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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?
El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar
Por: Ana G Silva y Karina González
La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.
En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…
La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.
De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.
Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.
El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.
Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.
El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.
Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.
El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.
Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.
¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?
El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:
“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.
Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.
Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.
El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:
“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.
Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.
Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.
Lee también: Gobierno del Estado presentó su plan de recuperación económica para SLP
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Comisión para tres. El gremio de nadie. Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la comisión sin gremio:
Bien dice el refrán, “Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”.
¿Por qué lo digo? Porque resulta que hoy en SLP cualquiera se puede poner un gaffete, agarrar un micrófono, patear puertas, y circular comunicados sin nombre, para hablar en nombre de “todos los periodistas” (…achis)
Con la pena, pero yo zafo, a mí no me preguntaron, y más allá: Ni ellos ni nadie me representa. Y si alguien tiene que hablar, protestar, negociar o pelear por mí, pues muchas gracias, pero yo solito puedo. Ni Omar, ni Anahí, ni Ana Dora son mis líderes ni mis representantes.
Seamos claros: Una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta es usar el oficio como pasamontañas político (Y ustedes saben perfectamente que hablo de Sánchez Zumaya, autor intelectual de una “manifestación” que si bien es legal y válida, también es muy chapucera, porque no defienden lo que dicen, su objetivo no es proteger al gremio, su objetivo ulterior es tener una razón para desgastar al poder. ¿Les salió bien?
Sí. Y de una vez se los adelanto para quien quiera escucharlo: De no ser más inteligentes, les van a repetir estas manifestaciones, van a reunir a “mil y un causas” (pagadas) para instalar una narrativa de polarización con fines políticos usando a ingenuos…y hasta en nombre de los periodistas
En mi opinión, el Congreso lo hizo mal: después de la tormenta creó una comisión para atender “periodistas” sin saber primero quiénes son…a ver: ¿tienen un padrón?, ¿hay examen? ¿cómo se entra a esa lista que no existe?
Entonces, si la comisión es para dialogar con el gremio, pues primero que resuelvan quién y cómo se pertenece o no al mismo, de otra forma habrá -siempre- quien se sienta no incluido.
Ahora bien, que si la comisión es para atender a Omar, Anahí y Ana Dora… pues que le pongan así a la comisión y ya, sin tanta ceremonia republicana.
Respecto a la “indignación” sobre la inclusión de Héctor Serrano y Sara Rocha en la dicha comisión atendedora, hace falta ser muy estúpido para no ver que esa indignación es justo lo que quería el diputado Serrano: le regalaron el mejor argumento (y hasta los hizo pensar que era idea de ustedes) para lavarse las manos y salirse del ojo del huracán.
Si con ellos es la inconformidad, ¿para qué hablar con alguien más?
Yo prefiero arreglarme con el que me chocó el carro, que con su pariente que ni en el carro iba…digo.
¿Soy “pro-Serrano? No. ¿Estoy a favor de la ley Serrano? No.
Soy anti ignorancia, soy anti ingenuidad, soy anti manipulación del Huasteco y su vocero, soy anti el uso de la IA para arruinar vidas y que los autores de ello sean defendidos por Artículo 19 usando como bandera para el colapso público y familiar de cualquiera, la “Libertad de Expresión”.
Soy anti supuestos medios “anónimos” *como Emisor, Central San Luis, No nos van a callar (las dos) el blog de la policía y muchos otros que son propiedad del que se llama “el más bueno, el más íntegro y más puro de los periodistas”, mientras escribe insultos en las sombras, hace periodismo militante en lo público y saca sus complejos en lo oscurito. (Mañana me insulta, se los apuesto 2 a 1)
Eso se llama hipocresía, se llama cobardía. (y mándenle captura si quieren, no es grilla y yo si lo digo de frente y lo firmo)
¿La ley en cuestión tiene que ser reformada para ser precisa y útil para todos y no solamente para el poder?Definitivamente.
Pero de eso, a que quieran utilizar la conversación pública para intentar manipular los hilos de la narrativa en favor del “amparado del PT” que les mata el hambre…pues caray, que mal están jugando.
Lo peor es que además, se están tomando decisiones que, contrario a poner las cosas en su lugar, están fomentando absurdos como el que estamos viendo y haciendo tierra fértil para que lo verdaderamente importante se desvirtúe
Somos más, los que no somos imbéciles
Para ser bueno o ser malo solo hace falta no pensar más allá de las narices. Preguntarse ¿respecto de qué se es lo uno o lo otro? es otra cosa.
Yo soy Jorge Saldaña
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Secretaría del Trabajo pide a empresas abrir espacio a jóvenes
El secretario Crisógono Sánchez Lara dijo que muchos jóvenes buscan empleo temporal en vacaciones para costear su próximo ciclo escolar
Por: Redacción
El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Crisógono Sánchez Lara, pidió a las empresas de San Luis Potosí abrir espacio a los jóvenes que buscan empleo durante el periodo vacacional, muchos de los cuales necesitan recursos para inscribirse al próximo ciclo escolar.
Sánchez Lara explicó que la Secretaría del Trabajo mantiene un esquema de colaboración institucional con empresas para canalizar a jóvenes hacia las vacantes disponibles, a partir de su currículo y del perfil que buscan las compañías.
“Las puertas de la Secretaría están abiertas para poder nosotros, a través de la inclusión, incidir entre las mismas empresas, llevando el currículo de por medio, y con eso lo encauzamos con las propias empresas, y ver qué perfil traen para que se puedan hacer incorporados”, dijo el funcionario.
La pregunta sobre esta práctica surgió porque algunas empresas enfrentan rotación cuando los jóvenes contratados por temporada vacacional se van después de algunos meses, lo que afecta la operación de los negocios. Sánchez Lara no ofreció una respuesta específica sobre cómo mitigar ese efecto, más allá de reiterar la disposición de la Secretaría para vincular perfiles con las vacantes disponibles.
El secretario evitó dar una cifra exacta de cuántos jóvenes se integrarán este año al mercado laboral temporal, aunque dijo esperar “una captación fuerte” de estudiantes que buscan trabajar durante las vacaciones.
Sánchez Lara mencionó también un programa estatal —sin precisar su nombre completo en la entrevista— que permite a jóvenes trabajar y estudiar al mismo tiempo, y que, según dijo, en algunos casos les asegura un empleo en la misma empresa una vez que concluyen sus estudios.
El funcionario señaló que el objetivo de la dependencia es que los jóvenes potosinos consigan empleo dentro del estado y no tengan que buscarlo en otras entidades, aunque aclaró que San Luis Potosí también recibe a personas de otros estados que buscan trabajo.
También lee: SLP frena caída de empleo en mayo frente al año pasado
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La UASLP aplica examen de admisión a casi 15 mil aspirantes
Medicina vuelve a encabezar la lista de las carreras más solicitadas, seguida por Derecho, Contabilidad, Psicología, Economía e Ingeniería
Por: Redacción
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aplica este viernes el examen de admisión a cerca de 15 mil aspirantes, de los cuales solo 7,800 obtendrán un lugar en las licenciaturas, informó Alejandro Zermeño Guerra, rector de la institución, durante un recorrido por las sedes donde se realiza la prueba.
Para este ciclo se registraron 15 mil 190 preinscritos, aunque el rector explicó que entre 350 y 400 de ellos no se presentaron al examen por no haber tramitado a tiempo su diploma de terminación de preparatoria. Con ese ajuste, la universidad calculó una asistencia de entre 14 mil 800 y 15 mil aspirantes.
El examen consta de dos partes: una prueba teórica de tres horas y, tras un descanso, un examen psicométrico de una hora. Mientras se aplicaba la prueba, Zermeño Guerra afirmó que la evaluación es única para todos los aspirantes y que solo mide conocimientos que deben dominar los egresados de preparatoria.
Del total de aspirantes, únicamente siete mil 800 obtendrán un lugar, lo que equivale a alrededor del 50 por ciento. Las licenciaturas con mayor demanda son Medicina, con más de dos mil 700 aspirantes distribuidos en tres programas; Derecho, Contabilidad, Psicología, Economía e Ingeniería, esta última con cerca de dos mil aspirantes.
La capacidad limitada de la universidad explica en parte esa proporción: la UASLP concentra el 70 por ciento de la matrícula de educación superior del estado, mientras que el 30 por ciento restante se reparte entre unas 70 instituciones más, públicas y privadas, según cifras citadas por el propio rector.
Zermeño Guerra indicó que quienes no obtengan lugar en su primera opción podrán buscar un espacio en facultades con cupo disponible, entre ellas Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades y algunas licenciaturas de Agronomía, además de las sedes de Matehuala y Salinas.
Al momento del recorrido no se habían reportado incidentes graves, salvo el caso de un aspirante que llegó a un edificio equivocado, según el rector. Tampoco se habían registrado desmayos, aunque los servicios médicos permanecían disponibles en todas las sedes.
En la vigilancia del examen participan entre 400 y 500 maestros de la universidad, a razón de cinco por cada 100 alumnos, además de estudiantes que colaboran como vigilantes en sus propias facultades.
Los resultados se darán a conocer en un plazo de ocho días, adelantó Zermeño Guerra.
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