La diputada Sara Rocha hizo un llamado a Semarnat para que actualice inventarios de tiraderos y procedan a su suspensión

Por: Redacción

Es urgente que los tres órdenes de gobierno elaboren y actualicen inventarios de tiraderos; inspeccionen, clausuren y sancionen a quienes operan esta actividad por el bien del medio ambiente y la salud pública de las familias potosinas.

En un punto de acuerdo presentado en el Congreso local por la diputada Sara Rocha Medina, expuso el grave problema que enfrentan habitantes del municipio de Charcas a causa de los tiraderos de residuos a cielo abierto.

Por ello exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí y al Ayuntamiento de Charcas implementar medidas reales de remediación a un problema que también afecta la flora, la fauna y posibles mantos acuíferos.

“Las y los vecinos me han buscado, han alzado la voz en diferentes medios, han hecho manifestaciones, y hoy vengo a nombre de ellos a pedir por sus causas urgentes que no distinguen ni colores ni partidos”, enfatizó en la tribuna.

La también presidenta del PRI en San Luis Potosí mencionó la urgencia de que el gobierno federal mande recursos para atender las problemáticas de los tiraderos que no son solo exclusivos de este estado.

No podemos, dijo, ignorar el tema y es deber de la LXIV Legislatura del Congreso responder con acciones concretas.

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La propuesta de la diputada Dolores Robles pretende sancionar a quien dé a consumir estupefacientes a una persona sin su consentimiento

Por: Redacción

Con el objetivo de incorporar la sumisión química como medio para la comisión de delitos, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, específicamente en los delitos de violación, abuso sexual, y robo.

Explica que el concepto Sumisión Química (SQ) puede definirse como la administración de sustancias estupefacientes a una persona, sin su consentimiento, con la finalidad de cometer en su agravio algún delito, de forma que se pueda manipular su voluntad o modificar su comportamiento.

Esta situación no se encuentra prevista en el marco normativo de Estado, por lo que considera necesario sancionar a quien incurra en la conducta de administrar a la víctima cualquier tipo de sustancia, tóxica; estupefaciente, psicotrópica o cualquier otra de origen natural o artificial que le impidiera evitar la ejecución de los delitos de violación, abuso sexual o robo.

En el caso del delito de violación, se busca incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión, cuando a la víctima se le haya administrado alguna sustancia, que establezca la incapacidad para evitar la comisión del acto.

En el caso de abuso sexual, dichas acciones se incorporan al delito de abuso sexual, calificado y se aumentará la pena prevista en una mitad más. El abuso sexual se sanciona con una pena de seis a diez años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Y en el caso de robo, se considerará calificado, cuando se haya administrado a la víctima alguna sustancia, tóxica; estupefaciente, psicotrópica o cualquier otra de origen natural o artificial que le impidiera evitar ser desapoderado de algún bien.

La legisladora Robles Chairez señala que es preocupante que independientemente del objeto de la sumisión química que persiga la persona victimaria, ya sea con fines de carácter sexual o de daño patrimonial, en el afán de lograr la sumisión, las dosis suministradas a las víctimas sean excesivas y puedan generar episodios letárgicos extremos, ceguera, o bien hasta el deceso de la víctima.

Cabe mencionar que en la sumisión química, las sustancias se colocan en la bebida de la víctima, quien además de los síntomas mencionados, también puede padecer dificultad respiratoria, taquicardias, hipotensión, convulsiones, aumento en la temperatura corporal, dificultad del movimiento y vómito.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.

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Temperaturas de hasta 50 grados en la región obligan al uso de ventiladores y aire acondicionado, aseguro el diputado Carlos Arreola

Por: Redacción

En sesión de trabajo, las diputadas y diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura, aprobaron el Punto de Acuerdo promovido por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que realice los estudios técnicos, económicos, sociales y de factibilidad para implementar, de manera retroactiva al 1º de mayo de 2025, el esquema de tarifa de energía eléctrica domestica 1F.

Con ello, se busca beneficiar a las personas que habitan en los municipios que comprenden la zona Huasteca del Estado de San Luis Potosí, durante la temporada de verano en la que se registran temperaturas extremadamente calurosas.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión, explicó que el Punto de Acuerdo establece que “el alto consumo de energía eléctrica en la zona Huasteca, se debe principalmente al clima cálido y húmedo de la región, lo que impulsa el uso intensivo de las personas del aire acondicionado y otros aparatos electrodomésticos para mantenerse frescos. Además, las tarifas eléctricas son altas, lo que dificulta que los habitantes de la Huasteca puedan mantener su nivel de comodidad y calidad de vida”.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en diversos municipios de la zona huasteca se presentan altas temperaturas, en lo especial en el mes de mayo a julio, de cada año.

En Ciudad Valles, durante la primavera y verano, se pueden registrar temperaturas máximas de hasta 50 grados centígrados; y en algunos municipios de la Huasteca en la temporada de primavera, las máximas diarias promedio oscilan entre 30 y 35 grados centígrados; mientras que en verano pueden alcanzar hasta los 36 grados centígrados, especialmente en mayo, que es el mes más caluroso.

Por ello, el Punto de Acuerdo propone que la CFE, implemente un subsidio especial para los hogares que se encuentran en las regiones más calurosas del país. Este apoyo tiene el objetivo de reducir el impacto económico que genera el uso intensivo de ventiladores, aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración, permitiendo a las familias refrescar sus hogares sin que el recibo de luz se dispare.

Por ello, el Punto de Acuerdo propone que la CFE, implemente la tarifa 1F, que se aplica para el servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación.

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