septiembre 23, 2026

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

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Carreteras, escuelas y MetroRed: lo que Gallardo mostrará en su informe

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Ricardo Gallardo detalla resultados de cinco años en cuatro regiones de SLP

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rendirá este lunes, a las 17:00 horas, en el Centro de Negocios de San Luis Potosí, su Quinto Informe de Gobierno, con el balance de resultados del último año y de cinco años de administración en las regiones Centro, Altiplano, Media y Huasteca.

“Este informe es para las familias potosinas, porque son ellas quienes todos los días viven los resultados y quienes deben conocer con claridad qué hemos hecho y hacia dónde vamos”, señaló Gallardo, quien adelantó que la rendición de cuentas incluirá resultados en infraestructura, movilidad, educación, salud, seguridad, desarrollo económico, finanzas públicas y bienestar social.

Entre las acciones que detallará están la construcción y modernización de carreteras, puentes y vialidades, la intervención de más de 520 planteles educativos, la ampliación del transporte gratuito MetroRed, la atención mediante las Clínicas Rosa y los programas sociales dirigidos a miles de familias en las cuatro regiones del estado.

El informe también dará cuenta de resultados en seguridad pública, generación de empleo, atracción de inversiones y estabilidad financiera, además de las acciones para llevar infraestructura, servicios y programas a municipios y comunidades que, según el Gobierno del Estado

, permanecieron rezagados durante años.

Al acto asistirán representantes de los poderes del Estado, autoridades federales y municipales, gobernadoras y gobernadores de otras entidades, y de los sectores empresarial, académico y social, aunque el Gobierno del Estado señaló que el eje central del informe es la ciudadanía potosina, ante quien Gallardo presentará los resultados de su administración.

A cinco años del inicio de la administración, el Quinto Informe mostrará el balance de obras, programas y acciones realizadas en las cuatro regiones del estado, con la mira puesta en los proyectos previstos para el cierre del sexenio.

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Educación, ciencia y cultura suben en papel en el presupuesto 2027

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El gobierno federal subirá el gasto en los tres rubros para 2027, pero buena parte de lo que llama ciencia es en realidad dinero para becas universitarias

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal quiere gastar más en educación, ciencia y cultura el próximo año. Eso es lo que dice, en números, el Paquete Económico 2027 que la Secretaría de Hacienda entregó el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Pero cuánto suba cada rubro, y en qué se va a gastar exactamente, son dos preguntas con respuestas muy distintas.

Educación: el billón de pesos que en buena parte es beca

Según la publicación, la Secretaría de Educación Pública recibiría 576,600 millones de pesos. Si se suma todo el paquete educativo (educación, ciencia y cultura juntas, como las agrupa el gobierno en sus cuentas) la cifra llega a 1.4 billones de pesos, 7.2% más que el año pasado descontando la inflación. Es, básicamente, el equivalente a 3.50 de cada 100 pesos que produce el país en un año.

De ese billón y medio, las tres becas que el gobierno agrupa bajo el nombre “Benito Juárez” (la de educación básica (Rita Cetina), la de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro) se llevan juntas 190,552 millones de pesos: es la partida más grande de todo el rubro educativo, más que cualquier programa de infraestructura o de formación docente.

Esa cifra es apenas 3.2% mayor a lo que las mismas tres becas recibieron en 2026 (184,595 millones de pesos), un aumento uniforme, idéntico en las tres becas, muy por debajo del ritmo con el que ha crecido el resto del gasto en ciencia y tecnología.

El contraste, y de donde surge la queja de muchos opositores, es que en la prueba PISA de 2025 se encontró que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lectura o ciencias. Con ese dato en la mano, algunos legisladores ya han justificado medidas como prohibir los celulares en el salón de clases, y se alega que más dinero no es, por sí solo, garantía de mejores resultados.

Ciencia: sube 18%, pero la mayor parte no es para investigar

El presupuesto para ciencia y tecnología (que ahora maneja la Secihti, la dependencia que sustituyó al viejo Conacyt) sería de 193,333.7 millones de pesos. Es apenas medio punto porcentual del PIB, pero representa un salto real de 18% respecto a 2026, el mayor de los tres rubros.

La bolsa más grande dentro de ese presupuesto, llamada “generación de conocimiento”, suma 136,571 millones de pesos, y de ahí, 85,616 millones de pesos son becas y colegiaturas de educación superior, no laboratorios ni proyectos de investigación. A los Centros Públicos de Investigación, que son las instituciones dedicadas justamente a investigar, les tocan 7,139.7 millones de pesos: menos del cinco por ciento de todo el rubro.

Cultura: crece en papel, pero varios museos e institutos pierden

A la Secretaría de Cultura le tocarían 15,858 millones de pesos, un alza de apenas 1.9% ya descontada la inflación… la más baja de los tres rubros.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) van a recibir más pesos que el año pasado, pero al ajustar por inflación, en realidad pierden poder de compra: 2.2% y 2.9% menos, respectivamente.

La Subsecretaría de Desarrollo Cultural, mientras tanto, se desploma de 692.8 a 184.4 millones de pesos, una caída de más de dos terceras partes.

No todos pierden: el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Radio Educación, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica sí ganan terreno real, entre 10.8% y 18.2%.

¿Y esto cómo aplica en San Luis?

De todo este paquete nacional, hay una sola cifra que se puede rastrear con precisión hasta San Luis Potosí, porque el propio documento la desglosa estado por estado: la del Ramo 33, que es el mecanismo por el que la federación reparte dinero directo a los gobiernos estatales. Para 2027, a San Luis Potosí le corresponden 28,577.5 millones de pesos por esa vía.

De ese total, 19,422 millones de pesos están etiquetados para educación. Y de esos 19,422 millones, 18,617 millones, es decir, 96 de cada 100 pesos, son para pagar la nómina de los maestros de educación básica, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Lo que queda se reparte entre infraestructura escolar y asistencia social (547.3 millones de pesos) y educación tecnológica y para adultos (257.9 millones de pesos).

En resumen, casi todo el dinero educativo que le llega al estado ya está comprometido antes de que empiece el año, porque paga sueldos. Lo que sobra para construir, equipar o abrir programas nuevos es, en comparación, muy poco.

Nada de esto es definitivo todavía. La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y el 31 de octubre, respectivamente, para aprobar la Ley de Ingresos, y los diputados tienen plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese proceso, los montos, incluidos los que le tocan a San Luis Potosí, todavía se pueden mover.

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Encuesta de Reforma ubica a Gallardo con dos tercios de aprobación

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Gallardo llega a 67 por ciento de aprobación mientras el Verde domina la contienda por la gubernatura

Por: Roberto Mendoza

El 67 por ciento de los ciudadanos de San Luis Potosí aprueba la labor de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, de acuerdo con una encuesta estatal en vivienda levantada por Grupo Reforma del 9 al 13 de septiembre. El ejercicio, realizado a mil 5 adultos con credencial de elector vigente, registra una desaprobación del 27 por ciento hacia su gestión.

El respaldo ciudadano se sostiene principalmente en tres rubros de gestión administrativa: el 69 por ciento de los encuestados califica como “Bien” el manejo de los programas sociales; el 67 por ciento aprueba la gestión en infraestructura y obra pública; y el 65 por ciento respalda el desempeño en educación pública. En contraparte, los indicadores con mayor desaprobación se concentran en el combate al narcotráfico y crimen organizado, con 52 por ciento; el combate a la corrupción, con 50 por ciento; y la seguridad pública, con 48 por ciento.

El 55 por ciento de los encuestados percibe que la situación económica de su familia mejoró en el último año. La inseguridad pública, en cambio, es el principal problema que enfrenta San Luis Potosí, según el 50 por ciento

de las menciones espontáneas registradas en la encuesta, y el 59 por ciento de los entrevistados considera que aumentó en el último año.

Ese respaldo se traduce en ventaja electoral: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza las preferencias en el estado. Ante el escenario de una elección para gobernador, el PVEM registra 41 por ciento de la preferencia efectiva, por encima de Morena, con 25 por ciento; el Partido Acción Nacional, con 10 por ciento; y el Partido Revolucionario Institucional, con 8 por ciento.

La misma casa encuestadora ubicó al PVEM en 43 por ciento de la intención de voto y a Morena en 23 por ciento —una brecha de 20 puntos— en una medición levantada del 22 al 26 de julio, cuando la aprobación de Gallardo era de 63 por ciento. Frente a esa fotografía, el margen entre ambos partidos se redujo a 16 puntos, mientras la aprobación del gobernador subió cuatro puntos porcentuales.

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