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Presupuesto 2019 para SLP: ¿Quién gana y quién pierde?
El Pleno del Congreso votará hoy la repartición de recursos para este año
Por Roberto Rocha
El invernadero de Santa Rita podría considerarse el mayor perdedor en la Ley de Ingresos estatal para el próximo año, pues el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que será votado hoy por el Pleno del Legislativo, le redujo en 53.1 por ciento la entrada de dinero.
El año pasado, el invernadero de Santa Rita recibió del gobierno del estado 55 millones de pesos, mientras que este año, se invertirán solo 25 millones 784 mil pesos.
El Centro de Producción Santa Rita es una empresa que se dedica a la producción de tomates, que opera dentro de la administración pública estatal desde 2004. Los informes de esa paraestatal en 2016 y 2017 mostraron un aumento de ingresos por 46.6 millones de pesos, lo que fue absorbido en gran medida por el pago de sus trabajadores, ya que 151.6 millones de pesos destinados a la nómina de 2016, pasaron a 173.8 millones de pesos en 2017. Actualmente el sueldo de al menos 5 directivos y un trabajador del centro es superior a los 174 mil pesos mensuales.
Sin embargo, son varias las dependencias y organismos estatales que tendrán una caída en sus ingresos para este año.
El Hospital Central, por ejemplo, pese a que está pasando por una transformación que le hará convertirse en Hospital de Especialidades, tendrá menos recursos estatales este año, comparado con los que recibió en 2018.
El año pasado, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto recibió del gobierno del estado 583 millones de pesos, mientras que este año solo tendrá 507 millones, una reducción de 13 por ciento.
El Instituto Potosino del Deporte tendrá también una ligera baja en sus recursos para este año, de 3.8 por ciento, que en términos reales representa poco más de 400 mil pesos.
El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale también perderá 2.6 por ciento de sus ingresos estatales.
El Museo Francisco Cossío tendrá 14.4 por ciento menos ingresos que el año pasado, mismo caso que la Secretaría de Cultura, que tendrá 7.99 por ciento menos dinero estatal.
El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa perderá 41.8 por ciento de sus recursos, pues de 3 millones 200 mil pesos pasará a un millón 859 mil pesos.
Otro gran perdedor del presupuesto 2019 será el Instituto Estatal de Ciegos, que solo tuvo 21 mil 910 pesos el año pasado, pero se le recortará a 2 mil 360 pesos para este año.
En cambio, el mayor ganador será la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, que tendrá un incremento de 139.5 por ciento, al pasar de 3 millones 226 mil pesos a 7 millones 727 mil pesos.
La Secretaría de Desarrollo Económico también tendrá un aumento en los recursos que recibirá del estado, de 87 por ciento.
La Secretaría de Finanzas espera poder recaudar este año 36 por ciento más recursos que el pasado, con dinero proveniente principalmente del pago de control vehicular y la expedición de licencias de manejo, que subirán 36 por ciento cada uno, según las proyecciones de esa dependencia estatal.
Otros organismos estatales tendrán importantes incrementos, como el Archivo Histórico, que subió 363 por ciento; el Centro Cultural Real de Catorce 182 por ciento y la Cineteca Alameda, 103 por ciento. 
La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí tendrá 60 por ciento más recursos que el año pasado, al igual que el Conalep.
Más obra pública… no etiquetada
San Luis Potosí aumentará la inversión pública en gastos no etiquetados durante este año, pero reducirá casi en la misma proporción los que se hacen con recursos etiquetados, es decir, que tienen como destino específico alguna obra.
Según el Presupuesto de Egresos 2019 que se votará hoy en el Pleno del Congreso del Estado, la inversión pública no etiquetada incrementará un 38.4 por ciento para este 2019, en comparación con los recursos que en ese rubro tuvo la entidad en 2018. Para el año que recién comienza, la inversión pública no etiquetada será de mil 370 millones de pesos, mientras que el año anterior fue de 989 millones.
En cambio, la inversión pública etiquetada tendrá una reducción de 36.38 por ciento, pues este año será de 926 millones de pesos, mientras que el año anterior fue de mil 457 millones. La sustitución de recursos etiquetados por no etiquetados significaría, posiblemente, más dificultad para mantener vigilancia sobre el destino del dinero para esas obras.
En general, este año, los gastos etiquetados tendrán un incremento de 20 por ciento respecto al anterior. En 2018, ese tipo de inversiones fueron por 19 mil 605 millones de pesos, mientras que para 2019, serán de 23 mil 567 millones de pesos.
De entre los gastos no etiquetados, el único rubro que sufrió una reducción fue el de “bienes, inmuebles e intangibles”, que pasará de un millón 355 mil pesos a cero este año. Del resto, las inversiones financieras, materiales y suministros, y servicios generales se mantendrán igual.
Todos los demás rubros de gastos no etiquetados tuvieron crecimientos: el 38.4 por ciento de inversión pública; 32.2 por ciento de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 24.2 por ciento de “participaciones y aportaciones”; 12.4 por ciento, de “deuda pública”, y 7.6 por ciento de “servicios personales”.
Por el contrario, los gastos etiquetados tendrán un incremento marginal de apenas 0.2 por ciento, pues pasarán de 24 mil 229 millones a 24 mil 284 millones.
Solo crecerán algunos rubros de gastos etiquetados: “Participaciones y aportaciones”, un 10.5 por ciento; “deuda pública”, 4.3 por ciento y “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, apenas un 0.99 por ciento.
Salvo la inversión pública con recursos etiquetados, que caerá 36.38 por ciento, el resto de los rubros de gastos etiquetados se quedarán en cero pesos para este año: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles, inmuebles e intangibles; e inversiones financieras.
En total, los gastos de San Luis Potosí crecerán 9.1 por ciento este año, en comparación con 2018. El Presupuesto de 2019 será de 47 mil 852 millones de pesos, mientras que el año pasado fue de 43 mil 835 millones.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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