abril 9, 2026

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Congreso del Estado

Reforma para que el Ejército siga en las calles avanza en SLP

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El Congreso ya dio cuenta del proyecto de decreto

Por: Redacción

El Congreso del Estado en Sesión Ordinaria, se dio cuenta de recepción de la minuta de proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio, del decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, enviado por la Cámara de Diputados.

Esta modificación establece que, “Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanentemente en tareas de seguridad pública”; añade que la fuerza armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 de esta Constitución.

La modificación agrega que conforme a lo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación deberá ser: Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma justificada por la autoridad civil; Regulada, para que cumpla con  un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión a través de la rendición de cuentas; Subordinada y complementaria, de tal forma que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública, sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral que proporcione los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La comisión se reunirá cada vez que convoque la Directiva para la emisión del dictamen semestral y convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en estas labores.

La comisión bicamaral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación; una vez aprobados, se remitirán al Ejecutivo Federal.

La Cámara de Senadores al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades que la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente al amparo del presente artículo transitorio, con el fin de garantizar que en la conclusión del plazo señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la presente Constitución.

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, enviarán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo General de Seguridad Pública la evaluación integral. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

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Congreso del Estado

Sara Rocha propone transparencia salarial

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En el actual mercado laboral de SLP la falta o incompleta información en las ofertas de empleo perpetúa la brecha salarial de género

 

Por: Redacción 

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, que propone la transparencia salarial como forma de competitividad, obligando a la publicación de rangos de remuneración en ofertas de empleo para eliminar brechas de desigualdad.

En la exposición de motivos, establece que en el actual mercado laboral de San Luis Potosí, la falta o incompleta información en las ofertas de empleo perpetúa la brecha salarial de género, entendiéndose como el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario de los hombres.

En México solo el 45% de las mujeres en edad productiva trabajan, en comparación con el promedio de 78% de los hombres mexicanos, según datos de la OCDE que coinciden con la más reciente encuesta Nacional de Ocupación, dijo la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La diputada Rocha Medina expuso que “la transparencia laboral no es solo una medida de equidad, sino una herramienta de competitividad. Al obligar la publicación de rangos salariales, se vuelven eficientes los procesos de reclutamiento, se reduce la rotación de personal y se fomenta una cultura de confianza corporativa que atrae talento calificado al Estado”.

 

 

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Congreso del Estado

Destaca Frinné Azuara perfil y capacidad de diálogo de Ángeles Rodríguez como Secretaria General

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Subraya su formación, experiencia y compromiso con la atención ciudadana

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara Yarzábal reconoció el nombramiento de la Ingeniera Ángeles Rodríguez Aguirre como Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al considerar que su perfil garantiza una conducción institucional con apertura, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

La legisladora resaltó la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos de Rodríguez Aguirre, así como su experiencia en distintas áreas de la administración municipal, lo que le permite tener una visión integral de las necesidades de la Capital y de la operación del gobierno.

Azuara Yarzábal señaló que la nueva Secretaria General cuenta con una formación sólida y una vocación de servicio que serán fundamentales para fortalecer la coordinación institucional y atender con eficacia las demandas de la población, por lo que confió en que su desempeño dará resultados positivos para San Luis Potosí.

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Congreso del Estado

Exhorta Congreso a organismos operadores de agua a mayor participación social

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Tambien se exhorta a la CEA para que brinde apoyo, asesoría, seguimiento y supervisión a las instancias municipales

Por: Redacción

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, impulsa un Punto de Acuerdo con la finalidad de exhortar a las instancias responsables de los servicios de agua potable, para que integren y pongan en funcionamiento los consejos consultivos como órganos de participación social y ciudadana, con el propósito de fortalecer la articulación de las políticas públicas en la materia.

 

Asimismo, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado, en su carácter de autoridad normativa, para que brinde apoyo, asesoría, seguimiento y supervisión a las instancias municipales y organismos operadores descentralizados, a fin de garantizar la adecuada integración y el funcionamiento efectivo de los consejos consultivos.

 

En su exposición de motivos la legisladora – presidenta también de la Comisión legislativa del agua- señala que está establecido en la Ley General de Aguas, que los tres órdenes de gobierno deberán promover la participación de todos los sectores sociales involucrados en el manejo y cuidado del agua, así como establecer mecanismos de participación ciudadana incluyentes, públicos y transparentes.

 

Asimismo, que las autoridades están obligadas a proporcionar información de manera oportuna, accesible, completa, gratuita y comprensible, a fin de garantizar el derecho a la participación en la gestión del agua, facilitando el diálogo y condiciones equitativas.

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