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Pronósticos del PAN caliente | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA
Si alguien ve a los coordinadores de Xavier Nava, díganles que se trataba de ganar una campaña con votos panistas, no de juntar panistas que no ganan campañas.
Lo digo por el eje de panistas derrotados y aliados a sueldo que han formado, en lo que parece una estrategia desesperada para evitar el berrinche.
Desde dentro, me informan que no hay forma alguna en que Xavier Nava desista de la aspiración gubernamental, y que de no resultar ganador por Acción Nacional (lo que parece altamente probable porque se encuentra muy por debajo de Octavio Pedroza y Marco Gama), recurra a un plan B.
Se prevé que el alcalde con licencia apueste al berrinche, a las denuncias, intente la ruptura de la coalición para quedarse aunque sea con el PRD o de plano negociar en México con Movimiento Ciudadano… ah, también planea aventar sus juguetes, dar zapatazos en el suelo y llevarse su balón mientras llora corriendo a su casa.
Inocente pobre amigo. Desde la cúpula del PRD ha dejado claro que, pase lo que pase, por lo menos en San Luis Potosí, irán junto con el PAN, y suena lógico, pues no se van a arriesgar a perder diputaciones locales y federales ya negociadas con la coalición ni el porcentaje de votos que le asegura pluris y sobrevivencia por seguirle la corriente a un posible berrinche de Nava Palacios.
Mientras tanto, es curioso ver cómo Alejandro Zapata, que perdió la gubernatura en 2009 contra Toranzo, la presidencia municipal en 2012 contra Mario García, y hasta la interna panista con Sonia Mendoza en 2015, pretenda ser la figura “ganadora” y operadora de la campaña Navista. Su racha no parece la mejor carta al interior del PAN, pero ahí lo tienen manejando lo único que tienen todavía a manos llenas : dinero para derrochar.
De plano los pocos empresarios incautos que están apostando sus recursos a esa campaña no entienden: no les cumplieron en 2009, ni el 2012 ni en 2015 y seguramente se quedarán esperando en el 2021.
Además de curiosa, resulta irónica la intervención de AZP en el proceso a favor de Nava, porque en 2015, Alejandro con pruebas, razón y dignidad, acusó a Sonia Mendoza de comprar la elección interna, meter dinero a diestra y siniestra para conseguir la postulación… pero cinco años después se le ve de la mano junto a su otrora rival Sonia, participando en una campaña acusada justamente de lo mismo… de comprar votos.
Siguiendo el ramillete de perdedores panistas y apoyadores de ocasión, podemos contar inmediatamente por debajo de Sonia Mendoza y Alejandro Zapata, los “ya merito” gobernadores de este estado, ni más ni menos que los dignísimos y presentabilísimos operadores amaestrados del grupo de choque de Xavier Nava, Juan Rodríguez Chessani y el tal “Jhonny Pérez” al que encontraron entregando dinero a cambio de votos a favor de Xavier con tal desvergüenza que hasta lo subió a sus redes. (Hay que ser verdaderamente bruto, pero ¿qué esperaban de changuitos amaestrados? No sean ingratos).
De ahí le siguen perfiles como: Lidia Arguello, la que se decía panista incorruptible, la misma que odiaba al PRI por desviar dinero, pero que cobra con la derecha su sueldo municipal mientras trabaja de tiempo completo en labores de campaña.
Lo mismo Jaime Galván Valencia, que se degradó de ser secretario general del PAN y aspirante derrotado a la dirigencia, a gato y “aguantagritos” de un aspirante externo que jamás tuvo respeto al partido blanquiazul. ¿Cuánto podrá aportar Galván Valencia a una elección interna si el mismo no pudo con una contienda de mucho menor calado?
Pedro Pablo Cepeda no volvería a ganar ni en su cuadra y en el panismo no tiene ningún recuerdo grato, si acaso el vergonzoso asunto aquel del “auto incendio” en la sede municipal panista y que nunca fue aclarado.
Otro “operador” navista es Claudio Ferrer, arquitecto de la infraestructura social “Gallardista” a la que tanto desprecian, pero de la que no se cansaron de aprovechar, y al que le cumplieron por meses en un puesto, porque también lo degradaron para dar paso a Oscar Valle Portilla, único responsable de la ruptura del proyecto de Xavier con Octavio Pedroza (luego les cuento).
Sume también a Josefina Salazar, la ex diputada más señalada por el uso de factura falsas y que tiene a su hermana recibiendo de la nómina del ayuntamiento capitalino más de 20 mil pesos mensuales trabajando de “Auxiliar” en la tesorería.
Hacia fuera, el eje de perdedores o interesados, lo conforman entre otros, Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) al que ocupan para que utilice ese cargo honorario para presionar o atacar según los intereses del candidato desesperado. Un dato: La hija de Ricardo Pérez, se llama Maritza Pérez Campos, trabaja en la coordinación de comunicación digital y le paga el municipio más de 10 mil pesos mensuales. 
Está documentado pues, que Alejandro Zapata tuvo contratos millonarios con el ayuntamiento. Se especula que la “estructura” que Sonia pasó a la campaña Navista costó por lo menos una decena de millones, se investiga la entrega de dinero en efectivo, sus colaboradores de campaña desvían recursos al estar cobrando en el municipio y hasta sus “opinadores” y aliados políticos tienen hijos metidos en la nómina. No es amor, es interés.
No habrá dinero que alcance para una campaña formada por equipos expertos en derrota, ni presupuesto que aguante para cumplir los compromisos que seguramente se están haciendo y tarde o temprano se tendrán que saldar.
¿Van a permitir los panistas que el PAN se venda? Así estarán de calientes.
Por otro lado y para terminar, Octavio suma a Rubén Guajardo, al mismísimo Xavier Azuara y hasta a la valiente ex regidora Marcela Zapata.
Marco Gama tiene firmes sus liderazgos y no se debe perder de vista que tiene en su haber un triunfo estatal que lo llevó al Senado, que al igual que Octavio conoce por dentro al partido, y por fuera a los militantes, empresarios, a líderes eclesiásticos, a los medios a los que han tratado con respeto y no “discrimina” entre unos y otros, conocen y pueden tomar acuerdos hasta con priistas con los que tendrán que, en caso de resultar triunfante uno u otro, compartir la cancha rumbo a la gubernatura, pero sobre todo estos dos personajes no se han cerrado al discurso monotemático y aburridor del “mesías de la dignidad”.
No lo dude Culto Publico: La contienda interna panista se definirá entre estos últimos dos aspirantes y contará con un sentido berrinche. Ese es mi muy humilde pronóstico, pero en 12 campanadas, 12 días, sabremos la verdad.
Hasta el próximo año!
BEMOLES
UPDATE DE RISA LOCA
Mientras esta columna se escribía, el propio alcalde con licencia publicó en sus redes sociales que se “tergiversó” la información y que, como siempre, los medios malos que no lo quieren usaron las fotografías de la entrega de dinero de sus operadores en Armadillo de los Infante para atacarlo. Xavier Nava asegura que todo se trató de la inocente premiación de un torneo de futbol. Da risa que tardaran 5 días para dar una respuesta, pero lo que está para carcajearse es que, los que reciben el dinero traen pantalón, botas y sombrero porque… así se juegan las finales de futbol ¿qué no? JAJAJAJAJAJAJAJA Tan fácil hubiera sido deslindarse. #HastaParaEsoSeLesTupe
10 MIL FIRMAS Y UN WHISKY
La queja del aspirante a candidato independiente, Arturo Segoviano, respecto a que el sistema del Ceepac le “desapareció” 10 mil firmas de apoyo en un par de horas, invariablemente remite a aquella anécdota del desafortunado equipo de “Ganemos”, que a unos días de vencer el plazo, se dijeron víctimas del robo de todas sus firmas y una botella de Whisky. En contraste, si al aspirante a candidato a gobernador Segoviano nada más le “desaparecieron” las firmas, pues…le fue bien.
(Ya en serio, ojalá el Ceepac se aplique porque la acusación no es menor y pone en tela de juicio la capacidad técnica del árbitro del partido). #AGUAS
¿PA QUÉ TANTO?
La última entrega de apoyos de Xavier Nava consiste en un calendario con su foto y una bolsa con una salsa Valentina, bote de sal La Fina y unas botanas. El asunto es de plano de muy mal gusto y de muy mal cálculo, para empezar por lo “cuentachiles” y “pichicato” que parece el regalo, por lo ridículo de pensar que alguien en su sano juicio quiere tener en un calendario la cara de Xavier Nava, y por último porque se mandaron a hacer 20 mil paquetes cuando la lista nominal de votantes no supera los 9 mil. #Chale #SacaLasSaladitasConValentina
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Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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