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El día en que una princesa le rogó a Benito Juárez en SLP
Inés de Salm-Salm pidió en el Palacio de Gobierno por las vidas de Maximiliano y el príncipe Felix de Salm-Salm
Por: Ana G. Silva
En el Palacio de Gobierno se encuentra una escultura de cera en la que un hombre se encuentra sentado con una mujer de rodillas a sus pies en posición de ruego. Estas figuras representan a Benito Juárez, ex presidente de México, y a Inés de Salm-Salm, princesa del Principado de Salm-Salm (estado que existió como parte del Sacro Imperio Romano Germánico, localizado en los actuales departamentos franceses del Bajo Rin y los Vosgos).
La escena corresponde al momento en que la princesa, de origen estadounidense, le pide al presidente Juárez por la vida de Maximiliano de Habsburgo luego de que el Segundo Imperio de México cayera contra el bando liberal.
Se tiene la creencia de que Carlota fue quien rogó por la vida de su esposo; sin embargo, en marzo de 1866 ella había tomado la iniciativa de intentar convencer a Napoleón de reconsiderar su decisión de abandonar la idea de establecer su imperio en México.
Agnes Elisabeth Winona Leclerc Joy, mejor conocida como la princesa Inés de Salm- Salm, nació el 25 de diciembre de 1844, en Estados Unidos donde conoció en 1861 al príncipe Félix de Salm-Salm con quien se casaría y se mudaría a México en 1865 luego de que el emperador Maximiliano lo aceptara dentro de sus tropas.
Dos años después ocurrió la derrota del Imperio, cuando comenzaron a caer prisioneros y la princesa Inés de Salm-Salm comenzó a enviar provisiones a los prisioneros. En mayo de ese año Máximiliano cayó junto con el príncipe Félix, ayudante de campo del emperador en Querétaro.
Inés de Salm-Salm trato de negociar la liberación del emperador y de su esposo con Porfirio Díaz quien le ofreció a yudarle a poder tener contacto con su esposa, pero el general Mariano Escobedo le negó la visita y le comentó que el único que podía autorizarla era el presidente Juárez quien se encontraba en el Palacio de Gobierno San Luis Potosí desde el 21 de febrero, donde estableció por última vez su República Itinerante. 
En la visita con Benito Juárez la princesa de Salm-Salm consiguió un permiso para ver a los prisioneros, aunque el presidente mexicano le reiteró que no perdonaría sus vidas; también consiguió que les dieran un trato más digno y que Maximiliano conversara con Escobedo donde le ofreció la rendición y prometió regresar a Europa con sus tropas, no obstante el trato fue rechazado.
Agnes ideó un plan para que Maximiliano y su esposo pudieran fugarse intentando sobornar a los guardias que resguardaban la ciudad queretana, pero la maniobra fue descubierta.
De acuerdo con la revista Nexos, Inés le escribió una carta a una de sus amigas llamada Elena en 1899, en la que explicaba cómo se llevó a cabo dicho plan:
“Con toda sinceridad, si se me pidiera que nombrara la experiencia más significativa de mi ahora larga vida, seguramente esta se encontraría en las últimas semanas que pasamos juntos en Querétaro, tratando de negociar un pasaje seguro para nuestro querido emperador, enfermo de disentería y quién sabe qué otros males, había languidecido en las manos de aquellos soldados leales a Juárez por tantos días dentro del convento de Capuchinas, entonces convertido en cárcel militar. Después de nuestro fallido intento de sobornar a los guardias con dinero y joyas y de su precipitada partida hacia el puerto de Veracruz”.
Una vez que enjuiciaron a Máximiliano y al príncipe Félix, en donde se les condenó a la pena de muerte, Inés suplicó a Benito Juárez en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí que se les perdonara la vida 
“El día previo a su ejecución llegó: el emperador sería fusilado a la mañana siguiente. Aunque albergaba pocas esperanzas, estaba resuelta a hacer otro esfuerzo por salvar su vida y
apelar una vez más al corazón de aquel hombre de cuya voluntad colgaba el destino del emperador, cuyo rostro pálido y melancólicos ojos azules constantemente me imploraban, hasta en la noche cuando trato de conciliar el sueño. Eran las ocho de la noche cuando fui a ver al señor Juárez, quién me recibió de inmediato. Él también ostentaba un rostro desencajado y turbado. Con labios temblorosos rogué por la vida del emperador, o al menos por el retraso de su sentencia. Pensé que lo que seguramente sería considerada como cobardía en un hombre tal vez podría ser perdonado si era una simple mujer que rogase por su vida. Sin embargo, el presidente Juárez dijo que no prolongaría más su agonía y que el emperador debería de morir el día siguiente”.
La princesa de Salm-Salm contó en su misiva que cuando escuchó “estas palabras desalmadas” cayó de rodillas y rogó piedad. El presidente trató de levantarla, pero, describió, que lo abrazó de las rodillas compulsivamente y le dijo que no lo soltaría sino hasta cuando concediera la vida al emperador.
“El presidente me respondió con voz solemne y triste: ‘Me duele, señora, al verla de rodillas delante de mí, pero si todos los reyes y reinas de Europa estuvieran en su lugar, no podría perdonar esta vida. No soy yo quien se la quita, es el pueblo y la ley, y si no hago su voluntad, el pueblo tomará su vida y la mía también’”.
Agnes Agnes Elisabeth Winona Leclerc Joy indicó que ofreció su vida por la de su esposo, después el presidente la levantó y le prometió que la vida del príncipe Félix sería salvada, pero no la del emperador:
“Le di las gracias y salí de la habitación del Palacio de Gobierno que había sido convertido en un despacho. A medida que descendía lentamente la gran escalera de cantera, fui testigo del espectáculo conformado por más de doscientas de las más distinguidas damas de San Luis, que también venían a orar por la vida de los tres condenados a morir: Maximiliano, Miramón y Mejía”.
Perdonado en México, el príncipe Félix fue herido de bala y murió 1870 durante el conflicto prusiano, mientras que Inés de Salm-Salm falleció el 21 de diciembre de 1912 en su departamento en Karlsruhe, Alemania.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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