Plan de protección para familia de Karla Pontigo es inoperante, acusan

La Secretaría de Seguridad Pública no ha acatado las medidas de protección hacia la familia de Karla Pontigo, dictadas desde enero de este año

Por: Abelardo Medellín

A pesar de que el 28 de enero de 2020, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dictó medidas de protección adicionales para la familia de Karla Pontigo Lucciotto, joven víctima de feminicidio en San Luis Potosí en el 2012, estas siguen sin cumplirse a cabalidad.

El plan de protección aprobado a inicios de año, fue notificado a la Secretaría de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a cargo de Alejandro Leal Tovías, mediante un oficio con fecha del 9 de febrero 2020.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a cargo de Jaime Ernesto Pineda Arteaga, tampoco ha acatado las medidas de protección por parte del Ministerio Público, luego de la agresión que sufrió Pedro Pontigo Lucciotto, hermano de Karla, el pasado 13 de mayo de 2020.

A pesar de que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representante y acompañante de la familia Lucciotto, ha realizado distintas gestiones ante la Secretaría de Gobierno del Estado de San Luis y ante el propio mecanismo de protección, para que se pudiera llevar a cabo una reunión entre este, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, las víctimas y sus representantes y organizaciones acompañantes; no ha sido posible contar con la disposición de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública local, para tratar el tema y consensuar acciones, por lo que la defensa de la familia Lucciotto emprenderá las acciones legales correspondientes.

De acuerdo con la información rebelada por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Fiscalía del Estado ha avanzado en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de la Suprema Corte de Justicia, aunque algunos temas están todavía pendientes.

En un documento turnado a medios para su publicación, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, instó a la Secretaría de Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a que cumplan con sus obligaciones y colaboren con las instancias locales y federales competentes para requerir las medidas de prevención que el caso amerita.

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