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¿Quién debe dirigir el Instituto de las Mujeres en SLP?
Activistas feministas analizan el perfil que debe tener la titular de este organismo. Marcela García es una de las favoritas
Por: Ana G Silva e Itzel Márquez
A unos días de que Ricardo Gallardo Cardona tome posesión a su cargo como nuevo gobernador de San Luis Potosí, Lourdes Moreno y Arely Torres Miranda, activistas feministas, dieron su opinión sobre las expectativas de la nueva titular del Instituto de las Mujeres del Estado (Imes).
Moreno, de la organización Samalou (la cual pugna por los derechos políticos de las mujeres), indicó que una de las mujeres que tiene el perfil para ocupar el cargo de la nueva titular del Instituto de las Mujeres es Marcela García, pionera del movimiento feminista:
“Tiene una trayectoria de vida a favor de la lucha de los derechos humanos de las mujeres sobre todo de las más vulnerables, ella trabaja con mujeres en situación de privación de la libertad, es decir en situación de cárcel, trabaja con mujeres indígenas y mujeres migrantes”.
Mientras tanto, Torres mencionó “el perfil de quien debe ocupar el cargo está en la Ley del Imes en el artículo 23, el cual apunta que la persona que ocupe el puesto debe ser una mujer reconocida por su papel en la defensa de los derechos de las mujeres; además, debe tener habilidad de negociar presupuestos y tiene que ser alguien que entienda la progresividad de los derechos de las mujeres”.
Lourdes Moreno indicó que hay otros perfiles como el de la propia Arely Torres Miranda que es una feminista activista que tiene años trabajando el tema y Guadalupe Almaguer que ha sido diputada, que trabaja con una asociación civil, y que ha sido consejera estatal y nacional, que también pueden ocupar el mismo puesto: “Perfiles hay y observamos muy de cerca las feministas a quien pongan porque no vamos a estar conformes si hacen lo que cada 6 años, cuando ponen a alguien que no sabe del tema, pero dice que va a aprender y eso retrasa los trabajos”.
Torres Miranda no quiso mencionar a ninguna mujer para dicho puesto, pues dijo, “creo que hay perfiles muy valiosos y que han llevado una vida pública en la defensa de los derechos de las mujeres, que saben hacer un gran trabajo y harían un gran papel, no quiero decir nombres porque no quiero dejar afuera a ninguna, pero no dudo que hay muchas con liderazgo, trabajo, compromiso y ética”.
Lourdes Moreno indicó que hasta el momento no se tiene ninguna propuesta, aunque por ley tiene que ser una mujer que tenga trayectoria con los derechos humanos de las mujeres y que tenga conocimientos de este tema, 
Moreno comentó que las iniciativas que deberá impulsar la titular del Imes es prioritariamente la despenalización del aborto y temas como las guarderías de tiempo completo, igualdad salarial, seguridad pública y por su puesto impulsar más recursos para los temas de género “que al final del día es un tema complicado de atender porque no hay recursos suficientes”.
La presidenta de Samalou agregó que la relación de Gallardo con el Imes tiene que ser muy cercana, pues el tema de mujeres ha sido un tema que otros gobiernos han dejado pendientes:
“El gobierno pasado tiene una deuda con las mujeres en San Luis Potosí y creo que es la oportunidad de Gallardo de ser un gobernador que demuestre su interés y preocupación en sacar a San Luis de ser un estado con violencia feminicida y realmente apoyar a las mujeres a salir adelante a empoderarse y por supuesto a participar en su gobierno con buenos perfiles”.
Arely Torres apuntó que la relación de la futura titular con los titulares del poder estatal y municipal debe ser de liderazgo, pues recalcó que San Luis Potosí no solo es la capital:
“Quien llegue también tendrá que junto con el nuevo gobernador y el secretario general de gobierno auditar los recursos que se entregaron con la alerta de violencia de género, pues no se han visto reflejados en la vida y seguridad de las mujeres, es así que, ahí podría existir desvíos o mal uso de recursos; además, la nueva titular de la dependencia debe tener voluntad política de entender que si bien la alerta de género está en 6 municipios del estado, en los demás deben implementarse las medidas para garantizar la vida de las mujeres”.
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El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo
Por: Cristian Betancourt
El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.
En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.
Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.
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Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital
Por: Redacción
En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.
De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.
El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.
Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer
A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.
El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.
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La Legislatura mantuvo intacto el Paquete Económico, excepto en el rubro universitario y el aumento al Ceepac
La aportación estatal baja de 506 MDP que propuso el ejecutivo a 320 millones y reaviva el choque político con la Máxima Casa de Estudios
Por: Jorge Saldaña
El Congreso del Estado aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2026 con una modificación de alto impacto: un recorte de 186 millones de pesos a la partida destinada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a que el Ejecutivo había solicitado asignar 506 millones para cumplir con el convenio federal–estatal de financiamiento universitario del siguiente año.
La Legislatura mantuvo sin cambios el resto del Paquete Económico, a excepción de un incremento al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 20 millones de pesos, y en contra parte redujo la aportación universitaria a 320 millones, apenas 20 millones más que lo aprobado para 2025, un monto que demostró ser insuficiente y que dejó a la institución al borde.
El ajuste se vota en el punto más tenso de la relación entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y los diputados, luego de semanas de desencuentros públicos e invitaciones de ida y vuelta entre el poder legislativo y la máxima casa de estudios.
En ese contexto, el dictamen de la Comisión de Hacienda argumentó que el recorte obedece a la falta de información suficiente sobre la aplicación del gasto universitario. Pero en los hechos, la decisión se interpreta como una respuesta política a lo que los legisladores consideran desplantes de la institución.
Un error que se repite.
En 2024, el Congreso aprobó en diciembre solo 300 millones para la UASLP, pero el Gobierno estatal firmó en enero un acuerdo con la Federación por 506 millones, diferencia que generó un conflicto que escaló en todos los niveles.
La tensión terminó con un pago tardío —y políticamente costoso— tanto para el Ejecutivo como para la UASLP.
Ahora, para 2026, el escenario se repite, pero sin que exista un adeudo pendiente que obligue al Gobierno a intervenir: el Congreso dejó la aportación en 320 millones, muy por debajo de lo requerido para operar con estabilidad.
Diputadas como Gabriela López Torres advirtieron que el ajuste “repite el error del año pasado”, pero la Comisión no abrió deliberación y procedió directamente con la votación.
De mantenerse la cifra aprobada, la UASLP enfrentaría en 2026 un déficit similar o peor al vivido este año, cuando la falta de recursos amenazó con paros generalizados al no contar con los recursos para el pago de nóminas y prestaciones. La diferencia para el próximo año es que la institución no tiene una compensación federal garantizada para cubrir el faltante.
La aprobación del paquete económico 2026 entrará en vigor tras su publicación, pero deja sembrada una nueva batalla política: la Universidad busca instalarse en la narrativa de víctima frente al poder, mientras el Congreso presume el recorte como una medida de “responsabilidad” ante la supuesta falta de transparencia universitaria.
En medio, una comunidad de más de 30 mil estudiantes y trabajadores espera que la pugna no vuelva a traducirse en incertidumbre financiera y un constante enfrentamiento político.
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