#4 Tiempos
¿Qué hacer con el 2021? | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
La semana pasada, Human Rights Watch (HRW)—organización no gubernamental dedicada principalmente a la investigación, promoción y defensa de los derechos humanos— publicó su informe mundial en el que dan cuenta de la situación general de los derechos humanos en el 2021. En el apartado dedicado a México (https://bit.ly/HRW_Mex), en sus comentarios generales sobre el país, la organización internacional reportó que la tortura, las desapariciones forzadas, el abuso a migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos se han mantenido en niveles altos durante el gobierno de López Obrador. En esta sección de comentarios generales, HRW enlista de manera breve distintos escándalos nacionales (que parecen ser causas clave para entender el resto del informe): la militarización del país, la crisis de personas desaparecidas, la inconstitucional designación en 2019 de Rosario Piedra al frente de la CNDH, la fallida consulta popular del año pasado y la colaboración del presidente con las “políticas abusivas contra la migración” de Estados Unidos.
Sobre las condiciones de nuestro sistema de justicia penal, el informe de HRW confirma de manera puntual que tenemos un sistema plagado de corrupción, servidores públicos sin la capacitación adecuada, recursos insuficientes, complicidad entre agentes del Ministerio Público y defensores de oficio, así como otro tanto de funcionarios abusivos repartidos a lo largo de los procedimientos tanto de la investigación de los delitos como de la impartición de justicia.
Las cárceles son insalubres y están rebasadas en su capacidad; encima de ello, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de manera automática cada vez es más amplio. La tortura es una práctica generalizada, casi una certeza estadística: dos de cada tres personas en prisión alegan haber sido víctimas de violencia al momento de su detención. Sobre la Fiscalía General de la República, HRW enfatiza en que la reforma del 2018 —que formalizó la transición de Procuraduría a Fiscalía— nunca fue implementada de manera correcta y que, además, la nueva reforma de 2021 va precisamente en retroceso en materia de derechos humanos.
Sobre los abusos de nuestros cuerpos militares, el informe da seguimiento a un enfrentamiento armado ocurrido en 2020 en Tamaulipas, en donde un soldado ordenó dar muerte a un civil. A pesar de estar documentado en video, no hay ningún solo detenido. Además, contrario al propio Código de Justicia Militar y a los estándares internacionales en la materia, los hechos son investigados por los propios militares y no por la justicia penal ordinaria. El informe también da cuenta de que la Secretaría de la Defensa Nacional admitió que al menos 47 personas murieron o resultaron heridas durante las actuaciones de las Fuerzas Armadas en lo que va del sexenio. Sobra decir no hay denuncias ni nadie investiga estos casos.
Y así continúa el resto del informe en sus demás apartados. A falta de investigaciones por parte de las autoridades, las y los periodistas en peligro por su profesión se ven orillados a recurrir a la autocensura; siete fueron asesinados el año pasado. En la frontera sur, los elementos de las Fuerzas Armadas —bajo el supuesto mando de la Guardia Nacional— reciben con extrema violencia a las caravanas de migrantes y solicitantes de asilo; ya detenidos, no suelen recibir jabón, mascarillas o tratamiento médico contra el Covid-19. Sobre cambio climático, el informe también registra que en noviembre de 2019 López Obrador anunció falsamente que uno de los acuerdos alcanzados en la cumbre climática de Glasgow había sido inspirado por el programa “Sembrando Vida”, siendo que en realidad se trata de un programa que posiblemente ha causado la pérdida de 72 mil hectáreas de bosque.
¿Qué hacer con esta información? ¿Cómo tratamos esta fotografía del país, que vemos repetida año con año?
El año pasado, la Fiscalía General de la República presentó al Congreso de la Unión una propuesta de reforma que terminó modificando por completo su ley orgánica recién aprobada en diciembre de 2018. Esta nueva ley de la FGR, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2021, reduce la participación de las víctimas en las investigaciones, minimiza las condiciones de autonomía de las Fiscalías Especializadas y limita aún más las posibilidades de que la FGR atraiga la investigación de un caso que originalmente se investiga en una fiscalía local.
Encima de todo, la FGR cerró la última semana del año pasado despidiendo injustificadamente a cientos de policías ministeriales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, así como peritos y agentes del Ministerio Público. Es decir, en un país en el que solo el 5% de los delitos son resueltos, la Fiscalía —encargada de investigar y de acusar— decide deshacerse de 900 de sus elementos (por cierto, de una manera completamente violatoria de sus derechos laborales).
A pesar de tener un Fiscal que día con día demuestra su notoria ineptitud para ejercer el cargo; a pesar de estar plenamente documentado que la Fiscalía fabrica pruebas para mantener a personas en prisión preventiva; a pesar de que se utilizan a las instituciones para inquinas personales; a pesar de los vergonzosos datos que se publican en informes internacionales; a pesar de todo, López Obrador le refrendó su total apoyo y respaldo a Gertz Manero en una conferencia matutina de hace poco. Mientras eso sucede, en el ámbito local la militarización avanza, pues los gobiernos de los estados comienzan a replicar la transferencia de funciones civiles al régimen castrense: hace un par de semanas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó como Fiscal General del Estado a una teniente coronel en activo de la SEDENA, sin ninguna experiencia en justicia civil.
Ciertamente, las fiscalías no son las únicas responsables de la crisis de derechos humanos en el país; la responsabilidad la comparten, entre otros, con los cuerpos policiales, las fuerzas armadas y los jueces y juezas del país, pero también se comparte en gran medida con un pobre y generalizado diseño institucional que agudiza los desatinos de los actores anteriores. Mientras la investigación y la acusación de los delitos se mantenga en manos de perfiles inadecuados, sin la autonomía requerida y sin los recursos suficientes, los notables esfuerzos que pueda haber, por ejemplo, en las comisiones de búsqueda de personas o en la judicatura federal, servirán prácticamente para nada. La crisis de derechos humanos nos es recordada constantemente por organismos internacionales en la emisión de sus informes, pero también por las miles de personas que diariamente se manifiestan en las calles exigiendo justicia y luchando por sus derechos. Ambos continúan enfrentándose, sin embargo, a la simulación y a los otros datos.
TESTEANDO
Hoy se juega en Querétaro el Clásico de la 57, un duelo que siempre viene cargado de tensión, orgullo y, por desgracia, un trasfondo que no se puede ignorar: la sombra de la violencia. Este enfrentamiento no es un simple partido de fútbol, es un espejo incómodo de lo que todavía está pendiente en nuestro balompié.
El recuerdo de la batalla campal entre Querétaro y Atlas sigue vivo. Esa tarde oscura, con imágenes que dieron la vuelta al mundo, dejó claro que la pasión puede convertirse en caos en cuestión de segundos. Y no fue un hecho aislado: en otras ocasiones también hemos visto enfrentamientos en las gradas del Alfonso Lastras, peleas que interrumpieron partidos, además de aquel episodio en Torreón en el que el sonido de las detonaciones generó un pánico colectivo que terminó por vaciar un estadio entero. Lo que debería ser fiesta, demasiadas veces se ha convertido en pesadilla.
El problema no es exclusivo de México. Apenas esta misma semana, en Argentina, un partido internacional quedó marcado por escenas dantescas: aficionados golpeados, perseguidos y obligados a escapar del propio lugar que debería haber sido su refugio. El encuentro tuvo que ser suspendido y la violencia dejó un saldo de heridos, detenidos y un continente entero preguntándose cómo es posible que sigamos repitiendo las mismas historias de siempre.
Con ese telón de fondo se juega hoy este Clásico de la 57. En la cancha, Gallos Blancos y Atlético de San Luis se disputan algo más que tres puntos: se juegan la credibilidad de una rivalidad que merece ser recordada por goles y no por golpes
Porque la verdad es dura: si después de lo vivido en Querétaro hace unos años todavía no entendemos, si después de tantas escenas vergonzosas en México seguimos tolerando barras que se comportan como pandillas, entonces lo que pasó en Argentina podría repetirse aquí en cualquier momento.
El Clásico de la 57 debe ser una advertencia. Que la intensidad se quede en la cancha, que la rivalidad se mida en goles, que la pasión no vuelva a confundirse con barbarie. Si hoy la historia vuelve a torcerse hacia el lado equivocado, no habrá espacio para el asombro: sería simplemente la consecuencia de haber aprendido nada.
Este clásico es una puerta: o se abre para dejar pasar el fútbol en su forma más pura, o se entreabre para que se cuele de nuevo la violencia. Y lo que ocurra esta noche dirá mucho más de nosotros como país que de los once contra once que se atrevan a pisar la cancha.
También lee: San Luis frente a Puebla: partido para valientes, no para excusas | Columna de Arturo Mena “Nefrox”
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: Factor Rosa Icela, Factor Galindo | Apuntes de Jorge Saldaña
#4 Tiempos
Salvador Gallardo Dávalos: médico, humanista y promotor cultural | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Con la proyección del potosino Manuel José Othón como uno de los máximos poetas mexicanos, el movimiento literario en San Luis Potosí a principios del siglo XX fue intenso y de suma importancia; las escuelas literarias seguían siendo las reuniones entre los jóvenes interesados en la literatura y su formación profesional se complementaba con estudios profesionales en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, principalmente en la carrera de leyes donde confluirían un número importantes de hombres de letras que figuraron en el escenario nacional, con grande aplauso, por mencionar un par de esos personajes: Ramón López Velarde, Artemio de Valle Arizpe, entre muchos otros, como hemos tratado ya en anteriores entregas de esta columna de El Cronopio.
No solo en leyes se formaron esos literatos, en la preparatoria del Instituto donde coincidían todos ellos o la mayoría de ellos, serían las raíces que en otras carreras como la de medicina continuarían su gusto por la literatura, en especial la poesía, combinándola con su formación médica, como el fue el caso del rioverdense Salvador Gallardo Dávalos.
Salvador Gallardo Dávalos nació el 9 de julio de 1893 en Rioverde, San Luis Potosí, donde estudiaría sus primeras letras para luego ingresar a la preparatoria del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, allí, en ese ambiente bohemio e intelectual que exponían un buen número de jóvenes interesados en la literatura despertó la vena poética de Salvador Gallardo que a la larga se convertiría en un prestigioso médico y excelente poeta que dejaría huella por su labor humanística y cultural en la región del bajío, principalmente en Aguascalientes donde contribuiría al desarrollo cultural de esa ciudad con su labor en la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana de aquella ciudad.
Al salir de la preparatoria del Instituto Científico de San Luis, ingresó a estudiar medicina en el mismo Instituto potosino para posteriormente continuar sus estudios médicos en la Escuela Médico Militar de la Ciudad de México, siguiendo la huella de sus compañeros de estudio en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí que también habían emigrado a estudiar en la capital, como Jesús Silva Herzog, compañero de estudios de preparatoria de Salvador Gallardo y además su primo.
El padre de Salvador Gallardo era médico y para entonces había desarrollado una importante labor en Rioverde, distinguiéndose como director del hospit al del pueblo que ahora lleva su nombre al igual que una de las calles de Rioverde. Salvador seguiría así la huella formativa de su padre.
Con el apoyo de Silva Herzog que fuera subsecretario de Cultura en 1933, Salvador Gallardo ingresa como médico a la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, antes de irse a radicar a Aguascalientes y realizar una intensa labor educativa y cultural como promotor cultural y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Escuela Normal.
Su labor pública incluyó su participación en la Liga de Escritores y Artista Revolucionarios, miembro titular de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, y fundador de la Asociación Cultural Aguascalentense, además de senador de la República por el estado de Aguascalientes.
Dentro de sus obras dedicadas a su tierra natal, se encuentra Cantos a San Luis Potosí publicada en 1942, con la que ganaría uno de los Juegos Florales de San Luis Potosí.
Salvador Gallardo Dávalos moriría el 30 de octubre de 1981, dejando una importante huella en pro de la cultura de la provincia mexicana. Tras su muerte se estableció en 1982 el Premio Literario Salvador Gallardo Dávalos de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, dejando un legado que continúa su descendencia, su hijo Salvador Gallardo Topete y su nieto poeta y filósofo Salvador Gallardo Cabrera.
De Salvador Gallardo un fragmento de “Canciones bajo la lluvia”
En las tardes invernales
la lluvia la luz tamiza
y cada rayo de irisa
como en danzas espectrales;
la brisa con sus puñales
nos espera en cada esquina,
y la lluvia es bailarina,
que en las tardes invernales,
-con sus velos de neblina-
danza “danza de puñetas”.
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