Estado
¿Qué cambió en el Código Penal de SLP con la despenalización del aborto?
La colectiva Marea Verde destacó que aún quedan cuatro pendientes en materia de salud para que se complete dicho derecho
Por: Redacción
El pasado jueves 7 de noviembre se logró un histórico avance para la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí con la reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Del artículo 148 se eliminó el primer párrafo; y las fracciones I y II se modifica la III fracción y se agrega una fracción IV, en donde se reconoce a las personas gestantes como sujetas y beneficiarias de esta norma. Es decir elimina las sanciones corporales que iban de tres a ocho años de prisión y económicas que varían desde los trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
En la fracción III del artículo antes señalado, se expone que comete el delito de aborto “Quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional. Esta conducta será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
En el caso de la fracción IV, que se agrega, esta establece que comete el delito de aborto “La mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las doce semanas de embarazo”, apunta que esta conducta será sancionada con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado”.
Los cambios en el artículo 149 eliminan las sanciones que se estipulaban para el profesionista de la medicina o persona partera que causara el aborto a una mujer, que se establecían de tres a ocho años de cárcel y la suspensión de su ejercicio profesional hasta por cinco años.
En el artículo 150, donde se establecían los casos en los que no se perseguiría el delito de aborto, se agrega el reconocimiento de las personas gestantes en la primera fracción, donde también se establece que son causales excluyentes de este delito cuando el aborto “Sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante” (aborto espontáneo) y cuando “El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos”. 
Sin embargo, la reciente reforma al Código Penal no contempló todas las causales excluyentes de responsabilidad penal para quienes aborten después de las doce semanas de gestación. La reforma actual únicamente considera como eximentes los casos en que no haya una conducta culposa de la mujer o persona gestante, como en los abortos espontáneos, situaciones de violación o inseminación indebida. Esto deja fuera otras causales más progresivas que se aplican en los códigos penales de estados como Michoacán y la Ciudad de México, donde el aborto después de la semana 12 también es permitido si, por ejemplo, hubo dilación del personal de salud en atender la solicitud de interrupción del embarazo en el plazo establecido, en casos de extrema precariedad, o cuando exista riesgo de vida para la mujer o persona gestante a causa del embarazo.
Las colectivas externaron que el camino para acceder al derecho del aborto en condiciones de libertad, seguridad y dignidad para las mujeres y personas gestantes en nuestro estado no ha terminado.
El Frente Marea Verde apuntaron que dicho logro de las mujeres organizadas deberá reforzarse con modificaciones a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en los siguientes aspectos:
- Reconocimiento de las personas gestantes como sujetas de protección en materia de salud por parte del Estado.
- La obligatoriedad del Estado de brindar acceso al aborto seguro en los plazos establecidos en el Código Penal estatal, así como de brindar información relacionada con el aborto como método seguro de planificación familiar.
- La obligatoriedad del Estado de mantener la atención materno infantil y de personas gestantes como prioridad.
- La responsabilidad del Estado de otorgar servicios de salud reproductiva que comprendan la posibilidad y acceso al aborto; y de promover políticas públicas tendientes a la educación y capacitación en materia de salud sexual, derechos reprodcutivos, anticoncepción, maternidad y paternidad responsables focalizada para adolescentes y jóvenes.
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La iniciativa busca garantizar prevención, detección, diagnóstico y seguimiento integral del síndrome, que afecta entre 8 y 13 por ciento de mujeres en edad reproductiva
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa adiciona una fracción al artículo 4 y reforma las fracciones II, XI Bis y XIV de la Ley de Salud estatal. El concepto incorporado es el de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes conocido como síndrome de ovario poliquístico.
Se trata de un trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y puede persistir en etapas posteriores de la vida. Se caracteriza por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas.
El síndrome se asocia con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo. Estudios sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento
A pesar de su prevalencia, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.
La iniciativa contempla integrar dentro de la atención médica ginecológica la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.
También propone incorporar en las acciones de prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, reconociendo al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.
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Pascual Martínez Sánchez afirmó que el contrato sigue vigente por alrededor de siete años más, aunque insistió en que sus condiciones son desfavorables para el estado
Por: Redacción
La Comisión Estatal del Agua (CEA) prevé aplicar una sanción cercana a los 14 millones de pesos a la empresa operadora de la Presa El Realito, luego de la falla más reciente que dejó sin funcionamiento al sistema durante aproximadamente cinco días.
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión, explicó que las penalizaciones están contempladas en el contrato y se calculan con base en los días que el agua deja de llegar a los tanques de almacenamiento que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí.
“En esta última falla, que duró alrededor de cinco días, ya estamos preparando el procedimiento correspondiente. La multa rondaría los 14 millones de pesos”, señaló.
El funcionario detalló que las sanciones se aplican mediante descuentos a los pagos que la administración estatal realiza a la empresa concesionaria. Agregó que durante 2025 también se han aplicado penalizaciones por interrupciones en el servicio.
Martínez Sánchez recordó que tan solo el año pasado se registraron alrededor de 21 fallas en el sistema
A pesar de las sanciones, reconoció que el gobierno estatal mantiene inconformidades con las condiciones bajo las que fue firmado el contrato de El Realito, al considerar que favorece ampliamente a la empresa operadora.
“No estamos de acuerdo con la forma en que se estableció este contrato. Lo hemos dicho en otras ocasiones: es un contrato muy leonino”, afirmó.
El titular de la CEA indicó que actualmente se analizan mecanismos legales y administrativos para modificar las condiciones del acuerdo, aunque reconoció que hasta el momento no ha sido posible rescindirlo.
Según explicó, el contrato aún tiene una vigencia aproximada de siete años, por lo que cualquier acción deberá considerar el impacto que tendría sobre el suministro de agua para la zona metropolitana.
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El gobernador afirmó que la entidad ya se ubica entre las de menor incidencia delictiva y confió en que las próximas evaluaciones nacionales mejorarán su posición
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el estado está próximo a convertirse en la entidad más segura del país, al destacar los resultados obtenidos en materia de seguridad durante los últimos meses.
El mandatario señaló que las evaluaciones oficiales todavía consideran información correspondiente al año pasado, por lo que confió en que las próximas mediciones reflejarán los avances registrados en 2026.
“Estamos a unos meses de que nos pongan como el estado más seguro. Estamos en el tercer estado más seguro de todo el país”, afirmó.
Gallardo explicó que los indicadores recientes muestran una reducción en la incidencia delictiva y aseguró que esos resultados ya han sido reconocidos por el gobierno federal.
“Con los resultados de los últimos tres meses, la evaluación viene totalmente diferente, ya con todo el arranque de este año que nos ha ido muy bien en el tema de la seguridad
El gobernador agregó que estos niveles de seguridad forman parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística y atraer visitantes nacionales e internacionales, especialmente ante la celebración del Mundial de Futbol 2026.
“Somos el estado con más baja incidencia en los últimos tres meses también, dicho por los números de Presidencia de la República”, sostuvo.
Finalmente, confió en que la actualización de las estadísticas permitirá mejorar la percepción de la entidad y consolidarla como uno de los destinos más seguros del país.
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