enero 16, 2026

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Estado

¿Quiénes podrían estar al frente de la Fiscalía en SLP?

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Con la renuncia de Federico Garza, se especula que estos tres perfiles podrían integrar la terna que enviará Ricardo Gallardo al Congreso

Por: Itzel Márquez

Este viernes 24 de septiembre, el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), Federico Garza Herrera, presentó su renuncia.

El gobernador Ricardo Gallardo deberá enviar una terna al Congreso del Estado para que sea votada por los y las diputadas, por ello te presentamos tres nombres que podrían integrar dicha propuesta:

Leonel Serrato Sánchez

Hace poco fue nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes, antes de ello contendió a la alcaldía capitalina desde la coalición “Juntos Haremos Historia” y antes de la elección fue delegado regional de programas sociales del gobierno federal en la zona metropolitana.

Serrato es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en derechos de autor y propiedad intelectual por la Universidad Panamericana; fue nombrado notario público en 1997; y es integrante y fundador de la organización Defensores de la Patria, cuyo objetivo es la defensa de la Cuarta Transformación y el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2018, Serrato contendió como candidato de Morena a la alcaldía de San Luis Potosí, mismo puesto al que aspiró en 2021, pero con la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Partido Verde y el PT.

Cándido Ochoa Rojas:

Fue diputado local en el Congreso del Estado entre 2018 y 2021; antes de eso, se desempeñó como diputado federal entre 2015 y 2018.

Ochoa es abogado y maestro en derecho parlamentario y en el ámbito académico fue catedrático en la Facultad de Derecho entre 2013 y 2014 y maestro de amparo en materia penal entre 2014 y 2015.

Entre 2012 y 2015, Ochoa fue secretario general de gobierno de San Luis Potosí y procurador general de Justicia de 2009 a 2011 y entre 1999 y el año 2000 fue fiscal electoral del Estado, así como consejero estatal electoral ciudadano del 2000 al 2004.

Juana María Castillo Ortega:

Juana María es abogada y desde 2018 se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP); también fue secretaria de acuerdos del Juzgado Sexto del Ramo Penal entre 1992 y 1993.

Al interior del estado, Castillo Ortega también ha ocupado algunos cargos, tales como Juez Menor Mixto de Vanegas y Ébano entre 1998 y 1999; Juez de Primera Instancia en Tamazunchale, Tancanhuitz, Guadalcázar, Venado, San Luis Potosí, Matehuala y Ciudad Valles, entre 1999 y 2009 y Juez Sexto del Ramo Penal en el Primer Distrito Judicial con residencia en San Luis Potosí.

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Aumentan los detenidos por extorsión en la Huasteca: SSPCE

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Recientemente se han desarticulado células delictivas relacionadas a este delito, con detenidos en Valles y Tamasopo

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que recientemente se han intensificado las detenciones por extorsiones en la Zona Huasteca.

El titular comentó que en los últimos días han desarticulado a varias células delictivas que ya tenían previamente identificadas, con algunos detenidos en Tamasopo y Ciudad Valles, principalmente por el cobro de piso.

Juárez Hernández indicó que se han visto reforzados con la nueva Ley General contra extorsión, con lo que han podido intervenir directamente en los penales para prevenir las llamadas de chantaje que se puedan realizar en ellos.

Finalmente, el secretario añadió que si bien son esporádicas las llamadas que reciben para reportar extorsiones, se mantiene la confianza de la población para reportar estos casos ante la SSPCE, sobre todo por el acompañamiento que brindan.

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Estado

Convocatoria del Poder Judicial en SLP buscará cubrir 30 plazas prioritarias

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El STJE tiene deficiencia en áreas como Secretaría de Acuerdos, proyectistas y actuarios

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado reconoce un déficit de personal en juzgados y salas del Supremo Tribunal de Justicia, particularmente en áreas clave como secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y secretarios de actuarios, informó Lourdes Anahi Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE).

La magistrada explicó que esta carencia ha sido abordada en reuniones con el órgano de administración, donde se confirmó que durante el presente mes se emitirá una convocatoria para atender esta problemática de manera inmediata.

Detalló que, aunque no se ha definido el número exacto de aspirantes, el órgano de administración estima que , en una primera etapa se podrían cubrir alrededor de 30 plazas

, principalmente en el área de secretarios de acuerdos.

La magistrada señaló que el objetivo es cubrir de manera prioritaria las vacantes que actualmente impactan en el funcionamiento de juzgados y salas, al tratarse de personal indispensable.

Finalmente, indicó que el Poder Judicial analiza medidas adicionales para atender esta necesidad específica, con el fin de fortalecer la operación del Supremo Tribunal y mejorar la atención a la ciudadanía.

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No hubo despidos, sino fin de contratos en el Poder Judicial

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La presidenta del STJE señaló que la decisión respondió a limitaciones presupuestales

Por: Redacción

Lourdes Anahi Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), aseguró que no hubo despidos dentro del Poder Judicial, sino que se trató de la no renovación de contratos de personal.

La magistrada explicó que la información que le proporcionó el órgano de administración indica que dichas personas laboran bajo un esquema contractual el cual concluyó sin que fuera renovado.

“No fue un despido como tal. Ellos eran personal que tenía contrato, esa es la información que tengo. El contrato feneció y ya no se renovó”, señaló.

Respecto a las razones por las cuales no se renovaron, la magistrada presidenta indicó que, de acuerdo con el órgano de administración, la decisión obedeció a cuestiones meramente presupuestarias

, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto del Poder Judicial.

“Es una cuestión presupuestal, había que ver las necesidades del presupuesto que se tenía y se vio esa necesidad”, explicó.

Finalmente, reiteró que el Poder Judicial actuó dentro del marco legal y que las determinaciones fueron tomadas con base en la disponibilidad de recursos y planeación administrativa de la institución.

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