noviembre 18, 2026

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Pronósticos del PAN caliente | Columna de Jorge Saldaña

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TERCERA LLAMADA

 

Si alguien ve a los coordinadores de Xavier Nava, díganles que se trataba de ganar una campaña con votos panistas, no de juntar panistas que no ganan campañas.

Lo digo por el eje de panistas derrotados y aliados a sueldo que han formado, en lo que parece una estrategia desesperada para evitar el berrinche.

Desde dentro, me informan que no hay forma alguna en que Xavier Nava desista de la aspiración gubernamental, y que de no resultar ganador por Acción Nacional (lo que parece altamente probable porque se encuentra muy por debajo de Octavio Pedroza y Marco Gama), recurra a un plan B.

Se prevé que el alcalde con licencia apueste al berrinche, a las denuncias, intente la ruptura de la coalición para quedarse aunque sea con el PRD o de plano negociar en México con Movimiento Ciudadano… ah, también planea aventar sus juguetes, dar zapatazos en el suelo y llevarse su balón mientras llora corriendo a su casa.

Inocente pobre amigo. Desde la cúpula del PRD ha dejado claro que, pase lo que pase, por lo menos en San Luis Potosí, irán junto con el PAN, y suena lógico, pues no se van a arriesgar a perder diputaciones locales y federales ya negociadas con la coalición ni el porcentaje de votos que le asegura pluris y sobrevivencia por seguirle la corriente a un posible berrinche de Nava Palacios.

Mientras tanto, es curioso ver cómo Alejandro Zapata, que perdió la gubernatura en 2009 contra Toranzo, la presidencia municipal en 2012 contra Mario García, y hasta la interna panista con Sonia Mendoza en 2015, pretenda ser la figura “ganadora” y operadora de la campaña Navista. Su racha no parece la mejor carta al interior del PAN, pero ahí lo tienen manejando lo único que tienen todavía a manos llenas : dinero para derrochar.

De plano los pocos empresarios incautos que están apostando sus recursos a esa campaña no entienden: no les cumplieron en 2009, ni el 2012 ni en 2015 y seguramente se quedarán esperando en el 2021.

Además de curiosa, resulta irónica la intervención de AZP en el proceso a favor de Nava, porque en 2015, Alejandro con pruebas, razón y dignidad, acusó a Sonia Mendoza de comprar la elección interna, meter dinero a diestra y siniestra para conseguir la postulación… pero cinco años después se le ve de la mano junto a su otrora rival Sonia, participando en una campaña acusada justamente de lo mismo… de comprar votos.

Siguiendo el ramillete de perdedores panistas y apoyadores de ocasión, podemos contar inmediatamente por debajo de Sonia Mendoza y Alejandro Zapata, los “ya merito” gobernadores de este estado, ni más ni menos que los dignísimos y presentabilísimos operadores amaestrados del grupo de choque de Xavier Nava, Juan Rodríguez Chessani y el tal “Jhonny Pérez” al que encontraron entregando dinero a cambio de votos a favor de Xavier con tal desvergüenza que hasta lo subió a sus redes. (Hay que ser verdaderamente bruto, pero ¿qué esperaban de changuitos amaestrados? No sean ingratos).

De ahí le siguen perfiles como: Lidia Arguello, la que se decía panista incorruptible, la misma que odiaba al PRI por desviar dinero, pero que cobra con la derecha su sueldo municipal mientras trabaja de tiempo completo en labores de campaña.

Lo mismo Jaime Galván Valencia, que se degradó de ser secretario general del PAN y aspirante derrotado a la dirigencia, a gato y “aguantagritos” de un aspirante externo que jamás tuvo respeto al partido blanquiazul. ¿Cuánto podrá aportar Galván Valencia a una elección interna si el mismo no pudo con una contienda de mucho menor calado?

Pedro Pablo Cepeda no volvería a ganar ni en su cuadra y en el panismo no tiene ningún recuerdo grato, si acaso el vergonzoso asunto aquel del “auto incendio” en la sede municipal panista y que nunca fue aclarado.

Otro “operador” navista es Claudio Ferrer, arquitecto de la infraestructura social “Gallardista” a la que tanto desprecian, pero de la que no se cansaron de aprovechar, y al que le cumplieron por meses en un puesto, porque también lo degradaron para dar paso a Oscar Valle Portilla, único responsable de la ruptura del proyecto de Xavier con Octavio Pedroza (luego les cuento).

Sume también a Josefina Salazar, la ex diputada más señalada por el uso de factura falsas y que tiene a su hermana recibiendo de la nómina del ayuntamiento capitalino más de 20 mil pesos mensuales trabajando de “Auxiliar” en la tesorería.

Hacia fuera, el eje de perdedores o interesados, lo conforman entre otros, Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) al que ocupan para que utilice ese cargo honorario para presionar o atacar según los intereses del candidato desesperado. Un dato: La hija de Ricardo Pérez, se llama Maritza Pérez Campos, trabaja en la coordinación de comunicación digital y le paga el municipio más de 10 mil pesos mensuales.

Está documentado pues, que Alejandro Zapata tuvo contratos millonarios con el ayuntamiento. Se especula que la “estructura” que Sonia pasó a la campaña Navista costó por lo menos una decena de millones, se investiga la entrega de dinero en efectivo, sus colaboradores de campaña desvían recursos al estar cobrando en el municipio y hasta sus “opinadores” y aliados políticos tienen hijos metidos en la nómina. No es amor, es interés.

No habrá dinero que alcance para una campaña formada por equipos expertos en derrota, ni presupuesto que aguante para cumplir los compromisos que seguramente se están haciendo y tarde o temprano se tendrán que saldar.

¿Van a permitir los panistas que el PAN se venda? Así estarán de calientes.

Por otro lado y para terminar, Octavio suma a Rubén Guajardo, al mismísimo Xavier Azuara y hasta a la valiente ex regidora Marcela Zapata.

Marco Gama tiene firmes sus liderazgos y no se debe perder de vista que tiene en su haber un triunfo estatal que lo llevó al Senado, que al igual que Octavio conoce por dentro al partido, y por fuera a los militantes, empresarios, a líderes eclesiásticos, a los medios a los que han tratado con respeto y no “discrimina” entre unos y otros, conocen y pueden tomar acuerdos hasta con priistas con los que tendrán que, en caso de resultar triunfante uno u otro, compartir la cancha rumbo a la gubernatura, pero sobre todo estos dos personajes no se han cerrado al discurso monotemático y aburridor del “mesías de la dignidad”.

No lo dude Culto Publico: La contienda interna panista se definirá entre estos últimos dos aspirantes y contará con un sentido berrinche. Ese es mi muy humilde pronóstico, pero en 12 campanadas, 12 días, sabremos la verdad.

Hasta el próximo año!

BEMOLES

UPDATE DE RISA LOCA

Mientras esta columna se escribía, el propio alcalde con licencia publicó en sus redes sociales que se “tergiversó” la información y que, como siempre, los medios malos que no lo quieren usaron las fotografías de la entrega de dinero de sus operadores en Armadillo de los Infante para atacarlo. Xavier Nava asegura que todo se trató de la inocente premiación de un torneo de futbol. Da risa que tardaran 5 días para dar una respuesta, pero lo que está para carcajearse es que, los que reciben el dinero traen pantalón, botas y sombrero porque… así se juegan las finales de futbol ¿qué no? JAJAJAJAJAJAJAJA Tan fácil hubiera sido deslindarse. #HastaParaEsoSeLesTupe

 

10 MIL FIRMAS Y UN WHISKY

La queja del aspirante a candidato independiente, Arturo Segoviano, respecto a que el sistema del Ceepac le “desapareció” 10 mil firmas de apoyo en un par de horas, invariablemente remite a aquella anécdota del desafortunado equipo de “Ganemos”, que a unos días de vencer el plazo, se dijeron víctimas del robo de todas sus firmas y una botella de Whisky. En contraste, si al aspirante a candidato a gobernador Segoviano nada más le “desaparecieron” las firmas, pues…le fue bien.

(Ya en serio, ojalá el Ceepac se aplique porque la acusación no es menor y pone en tela de juicio la capacidad técnica del árbitro del partido). #AGUAS

 

¿PA QUÉ TANTO?

La última entrega de apoyos de Xavier Nava consiste en un calendario con su foto y una bolsa con una salsa Valentina, bote de sal La Fina y unas botanas. El asunto es de plano de muy mal gusto y de muy mal cálculo, para empezar por lo “cuentachiles” y “pichicato” que parece el regalo, por lo ridículo de pensar que alguien en su sano juicio quiere tener en un calendario la cara de Xavier Nava, y por último porque se mandaron a hacer 20 mil paquetes cuando la lista nominal de votantes no supera los 9 mil. #Chale #SacaLasSaladitasConValentina

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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