Estado
¿Quiénes podrían estar al frente de la Fiscalía en SLP?
Con la renuncia de Federico Garza, se especula que estos tres perfiles podrían integrar la terna que enviará Ricardo Gallardo al Congreso
Por: Itzel Márquez
Este viernes 24 de septiembre, el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), Federico Garza Herrera, presentó su renuncia.
El gobernador Ricardo Gallardo deberá enviar una terna al Congreso del Estado para que sea votada por los y las diputadas, por ello te presentamos tres nombres que podrían integrar dicha propuesta:
Leonel Serrato Sánchez
Hace poco fue nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes, antes de ello contendió a la alcaldía capitalina desde la coalición “Juntos Haremos Historia” y antes de la elección fue delegado regional de programas sociales del gobierno federal en la zona metropolitana.
Serrato es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en derechos de autor y propiedad intelectual por la Universidad Panamericana; fue nombrado notario público en 1997; y es integrante y fundador de la organización Defensores de la Patria, cuyo objetivo es la defensa de la Cuarta Transformación y el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2018, Serrato contendió como candidato de Morena a la alcaldía de San Luis Potosí, mismo puesto al que aspiró en 2021, pero con la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Partido Verde y el PT.
Cándido Ochoa Rojas:
Fue diputado local en el Congreso del Estado entre 2018 y 2021; antes de eso, se desempeñó como diputado federal entre 2015 y 2018.
Ochoa es abogado y maestro en derecho parlamentario y en el ámbito académico fue catedrático en la Facultad de Derecho entre 2013 y 2014 y maestro de amparo en materia penal entre 2014 y 2015.
Entre 2012 y 2015, Ochoa fue secretario general de gobierno de San Luis Potosí y procurador general de Justicia de 2009 a 2011 y entre 1999 y el año 2000 fue fiscal electoral del Estado, así como consejero estatal electoral ciudadano del 2000 al 2004.
Juana María Castillo Ortega:
Juana María es abogada y desde 2018 se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP); también fue secretaria de acuerdos del Juzgado Sexto del Ramo Penal entre 1992 y 1993.
Al interior del estado, Castillo Ortega también ha ocupado algunos cargos, tales como Juez Menor Mixto de Vanegas y Ébano entre 1998 y 1999; Juez de Primera Instancia en Tamazunchale, Tancanhuitz, Guadalcázar, Venado, San Luis Potosí, Matehuala y Ciudad Valles, entre 1999 y 2009 y Juez Sexto del Ramo Penal en el Primer Distrito Judicial con residencia en San Luis Potosí.
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Congreso del Estado
Congreso reconoce a docentes con epígrafe “Maestras y Maestros Potosinos”
“Este reconocimiento pertenece a cada docente que ha encendido la chispa del conocimiento, que ha creído en la capacidad de su alumnado”
Por: Redacción
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado develó en Sesión Solemne, el epígrafe “Maestras y Maestros Potosinos”, como un reconocimiento a su labor en la transmisión de conocimiento y en la consolidación de valores esenciales para la sociedad.
El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, acompañado del Consejero Jurídico del Estado, Marcos Joel Perea Arellano, en representación del Poder Ejecutivo del Estado; y del magistrado Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, realizaron la develación de dicho epígrafe en el Muro de Honor del salón de pleno “Ponciano Arriaga Leija”.
En su intervención, el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología quien señaló que esta develación es un acto de justicia a una labor, que aunque muchas veces silenciosa es esencial y transformadora.
“Por ello, este reconocimiento pertenece a cada docente que ha encendido la chispa del conocimiento, que ha creído en la capacidad de su alumnado, que ha acompañado los procesos humanos más allá del currículo, y que ha defendido la educación pública como un derecho y como un camino hacia la justicia social”.
Reconoció el trabajo de las maestras y los maestros, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, donde el magisterio potosino ha estado presente en el último rincón del estado, incluyendo los lugares de difícil acceso para llevar las diferentes áreas del conocimiento.
Congreso del Estado
San Luis Potosí da paso a reformas constitucionales sobre amnistía e indulto
En el caso de los delitos del fuero común, la decisión de otorgar un indulto será responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado
Por: Redacción
En sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Primera de Justicia y Gobernación de la LXIV Legislatura, fue aprobada la reforma a los artículos 57 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de amnistía e indulto.
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el objetivo es armonizar el texto local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de establecer la facultad para conceder amnistías por delitos del fuero común en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo del Estado.
Y en el caso del indulto por delitos del fuero común, se dispone que esta facultad pasará al ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado, y para conceder dicha gracia, se deberá integrar una Comisión Interdisciplinaria, en términos de la Ley en la materia que en su momento se expida.
“Esta facultad del Poder Ejecutivo se va a implementar a través de una Comisión Interdisciplinaria, cuando se diera el caso de un indulto, el Poder Ejecutivo depositado en el Gobernador tendría que conformar esta Comisión Interinstitucional técnica para delimitar cómo va a operar el indulto; y la facultad para la amnistía queda en el Poder Legislativo”.
Se establece en sus artículos transitorios, que derivado de esta reforma constitucional y sus alcances, el Congreso del Estado contará con un término de 180 días naturales para expedir la Ley secundaria, contados a partir de la declaratoria de reforma y adición constitucional que en su momento se realice, en términos del artículo 138 de la Constitución del Estado.
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Destacadas
Ex trabajadores de Valeo denuncian omisiones; solicitan respaldo de la CEDH
Convocan a marcha pacífica el 4 de julio, por lo que solicitarán el acompañamiento del organismo ante la evasión de responsabilidad de la empresa
Por: Ana G Silva
Ex trabajadores de la empresa Valeo Sistemas Eléctricos S.A. de C.V. entregaron una carta dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, en la que solicitan autorización y acompañamiento para realizar una manifestación pacífica el próximo 4 de julio de 2025, en defensa de sus derechos laborales y humanos.
En el escrito, los firmantes aseguran haber sido víctimas de incumplimiento de pagos y malos tratos, así como de una presunta estrategia legal de la empresa —en colusión con autoridades laborales— para evadir responsabilidades previamente acordadas.
“Nos hicieron firmar documentos sin asesoría jurídica, nunca se nos asignó un defensor, y ahora se nos comunica que ya no habrá próximos pagos”, denuncian en la carta.
Los ex empleados acusan directamente a representantes de PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a quienes señalan por engañarlos, abusar de su confianza y revocar acuerdos de manera unilateral, lo cual los ha dejado en una situación de indefensión.
Además, informan que el 23 de junio fueron convocados a una reunión en PROFEDET en la que se les aseguró que no se realizarán nuevos pagos, bajo el argumento de una resolución “legal” de la empresa. Sin embargo, afirman que al solicitar evidencia documental de dicha decisión, ésta les fue negada.
“Nos sentimos engañados, burlados, desprotegidos y violentados. Esta controversia afecta a nuestras familias desde 2016. Hemos vivido desgaste emocional, mental y económico”, expresan.
Ante este panorama, piden a la CEDH su intervención como observadora y orientadora para llevar a cabo la protesta “de forma pacífica, respetuosa y legal”, haciendo valer su derecho a la libre manifestación y libertad de expresión, sin generar disturbios ni afectar a terceros.
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