina.

David Azuara: el más votado en 2024 y el apellido familiar como segundo activo

David Azuara Zúñiga es diputado federal por el Distrito 5 de San Luis Potosí — el que comprende la capital. Ganó la elección de 2024 como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD con 101 mil 795 votos, el resultado electoral más amplio de los cuatro aspirantes.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de llegar a la Cámara de Diputados trabajó como coordinador administrativo de la oficina de regidores del Ayuntamiento capitalino durante el periodo 2018-2021 — lo que lo ubica, como a Rodríguez, con conocimiento directo de la operación municipal, aunque desde la estructura administrativa y no desde el cabildo.

Se desempeña también como vocero de la Fundación Somos Potosí, que distribuye productos básicos para el hogar, útiles escolares y servicios a precios reducidos. El trabajo de la fundación apunta hacia una agenda de servicios sociales de base — acceso a bienes esenciales, economía doméstica — que podría trasladarse a una plataforma municipal orientada a programas de apoyo directo.

La huella legislativa de Azuara en la Cámara es aún corta: lleva menos de dos años en funciones. Lo que tiene, en cambio, es capital político familiar. Su hermano Xavier Azuara Zúñiga fue presidente estatal del PAN, diputado local y diputado federal — y representó el mismo Distrito 5 federal entre 2012 y 2015. David ganó ese mismo distrito en 2024 con la votación más alta de los cuatro. Ese es su argumento central: sabe ganar donde más importa ganar.

Rubén Guajardo: cuatro legislaturas, una derrota previa y una agenda municipal clara

Rubén Guajardo Barrera es el participante con el mayor número de periodos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ha sido diputado local en cuatro legislaturas: 2012-2015, 2018-2021, 2021-2024

y la actual, que concluye en 2027. Representa el Distrito 5 local, coordina el grupo parlamentario del PAN y presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso en el último año de la legislatura anterior. En 2024 ganó su cuarto periodo con 45 mil 500 votos.

Lo que más diferencia a Guajardo de los otros tres no es solo la acumulación de años: es que la alcaldía capitalina ya estuvo en su radar. En el proceso electoral de 2024, buscó encabezar la candidatura de la coalición opositora al Ayuntamiento. Como dentro del acuerdo de coalición la postulación correspondía al PRI, participó en el proceso de ese partido junto con Enrique Galindo Ceballos. Galindo obtuvo la candidatura y fue reelegido alcalde. Guajardo regresó al Congreso.

Su huella legislativa da las pistas más claras sobre lo que propondría al frente del Ayuntamiento. En la actual legislatura promovió la derogación de la “Ley Serrano” — el paquete de delitos ligados al uso de inteligencia artificial que generó críticas por su alcance sobre la libertad de expresión — y presentó esta semana un exhorto para que los 56 municipios de SLP que aún no operan el sistema de justicia cívica lo incorporen a sus presupuestos de 2027 antes de que cierren el ciclo legislativo de egresos.

La justicia cívica es un modelo de gestión municipal: resolver conflictos menores — ruido, acumulación de basura, maltrato animal, choques leves — sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía con este tipo de problemas”, dijo Guajardo al presentar el exhorto. Es también integrante de la Primera Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso estatal. El perfil que proyecta hacia la alcaldía: ejecutor de gobierno, con énfasis en estructura normativa, finanzas locales y seguridad preventiva.

El dato político que complica su panorama lo dijo él mismo: compite contra quien preside el partido que definirá las reglas. Por eso pidió árbitro externo.

Marcelo de los Santos: el empresario con el apellido que el PAN no olvida

Marcelo de los Santos Anaya es el único de los cuatro sin antecedentes en un cargo de elección popular. Se registró en el proceso como aspirante ciudadano — la figura que el PAN admite en su proceso interno — y viene de la iniciativa privada: es contador público certificado y socio director del despacho Marcelo de los Santos y Compañía, firma fundada por su padre.

Ha sido el más explícito en su agenda para la capital: seguridad, movilidad y abastecimiento de agua como ejes de gobierno. Ha propuesto también construir una alianza opositora amplia y utilizar encuestas para definir candidaturas — posición que contrasta con la de Guajardo, quien fue tajante: el PAN irá solo en 2027.

El antecedente que más pesa en su perfil no es propio sino heredado. Es hijo de Marcelo de los Santos Fraga, presidente municipal de San Luis Potosí entre 2000 y 2003 y gobernador del estado de 2003 a 2009 — el primero y hasta ahora único gobernador que el PAN ha dado a San Luis Potosí.

Guajardo lo señaló sin nombrarlo el martes: “Ayer se presentó un candidato que no está afiliado al PAN. Las puertas están abiertas.” Sin estructura legislativa propia ni militancia formal, De los Santos Anaya llega al proceso con un apellido que el PAN potosino reconoce como fundacional y con una agenda concreta, pero sin la base territorial ni los votos propios que acreditan sus tres rivales. Si gana, llega al Ayuntamiento sin deuda con el aparato. Si pierde, el aparato no le debe nada a él.

El proceso que viene

La definición no ocurrirá antes del 31 de agosto. El delegado del CEN llegará la próxima semana para acordar el formato de los foros y los detalles de la encuesta que servirá de base para la selección.

Lo que el proceso medirá: cuatro perfiles con activos que no se superponen. Rodríguez es la única con experiencia directa en el cabildo capitalino y encabeza el partido estatal. Guajardo tiene cuatro periodos legislativos, una derrota que conoce el terreno y la agenda municipal más articulada. Azuara tiene la votación más reciente donde más importa y un apellido familiar de peso propio. De los Santos tiene el apellido más conocido en la historia del PAN potosino y la agenda más concreta en temas de ciudad.

Su trabajo será convencer a los cuatro de que las reglas son parejas. 

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Páginas que exhiben el alcoholímetro ponen vidas en riesgo: Villa

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El secretario Villa acusó que hay páginas que difunden las ubicaciones para que los conductores las evadan

Por: Redacción

Las páginas de redes sociales que difunden las ubicaciones de los puntos de conducción segura buscan que los conductores los evadan y atentan contra el objetivo del operativo: evitar pérdidas de vidas, acusó Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.

“No es un tema recaudatorio (…) es un tema netamente preventivo”, afirmó el funcionario, quien ofreció como prueba el protocolo de la corporación: a los conductores detectados en estado de ebriedad no se les sanciona en el punto, sino que se llama a sus familiares para que acudan por ellos.

Villa insistió en que el propósito del operativo es evitar muertes, daños materiales y riesgos para terceros, por lo que reprochó a quienes anuncian en redes los puntos de revisión con la finalidad de que los automovilistas los esquiven.

En el corte más reciente —de jueves a domingo—, alrededor de 11 personas en estado de ebriedad fueron entregadas a sus familiares, quienes acudieron tras la llamada de la corporación. Los puntos de conducción segura operan cada semana desde el jueves.

El operativo cerró un fin de semana marcado por la final del Mundial en la Plaza del Carmen —con saldo blanco y más de 250 mil asistentes acumulados en la actividad mundialista— y por el accidente mortal de un joven en moto eléctrica en el distribuidor Juárez, que derivará en el veto a esos vehículos en el nuevo reglamento de tránsito.

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SLP creció en exportaciones, pero avanzó por debajo del promedio nacional

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Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones del estado aumentaron 3.8%, mientras que a nivel nacional el crecimiento fue de 17.9%

Por: Redacción

Las exportaciones de San Luis Potosí registraron un crecimiento anual de 3.8% durante el primer trimestre de 2026; sin embargo, el desempeño de la entidad quedó por debajo del promedio nacional, que alcanzó un incremento de 17.9%, de acuerdo con las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre enero y marzo de este año, las empresas establecidas en el estado exportaron mercancías por un valor de 6 mil 268.4 millones de dólares, lo que permitió a San Luis Potosí conservar el noveno lugar nacional entre las entidades con mayor volumen de exportaciones. Además, el estado aportó 4% del valor total de las ventas al exterior realizadas por el país durante el periodo.

Aunque la entidad permaneció dentro del grupo de las diez economías exportadoras más importantes de México, su ritmo de crecimiento fue considerablemente menor al observado en otras entidades. Mientras San Luis Potosí avanzó 3.8%, estados como Chihuahua registraron un crecimiento de 69%, Jalisco de 106.6% y Zacatecas de 56.4%, impulsando el promedio nacional.

Uno de los indicadores más relevantes para la e conomía potosina fue el desempeño de la industria del transporte. El informe del INEGI ubica a San Luis Potosí como el cuarto mayor exportador nacional de equipo de transporte

, con ventas por 4 mil 505.1 millones de dólares
, equivalentes al 9.3% de todas las exportaciones mexicanas de este subsector. Únicamente Coahuila, Guanajuato y Nuevo León registraron un mayor valor de exportaciones en esta industria.

Este resultado refleja el peso que mantiene la industria automotriz instalada en la entidad, donde operan armadoras y empresas proveedoras de autopartes que abastecen principalmente al mercado internacional y continúan siendo uno de los principales motores de la actividad económica estatal.

El reporte también confirma que la economía exportadora de San Luis Potosí depende casi por completo del sector industrial. Durante el primer trimestre, 99.9% del valor de las exportaciones correspondió a productos manufacturados, mientras que las exportaciones agropecuarias sumaron apenas 2.2 millones de dólares. En el periodo analizado, el INEGI no reportó exportaciones del sector minero para la entidad. Asimismo, las exportaciones manufactureras registraron un crecimiento anual de 4%, consolidándose como el principal soporte del comercio exterior potosino.

A nivel nacional, el valor de las exportaciones de las entidades federativas ascendió a 158 mil 117.5 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026. El sector manufacturero concentró 92.3% del total exportado, seguido por la minería, con 4.8%, y las actividades agropecuarias, con 2.9%, lo que confirma que la industria manufacturera continúa siendo el principal motor del comercio exterior mexicano.

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