El partido denuncia la omisión de mesas técnicas y jurídicas pactadas para el proceso interno

Por Roberto Mendoza

El Partido del Trabajo denunció públicamente a Morena por el incumplimiento de los acuerdos pactados para definir a los coordinadores estatales de la Cuarta Transformación. A través de un documento oficial difundido anoche en sus redes sociales, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT señaló que el proceso ha sido unilateral, ya que el partido mayoritario omitió el compromiso de realizar una segunda evaluación metodológica conjunta tras definir a sus cuatro finalistas.

La dirigencia enfatizó su postura frente a las designaciones: “Las encuestas hasta hoy realizadas son estrictamente de Morena y falta por realizar una segunda encuesta con nuestras propuestas, con una metodología científica previamente acordada”.

La inconformidad radica en que Morena avanzó en las mediciones sin haber instalado los órganos de deliberación de la alianza. El PT detalló que entregó por escrito su propuesta de encuesta científica, pero a la fecha no existe avance ni se conformaron las mesas técnicas y jurídicas que debían integrar también al Partido Verde Ecologista

de México. Aunado a la falta de un cronograma oficial para transparentar el nombramiento de los ganadores, la organización exigió reponer los acuerdos: “Todo lo anterior, hasta la fecha, se ha incumplido y estamos a la espera de la segunda encuesta con casas encuestadoras previamente acordadas”.

Pese a la fricción operativa por el control del procedimiento interno, el comunicado petista dedicó su apertura a refrendar su estatus como fundadores del movimiento obradorista en 1995 y a justificar su postura institucional ante la coyuntura global. Para cerrar su posicionamiento sobre el conflicto, el partido emitió una directiva explícita a sus bases y aliados para priorizar el proyecto nacional sobre las candidaturas locales: “…una exhortación a que, en un ambiente fraterno, cerremos filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, manteniendo la unidad de la coalición”.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló en qué se tradujo el ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años

Por: Redacción

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) generó un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años a través de acciones de prevención, entre ellas mejores prácticas de compra, seguimiento a contratos y cobro de multas y adeudos.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que el ahorro se dividió en 29 mil millones de pesos por mejoras en compras mediante diálogo con proveedores; 42.2 mil millones por el seguimiento a la administración de contratos; 4.8 mil millones por el cobro de multas y adeudos, y 7.8 mil millones por la eficiencia en la organización del gobierno.

“En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública”, señaló Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

“Cuando se encuentra que hay una m ala práctica en algún lugar, se actúa: como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y si es muy grave, a la Fiscalía General de la República”, agregó.

Sheinbaum Pardo informó que la SABG trabaja de manera colaborativa con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una serie de leyes para mejorar la gestión pública y evitar la corrupción.

Buenrostro Sánchez señaló que México ocupa el quinto lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor confianza ciudadana en el Gobierno nacional, solo detrás de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo, y el octavo lugar en confianza en el servicio público.

También informó que se han brindado 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad, y que el 97.7 por ciento de los servidores públicos presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma, la cifra más alta registrada.

La Federación fija reglas por nivel educativo mientras la iniciativa estatal de Gallardo sigue sin dictamen en el Congreso

Por: Redacción

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que a partir del 3 de noviembre entra en vigor la regulación federal del uso de celulares en las escuelas, luego de un acuerdo con las y los gobernadores del país y una consulta con maestros de todos los niveles educativos.

En Educación Básica no podrá usarse el celular durante la jornada escolar; los alumnos podrán guardarlo en la mochila para casos de emergencia. En Educación Media Superior, cada institución fijará sus propios límites de uso responsable, y en Educación Superior se fomentará el uso responsable y seguro del dispositivo.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”, señaló Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Las medidas se publicaron el martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de esa fecha corre un plazo de 30 días para realizar asambleas informativas en las escuelas sobre el contenido del acuerdo, previo al arranque de su implementación en noviembre.

La medida federal llega después de que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, presentó, el 11 de septiembre, una iniciativa propia ante el Congreso del Estado para regular celulares en las aulas potosinas, que hasta el 21 de septiembre seguía sin dictamen en comisiones. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado había participado, días antes, en la reunión de la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) donde se acordó la ruta que ahora formaliza la Presidencia.

Previo al acuerdo, 16 entidades del país ya aplicaban regulaciones propias sobre el uso de dispositivos digitales en las aulas.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, indicó que en la consulta realizada a docentes sobre la regulación, el 81 por ciento se manifestó a favor, y calificó las medidas como un paso para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su salud mental, aprendizaje y desarrollo integral.