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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Continua con: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Por: Roberto Rocha
PARTE III
ENFERMEROS PIDEN AUXILIO
El pasado viernes 12 de junio, un grupo de enfermeros del Hospital General del ISSSTE se manifestaron en busca de obtener las condiciones correctas para la realización de sus actividades laborales, pues aseguran que no han recibido cubrebocas n95, pese a que se están atendiendo pacientes de covid-19.
El grupo de enfermeros exigió a la directora del hospital, ubicado a una cuadra de la Calzada de Guadalupe, que solicite a las autoridades federales que ese sea considerado únicamente un hospital covid y no de atención mixta.
Desde el pasado martes 9 de junio, enfermeros de ese centro de salud consiguieron una suspensión de plano, para evitar que, a causa de la pandemia de covid-19, se dé atención médica distinta a la de coronavirus en ese sitio.
Esta suspensión, otorgada por un juez de distrito, fue promovida y obtenida incluso antes del fallecimiento de una enfermera de ese hospital, de nombre Olivia, a causa del covid-19, dada a conocer el pasado jueves. Ese fallecimiento representó la primera muerte de un trabajador de la salud en el estado de San Luis Potosí, que era hasta ese momento, junto con Colima, la única entidad que no había registrado defunciones en personal de ese sector desde el inicio de la pandemia.
Hasta el pasado viernes, dos días después de haber sido notificados de la suspensión de plano, las autoridades del Hospital General del ISSSTE no habían iniciado el procedimiento para enviar la atención médica no destinada al coronavirus a otros centros médicos.
Sin embargo, el sábado 13, la secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, aseguró que el gobierno del estado ya fue notificado acerca de la suspensión obtenida por enfermeros del Hospital General del ISSSTE, para evitar que en ese centro de salud se siga prestando atención médica del covid-19.
Rangel Martínez dio a conocer que la delegación del ISSSTE está analizando la posibilidad de no recibir más pacientes con enfermedades respiratorias. Además recordó que desde el nivel federal se hicieron acuerdos para que, en caso de que la infraestructura en los hospitales quede rebasada, se pudiera mover la atención médica general hacia hospitales privados, o los internamientos del covid-19, se trasladen al Hospital General de Soledad.
La secretaria de Salud también dijo que el ISSSTE deberá agotar sus posibilidades ante instancias federales, pero que el gobierno del estado está dispuesto a apoyar los movimientos de pacientes para no prestar más atención covid en el Hospital General del ISSSTE.
“Hay que tener cuidado que no se pierda la atención para la gente que se está atendiendo ahí. Seguiremos en coordinación todo el tiempo, aquí lo principal son los pacientes, no se han dejado de atender, se va a brindar todo el apoyo”, dijo Rangel Martínez el 13 de junio pasado.
FALLA EL PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIOS CRUZADOS
Según los enfermeros que se manifestaron este viernes 12, durante la más reciente visita del gobernador Juan Manuel Carreras, los trabajadores del ISSSTE dijeron al mandatario que ese hospital había quedado rebasado, por lo que no se entiende la decisión de mantener en ese sitio atención a covid-19, mientras se siguen realizando actividades relacionadas con otras enfermedades e incluso partos.
El cuerpo de enfermería del ISSSTE también aseguró que el código con el que se anuncia el ingreso de un paciente sospechoso de covid no se escucha en todo el hospital, por lo que existe riesgo de que pueda tenerse contacto con pacientes de manera accidental.
Esto contrasta con lo dicho el sábado pasado por la secretaria Mónica Liliana Rangel, quien aseguró que “para garantizar el que no existan infecciones cruzadas, lo que se hace es prácticamente una separación de rutas, en donde no se cruzan las personas que entran a una atención cotidiana y a una atención covid. Se establecen también códigos de alerta de pacientes respiratorios para todo el hospital, para que sepan que llegó una persona sospechosa o confirmada de covid”.
Rangel Martínez señaló también que con ello se busca poder separar “y dar la atención específica de ese paciente, para que nadie más puede entrar a esa áreas, digamos que se bloquean las áreas cotidianas para poder atender toda la ruta covid”. Esto, sin embargo se contradice con la presencia de un bebé con covid en la misma zona de neonatología en la que están otros recién nacidos.
Alberto asegura que el de su hijo no es el único caso de un bebé contagiado por el covid-19 en los cuneros del Hospital General del ISSSTE: “Nos llamó mucho la atención que estaba afuera del hospital un oficial con el uniforme de la Guardia Nacional. Nos dimos cuenta que a su bebita le habían diagnosticado también el covid y se había contagiado ahí, según lo que escuchamos que estaba diciendo en una llamada telefónica”.
“La bebé se veía recién nacida, la tenían en brazos, pero ya se las habían entregado y la tenían ahí. Querían hablar con la pediatra porque ahí se había contagiado. Vimos muchas cosas increíbles para la contingencia que se está viviendo, como que no tengan jabón o papel de baño en el hospital. Incluso, en un cambio de turno, llegó una persona, un trabajador en su bicicleta, que llevó rodando hasta el área de hospitalización”.
15 TRABAJADORES DEL ISSSTE HAN TENIDO COVID
El pasado martes 9 de junio, en la rueda de prensa diaria de actualización sobre el covid-19, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner 
Lutzow Steiner, sin embargo, dijo que no todos están ubicados en el mismo sitio de trabajo ni estuvieron contagiados simultáneamente, sino que pudieron ocupar distintas fechas en sus contagios.
PATRICIO NO MURIÓ POR COVID
Ayer 14 de junio, el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud estatal, Juan Jesús Martínez López, dio a conocer que Patricio fue confirmado por covid-19, después de fallecer.
“Es un prematuro de 35 semanas de gestación, esto quiere decir que nació antes de que tuviera la madurez suficiente. Además de esto desarrolló otra enfermedad secundaria que se llama enterocolitis necrotizante, este paciente fallece de esta enfermedad, que es una enfermedad grave en los pacientes que tienen esta característica de nacer antes de tiempo y en forma paralela, porque tenía pocos días desde su nacimiento hasta su fallecimiento, le realizan una prueba de covid y resulta positiva”, dijo el funcionario estatal.
La Orquesta se comunicó con Alberto al terminar la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del día de ayer. El padre de Patricio informó a este medio que ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud estatal le confirmaron a su familia acerca del positivo a la prueba de covid de su bebé.
Martínez López señaló que el positivo a covid-19 del bebé “no quiere decir que haya tenido síntomas de covid, sino que son parecidos los síntomas de la prematurez, sus pulmones no están desarrollados, por lo tanto tiene dificultad para respirar. Como protocolo, se le hace una prueba de covid a todo paciente que está hospitalizado en un área de terapia intensiva, porque este niño estaba en terapia intensiva neonatal, y resulta positiva”. Los padres del menor tampoco estuvieron enterados que su bebé estaba en terapia intensiva.
El director de Atención Médica también dijo: “la causa de su enfermedad no es covid, puede ser una cosa que estuvo paralela al momento de su fallecimiento, pero la causa principal del deceso fue la prematurez y el desarrollo de un problema intestinal que se llama enterocolitis necrotizante, por la misma prematurez”.
Miguel Ángel Lutzow Steiner, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud estatal, continuó la información: “Hemos identificado ya tres personas que fallecieron, que tenían coronavirus pero que no fallecieron por coronavirus. En esto quiero ser muy claro. Hemos estudiado ya 225 defunciones, pero estas tres que estoy señalando en este momento no se pueden agregar a la contabilidad de coronavirus porque en el dictamen que se lleva a cabo al proceso de la defunción y todas sus características clínicas, el estudio de caso, señalan que no está relacionada la defunción. Es decir, se trata de personas que estaban cursando efectivamente por coronavirus, pero que la causa de la muerte no es esa”.
Al cierre de este domingo, 109 personas han fallecido en el estado de San Luis Potosí a causa del covid-19.
QUE NO LE PASE A NADIE MÁS
“Yo quiero hablar porque estamos molestos, pero no con los doctores, no queremos vengarnos de nadie, no queremos nada, lo único que queremos es que más personas que pasen por una situación como la nuestra, no tengan ese sufrimiento”, dijo Alberto, en entrevista para La Orquesta.
“Yo creo que desde un principio el doctor, el ginecólogo, cuando llegamos a consulta, debió habernos informado que en ese hospital se estaba atendiendo covid. Él debió haber dicho, si está viendo en el expediente que ella es una persona con embarazo de alto riesgo porque tiene tiroides, porque tiene diabetes, porque tiene presión alta, si el mismo doctor me dijo que era todo eso, él tuvo la responsabilidad de haberme dicho que ese era un hospital covid y que se pudo haber complicado”.
“El tuvo que haberme dado la opción de decirme si ustedes tienen posibilidades de ir a otro hospital adelante, él nos hubiera dicho ‘yo, como doctor, tengo la posibilidad de pedir que los trasladen a otro hospital, por la contingencia y por la cualidad del embarazo, que es de alto riesgo’. Pero no lo hizo así, simplemente a mi me dijo ‘la vamos a ingresar, firmele’. No tuvimos oportunidad de eso, ni siquiera nos comentaron en ningún momento que ese hospital era covid”, dijo Alberto, quien considera que más casos como el de su bebé pueden evitarse.
“Nosotros nos sentimos muy mal, pero queremos que se sepa nuestro caso porque no queremos que nadie más pase lo que nosotros pasamos”.
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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