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¿Qué potosinos han ocupado cargos en el gabinete presidencial?
Adán Augusto López ha dicho que de ser presidente incluiría a Ricardo Gallardo en su equipo, pero antes que él otros paisanos han contado con la confianza de los presidentes
Por: Ana G Silva
Durante la visita de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, a la capital potosina, reveló a este medio que sumaría a Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, en su gabinete de ganar la presidencia como secretario de Agricultura. Momentos antes, el funcionario federal dedicó algunos cumplidos a la trayectoria del gobernador y apuntó: “a mí me parece que trae ganas de tener otro puesto”.
Con estas declaraciones que colocarían al mandatario potosino dentro del próximo gabinete federal, La Orquesta recopiló información de potosinos que ocupan o han ocupado un cargo cercano al Gobierno de México:
ROSA ISELA RODRÍGUEZ (2020-a la fecha)
La nacida en Xilitla actualmente es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del presidente López Obrador, convirtiéndose en la primera mujer en estar en ese cargo en la historia de México.
Rosa Isela es periodista y ha ocupado distintos cargos políticos en la Ciudad de México, principalmente relacionados con la seguridad pública.
PALOMA RACHEL AGUILAR (2018-a la fecha)
Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, Paloma Rachel Aguilar Correa se integró a la oficina de la Ayudantía del presidente, esto luego de que ella rompiera relación con varios integrantes de su partido en San Luis Potosí. Además, luego de participar como candidata a la gubernatura del estado, se reintegró al gobierno federal donde actualmente labora en la Administración Pública Federal, como Administradora General de Recursos y Servicios del SAT.
La potosina es licenciada en Derecho, fue asesora parlamentaria del Congreso Local y es una de las fundadoras de Morena San Luis.
NOEMI HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BORJAS (2017-a la fecha)
Directora en el área internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien gestiona las alianzas internacionales y la cooperación estratégica de la dependencia federal con países y embajadas, así como con diversos Organismos Internacionales y Think Tanks.
Su formación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la licenciatura en Relaciones Internacionales y su maestría en la Universidad de Essex en Reino Unido sobre Economía Política, la han llevado a desarrollarse en asuntos internacionales que han ido escalando pues fue practicante de asuntos políticos en la embajada de México en Marruecos y ocupó una dirección en la Secretaría de Desarrollo Social en 2016.
ENRIQUE GALINDO CEBALLOS (2012-2018)
A finales de 2012, Galindo fue nombrado Comisionado General de la Policía Federal de México en la gestión de Enrique Peña Nieto. Durante su gestión se realizó la detención de “23 objetivos prioritarios en México”, entre ellos: Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en dos ocasiones; Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Héctor Beltrán Leyva; Luis Fernando Sánchez Arellano; José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda, implicados en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; entre otros.
Enrique Galindo es el actual presidente municipal de San Luis Potosí, luego de una histórica representación del PRI y el PAN. Fue presidente y secretario Ejecutivo de la Comunidad de Policías de América y ha ocupado cargos relacionados con la seguridad en el estado.
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ (2006-2012)
Juan Manuel Carreras estudió a lado de Felipe Calderón, ex presidente de México, en la Escuela Libre de Derecho y en 2006 fue incluido en su gobierno como director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y en 2009 pasó a ocupar el cargo como titular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, esto a pesar de que Calderón había llegado a la presidencia por el PAN y el potosino siempre ha pertenecido al PRI.
Carreras fue gobernador de San Luis Potosí en el periodo 2015-2021, también ha ocupado cargos como diputado federal y fue secretario de Educación Estatal en la gestión de Fernando Toranzo.
JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ (1995-1997)
El potosino llegó a ser subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación del sexenio de Ernesto Zedillo, donde permaneció dos años.
Robledo Ruiz es un ex miembro del PRI en el que obtuvo cargos como diputado federal y senador. Actualmente es legislador federal por el partido Morena, quien sigue los valores de la Cuarta Transformación.
ANTONIO ROCHA CORDERO (1964-1967)
En 1964 el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró a Antonio Rocha Cordero, titular de la Procuraduría General de la República donde permaneció hasta 1967, aunque no hay antecedentes de las acciones que realizó en este periodo se sabe que dejó su cargo para ser postulado candidato del PRI a gobernador de San Luis Potosí y que resultó electo.
El gobierno de Rocha Cordero en el estado tuvo una buena aceptación y su popularidad hizo que Díaz Ordaz lo llegara a considerar como candidato del PRI a la presidencia de México, aunque finalmente recayó en Luis Echeverría. El potosino también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputado federal y senador. 
GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ (1972-1982)
El potosino fue embajador en Chile de 1972 a 1974 durante el mandato del presidente Luis Echeverría, donde le tocó vivir el golpe de estado contra Salvador Allende por parte de August Pinochet, pero dio asilo a 756 personas perseguidas por la instaurada dictadura, incluido al poeta Pablo Neruda, quien de último momento pospuso su huida y un día antes de salir del país murió a causa de un cáncer avanzado. Luego de esto, en 1992 fue condecorado con la Orden al Mérito de Chile.
Martínez Corbalá volvió a ocupar el cargo de embajador de México de 1880 a 1982 con el presidente José López Portillo, pero está vez en Cuba, en donde estableció lazos de amistad con Fidel Castro. También ocupó cargos como la dirección general del ISSSTE, fue gobernador de San Luis Potosí, diputado federal y senador.
FAUSTO ZAPATA LOREDO (1970-1993)
Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, fue subsecretario de la Presidencia de la República; con José López Portillo lo nombró embajador en Italia y Malta; con Miguel de la Madrid Hurtado fue embajador en la República Popular China; mientras que con Carlos Salinas de Gortarí fue cónsul general de México en Los Ángeles y Nueva York.
Fausto Zapata fue condecorado por su actividad política y diplomática por 16 países, entre ellos: Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Alemania y Arabia Saudita.
GONZALO N. SANTOS (1934-1939)
Durante la gestión de Lázaro Cárdenas, Gonzalo N. Santos se convirtió en embajador de México en Bélgica y Dinamarca, en donde permaneció durante toda la administración. Mantuvo relaciones muy estrechas también con los presidentes Plutarco Elias Calles y Manuel Ávila Camacho.
Fue parte del Ejército Constitucionalista que luchaba contra Victoriano Huerta y en 1929 fue uno de los primeros políticos en unirse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la credencial número seis. También ocupó cargos como senador y diputado federal y fue gobernador de San Luis Potosí (1943 a 1949).
PONCIANO ARRIAGA (1852-1853)
Entre 1852 y 1853 Arriaga fue nombrado ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública en el gabinete del presidente Mariano Arista, hasta que fue desterrado por sus ideas liberales y su oposición a la dictadura por el nuevo presidente, Antonio López de Santa Anna.
Ponciano Arriaga se convirtió en un destacado personaje que pudo llegar a ser un presidente liberal, pues es considerado el padre de la Constitución de 1857, fundó la Junta Revolucionaria junto a Melchor Ocampo y Benito Juárez y derrocó a los conservadores, para regresar triunfantes al país en 1855 con la Revolución de Ayutla.
MARIANO ARISTA (1851-1853)
En 1850 Mariano Arista se presentó como uno de los 15 candidatos presidenciales y después de la segunda etapa de votaciones, Arista fue proclamado como ganador de la contienda, con 79 votos en la República Mexicana y 42 en la capital, mismos que le daban la mayoría necesaria.
El potosino asumió el cargo de presidente el 15 de enero de 1851, hasta 1853. Su administración se concentró en tratar de impulsar la minería y la agricultura, además de intentar frenar la corrupción y poner orden en las finanzas. Estableció la primera línea telegráfica entre la capital y el puerto de Veracruz.
MIGUEL FRANCISCO BARRAGÁN ORTÍZ (1833-1836)
Miguel Barragan trabajó como secretario de Guerra del gabinete de Antonio López de Santa Anna en 1833 y continuaría en ese cargo con Valentín Gómez Farías; aunque en 1835 , el Congreso lo nombró presidente interino de la República luego de que Santa Anna pidiera licencia. Durante su administración, la República dejó de ser federal para pasar al centralismo.
Miguel Barragán incursionó dentro del ejército realista, en donde fue ascendido como alférez, luego como coronel y comandante, en donde tuvo cabida dentro del Plan de Iguala. Fue nombrado por el Congreso local gobernador Constitucional del Estado de Veracruz en 1824.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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