Congreso del Estado
Piden PT y Verde sistema sonoro para personas ciegas en camiones
Diputados presentaron iniciativa en el Congreso de SLP para que un sistema de audio anuncie el número y nombre de ruta y la ubicación de cada parada.
Por: Redacción.
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y PT presentaron una iniciativa de reforma al segundo párrafo de la fracción III del artículo 44 de la Ley del Transporte del Estado, para mejorar las condiciones de movilidad en el transporte público de las personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad limitada.
La diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón, explicó que la propuesta establece que “los cuatro asientos siguientes, se destinarán exclusivamente para personas con discapacidad y/o movilidad limitada. Estos asientos deberán ser de color azul. Adicionalmente, entre otras medidas de accesibilidad, se contará con rampas, elevadores, espacios, áreas y demás mecanismos especiales de uso preferencial de las personas con discapacidad, así como con un sistema de sonorización que anuncie tanto el número y nombre de la ruta, y la ubicación de cada parada que realice el conductor de la unidad”.
“Lo anterior con la finalidad de que mediante la ejecución de las acciones antes descritas, se coadyuve con la plena inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad, las que deberán cumplir con las normas reglamentarias y técnicas que para tal efecto emita el titular del Ejecutivo y demás disposiciones legales que resulten aplicables”.
La iniciativa fue firmada por los diputados José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Roberto Ulices Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, y Martha Patricia Aradillas Aradillas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Salvador Isaís Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
En la exposición de motivos se señala que “La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público, por lo cual es necesaria la participación activa de la administración pública, así como de todos los sectores públicos o privados que constituyen la sociedad civil potosina, por lo que es men ester recalcar que es deber de todos el fungir como observadores y o auxiliares de la autoridad, a fin de que se pueda plasmar poco a poco dicha integración”
“Si bien aún estamos lejos de lograr la plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad, es importante tener como punto de partida el analizar, proponer y ejecutar acciones que impulsen gradualmente ese desarrollo, esa inclusión, ya que tal vez no se pueda cambiar todo en un abrir o cerrar de ojos, pero es fundamental empezar por hacer más consciente a las personas sobre las dificultades que día a día enfrenta una persona con discapacidad, dificultades que se le presentan tanto por factores físicos, como que no estén en buenas condiciones las calles o el transporte público, así como con factores sociales o culturales”.
“Los dispositivos tecnológicos, entre los que se encuentran los Sistemas de Sonorización, los cuales ayudan principalmente a la persona invidentes a identificar el número y nombre de la ruta del camión que llegó a la parada, así como a saber cuándo es que se tiene que bajar del camión; dicha herramienta consiste en una bocina que se localiza en el interior del transporte, la cual en cada parada o estación va anunciando el número y nombre de la ruta para las personas que se encuentran fuera del trasporte público, así como el nombre de la calle en la cual se localiza el transporte, a fin de que las personas que están dentro, sepan si ya llegaron a su destino y se puedan bajar de la unidad”.
La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.
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César Arturo Lara Rocha, afirmó que el tema es delicado porque podrían estar involucrados agencias del Ministerio Público y juzgados
Por: Redacción
RedacciónEl presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, diputado César Arturo Lara Rocha, afirmó que el despojo de viviendas en San Luis Potosí es un tema muy grave, delicado y preocupante porque aparentemente está involucrado personal de las agencias del Ministerio Público y de juzgados, entre otras instituciones.
Ante los reportes de la operación de un presunto “Cartel Inmobiliario” al registrarse en el primer semestre 270 casos de despojo cuando en todo 2024 fueron unos 500, afirmó que el Congreso del Estado “está poniendo especial atención en el tema, haremos un llamado a la autoridad, porque hay algunas carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado tiene información respecto del asunto que no ha revelado por secrecía”.
El legislador añadió que “haremos lo necesario desde el Poder Legislativo para atender estas situaciones complejas; hay una iniciativa desde mayo del 2024 para aumentar las penas en este tema de despojo y sobre todo cuando se atente contra personas, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad”.
Expuso que “seguramente lo vamos a estudiar en razón de lo que hoy estamos viendo y de la problemática que pudiera crecer inclusive, porque esto es apenas el inicio, pareciera ser la punta de un Iceberg, tendremos que analizar la iniciativa y sacarla entre todos, debido a estos antecedentes peligrosos que están sucediendo”.
Señala que corresponde al órgano de control interno esclarecer la denuncia contra el regidor capitalino
Por: Redacción
El diputado local Rubén Guajardo se pronunció sobre el caso del regidor de la capital de San Luis Potosí, Jorge Zavala López, quien fue denunciado públicamente por presuntamente exigir el 5 % del salario de sus trabajadores como un “agradecimiento” por tener empleo en el gobierno municipal.
Guajardo señaló que la investigación debe ser realizada por el órgano de control interno, y solicitó que dicho proceso se lleve a cabo sin ningún tinte político.
Al ser cuestionado sobre si Zavala López debería solicitar licencia
Por último, Guajardo consideró que centrar esfuerzos en investigar un solo caso como este podría significar destinar recursos a un tema que, en su opinión, no es urgente en este momento.
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La iniciativa fue enviada por el gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona el 30 de julio
Por: Redacción
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios, en materia de retiro digno de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal.
La iniciativa fue enviada por el gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona el 30 de julio, y propone brindar certeza jurídica a las personas integrantes de los cuerpos de seguridad de los municipios del Estado de San Luis Potosí, promover la sostenibilidad financiera en cada municipio, y consolidar un marco normativo que privilegie la responsabilidad institucional sin contravenir la autonomía local.
El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la comisión legislativa, informó que el dictamen será sometido a consideración del Pleno en un periodo extraordinario y, existe la confianza de que reciba el apoyo y respaldo de la mayoría de sus integrantes.
Los Ayuntamientos deberán garantizar que las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública accedan de manera efectiva a prestaciones de retiro, jubilación o pensión, solamente mediante esquemas operados por instituciones públicas de seguridad social que consideren su naturaleza funcional y condiciones de riesgo.
La iniciativa de reforma parte del respeto irrestricto al principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y replicado en la Constitución local. Por ello, no impone esquemas rígidos ni centralizados, sino que faculta a los Ayuntamientos para definir, conforme a sus capacidades administrativas y presupuestales, las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones pensionarias dentro de un marco técnico, transparente y evaluable.
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