Estado
¿Qué cambió en el Código Penal de SLP con la despenalización del aborto?
La colectiva Marea Verde destacó que aún quedan cuatro pendientes en materia de salud para que se complete dicho derecho
Por: Redacción
El pasado jueves 7 de noviembre se logró un histórico avance para la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí con la reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Del artículo 148 se eliminó el primer párrafo; y las fracciones I y II se modifica la III fracción y se agrega una fracción IV, en donde se reconoce a las personas gestantes como sujetas y beneficiarias de esta norma. Es decir elimina las sanciones corporales que iban de tres a ocho años de prisión y económicas que varían desde los trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
En la fracción III del artículo antes señalado, se expone que comete el delito de aborto “Quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional. Esta conducta será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
En el caso de la fracción IV, que se agrega, esta establece que comete el delito de aborto “La mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las doce semanas de embarazo”, apunta que esta conducta será sancionada con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado”.
Los cambios en el artículo 149 eliminan las sanciones que se estipulaban para el profesionista de la medicina o persona partera que causara el aborto a una mujer, que se establecían de tres a ocho años de cárcel y la suspensión de su ejercicio profesional hasta por cinco años.
En el artículo 150, donde se establecían los casos en los que no se perseguiría el delito de aborto, se agrega el reconocimiento de las personas gestantes en la primera fracción, donde también se establece que son causales excluyentes de este delito cuando el aborto “Sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante” (aborto espontáneo) y cuando “El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos”. 
Sin embargo, la reciente reforma al Código Penal no contempló todas las causales excluyentes de responsabilidad penal para quienes aborten después de las doce semanas de gestación. La reforma actual únicamente considera como eximentes los casos en que no haya una conducta culposa de la mujer o persona gestante, como en los abortos espontáneos, situaciones de violación o inseminación indebida. Esto deja fuera otras causales más progresivas que se aplican en los códigos penales de estados como Michoacán y la Ciudad de México, donde el aborto después de la semana 12 también es permitido si, por ejemplo, hubo dilación del personal de salud en atender la solicitud de interrupción del embarazo en el plazo establecido, en casos de extrema precariedad, o cuando exista riesgo de vida para la mujer o persona gestante a causa del embarazo.
Las colectivas externaron que el camino para acceder al derecho del aborto en condiciones de libertad, seguridad y dignidad para las mujeres y personas gestantes en nuestro estado no ha terminado.
El Frente Marea Verde apuntaron que dicho logro de las mujeres organizadas deberá reforzarse con modificaciones a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en los siguientes aspectos:
- Reconocimiento de las personas gestantes como sujetas de protección en materia de salud por parte del Estado.
- La obligatoriedad del Estado de brindar acceso al aborto seguro en los plazos establecidos en el Código Penal estatal, así como de brindar información relacionada con el aborto como método seguro de planificación familiar.
- La obligatoriedad del Estado de mantener la atención materno infantil y de personas gestantes como prioridad.
- La responsabilidad del Estado de otorgar servicios de salud reproductiva que comprendan la posibilidad y acceso al aborto; y de promover políticas públicas tendientes a la educación y capacitación en materia de salud sexual, derechos reprodcutivos, anticoncepción, maternidad y paternidad responsables focalizada para adolescentes y jóvenes.
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Comisión del Agua aprobó reúso de aguas tratadas, sectorización y captación pluvial
Por: Redacción
La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó, en reunión de trabajo, un paquete de reformas y exhortos en materia de agua: dictámenes para el reúso de aguas residuales tratadas, un exhorto a los ayuntamientos para implementar la sectorización de agua potable y otro para impulsar la captación de agua de lluvia.
Los dictámenes, presentados por la diputada María Aranzazu Puente Bustindui
La comisión también aprobó un Punto de Acuerdo, propuesto por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, que exhorta a los 59 ayuntamientos y a los 21 organismos operadores de agua potable a implementar la sectorización de sus redes: dividirlas para optimizar el aprovechamiento del agua mediante control de presión y válvulas. Nancy Jeanine García Martínez
Otro punto de acuerdo aprobado por la comisión exhorta a la Comisión Estatal del Agua (CEA), a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y a los 59 municipios a implementar esquemas de captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento del agua de lluvia.
Los dictámenes y los puntos de acuerdo serán turnados al pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación.
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El consejo impulsará discusiones sobre agua, seguridad, medio ambiente, movilidad, salud y campo; sus conclusiones buscarán convertirse en propuestas legislativas y planes de gobierno
Por: Redacción
El Consejo Consultivo Pensando en México, capítulo San Luis Potosí, anunció el inicio de una agenda de mesas ciudadanas y de especialistas para discutir algunos de los principales problemas públicos del estado y elaborar propuestas que puedan incorporarse posteriormente a políticas públicas, iniciativas legislativas y plataformas de gobierno.
El colectivo, presidido por Sebastián Pérez, informó que trabajará mediante talleres y mesas multidisciplinarias con participación de académicos, especialistas, técnicos y ciudadanos relacionados con cada uno de los temas.
Entre los asuntos que serán analizados se encuentran gestión del agua, seguridad, movilidad, salud, derechos de las mujeres, medio ambiente, desarrollo metropolitano, gobernanza, ordenamiento territorial y problemáticas del campo.
El Consejo está integrado por Isa Lastras, Diego Díaz Barriga, María Humara, Vanessa Cortez Colis, Luis González Lozano, Nicole Massieu, Fernando Rodríguez, Cecilia Zapata y Jaime Chalita Zarur.
Uno de los primeros ejes será el ambiental, con discusiones sobre calidad del aire, conservación de acuíferos, bosques y recursos naturales. El planteamiento del grupo es incorporar evidencia científica y criterios de largo plazo a la elaboración de propuestas públicas
En materia rural se analizarán problemas como la sequía, pérdida de cultivos, mecanismos de apoyo a productores, migración, pobreza y las condiciones de las mujeres que viven en comunidades del campo.
La primera mesa está prevista para octubre y será abierta a la participación de especialistas, académicos, técnicos y ciudadanía.
Aunque Pensando en México se presenta como una instancia autónoma, no deja claro que lo sea pues establece una relación política directa con Movimiento Ciudadano, partido que propuso este modelo de ejercicio como parte de una estrategia de participación, diálogo y construcción de propuestas.
El objetivo es que las conclusiones obtenidas en las mesas puedan convertirse en políticas públicas, propuestas legislativas y planes de gobierno para distintas plataformas políticas.
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El gobernador destacó resultados en pobreza, infraestructura y seguridad tras el informe presidencial
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde destacó la coordinación entre el Estado y la Federación en proyectos de infraestructura, bienestar, salud, educación y seguridad.
Gallardo señaló que 340 mil potosinas y potosinos salieron de la pobreza extrema en el periodo, resultado que atribuyó a la coordinación entre ambos gobiernos y a las políticas sociales aplicadas en las cuatro regiones del estado.
En infraestructura, el gobernador indicó que San Luis Potosí ha destinado más de 27 mil 600 millones de pesos a la modernización de carreteras, vialidades y espacios públicos, en paralelo a proyectos federales como la ampliación del aeropuerto de Tamuín, las carreteras Ciudad Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla de Reyes, y distintos proyectos ferroviarios y de obra hídrica.
Gallardo dijo que el estado continuará trabajando con la Federación en proyectos como la Universidad Nacional Rosario Castellanos
En seguridad, el gobernador citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: de enero a julio de 2026, San Luis Potosí concentró 0.3 por ciento de los homicidios dolosos del país, el tercer lugar más bajo entre las entidades, con una reducción del 80.5 por ciento frente al mismo periodo de 2025, la mayor caída registrada a nivel nacional.
Gallardo agregó que la coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las corporaciones estatales continuará como parte de la estrategia contra los delitos de alto impacto en la entidad.
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