agosto 5, 2026

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Congreso del Estado

Reforma para que el Ejército siga en las calles avanza en SLP

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El Congreso ya dio cuenta del proyecto de decreto

Por: Redacción

El Congreso del Estado en Sesión Ordinaria, se dio cuenta de recepción de la minuta de proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio, del decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, enviado por la Cámara de Diputados.

Esta modificación establece que, “Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanentemente en tareas de seguridad pública”; añade que la fuerza armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 de esta Constitución.

La modificación agrega que conforme a lo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación deberá ser: Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma justificada por la autoridad civil; Regulada, para que cumpla con  un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión a través de la rendición de cuentas; Subordinada y complementaria, de tal forma que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública, sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral que proporcione los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La comisión se reunirá cada vez que convoque la Directiva para la emisión del dictamen semestral y convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en estas labores.

La comisión bicamaral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación; una vez aprobados, se remitirán al Ejecutivo Federal.

La Cámara de Senadores al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades que la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente al amparo del presente artículo transitorio, con el fin de garantizar que en la conclusión del plazo señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la presente Constitución.

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, enviarán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo General de Seguridad Pública la evaluación integral. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

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Congreso del Estado

Congreso busca fortalecer mecanismos de difusión de Alerta Amber

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La Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes

Por: Redacción

Para fortalecer y garantizar la implementación de mecanismos de difusión de la Alerta Amber en el estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 23 BIS a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.

 

La legisladora señaló que la Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en riesgo de sufrir daños por motivo de su no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.

 

Afirmó que fortalecer la difusión de la Alerta Amber es necesario e implica aprovechar los medios que ya se conocen e implementan, y emplear nuevas herramientas tecnológicas como las redes sociales, aplicaciones móviles, mensajería instantánea y alianzas con empresas privadas que permitan que la ciudadanía se convierta en un aliado fundamental y estratégico en la búsqueda de personas.

 

Por ello, propone que las instituciones de seguridad pública del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán y brindarán apoyo inmediato a la autoridad competente en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas conforme a la legislación aplicable, para la difusión de boletines o alertas oficiales, incluidos los mecanismos de alerta Amber u otros análogos, a través de mensajes SMS o los medios tecnológicos disponibles, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren.

 

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Congreso del Estado

Congreso busca reconocimiento oficial de servicio social

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Se busca que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral 

Por: Redacción

Con el objetivo de que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos legalmente como experiencia laboral, la diputada Ma. Sara Roche Medina, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado; y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí.

Mediante esta reforma, se busca que las autoridades educativas en coordinación con las instituciones de educación superior en el Estado, promuevan y garanticen que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral previa para efectos de contratación.

Para tal fin, se propone que  la constancia o diploma de terminación emitida por la institución educativa deberá detallar las actividades y competencias desempeñadas, la cual tendrá validez oficial como comprobante de experiencia profesional. autoridades competentes a emitir certificaciones con validez oficial para fortalecer la empleabilidad y contratación futura de las y los jóvenes.

La legisladora señala en su exposición de motivos que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las y los jóvenes egresados en el Estado de San Luis Potosí, es la exigencia de tener experiencia laboral previa para acceder a su primer empleo.

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Congreso del Estado

Legislatura deroga leyes de IA en San Luis Potosí

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Aprobada iniciativa de la diputada para permitir regulación integral de inteligencia artificial

Por: Redacción

La diputada local Jessica Gabriela López Torres logró la aprobación unánime en la LXIV Legislatura de la derogación de artículos del Código Penal estatal que regulaban el uso de inteligencia artificial.

En sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron el Decreto que elimina el artículo 187 TER y el Capítulo V, titulado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, junto con los artículos 272 BIS y 272 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por López Torres y por ciudadanas y ciudadanos que participaron en el análisis del dictamen. El voto unánime de la legislatura refleja un consenso político en torno a la necesidad de replantear cómo el estado regula la inteligencia artificial y, especialmente, cómo define y sanciona el “uso indebido” de esta tecnología en contextos de comunicación pública.

La decisión legislativa es más apertura que cierre. El Congreso enfatizó que la derogación “no limita la potestad del Congreso del Estado para continuar el análisis y, en su caso, desarrollar un marco jurídico integral en materia de inteligencia artificial”. Con la eliminación de estas tres normas, la legislatura abre espacio para una nueva regulación “sustentada en parámetros de control de regularidad constitucional”, es decir, con especial cuidado en que cualquier restricción a la tecnología no contravenga derechos constitucionales.

Para construir ese marco, el Congreso propiciará “mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa” que incluyan a instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos. Este enfoque sugiere que la legislatura busca escuchar más allá de su propio hemiciclo antes de escribir nuevas normas.

La próxima sesión de la Diputación Permanente está programada para el viernes 7 de agosto de 2026 a las 9:00 horas.

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Opinión

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