junio 10, 2026

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

Lee también: Gobierno del Estado presentó su plan de recuperación económica para SLP

#4 Tiempos

El 2027 se escribe con B | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público: El “plan B” es el antídoto al hubiera; es la versión adulta de cruzar los dedos; es pedir un deseo a una fuente pero guardar otra moneda.

En la política potosina de cara al 2027, los planes B proliferan como salpullido después de cortar elotes.

En el gallardismo, en la oposición, en Morena, en los pasillos federales y hasta en Washington (aunque ese último, como veremos, tiene poco de expediente y mucho de SPEI desde un Banorte capitalino) la segunda carta es un seguro que mas vale tener para no tener que usar.

Antes del análisis va un no negociable del proyecto en turno en el poder local: el movimiento gallardista tiene un gran y único plan. Uno sin letra que es el techo de toda la estrategia: ganar la siguiente gubernatura y garantizar la continuidad.

Para que eso ocurra se necesita un perfil que garantice lealtad, fidelidad, absoluta confianza, acceso ilimitado y acuerdos no limitativos. (Recuerde este párrafo por favor)

Ahora si, vamos de uno por uno:

Como todos lo creemos (por que así se ha hecho creer) la senadora Ruth González es el plan A a la vista. Cumple con todos los requisitos descritos aquí arriba. Sí, también es la esposa del gobernador, pero también una persona única, con decisiones propias, derechos políticos completos, y aprobación popular ganada, no heredada.

Para como están las cosas hoy, los caminos de participación de la senadora son dos: competir solo con el Verde con previsibles resultados ganadores (todas las encuestas coinciden) pero rompería la alianza — no tanto con Morena sino con la presidenta- y eso no es poca cosa.

La otra opción es Ruth con Morena y Verde juntos, una combinación imparable que volvería la elección un trámite, no obstante eso implicaría que Sheinbaum haga una excepción a su postura contra lo que ella llama nepotismo.

Entonces, para el caso San Luis, (que debes ser el asunto como 249 o más de la lista a resolver por la presidenta) hay cartas sobre el escritorio: hacer la excepción potosina, asegurar un estado ganador para la 4T sin arriesgarse a perder más, pero pagar un costo político altísimo por contradecir su propia postura.

O ir juntos… pero no con Ruth.

Aquí entonces entra el plan B presidencial: que no sea Ruth, a cambio de que Ricardo lleve mano para elegir abanderado o abanderada.

En este contexto, el perfil que proponga el gobernador se convertiría muy seguramente en el próximo mandatario o mandataria.

Entonces, si no es Ruth, aquí el plan B de Gallardo (que conociéndolo quizás siempre fue su plan A): escoger entre Ignacio Segura, Guadalupe Torres, Juan Manuel Navarro o Juan Carlos Valladares.

La ventaja de todos es que ninguno es la esposa de Ricardo. La desventaja: ninguno es mujer, ni se asume como tal. Los cuatro no se pueden descartar en el escenario de alianza completa, y cumplen lo Ricardo necesita en su sucesor: confianza absoluta, lealtad al proyecto y disposición de tomar el timón de un barco donde el siga siendo el capitán.

Entonces, ¿es alguno de ellos realmente el caballo negro, el plan B de los planes B, la carta mejor guardada para responder al “tu esposa no” de la presidenta?

No. No son ninguno de ellos. La respuesta es: Aranza Puente Bustindui.

¿Suena a disparate? A mí también al principio. Pero respiremos hondo y volvamos al quinto párrafo: de los requisitos los cumple todos.

Tiene el género correcto. Y muchos valores agregados: expediente y pasado a prueba de balas.

No es Nacho Segura, al que más vale tener siempre a un lado. No es Guadalupe Torres, cuya opinión a veces se interpreta como discrepancia. No es Juan Manuel Navarro, eficiente y leal pero sin la pericia política para improvisar y salir a salvo.

Tampoco es Juan Carlos Valladares — aunque hay que detenerse aquí, porque Juan Carlos merece párrafo aparte.

Valladares sería un candidato rockstar. Hasta presidenciable si se anota el triunfo — y no lo digo yo, así lo leen en CDMX.

Su problema es que no es marinero: es capitán. Y en el barco 2027-2033 no puede haber dos con el mismo grado por más que compartan mapa.

Además, Morena lo tiene muy bien medido, lo ven muy bien, y eso — paradójicamente — le juega en contra para la gubernatura. Es el “si no es Ruth, entonces no es Juan Carlos presidenta”.

Por eso Valladares es claramente el plan A del tablero del gobernador para la capital potosina y un factor de empuje invaluable para ganar la gubernatura.

Si por alguna razón extraordinaria el diputado Valladares no se decide, el plan B capitalino apunta a Mario García — al que todavía le late el corazoncito —, Nacho Segura, o a algún perfil de Morena (la capital como ficha de cambio) que aunque vaya apoyado por el Verde, iría de sacrificio. Lo digo para que ni se apunten Cuauhtli y Arreola.

Ok. Cambiemos de lado el casette (y levante la mano quien tuvo uno de esos Sony cafés con etiqueta a escrita a mano que decía “calmaditas en inglés” jaja bueno ya, al tema)

En este mes es casi un hecho que se firme un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el IFSE. Los términos implican alcances y facultades para el órgano fiscalizador estatal de tal magnitud que el IFSE accedió sin pensarlo a la única petición de la federación: no tocar al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.

¿Por qué la ASF (léase instrucción de Rosa Icela Rodríguez) estaría interesada en un blindaje de ese grado al oftalmólogo?

Pues resulta que desde el escritorio de Juan Ramiro Robledo allá en México

, se ha presupuestado una agenda de placeo federal del líder universitario con funcionarios, magistrados, diputados, senadores y operadores partidistas de Morena.

El impulso lo opera el propio Juan Ramiro, pero lo ejecutan las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres. La idea sembrada a Gobernación: que el plan B de Morena jugando solos al gobierno potosino sea Alejandro Zermeño, el “factor sorpresa”, el contraste natural al proyecto actual, con una comunidad universitaria que, asume JRR, se desdoblaría para darle el triunfo al doctor.

En este posible — pero nada probable — escenario, el rector no tendría que bajar de la estación espacial internacional donde dijo que habitaría un año para no ser candidato a alcalde.

Solo tendría que decir que sí a una candidatura que (solo esa) le parece merecida para su estatura.

Lo bueno es que soñar no cuesta nada. Ser consciente de la realidad, levantar la mano con valor, con decisión y causa, eso sí. Por lo demás, el escenario Verde contra Morena todavía late, pero casi no oxigena.

Del lado de la oposición: hasta el viernes pasado a la una pe eme, la única candidata lista para registrarse por el PAN a la gubernatura era la senadora Verónica Rodríguez —muy a su pesar.

Pero pasados 104 minutos (maso) el plan A blanquiazul rescató al plan B: Enrique Galindo aceptó inscribirse. El plan A galindista no muere, solo queda en “estenbai”: lograr la alianza PRI-PAN aunque sea solo en San Luis Potosí, segundos antes de la hora. Posible, sí. Probable, mmm -no lo se.

Eso sí, Vero va firme a la alcaldía capitalina, dejará en su escaño en el senado a la maestra Estela Arriaga y dejará la dirigencia para concentrarse en la elección.

El combo hoy son entonces Galindo y Vero (los espacios para hombres en las 17 gubernaturas en juego para el PAN son tan reducidos que Enrique o aceptaba el viernes o se quedaba sin estar en la boleta).

El 21 de junio sabremos el nombre del perfil femenino inscrito por el PAN a la gubernatura (obligatorio) y si finalmente a la alcaldía se apuntan para medirse contra Vero, Marcelito de los Santitos Anayita, Davidito Azuarita, Rubén Guajardo, el empresario Fernando Díaz de León, el abogado José Mario de la Garza o el empresario Miguel Maya Romero.

Último plan B, y que creo es el más importante de mi entrega:

El supuesto expediente de Washington contra el gobernador Gallardo que reveló el periodista Raymundo Riva Palacios no se generó en Washington. Se generó en un SPEI desde un Banorte de la capital potosina a un Santander de la CDMX.

Siempre queda un CEP generado por el Banco de México.

No hay semáforo consultable para saber si los expedientes de la FGR se abren o se cierran, tampoco los de la UIF.

Lo que sí hay es una investigación que todos sabemos está en curso sobre el escándalo del Huachicol, los almirantes, sus cómplices y sus lavadores.

El plan activo no es que Washington venga a atrapar al gobernador — sueño de sus detractores que omiten los procedimientos, el fuero, la soberanía y la resistencia estratégica de la presidenta frente a las presiones de intervención estadounidense planteadas en el discurso del 31 de mayo (Si no entendieron eso, pues no entendieron nada).

El plan activo es otro: encarcelar a la cabeza del entramado facturero del caso huachicol. Muchas cabezas han caído, y cuando caen cabezas primero caen las de abajo.

AMLO se blindó a él y a su hijo Andy con la carta a Trump. Andy puso tierra de por medio. Ellos no van a caer, pero si tienen que entregar una cabeza en bandeja de plata, pues la guillotina apunta a Tanquián.

Ese sí es un plan B: Morena sin Adán Augusto y sin Andy no tiene razón para proteger a Sánchez Zumaya. Y si Estados Unidos quiere un “abono” de buena voluntad, el nombre del Batman de Tanquián es primero en la lista.

Sí, así son los planes B Culto Público, son no deseados pero necesarios, son el tercer portero en la banca, se ruega porque no se ocupen, pero se ocupan si es inevitable.

¿Sabían que no hay razón lógica por la que la “A” sea la primera letra del alfabeto? Es un convencionalismo de cuatro mil años, inventado por comerciantes semíticos que dibujaban cabezas de vaca y casas en tablillas.

Entonces, para leer el alfabeto electoral, no es necesario comenzar con la A.

Hagamos equipos de tres y lo discutimos después del mundial ¿va?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

 

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Alcohol y drogas, principales causas de las riñas en SLP: SSPC

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Jesús Juárez informó que se realizan cerca de 30 detenciones diarias por narcomenudeo

Por: Redacción

El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, algunas de las cuales han derivado incluso en homicidios, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

Al ser cuestionado sobre el incremento de hechos violentos relacionados con enfrentamientos entre particulares, el funcionario descartó que exista un crecimiento de grupos pandilleriles o de organizaciones dedicadas a generar conflictos en colonias y comunidades.

Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con los análisis realizados por las autoridades de seguridad, la mayoría de estos casos tienen como origen el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, en segundo término, el uso de sustancias ilícitas.

“El problema es el consumo de alcohol en primer lugar y en segundo lugar el consumo de drogas”, afirmó.

Ante esta situación, explicó que la SSPC mantiene operativos coordinados con las policías municipales para combatir el narcomenudeo

y reducir factores que propician la violencia. Entre las estrategias mencionó los operativos Convoy, Cazador y Boomi, enfocados en la detección de delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.

El secretario destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mayor actividad en el combate al narcomenudeo, al registrar en promedio alrededor de 30 detenciones diarias por este delito, realizadas de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales.

Según explicó, estas acciones han contribuido a contener delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que persisten problemas de violencia derivados de conflictos entre particulares bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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CEDH reporta mayor demanda de atención en la región Huasteca

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La presidenta del organismo explicó que muchas de las quejas están relacionadas con servicios públicos, educación y seguridad

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha identificado que la mayor parte de las quejas y solicitudes de atención que recibe provienen de la región Huasteca, informó su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

La ombudsperson explicó que los asuntos más recurrentes están relacionados con temas educativos, de seguridad pública y dificultades en la realización de trámites ante diversas instituciones, aunque aclaró que existe una amplia variedad de casos: “Donde hemos recibido más es sobre todo en la zona Huasteca”, señaló.

Argüelles Moreno destacó que una de las prioridades de la actual gestión ha sido fortalecer los mecanismos para restituir derechos de manera inmediata

, incluso antes de que concluya formalmente el proceso de queja.

La presidenta de la CEDH explicó que, gracias a la coordinación con dependencias estatales y otras instituciones públicas, en diversos casos se ha logrado resolver la problemática planteada por los ciudadanos durante el desarrollo de la investigación.

“Hay muchas maneras de poder realizar el trámite para que las personas sientan satisfacción, y una de ellas es que se resuelva durante el trámite”, indicó.

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