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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?
El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar
Por: Ana G Silva y Karina González
La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.
En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…
La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.
De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.
Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.
El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.
Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.
El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.
Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.
El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.
Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.
¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?
El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:
“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.
Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.
Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.
El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:
“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.
Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.
Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.
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Tras una primera intervención con un camión de limpieza a presión, personal de la dirección de Construcción evalúa si el problema se debe a una obstrucción o al colapso de la red sanitaria
Por: Redacción
Personal especializado de Interapas trabaja en la identificación del origen de una fuga de aguas residuales sobre la avenida Venustiano Carranza en la ciudad capital.
Como primera acción, se realizaron maniobras con el camión de limpieza para desazolvar la red; sin embargo, el nivel del agua residual no descendió, por lo que fue necesario ampliar la revisión técnica.
Actualmente, personal del área de Construcción se encuentra en el lugar evaluando la infraestructura para determinar si la causa del problema corresponde a una obstrucción
Los trabajos en el sitio continúan, el organismo mantiene presencia permanente en la zona hasta identificar el origen de la falla y ejecutar la solución correspondiente, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la red a la brevedad posible.
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El colectivo organizador de la Marcha del Orgullo pidió a la Fiscalía y a la SSPC estatal investigar amenazas de odio recibidas
Por: Redacción
El colectivo organizador de la Marcha por los Derechos y la Diversidad LGBTIQ+ de San Luis Potosí denunció mensajes de odio y amenazas recibidos en redes sociales durante los últimos días, previos a la marcha del sábado 25 de julio, y pidió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana investigar su origen.
Los organizadores precisaron que los mensajes provienen de perfiles falsos y de cuentas identificables, y buscan intimidar, sembrar miedo y desalentar la participación de la comunidad en las actividades del Mes del Orgullo. “Algunos contienen expresiones que no pueden minimizarse ni entenderse como simple opiniones, cuando hacen referencia a posibles actos de violencia contra personas de nuestra comunidad”, advirtieron.
En un comunicado, exigieron a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a quienes participarán en los actos de esta edición, que conmemora 15 años de la Marcha en la capital potosina.
Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay, programada para el sábado 25 de julio, condenaron cualquier manifestación de odio, violencia o amenaza dirigida a la comunidad LGBTIQ+. “Ninguna persona debería vivir con miedo por ejercer su derecho a existir”, sostuvieron.
Subrayaron que corresponde al Estado prevenir actos de violencia, investigar posibles conductas delictivas y garantizar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libre reunión y la libre manifestación. “Insistimos que atender este tipo de hechos no es opcional, forma parte de las obligaciones del Estado para proteger a todas las personas”, apuntaron.
Los organizadores adelantaron que compartirán con la comunidad un protocolo de cuidados y recomendaciones de seguridad para acompañar la participación en la Marcha del Orgullo.
En la previa a la conmemoración, el colectivo organizador realizó además una intervención artística la noche del 23 de julio, a las 11:00 de la noche, sobre la avenida Venustiano Carranza, en la esquina con Tomasa Estévez, donde voluntarios pintaron el cruce peatonal con los colores representativos de la diversidad sexual.
A través de redes sociales, los organizadores indicaron que la actividad busca convertir el espacio urbano en un mensaje de respeto e igualdad, y que cada color plasmado en el pavimento representa historias, luchas y personas que merecen reconocimiento. Reforzaron que todas las personas tienen derecho a transitar los espacios públicos con libertad, seguridad y dignidad, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
El colectivo invitó a quienes deseen sumarse a acudir con ropa cómoda y disposición para participar en la actividad comunitaria.
“Marcharemos como lo hemos hecho durante quince años, de manera pacífica y con la convicción de que nuestros derechos no son negociables, y de que ninguna amenaza debe impedir el ejercicio de las libertades que nos corresponden”, expusieron los organizadores.
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WhatsApp, perfiles falsos y mensajes ofensivos siguen siendo las principales formas de este delito digital
Por: Ana G Silva
Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de ciberacoso y WhatsApp sigue siendo la plataforma donde ocurren la mayoría de estas agresiones. En San Luis Potosí, aunque la incidencia disminuyó respecto al levantamiento anterior, uno de cada cinco usuarios de internet afirmó haber sufrido algún tipo de violencia digital, una cifra que todavía supera el promedio nacional, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, dados a conocer este 2026 por parte del INEGI.
Entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el 20.8 por ciento de las personas de 12 años y más que utilizaron internet en San Luis Potosí experimentó alguna situación de ciberacoso. El promedio nacional es del 20.4 por ciento.
La disminución fue de 22.7 por ciento en 2025 respecto a la medición anterior, lo que colocó a San Luis Potosí entre las entidades con una de las reducciones más significativas del país. Mientras que en 2024 el estado figuraba entre los de mayor incidencia, en la edición más reciente quedó lejos de los primeros lugares, ocupados por Durango (24.5%), Jalisco (24.4%) y Ciudad de México y Oaxaca (23.8% cada uno).
El estudio también muestra que las mujeres continúan siendo el grupo más afectado en la entidad.
En San Luis Potosí, 23.1 por ciento de las mujeres usuarias de internet reportó haber sufrido alguna forma de ciberacoso durante 2o25, mientras que entre los hombres la proporción fue de 18.0 por ciento. La diferencia es consistente con la tendencia nacional, donde el 21.5 por ciento de las mujeres y el 19.2 por ciento de los hombres afirmaron haber sido víctimas de estas agresiones.
A nivel nacional, el grupo con mayor incidencia fue el de personas de 20 a 29 años, particularmente las mujeres, entre quienes el 28 por ciento experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre los hombres de ese mismo rango de edad la incidencia alcanzó el 23.5 por ciento.
Aunque el reporte no despliega esta información por entidad federativa, el comportamiento nacional permite identificar que la población joven continúa siendo la más expuesta a este tipo de violencia digital.
El MOCIBA reveló que el tipo de ciberacoso más frecuente fue el contacto mediante identidades falsas.
Entre las mujeres víctimas, el 36.8 por ciento reportó haber sido contactada por perfiles falsos, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 37.8 por ciento.
Después aparecieron los mensajes ofensivos, que afectaron al 30.8 por ciento de las mujeres y al 35 por ciento de los hombres. En el caso de las mujeres también destacó la recepción de insinuaciones o propuestas sexuales
Otras formas recurrentes fueron las llamadas ofensivas, la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas, las críticas por apariencia física o clase social, la difusión de información personal y las amenazas para publicar contenido privado con fines de extorsión.
Las agresiones digitales ocurren principalmente a través de las plataformas más utilizadas por la población.
Entre las mujeres víctimas, WhatsApp fue el principal medio utilizado por los agresores, con el 40.6 por ciento de los casos, seguido de Facebook (34.2%), llamadas de teléfono celular (34%), Messenger (13.7%) e Instagram (13.5%).
Entre los hombres, WhatsApp también ocupó el primer lugar con 42.6 por ciento, seguido por llamadas de teléfono celular (39.7%), Facebook (24.2%) e Instagram (11.2%).
El reporte también detalla que WhatsApp fue la principal plataforma para enviar mensajes ofensivos, compartir información personal, realizar amenazas, enviar insinuaciones sexuales y provocar reacciones negativas, mientras que Facebook predominó en casos de suplantación de identidad y difusión de contenido íntimo.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que 61.1 por ciento de las víctimas no logró identificar a la persona que las agredió.
Solo el 24.2 por ciento señaló que el agresor era una persona conocida y el 14.7 por ciento afirmó haber sufrido ataques tanto de personas conocidas como desconocidas.
Cuando las víctimas sí pudieron identificar el sexo del agresor, la mayoría señaló que se trató de hombres. El 57.2 por ciento de las mujeres y el 61.1 por ciento de los hombres dijeron haber sido acosados únicamente por personas del sexo masculino.
El impacto emocional del ciberacoso también quedó reflejado en el estudio.
El sentimiento más frecuente fue el enojo, reportado por el 57 por ciento de las víctimas a nivel nacional.
Le siguieron la desconfianza (35.8%), el estrés (29.4%), el miedo, la inseguridad, la frustración y los nervios. Entre las mujeres, seis de cada diez manifestaron haber sentido enojo tras sufrir estas agresiones.
Otro dato relevante es que quienes sufrieron ciberacoso permanecieron conectados más tiempo que el resto de los usuarios.
Mientras la población usuaria de internet en México utiliza la red un promedio de 4.6 horas diarias, las personas que experimentaron ciberacoso permanecieron conectadas 5.6 horas al día, es decir, aproximadamente una hora más.
Frente a estas agresiones, la medida más utilizada fue bloquear al agresor.
El 73.2 por ciento de las mujeres y el 58.1 por ciento de los hombres señalaron que bloquearon personas, números telefónicos o cuentas. Otras acciones frecuentes fueron ignorar los mensajes, cambiar contraseñas, eliminar publicaciones, informar a familiares o amistades y denunciar ante autoridades, aunque estas últimas opciones fueron considerablemente menos comunes.
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