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¿Quiénes serán los 28 diputados y diputadas que integrarán la LXIV Legislatura?
Dentro de los perfiles más destacados son: Rubén Guajardo, Cuauhtli Badillo, Hector Serrano, Marco Gama y Sara Rocha
Por: Daniel Rocha
Este sábado se tomó protesta a las y los diputados que conformarán la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, una manifestación por parte del Partido Acción Nacional (PAN), generó discusiones durante esta ceremonia y provocó que la directiva tomará protesta a 28 legisladores.
A continuación haremos un listado de todos los integrantes de la legislatura:
Distrito 1: Tomás Zavala González – Partido del Trabajo (PT)
Fue candidato a la alcaldía de Matehuala por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones del 2021.
Distrito 2: Diputada Dulcelina Sánchez de Lira, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En el 2015 fue electa como diputada local por el VI Distrito con el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Durante su legislatura promovió reformas a favor de los derechos humanos, erradicación de la violencia de género y protección a los niños.
Dulcelina Sánchez de Lira también fue coordinadora de Derechos Humanos en el municipio de Villa de Reyes durante el 2019.
Durante la actual administración estatal se desempeñó como directora general técnica del despacho de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Distrito 3: César Arturo Lara Rocha, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Durante más de 20 años se ha desempeñado en el área sindical. Actualmente trabaja como secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) en San Luis Potosí.
Ha sido delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Distrito 4: Jacqueline Jauregui Mendoza, del Partido del Trabajo.
Es originaria de la Ciudad de México. Dentro de sus principales propuestas para llevar al Congreso del Estado de San Luis Potosí son: la escasez de agua, que buscará legislar para que haya más escuelas en las comunidades de la capital y el abastecimiento de medicamentos en las clínicas médicas.
Distrito 5: Rubén Guajardo Barrera, del Partido Acción Nacional (PAN).
Se ha mantenido en diferentes puestos al interior del PAN desde el 2006, cuando trabajó en la secretaría juvenil de este partido, así como coordinador estatal del programa “Rescate de Espacios Públicos” del Instituto Mexicano de la Juventud.
Ha sido legislador local de 2012 a 2015, 2018 a 2021, 2021 a 2024 y en el actual periodo. Además de otros cargos al interior del PAN estatal y nacional entre 2012 hasta el 2019.
Distrito 6: Martha Patricia Aradillas Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México.
En 2018 compitió en el VII Distrito por el Congreso del Estado, siendo abanderada por el PRD, sin embargo perdió en las elecciones. Tres años después volvió a ser candidata por el mismo Distrito. Este sería su segundo periodo como diputada local.
Distrito 7: Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena.
Fue diputado federal por la vía plurinominal del 2018 al 2021, y del 2021 al 2024 ocupó el cargo de diputado local también por la vía plurinominal. Esta es la primera vez que es diputado por la vía democrática.
Es licenciado en contaduría pública por parte de la Universidad Potosina. Dentro de sus principales propuestas está la de garantizar el agua como un derecho fundamental y que parte del presupuesto sea para los programas del Bienestar.
Distrito 8: María Aranzazu Puente Bustindui, del Partido Acción Nacional.
Fue consejera estatal de Acción Nacional en 2020, Durante la administración de Marcelo de los Santos Fraga se desempeñó como directora de Gestión y Atención de la Secretaría Particular.
Es abogada y se desarrolló como postulante en el Despacho Jurídico Durón-Santillán, también en el Despacho Jurídico Rodríguez-Chessal, y ha sido maestra de preparatoria, en las materias de Derecho e Historia de México en el Instituto Andes.
En el 2021 fue electa a la diputación por el VII Distrito, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en representar a ese distrito y este 2024 consiguió la reelección por el mismo distrito.
Distrito 9: Luis Fernando Gamez Macías, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado y maestro en Administración, ambos por la Universidad Tangamanga. También es licenciado en Derecho por parte de la Universidad José Vasconcelos.
Ha sido regidor del cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, director de Desarrollo Urbano del mismo municipio y delegado del Interapas para Soledad y Cerro de San Pedro.
Distrito 10: Diana Ruelas Gaitán, del Partido del Trabajo.
Ha trabajado en diversos puestos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez como en el Área de Comercio, en el Sindicato Democrático de los Trabajadores del Ayuntamiento y delegada regional del DIF Estatal.
Distrito 11: María Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo.
Es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estudió una maestría en Política Criminal por la máxima casa de estudios potosina.
Es la alcaldesa con licencia del municipio de Cerritos. Durante el 2000 al 2005 se desempeñó como agente del Ministerio Público. De 2007 a 2009 fue secretaria general del Ayuntamiento de Cerritos. En 2015 fue candidata a la alcaldía cerritense y desde 2018 es presidenta municipal de dicho municipio.
Distrito 12: José Roberto García Castillo, de Morena.
Es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Justo Sierra, ubicada en el municipio de Rioverde, y tiene estudios de maestría en Administración Pública.
En el 2021 fue candidato a la presidencia municipal de Santa Catarina. Es hijo de Roberta Castillo Ramos, ex alcaldesa de Santa Catarina.
Distrito 13: Nancy Jeanine García Martínez, de Morena .
Es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Se desempeñó como coordinadora territorial del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar del Estado de San Luis Potosí.
Distrito 14: Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, estudia la maestría en Administración Educativa y es fundadora del colectivo feminista “Las hijas de Tomiyahuatl”.
Además ha sido coordinadora del programa 3X1 para Migrantes de la Secretaría del Bienestar, directora de Asuntos Migratorios General en el Instituto de Migración y Enlace Internacional y delegada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Huasteca Sur.
Distrito 15: Diputada Brisseire Sánchez López, del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene estudios como Técnico Superior Universitario en Rehabilitación por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Trabajó como terapeuta físico durante varios años en la Unidad Básica de Rehabilitación dentro del Sistema Municipal del DIF en el municipio de Tampacán.
En el 2018 fue electa como la primera alcaldesa de Tampacán y en el 2021 consiguió la reelección
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional.
Mireya Vancini Villanueva, del Partido Acción Nacional
Es médica de profesión y es la primera presidenta municipal electa de Ciudad del Maíz.
Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional.
Fue nombrada como secretaria de Organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha trabajado como diputada federal por San Luis Potosí, fue presidenta del Comité Municipal del PRI en San Luis Potosí, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, dirigente nacional de la mujer campesina, vicepresidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario de Catorce. Actualmente es la dirigente estatal del tricolor.
Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional.
Es médica cirujana y partera por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tiene una maestría en Medicina Tradicional China y Moxibustión por la Universidad de Santiago de Compostela. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha sido diputada federal en dos periodos consecutivos.
Ha trabajado en la Secretaría de Salud del Estado de México, el Instituto Nacional Indigenista y ha sido directora del Programa IMSS-PROSPERA.
Luis Felipe Castro Barrón, del Partido Verde Ecologista de México.
En el 2018, fue candidato al Congreso del Estado por el segundo distrito, actualmente conocido como el quinto.
También ocupó cargos en el Senado de la República y fue coordinador de delegados del Sistema DIF Estatal.
María Dolores Robles Chairez, del Partido Verde Ecologista de México.
Se desempeñó como asesora legislativa del grupo parlamentario del Partido del Trabajo entre 2018 y 2021, y ha tenido diversos puestos en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
Héctor Serrano Cortes, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado en Derecho por parte de la UNAM, desempeñó diversos cargos importantes, tales como oficial mayor de la Cámara de Diputados y secretario de Gobernación en el Distrito Federal durante el 2012 al 2015 con Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.
Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Movimiento Ciudadano.
Es el actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, ha sido regidor en San Luis Potosí, diputado federal en dos periodos (2003-2006 y 2015-2018) y senador 2018.
Carlos Artemio Arreola Mallol, de Morena
Fue dirigente estatal de Morena, trabajó en la Secretaría General de Gobierno y en la Secretaría del Bienestar.
Jessica Gabriela López Torres, de Morena.
Ha sido servidora de la nación en el Gobierno de México durante el 2021 y 2022.
Luis Emilio Rosas Montiel, de Morena.
Fue asesor externo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) del 2023 al 2024.
Juan Carlos Bárcenas Ramírez, del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí.
Es el Secretario General de la Sección 26 del SNTE para el período 2021-2025. También es miembro del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación (COESPAEE).
Enrique Gerardo Ortiz Hernández, quien se declaró sin partido.
Es licenciado en contaduría pública, del 2015 al 2016 fue director de desarrollo social en la delegación de La Pila, además fue tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.
Marcelino Rivera del Partido Acción Nacional
Fue presidente municipal de San Martín Chalchihuautla en el trienio de 2012 a 2015, también fue diputado federal por el séptimo distrito del 2018 a 2021 y secretario general del PAN del 2015 al 2018.
También lee: Bernardo Vera es el nuevo secretario de Consejo Ciudadano de Radiodifusión de la UASLP
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre
Por: Redacción
El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.
La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.
Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.
Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.
Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.
Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.
“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.
Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.
También lee: SLP requiere nuevas estaciones de bomberos
Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada
Por: Redacción
El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna
Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.
Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.
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