Estado
¿Qué cambió en el Código Penal de SLP con la despenalización del aborto?
La colectiva Marea Verde destacó que aún quedan cuatro pendientes en materia de salud para que se complete dicho derecho
Por: Redacción
El pasado jueves 7 de noviembre se logró un histórico avance para la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí con la reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Del artículo 148 se eliminó el primer párrafo; y las fracciones I y II se modifica la III fracción y se agrega una fracción IV, en donde se reconoce a las personas gestantes como sujetas y beneficiarias de esta norma. Es decir elimina las sanciones corporales que iban de tres a ocho años de prisión y económicas que varían desde los trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
En la fracción III del artículo antes señalado, se expone que comete el delito de aborto “Quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional. Esta conducta será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
En el caso de la fracción IV, que se agrega, esta establece que comete el delito de aborto “La mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las doce semanas de embarazo”, apunta que esta conducta será sancionada con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado”.
Los cambios en el artículo 149 eliminan las sanciones que se estipulaban para el profesionista de la medicina o persona partera que causara el aborto a una mujer, que se establecían de tres a ocho años de cárcel y la suspensión de su ejercicio profesional hasta por cinco años.
En el artículo 150, donde se establecían los casos en los que no se perseguiría el delito de aborto, se agrega el reconocimiento de las personas gestantes en la primera fracción, donde también se establece que son causales excluyentes de este delito cuando el aborto “Sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante” (aborto espontáneo) y cuando “El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos”. 
Sin embargo, la reciente reforma al Código Penal no contempló todas las causales excluyentes de responsabilidad penal para quienes aborten después de las doce semanas de gestación. La reforma actual únicamente considera como eximentes los casos en que no haya una conducta culposa de la mujer o persona gestante, como en los abortos espontáneos, situaciones de violación o inseminación indebida. Esto deja fuera otras causales más progresivas que se aplican en los códigos penales de estados como Michoacán y la Ciudad de México, donde el aborto después de la semana 12 también es permitido si, por ejemplo, hubo dilación del personal de salud en atender la solicitud de interrupción del embarazo en el plazo establecido, en casos de extrema precariedad, o cuando exista riesgo de vida para la mujer o persona gestante a causa del embarazo.
Las colectivas externaron que el camino para acceder al derecho del aborto en condiciones de libertad, seguridad y dignidad para las mujeres y personas gestantes en nuestro estado no ha terminado.
El Frente Marea Verde apuntaron que dicho logro de las mujeres organizadas deberá reforzarse con modificaciones a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en los siguientes aspectos:
- Reconocimiento de las personas gestantes como sujetas de protección en materia de salud por parte del Estado.
- La obligatoriedad del Estado de brindar acceso al aborto seguro en los plazos establecidos en el Código Penal estatal, así como de brindar información relacionada con el aborto como método seguro de planificación familiar.
- La obligatoriedad del Estado de mantener la atención materno infantil y de personas gestantes como prioridad.
- La responsabilidad del Estado de otorgar servicios de salud reproductiva que comprendan la posibilidad y acceso al aborto; y de promover políticas públicas tendientes a la educación y capacitación en materia de salud sexual, derechos reprodcutivos, anticoncepción, maternidad y paternidad responsables focalizada para adolescentes y jóvenes.
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La diputada Sara Rocha atribuyó a la Federación el abandono de las carreteras estatales frente al aumento de feminicidios en San Luis Potosí
Por: Redacción
La diputada local Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el aumento de feminicidios en San Luis Potosí es un tema de responsabilidad compartida, no solo del gobierno, y señaló que la mayor responsabilidad de investigación recae en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). La fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó la semana pasada el aumento de muertes violentas de mujeres en la entidad.
La Fiscalía había registrado, hasta julio, cinco feminicidios confirmados en 2026 frente a los seis de todo 2025. En septiembre se sumaron al menos dos casos más: el de una mujer colombiana asesinada en un hotel de Villa de Reyes, tipificado como feminicidio, y el de otra víctima investigada por el mismo delito en La Pila
Cuestionada sobre el llamado a las autoridades tras la desaparición de una joven en la carretera federal 57, rumbo a la zona Altiplano, y sobre la falta de atención de las autoridades federales responsables de esa vía, Rocha respondió que no se trata de un tema nuevo: “Las autoridades federales han abandonado a México en todos los temas, y éste ni se diga: no les interesan ni los temas de las mujeres, mucho menos los de la sociedad.”
Sobre los avances del Congreso del Estado en materia de protección a las mujeres, Rocha dijo que la legislatura ya ha legislado al respecto y que los diputados tienen la responsabilidad de seguir dando herramientas a las investigaciones y a la Fiscalía.
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El diputado dijo que cambiar a jueces y magistrados sin cambiar el sistema deja todo prácticamente igual
Por: Redacción
El rezago en la impartición de justicia sigue siendo un problema de fondo, pese a la elección de jueces y magistrados que impulsó Morena a nivel nacional, dijo el diputado local Rubén Guajardo Barrera, del PAN. Recordó que su bancada advirtió desde el inicio, cuando se planteó la reforma, que ese no era el problema real.
Guajardo Barrera dijo que lo que hace falta es más presupuesto para todo el proceso de impartición de justicia, y que sustituir a las personas que ocupan los cargos, sin modificar el sistema en su conjunto, no resuelve nada. “De nada sirve cambiar a las personas que solamente se cambiaron los nombres si todo el sistema judicial queda igual”, afirmó.
El diputado dijo que la situación se repite tanto a nivel nacional como en San Luis Potosí: se sustituyeron jueces, magistrados y ministros por la vía electoral, pero el sistema de impartición de justicia permanece prácticamente sin cambios. Llamó a hacer un diagnóstico a fondo para mejorar los procesos y lograr que la justicia sea pronta y expedita.
La postura contrasta con la de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien defendió este mes que el rezago judicial no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial, y citó más de 25 mil audiencias penales y otras 25 mil resoluciones familiares resueltas como parte del primer informe del Poder Judicial tras la reforma.
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El acuerdo nacional de la CONAEDU coincide con la iniciativa de Ricardo Gallardo que sigue en análisis en el Congreso del Estado
Por: Redacción
San Luis Potosí se sumó a la ruta nacional que la CONAEDU —instancia que reúne a las autoridades educativas estatales y federal— acordó para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, un tema que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya había llevado al Congreso del Estado desde el 11 de septiembre, donde su iniciativa sigue en análisis en comisiones.
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tomó parte en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la CONAEDU, donde se acordaron los criterios de la ruta nacional. Deysi Maribel López Sierra, titular de la SEGE, señaló que San Luis Potosí ya había colocado este tema en la agenda educativa y que ahora existe coincidencia con la política que plantea el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de aprendizaje y convivencia en las escuelas.
Los acuerdos nacionales plantean restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primaria y secundaria, mientras que en educación media superior y superior cada autoridad educativa fijará sus propios criterios y exhortará a evitar su uso en clases. Para computadoras y tabletas, la propuesta es privilegiar su utilización exclusivamente con fines pedagógicos.
La propuesta de Gallardo lleva diez días en el Congreso del Estado sin dictamen. López Sierra dijo que responde a la necesidad de generar entornos educativos con mayor concentración, convivencia responsable y aprovechamiento académico.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo público del diputado local Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, quien la avaló el 8 de septiembre citando los resultados de México en la prueba PISA.
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