Se les reconoce su aportación al estado, al país y al ámbito académico

Por: Redacción

Por su visión transformadora, trabajo, dedicación y compromiso con el conocimiento, que han dejado una huella profunda en nuestra sociedad, este viernes la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) distinguió con el Doctorado Honoris Causa a las doctoras María Isabel Monroy Castillo y Estela Morales Campos. Ambas recibieron el galardón de manos del rector, el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra.

El emblemático patio del Edificio Central fue el espacio en el que se desarrolló la sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo Universitario. Ahí, autoridades de la máxima casa de estudios potosina, directores de facultades y campus, docentes, estudiantes, así como invitados especiales, fueron testigos de la entrega del reconocimiento. Previo a la ceremonia, se realizó un repaso de la relevante aportación que ambas han hecho no sólo al ámbito académico, sino también al país y al mundo, gracias a su labor.

En su intervención, Zermeño Guerra recordó que la institución creó el Doctorado Honoris Causa para otorgarse a aquellas personas que, por su destacada trayectoria, han contribuido a la educación, la ciencia y el arte en distintos ámbitos. “Hoy honramos a la doctora Isabel Monroy Castillo y a la doctora Estela Morales Campos, quienes -desde ámbitos diferentes, pero complementarios- han dedicado su vida profesional a preservar, comprender y compartir la información y el conocimiento”, expresó.

El rector recalcó que su huella no sólo es visible en el arduo trabajo de investigación y sus publicaciones, sino que se basa en el compromiso social de hacer que la información y el conocimiento tengan una utilidad y un impacto transformador.

“Si bien sus trayectorias profesionales son muy distintas; su pasión es compartida: la profunda convicción de que el manejo de la información y la difusión del conocimiento son indispensables para construir una sociedad mucho más justa, crítica y comprometida con su entorno”, aseveró.

Cabe destacar que a Estela Morales Campos, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, la institución la distinguió por su relevante trayectoria de más de seis décadas, en la que ha impulsado la consolidación de la bibliotecología en nuestro país, así como por su contribución en la historia intelectual de dicha especialidad a través del estudio y análisis de los autores tanto de México como de América Latina.

Por su parte, a María Isabel Monroy Castillo, investigadora de El Colegio de San Luis, se le reconoció por su labor, entusiasmo, responsabilidad y entrega al conocimiento. A lo largo de más cuatro décadas ha promovido el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades, a través de la consolidación de instituciones y la formación de profesionales de la historia.

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Marco Gama Basarte acusa falta de equidad en la entrega de documentos, mientras Luis Fernando Gámez Macías defiende su labor y rechaza compartir su análisis

Por: Redacción

Durante la presentación del informe de fiscalización de las cuentas públicas de 2023 por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), surgió un conflicto entre los legisladores Marco Gama Basarte de Movimiento Ciudadano (MC) y Luis Fernando Gámez Macías del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La disputa se originó cuando Gama Basarte cuestionó el hecho de no haber recibido simultáneamente las más de tres mil páginas de los dictámenes de 112 entidades auditadas, al igual que Gámez Macías, quien preside la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

El congresista de Movimiento Ciudadano dijo que Gámez Macías, con acceso anticipado a los dictámenes debido a su rol, realizó declaraciones públicas señalando al Ayuntamiento de la capital y al Interapas como las entidades con más observaciones. 

Gama Basarte denunció que los demás miembros de la Comisión recibieron la documentación tarde, lo que consideró una inequidad en el acceso a la información. Además, solicitó un resumen ejecutivo similar al que tuvo acceso el legislador del PVEM, como parte de un acto de “máxima publicidad”.

Gámez Macías rechazó compartir su análisis con Gama Basarte y lo exhortó a leer los dictámenes por sí mismo, evitando politizar el asunto.

Posteriormente, Gama Basarte explicó que su preocupación se debía a las declaraciones de Gámez Macías y del titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, sobre la presentación de cuatro denuncias penales, algunas apuntando directamente al Ayuntamiento capitalino.

Por su parte, Gámez Macías admitió que su función es evaluar el trabajo del IFSE, no los resultados específicos de las auditorías, a pesar de haber hecho comentarios públicos sobre estas.

Otro tema de desacuerdo fue el cuestionamiento de Gama Basarte sobre la opinión del auditor respecto a la transferencia de un adeudo de 52 millones de pesos a Villa de Pozos, según lo dispuesto en el decreto de creación del nuevo municipio. Gámez Macías desestimó el tema, insistiendo en que no se desviara la sesión hacia debates políticos.

Para Gama Basarte, abordar estas cuestiones es un acto de responsabilidad y transparencia, enfatizando la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas para proporcionar claridad y certidumbre a la ciudadanía.

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El alumno fue amarrado y amordazado, también lo amenazaron con tomar orina y con unas tijeras: Fiscalía ya investiga el hecho

Por: Redacción

A través de redes sociales se denunció un caso de agresión escolar en la Telesecundaria “Plan de Ayala” de Rioverde, San Luis Potosí, luego de que se difundieran videos en redes sociales donde un estudiante es sometido por sus compañeros dentro del aula.

En las grabaciones, se observa a un alumno atado de manos y pies con cinta canela, además de estar amordazado. Mientras dos estudiantes vigilan la puerta, otro graba y uno más dirige la agresión, amenazando a la víctima con tomar orina y con unas tijeras para que penetre su ano.

Ante esto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), indicó que ya se inició la carpeta correspondiente, por lo que se mandará a agentes del Ministerio Público de adolescentes para que se recabe la información.

La fiscal indicó que se debe conocer primero cómo ocurrieron los hechos, para determinar si el caso podría recaer en un tema de tortura, además de determinar cómo será conducido el caso:

“La Ley General de Justicia para adolescentes contempla tres grupos de adolescentes: los mayores de 12, menores de 14; los mayores de 14, menores de 16 y los mayores de 16, menores de 18”.

Por su parte, el Gobierno del Estado atendió a través de diferentes instancias el caso, como la protección, acompañamiento y apoyo para la víctima, con ayuda de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA), garantizando en todo momento la protección a sus derechos y promoviendo actividades de prevención a este tipo de situaciones para abonar a un ambiente seguro para todas y todos.

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), detalló que se aplicaron medidas integrales que incluyen: la suspensión de la maestra encargada del grupo para realizar una investigación interna; la reubicación y seguimiento de los estudiantes agresores en otra escuela, garantizando su derecho a la educación; acompañamiento psicológico al menor afectado y carpeta de investigación que será turnada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para una mayor atención.

El titular de la dependencia detalló que adicional al apoyo brindado al caso, la próxima semana, Rioverde será sede de la mesa de seguridad, habrá más acciones de prevención del delito en la telesecundaria en la que ocurrió el hecho y en las cuatro regiones del Estado, y no descartó la posibilidad de que tanto las madres y padres de familia, así como los involucrados, sean llamados a rendir sus declaraciones en las facultades de la FGE, para controlar esta conducta y erradicar cualquier otra en las escuelas.

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