Congreso del Estado
Reforma para que el Ejército siga en las calles avanza en SLP
El Congreso ya dio cuenta del proyecto de decreto
Por: Redacción
El Congreso del Estado en Sesión Ordinaria, se dio cuenta de recepción de la minuta de proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio, del decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, enviado por la Cámara de Diputados.
Esta modificación establece que, “Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanentemente en tareas de seguridad pública”; añade que la fuerza armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 de esta Constitución.
La modificación agrega que conforme a lo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación deberá ser: Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma justificada por la autoridad civil; Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión a través de la rendición de cuentas; Subordinada y complementaria, de tal forma que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública, sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.
Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral que proporcione los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La comisión se reunirá cada vez que convoque la Directiva para la emisión del dictamen semestral y convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en estas labores.
La comisión bicamaral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación; una vez aprobados, se remitirán al Ejecutivo Federal.
La Cámara de Senadores al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades que la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente al amparo del presente artículo transitorio, con el fin de garantizar que en la conclusión del plazo señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la presente Constitución.
Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, enviarán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo General de Seguridad Pública la evaluación integral. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.
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Congreso del Estado
Ley de Igualdad en SLP ya reconoce la corresponsabilidad familiar
El concepto servirá de base para programas y políticas de igualdad en el estado
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó incluir el concepto de corresponsabilidad familiar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López.
La ley entenderá la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares entre todas las personas que viven en un hogar, no solo entre el padre y la madre. Eso incluye a hijas, hijos y otras personas que comparten el mismo techo.
Según la diputada, el reparto abarca las tareas de la casa y su organización, así como el cuidado, la educación y el afecto de las personas que dependen de otras. El objetivo es dividir de manera justa el tiempo de cada integrante del hogar, sobre todo entre mujeres y hombr es.
De acuerdo con la exposición de motivos, es decir, la explicación que acompaña a la propuesta, tener el concepto escrito en la ley da certeza jurídica
: las autoridades contarán con una definición clara para diseñar programas y políticas públicas en la materia.La carga sigue en las mujeres
El reparto todavía está lejos de ser equilibrado. Según datos del INEGI, las mujeres dedican 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario sin pago, frente a 18.2 horas de los hombres.
En julio, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó otra iniciativa en esta línea: crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, que busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, hecho principalmente por mujeres.
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Congreso del Estado
Presupuesto del IFSE subiría 2% en 2027 por ajuste salarial
Rodrigo Lecourtois dijo que el aumento solo cubre el ajuste salarial pactado con los sindicatos
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) pidió 311 millones de pesos para operar en 2027, 6 millones más que este año. El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, entregó el proyecto a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
El IFSE es el organismo que revisa cómo gastan el dinero público el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otras instituciones. Su presupuesto debe pasar por el Congreso: según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, a los diputados les toca conocerlo y opinar sobre él, explicó el presidente de la comisión, Luis Fernando Gómez Macías.
La comisión analizará la propuesta y la enviará a la Directiva del Congreso para que se incluya en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2027, la ley que fija cuánto dinero recibe cada dependencia el próximo año.
“Es un presupuesto acorde, responsable, que no considera ni siquiera el ajuste inflacionario”, dijo Gómez Macías.
Más trabajo con la ASF
El diputado explicó que el IFSE tendrá más carga en 2027 por la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio, ambos organismos firmaron un convenio que permite al IFSE auditar por primera vez recursos federales que llegan al estado.
Lecourtois López aseguró que el proyecto “no plantea aumentos caprichosos”. Según explicó, el incremento solo cubre el ajuste de sueldos que el Gobierno del Estado acordó con los sindicatos y que se aplicará el próximo año.
El auditor recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto similar, al que el Poder Ejecutivo le hizo ajustes y que quedó con un aumento de 5 millones. Por eso, dijo, este año el aumento es pequeño: 2.03 por ciento.
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Congreso del Estado
Camiones urbanos pasarán revisión de vida útil el próximo mes
Jacquelinn Jáuregui dijo que se verificará el mantenimiento de las unidades que dicen tener un año más
Por: Redacción
Los camiones urbanos de San Luis Potosí pasarán el próximo mes por una revisión para comprobar si siguen en condiciones de dar servicio, informó Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. Explicó que cada unidad tiene una fecha distinta en que vence su vida útil, es decir, el tiempo máximo que la ley le permite circular.
La diputada dijo que hay unidades “medio maltratadas” a las que, según sus concesionarios, todavía les queda un año. Por eso, explicó, se revisará qué mantenimiento les han dado. No hay nuevas condiciones: “El reglamento sigue vigente”, dijo, y los concesionarios solo tendrán que comprobar dónde han dado servicio a sus camiones.
¿Quién paga la renovación?
Sobre si los concesionarios tienen dinero para comprar camiones nuevos, Jáuregui Mendoza respondió que no se ha tocado ese tema con la comisión y que lo lleva directamente Araceli Martínez Torres, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
.Reconoció que el tema es delicado porque hay familias que viven de esas unidades. “Ahí yo creo que tendrían que darles un tipo de apoyo para que ellos puedan adquirir una nueva unidad”, dijo. Agregó que la comisión está abierta a recibir a quien quiera acercarse y que la titular de la SCT también atiende a la ciudadanía.
El padrón más reciente de la SCT registra mil 203 camiones urbanos en la zona metropolitana, operados por 217 concesionarios. Desde el inicio de la administración, la dependencia ha insistido en que se renueven las unidades con más de 10 años de antigüedad. En mayo, el representante transportista Margarito Terán reconoció que de las mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800 por el aumento en el costo del diésel.
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