abril 28, 2026

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

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Ciudad

La radiografía moral de una ciudad a través de sus esquinas. Primera Parte

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Reportaje histórico, político y urbano de la nomenclatura potosina

«No nos une el amor sino el espanto;

será por eso que la quiero tanto.»

Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en El otro, el mismo (1964)

Por: Jorge Saldaña.

Caminar por San Luis Potosí es, sin que uno se dé mucha cuenta, un acto de paciencia historiográfica. Uno cree que va a comprar el pan, pero en realidad atraviesa cuatro siglos, tres regímenes, una revolución y una pulquería desaparecida. La esquina —esa institución tan mexicana— se vuelve aquí un libro abierto al que le faltan páginas, le sobran portadas y sostiene memorias cono nombres hechas de azulejo, metal o placa, que de no nombrarse ahí, nadie más las nombraría y menos las recordarían.

Lo cuento como periodista urbano, también como ciudadano y no como acusador. Esto no es una denuncia: es una caminata. Una caminata larga, tropezada y deliciosa por un casco antiguo donde una sola vía recta puede llamarse «Mariano Arista» en una placa, «ARISTA» en la siguiente y, dos cuadras más allá, «GRAL. M. ARISTA», todo en distintos materiales, todo igual de oficial, todo igual de imposible. Un solo general, tres nombres; un solo cabildo pero ningún acuerdo.

El estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura y el «Diccionario histórico de las calles de San Luis Potosí» de don Arcadio Castro Escalante —en su libro «Por las viejas calles de aquel San Luis»— dejaron consignado lo que aquí se cuenta con prosa de domingo: que la nomenclatura de esta ciudad es un palimpsesto -esos manuscritos en pergamino que conservan huellas de una escritura anterior-  al igual que nuestro centro, en cada placa hay un héroe encima de un pordiosero, un revolucionario encima de un cura, una avenida encima de una zanja. Y que la abuela, terca, sigue diciendo «La Corriente» cuando el plano oficial dice «Reforma» desde hace ya un siglo.

El verso de Borges con que se abre este reportaje no es decorativo. Es la llave. Porque si hay una manera de querer a las ciudades, esa manera es contradictoria: las queremos por lo que nos avergüenza de ellas. Las queremos por su desorden, por su terquedad, por su modo de no obedecer. San Luis Potosí entra en esa categoría con orgullo. Es una ciudad que se ama, en parte, por su incapacidad para ponerse de acuerdo consigo misma.

De los apodos a los apellidos

En 1828, recién consumada la Independencia, el Ayuntamiento potosino se topó con un problema simpático y propio de la época: necesitaba bautizar oficialmente sus calles, pero no tenía a quién honrar. A los españoles ya no se les quería —era demasiado pronto—, y los héroes nacionales todavía no alcanzaban para tantas esquinas. La solución fue salomónica y muy mexicana: dejar los apodos populares y ponerle apellido de vecino distinguido a lo que faltara.

Así se inauguró, sin saberlo, la primera ley no escrita de la nomenclatura potosina: la calle no se nombra, la calle se hereda. Hereda al insurgente cuando llega la Independencia, hereda al liberal cuando llega la Reforma, hereda al revolucionario cuando llega 1914 —el año bisagra, el del gran rebautizo— y hereda al fraccionador cuando llega el siglo XXI con sus colonias bautizadas con nombres de árboles que aquí no crecen.

Antes de 1828, sin embargo, las calles ya tenían nombre: solo que el nombre lo ponía el barrio, no el cabildo. La calle de la Cruz se llamaba así porque había una gran cruz divisoria entre la ciudad y la villa de San Miguelito. La de las Bóvedas porque allí se levantaron las primeras casas con techo abovedado. La del Arenal porque las lluvias de La Merced llenaban de arena la cuadra. La de los Burros porque los arrieros amarraban sus bestias antes de bajar a la Plaza de Armas. La de la Tamalera porque ahí vivía una mujer cuyos tamales eran de gran demanda.

Estos nombres, hoy reemplazados por placas con apellidos solemnes, eran en realidad un primer sistema completo y eficaz. Funcionaba etnográficamente: nombraba lo que estaba, no lo que se quería honrar. Era una nomenclatura sin proyecto político, asentada en la observación cotidiana. Por eso, cuando el cabildo intentó imponer apellidos en 1828, lo hizo sobre un sustrato vivo que ofreció resistencia silenciosa. La gente siguió diciendo «La Tamalera» mientras la placa decía «Julián de los Reyes».

La cuadra como unidad onomástica

Hasta bien entrado el siglo XIX, una vía recta no tenía un nombre: tenía tantos nombres como cuadras. La calle Iturbide, por ejemplo, en 1864 se desplegaba en ocho identidades distintas: «Ciprés», «Palaus», «Chino o Clima», «Filantropía», «Guayabo», «Mora», «Cocheros» y «Chica». La calle Vallejo se dividía en cinco: «Remedios», «Las Recogidas», «Plaza de Las Recogidas», «Lucero» y «San Miguelito». Manuel José Othón —el poeta— caminaba de niño por una vía que cambiaba cinco veces de nombre.

La avenida Carranza es el caso emblemático. En 1864 era cinco calles distintas en una sola línea: «La Cárcel» las dos primeras cuadras, «Maltos» las dos siguientes, «El Elefante» la quinta, y todo el resto «Real de Tequisquiapan». Cinco nombres, una traza. Hoy es una sola Carranza —liberal, rectísima, peatonal en su tramo histórico— pero quien camine por ahí está caminando, sin saberlo, sobre el rastro de un elefante, una cárcel y un señor de apellido Maltos del que no quedó memoria.

«Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras […], surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos.»

Italo Calvino, Las ciudades invisibles (1972)

Calvino no escribió sobre San Luis Potosí, pero pudo haberlo hecho. Su descripción de Zaira describe con exactitud lo que cualquier potosino ve al levantar la cabeza en una esquina del primer cuadro: la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene. Lo carga en cada placa que no se quitó, en cada rótulo que se dejó conviviendo con el nuevo, en cada rincón donde el catastro y la abuela difieren y nadie se atreve a darle la razón a uno solo de los dos.

Esta lógica de los muchos nombres por cuadra tenía sentido en una ciudad pequeña. Cada tramo coincidía con un edificio característico, una anécdota memorable, un vecino famoso. Cuando la población creció y la administración pública se profesionalizó, ese sistema se volvió insostenible. Una calle con siete nombres no se puede catastrar, no se puede cobrar predial, no se puede patrullar. La unificación llegaría —y llegaría con una ideología.

Las cuatro fechas bisagra

La nomenclatura de San Luis Potosí no cambió de una vez. Cambió en oleadas, y cada oleada lleva la firma del régimen que la promovió. Cuatro son las fechas que conviene memorizar:

  1. 1828: primera nomenclatura oficial. Es la ola del cabildo independiente. Domina la mezcla de apellidos distinguidos y nombres triviales, por escasez de héroes.
  2. 1860–1870: primera ola liberal. Tras las Leyes de Reforma, aparecen Galeana, Morelos, Hidalgo, Allende sustituyendo nombres conventuales y virreinales. Es el primer barrido ideológico.
  3. 1914: el gran rebautizo revolucionario. La nomenclatura moderna —Carranza, Obregón, Madero, Zapata, 5 de Mayo— se impone sobre los antiguos nombres por cuadra. Es el momento más drástico: lo que había tardado tres siglos en sedimentar se sobrescribió en pocos años.
  4. 1930: ola posrevolucionaria. Aparecen nombres de gobernadores y políticos locales (Julián Carrillo, Francisco Alcalde, Ildefonso Díaz de León). La memoria estatal entra a competir con la memoria nacional.

Si uno camina hoy el centro y lee placa por placa, está leyendo —en estricto rigor— la geología política de la ciudad. La capa más profunda es colonial: convento, virgen, cruz. La siguiente, decimonónica: apellido distinguido, anécdota local. Encima, la liberal: insurgente. Encima, la revolucionaria: jefe armado. Encima, la postrevolucionaria: gobernador. Y en los fraccionamientos nuevos, la capa contemporánea: árbol exótico, flores, montañas y cordilleras. Cinco capas, una ciudad.

La memoria popular como capa subterránea

Hay una capa más, sin embargo, que ningún régimen logró borrar: la oral. Las placas también hablan de lo que el poder quiso olvidar. La calle de Las Manitas —hoy un tramo de Abasolo— se llamó así porque ahí enterraron las manos de un homicida. La de Las Cruces —hoy un tramo de Universidad— porque dos hombres se mataron mutuamente y se les puso cruces en el sitio. Estos nombres no entraron a la oficialidad porque la oficialidad prefiere héroes; pero la oralidad los recuerda. La calle, otra vez, no se borra: se tapa.

Y hay nombres populares que sí lograron permanecer, contra todo pronóstico. La calle Juan del Jarro lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, un pordiosero potosino del siglo XIX, vestido de harapos y con un jarro al hombro para pedir agua y comida. Se le atribuían dotes adivinatorias; la gente lo consultaba sobre fechas de muerte y matrimonios futuros, y atinaba lo suficiente para volverse leyenda. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene placa oficial. Cosa rara, cosa potosina, cosa hermosa.

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Ciudad

Galindo ve “mano negra” en conflicto por predio de Puerta de Piedra

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El Ayuntamiento propuso habilitar un terreno contiguo como parque urbano, con obras incluidas, pero no hubo respuesta del grupo inconforme

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que existen “manos negras” detrás del conflicto por el predio municipal en el fraccionamiento Puerta de Piedra, luego de que un grupo de vecinos promoviera un amparo para frenar su subasta.

El edil sostuvo que la oposición al proyecto dejó de tener lógica tras haber ofrecido alternativas formales a los inconformes, incluyendo la habilitación de otro terreno contiguo como parque urbano.

“No sé de quién, pero hay dos manos negras. Yo no me la creo. Si te ofrecen otro terreno, con iluminación, cercado y árboles, y no hay respuesta, entonces esto ya salió de la razón lógica”, declaró.

Galindo afirmó que el Ayuntamiento mantuvo diálogo con el grupo y respondió por escrito a sus peticiones, pero acusó que, en lugar de continuar con las negociaciones, optaron por judicializar el caso.

Además, rechazó que el proceso de subasta haya sido suspendido en su totalida

d, como han señalado integrantes del colectivo, al insistir en que el tema se encuentra en litigio y que el Cabildo aprobó la desincorporación de los predios conforme a la ley.

“No se hubiera subastado si no tuviera las condiciones legales. Fue aprobado por unanimidad”, sostuvo.

En contraste, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra ha defendido el amparo interpuesto el pasado 13 de marzo, el cual fue admitido el 10 de abril por un juez, quien ordenó la suspensión del proceso de subasta de al menos 18 predios mientras se analiza el caso.

La audiencia constitucional del caso está programada para el próximo 8 de mayo, fecha en la que se definirá si el proceso de subasta puede continuar o si se confirma la protección legal de los predios.

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Afirma SSPC que la violencia se incrementa con el calor

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El secretario Juan Antonio Villa reveló que con la temperatura la gente se vuelve más irritable, además de que aumenta el consumo de alcohol

Por: Redacción

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que han encontrado una correlación entre el incremento de actos de violencia y el aumento en las temperaturas.

Explicó que el calor genera que mucha gente se vuelva más irritable, por lo que en lugares muy cerrados o en casas pequeñas donde se exponencía la sensación térmica, crecen los incidentes de violencia, como puede ser la familiar.

Asimismo, en esta temporada se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que las personas tienden a embriagarse más, y “se ponen violentos” contra las personas a su alrededor.

Añadió que ante esta situación, han reforzado la seguridad para prevenir estos delitos, instruyendo al Agrupamiento Especial para Atención de Violencia de Género a tratar de manera inmediata los reportes.

Comentó que en la última semana atendieron 14 denuncias de este tema, de las cuales, cuatro resultaron procedentes, con los involucrados siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

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