Destacadas
¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?
El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar
Por: Ana G Silva y Karina González
La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.
En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…
La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.
De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.
Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.
El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.
Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.
El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.
Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.
El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.
Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.
¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?
El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:
“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.
Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.
Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.
El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:
“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.
Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.
Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.
Lee también: Gobierno del Estado presentó su plan de recuperación económica para SLP
Destacadas
FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
También lee: David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes
Destacadas
David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes
A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes
Por: Redacción
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.
David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.
De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:
- $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
- $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
- $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
- $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
- $3,839.00 en La Gran Vía.
- $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
- $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
- Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.
En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.
Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.
Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.
Otros gastos en bares y restaurantes:
También lee: Fiscalía de SLP decomisó 150 kilos de droga y armas en Villa de Pozos
Destacadas
SLP crearía cementerios forenses para restos no identificados
Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.
Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.
El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.
Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.
Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos
-
Destacadas7 meses
Con 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad2 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad3 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas3 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Estado1 año
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
Ciudad2 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Destacadas2 años
SLP podría volver en enero a clases online
-
#4 Tiempos2 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno