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¿Qué potosinos han ocupado cargos en el gabinete presidencial?
Adán Augusto López ha dicho que de ser presidente incluiría a Ricardo Gallardo en su equipo, pero antes que él otros paisanos han contado con la confianza de los presidentes
Por: Ana G Silva
Durante la visita de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, a la capital potosina, reveló a este medio que sumaría a Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, en su gabinete de ganar la presidencia como secretario de Agricultura. Momentos antes, el funcionario federal dedicó algunos cumplidos a la trayectoria del gobernador y apuntó: “a mí me parece que trae ganas de tener otro puesto”.
Con estas declaraciones que colocarían al mandatario potosino dentro del próximo gabinete federal, La Orquesta recopiló información de potosinos que ocupan o han ocupado un cargo cercano al Gobierno de México:
ROSA ISELA RODRÍGUEZ (2020-a la fecha)
La nacida en Xilitla actualmente es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del presidente López Obrador, convirtiéndose en la primera mujer en estar en ese cargo en la historia de México.
Rosa Isela es periodista y ha ocupado distintos cargos políticos en la Ciudad de México, principalmente relacionados con la seguridad pública.

PALOMA RACHEL AGUILAR (2018-a la fecha)
Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, Paloma Rachel Aguilar Correa se integró a la oficina de la Ayudantía del presidente, esto luego de que ella rompiera relación con varios integrantes de su partido en San Luis Potosí. Además, luego de participar como candidata a la gubernatura del estado, se reintegró al gobierno federal donde actualmente labora en la Administración Pública Federal, como Administradora General de Recursos y Servicios del SAT.
La potosina es licenciada en Derecho, fue asesora parlamentaria del Congreso Local y es una de las fundadoras de Morena San Luis.

NOEMI HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BORJAS (2017-a la fecha)
Directora en el área internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien gestiona las alianzas internacionales y la cooperación estratégica de la dependencia federal con países y embajadas, así como con diversos Organismos Internacionales y Think Tanks.
Su formación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la licenciatura en Relaciones Internacionales y su maestría en la Universidad de Essex en Reino Unido sobre Economía Política, la han llevado a desarrollarse en asuntos internacionales que han ido escalando pues fue practicante de asuntos políticos en la embajada de México en Marruecos y ocupó una dirección en la Secretaría de Desarrollo Social en 2016.

ENRIQUE GALINDO CEBALLOS (2012-2018)
A finales de 2012, Galindo fue nombrado Comisionado General de la Policía Federal de México en la gestión de Enrique Peña Nieto. Durante su gestión se realizó la detención de “23 objetivos prioritarios en México”, entre ellos: Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en dos ocasiones; Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Héctor Beltrán Leyva; Luis Fernando Sánchez Arellano; José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda, implicados en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; entre otros.
Enrique Galindo es el actual presidente municipal de San Luis Potosí, luego de una histórica representación del PRI y el PAN. Fue presidente y secretario Ejecutivo de la Comunidad de Policías de América y ha ocupado cargos relacionados con la seguridad en el estado.

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ (2006-2012)
Juan Manuel Carreras estudió a lado de Felipe Calderón, ex presidente de México, en la Escuela Libre de Derecho y en 2006 fue incluido en su gobierno como director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y en 2009 pasó a ocupar el cargo como titular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, esto a pesar de que Calderón había llegado a la presidencia por el PAN y el potosino siempre ha pertenecido al PRI.
Carreras fue gobernador de San Luis Potosí en el periodo 2015-2021, también ha ocupado cargos como diputado federal y fue secretario de Educación Estatal en la gestión de Fernando Toranzo.

JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ (1995-1997)
El potosino llegó a ser subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación del sexenio de Ernesto Zedillo, donde permaneció dos años.
Robledo Ruiz es un ex miembro del PRI en el que obtuvo cargos como diputado federal y senador. Actualmente es legislador federal por el partido Morena, quien sigue los valores de la Cuarta Transformación.

ANTONIO ROCHA CORDERO (1964-1967)
En 1964 el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró a Antonio Rocha Cordero, titular de la Procuraduría General de la República donde permaneció hasta 1967, aunque no hay antecedentes de las acciones que realizó en este periodo se sabe que dejó su cargo para ser postulado candidato del PRI a gobernador de San Luis Potosí y que resultó electo.
El gobierno de Rocha Cordero en el estado tuvo una buena aceptación y su popularidad hizo que Díaz Ordaz lo llegara a considerar como candidato del PRI a la presidencia de México, aunque finalmente recayó en Luis Echeverría. El potosino también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputado federal y senador.

GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ (1972-1982)
El potosino fue embajador en Chile de 1972 a 1974 durante el mandato del presidente Luis Echeverría, donde le tocó vivir el golpe de estado contra Salvador Allende por parte de August Pinochet, pero dio asilo a 756 personas perseguidas por la instaurada dictadura, incluido al poeta Pablo Neruda, quien de último momento pospuso su huida y un día antes de salir del país murió a causa de un cáncer avanzado. Luego de esto, en 1992 fue condecorado con la Orden al Mérito de Chile.
Martínez Corbalá volvió a ocupar el cargo de embajador de México de 1880 a 1982 con el presidente José López Portillo, pero está vez en Cuba, en donde estableció lazos de amistad con Fidel Castro. También ocupó cargos como la dirección general del ISSSTE, fue gobernador de San Luis Potosí, diputado federal y senador.

FAUSTO ZAPATA LOREDO (1970-1993)
Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, fue subsecretario de la Presidencia de la República; con José López Portillo lo nombró embajador en Italia y Malta; con Miguel de la Madrid Hurtado fue embajador en la República Popular China; mientras que con Carlos Salinas de Gortarí fue cónsul general de México en Los Ángeles y Nueva York.
Fausto Zapata fue condecorado por su actividad política y diplomática por 16 países, entre ellos: Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Alemania y Arabia Saudita.
GONZALO N. SANTOS (1934-1939)
Durante la gestión de Lázaro Cárdenas, Gonzalo N. Santos se convirtió en embajador de México en Bélgica y Dinamarca, en donde permaneció durante toda la administración. Mantuvo relaciones muy estrechas también con los presidentes Plutarco Elias Calles y Manuel Ávila Camacho.
Fue parte del Ejército Constitucionalista que luchaba contra Victoriano Huerta y en 1929 fue uno de los primeros políticos en unirse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la credencial número seis. También ocupó cargos como senador y diputado federal y fue gobernador de San Luis Potosí (1943 a 1949).

PONCIANO ARRIAGA (1852-1853)
Entre 1852 y 1853 Arriaga fue nombrado ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública en el gabinete del presidente Mariano Arista, hasta que fue desterrado por sus ideas liberales y su oposición a la dictadura por el nuevo presidente, Antonio López de Santa Anna.
Ponciano Arriaga se convirtió en un destacado personaje que pudo llegar a ser un presidente liberal, pues es considerado el padre de la Constitución de 1857, fundó la Junta Revolucionaria junto a Melchor Ocampo y Benito Juárez y derrocó a los conservadores, para regresar triunfantes al país en 1855 con la Revolución de Ayutla.

MARIANO ARISTA (1851-1853)
En 1850 Mariano Arista se presentó como uno de los 15 candidatos presidenciales y después de la segunda etapa de votaciones, Arista fue proclamado como ganador de la contienda, con 79 votos en la República Mexicana y 42 en la capital, mismos que le daban la mayoría necesaria.
El potosino asumió el cargo de presidente el 15 de enero de 1851, hasta 1853. Su administración se concentró en tratar de impulsar la minería y la agricultura, además de intentar frenar la corrupción y poner orden en las finanzas. Estableció la primera línea telegráfica entre la capital y el puerto de Veracruz.

MIGUEL FRANCISCO BARRAGÁN ORTÍZ (1833-1836)
Miguel Barragan trabajó como secretario de Guerra del gabinete de Antonio López de Santa Anna en 1833 y continuaría en ese cargo con Valentín Gómez Farías; aunque en 1835 , el Congreso lo nombró presidente interino de la República luego de que Santa Anna pidiera licencia. Durante su administración, la República dejó de ser federal para pasar al centralismo.
Miguel Barragán incursionó dentro del ejército realista, en donde fue ascendido como alférez, luego como coronel y comandante, en donde tuvo cabida dentro del Plan de Iguala. Fue nombrado por el Congreso local gobernador Constitucional del Estado de Veracruz en 1824.

También lee: Adán se llevó congreso, colaborador y hasta zacahuil huasteco | Apuntes de Jorge Saldaña
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía
Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
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