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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Continua con: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Por: Roberto Rocha
PARTE III
ENFERMEROS PIDEN AUXILIO
El pasado viernes 12 de junio, un grupo de enfermeros del Hospital General del ISSSTE se manifestaron en busca de obtener las condiciones correctas para la realización de sus actividades laborales, pues aseguran que no han recibido cubrebocas n95, pese a que se están atendiendo pacientes de covid-19.
El grupo de enfermeros exigió a la directora del hospital, ubicado a una cuadra de la Calzada de Guadalupe, que solicite a las autoridades federales que ese sea considerado únicamente un hospital covid y no de atención mixta.
Desde el pasado martes 9 de junio, enfermeros de ese centro de salud consiguieron una suspensión de plano, para evitar que, a causa de la pandemia de covid-19, se dé atención médica distinta a la de coronavirus en ese sitio.
Esta suspensión, otorgada por un juez de distrito, fue promovida y obtenida incluso antes del fallecimiento de una enfermera de ese hospital, de nombre Olivia, a causa del covid-19, dada a conocer el pasado jueves. Ese fallecimiento representó la primera muerte de un trabajador de la salud en el estado de San Luis Potosí, que era hasta ese momento, junto con Colima, la única entidad que no había registrado defunciones en personal de ese sector desde el inicio de la pandemia.
Hasta el pasado viernes, dos días después de haber sido notificados de la suspensión de plano, las autoridades del Hospital General del ISSSTE no habían iniciado el procedimiento para enviar la atención médica no destinada al coronavirus a otros centros médicos.
Sin embargo, el sábado 13, la secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, aseguró que el gobierno del estado ya fue notificado acerca de la suspensión obtenida por enfermeros del Hospital General del ISSSTE, para evitar que en ese centro de salud se siga prestando atención médica del covid-19.
Rangel Martínez dio a conocer que la delegación del ISSSTE está analizando la posibilidad de no recibir más pacientes con enfermedades respiratorias. Además recordó que desde el nivel federal se hicieron acuerdos para que, en caso de que la infraestructura en los hospitales quede rebasada, se pudiera mover la atención médica general hacia hospitales privados, o los internamientos del covid-19, se trasladen al Hospital General de Soledad.
La secretaria de Salud también dijo que el ISSSTE deberá agotar sus posibilidades ante instancias federales, pero que el gobierno del estado está dispuesto a apoyar los movimientos de pacientes para no prestar más atención covid en el Hospital General del ISSSTE.
“Hay que tener cuidado que no se pierda la atención para la gente que se está atendiendo ahí. Seguiremos en coordinación todo el tiempo, aquí lo principal son los pacientes, no se han dejado de atender, se va a brindar todo el apoyo”, dijo Rangel Martínez el 13 de junio pasado.
FALLA EL PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIOS CRUZADOS
Según los enfermeros que se manifestaron este viernes 12, durante la más reciente visita del gobernador Juan Manuel Carreras, los trabajadores del ISSSTE dijeron al mandatario que ese hospital había quedado rebasado, por lo que no se entiende la decisión de mantener en ese sitio atención a covid-19, mientras se siguen realizando actividades relacionadas con otras enfermedades e incluso partos.
El cuerpo de enfermería del ISSSTE también aseguró que el código con el que se anuncia el ingreso de un paciente sospechoso de covid no se escucha en todo el hospital, por lo que existe riesgo de que pueda tenerse contacto con pacientes de manera accidental.
Esto contrasta con lo dicho el sábado pasado por la secretaria Mónica Liliana Rangel, quien aseguró que “para garantizar el que no existan infecciones cruzadas, lo que se hace es prácticamente una separación de rutas, en donde no se cruzan las personas que entran a una atención cotidiana y a una atención covid. Se establecen también códigos de alerta de pacientes respiratorios para todo el hospital, para que sepan que llegó una persona sospechosa o confirmada de covid”.
Rangel Martínez señaló también que con ello se busca poder separar “y dar la atención específica de ese paciente, para que nadie más puede entrar a esa áreas, digamos que se bloquean las áreas cotidianas para poder atender toda la ruta covid”. Esto, sin embargo se contradice con la presencia de un bebé con covid en la misma zona de neonatología en la que están otros recién nacidos.
Alberto asegura que el de su hijo no es el único caso de un bebé contagiado por el covid-19 en los cuneros del Hospital General del ISSSTE: “Nos llamó mucho la atención que estaba afuera del hospital un oficial con el uniforme de la Guardia Nacional. Nos dimos cuenta que a su bebita le habían diagnosticado también el covid y se había contagiado ahí, según lo que escuchamos que estaba diciendo en una llamada telefónica”.
“La bebé se veía recién nacida, la tenían en brazos, pero ya se las habían entregado y la tenían ahí. Querían hablar con la pediatra porque ahí se había contagiado. Vimos muchas cosas increíbles para la contingencia que se está viviendo, como que no tengan jabón o papel de baño en el hospital. Incluso, en un cambio de turno, llegó una persona, un trabajador en su bicicleta, que llevó rodando hasta el área de hospitalización”.
15 TRABAJADORES DEL ISSSTE HAN TENIDO COVID
El pasado martes 9 de junio, en la rueda de prensa diaria de actualización sobre el covid-19, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner 
Lutzow Steiner, sin embargo, dijo que no todos están ubicados en el mismo sitio de trabajo ni estuvieron contagiados simultáneamente, sino que pudieron ocupar distintas fechas en sus contagios.
PATRICIO NO MURIÓ POR COVID
Ayer 14 de junio, el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud estatal, Juan Jesús Martínez López, dio a conocer que Patricio fue confirmado por covid-19, después de fallecer.
“Es un prematuro de 35 semanas de gestación, esto quiere decir que nació antes de que tuviera la madurez suficiente. Además de esto desarrolló otra enfermedad secundaria que se llama enterocolitis necrotizante, este paciente fallece de esta enfermedad, que es una enfermedad grave en los pacientes que tienen esta característica de nacer antes de tiempo y en forma paralela, porque tenía pocos días desde su nacimiento hasta su fallecimiento, le realizan una prueba de covid y resulta positiva”, dijo el funcionario estatal.
La Orquesta se comunicó con Alberto al terminar la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del día de ayer. El padre de Patricio informó a este medio que ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud estatal le confirmaron a su familia acerca del positivo a la prueba de covid de su bebé.
Martínez López señaló que el positivo a covid-19 del bebé “no quiere decir que haya tenido síntomas de covid, sino que son parecidos los síntomas de la prematurez, sus pulmones no están desarrollados, por lo tanto tiene dificultad para respirar. Como protocolo, se le hace una prueba de covid a todo paciente que está hospitalizado en un área de terapia intensiva, porque este niño estaba en terapia intensiva neonatal, y resulta positiva”. Los padres del menor tampoco estuvieron enterados que su bebé estaba en terapia intensiva.
El director de Atención Médica también dijo: “la causa de su enfermedad no es covid, puede ser una cosa que estuvo paralela al momento de su fallecimiento, pero la causa principal del deceso fue la prematurez y el desarrollo de un problema intestinal que se llama enterocolitis necrotizante, por la misma prematurez”.
Miguel Ángel Lutzow Steiner, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud estatal, continuó la información: “Hemos identificado ya tres personas que fallecieron, que tenían coronavirus pero que no fallecieron por coronavirus. En esto quiero ser muy claro. Hemos estudiado ya 225 defunciones, pero estas tres que estoy señalando en este momento no se pueden agregar a la contabilidad de coronavirus porque en el dictamen que se lleva a cabo al proceso de la defunción y todas sus características clínicas, el estudio de caso, señalan que no está relacionada la defunción. Es decir, se trata de personas que estaban cursando efectivamente por coronavirus, pero que la causa de la muerte no es esa”.
Al cierre de este domingo, 109 personas han fallecido en el estado de San Luis Potosí a causa del covid-19.
QUE NO LE PASE A NADIE MÁS
“Yo quiero hablar porque estamos molestos, pero no con los doctores, no queremos vengarnos de nadie, no queremos nada, lo único que queremos es que más personas que pasen por una situación como la nuestra, no tengan ese sufrimiento”, dijo Alberto, en entrevista para La Orquesta.
“Yo creo que desde un principio el doctor, el ginecólogo, cuando llegamos a consulta, debió habernos informado que en ese hospital se estaba atendiendo covid. Él debió haber dicho, si está viendo en el expediente que ella es una persona con embarazo de alto riesgo porque tiene tiroides, porque tiene diabetes, porque tiene presión alta, si el mismo doctor me dijo que era todo eso, él tuvo la responsabilidad de haberme dicho que ese era un hospital covid y que se pudo haber complicado”.
“El tuvo que haberme dado la opción de decirme si ustedes tienen posibilidades de ir a otro hospital adelante, él nos hubiera dicho ‘yo, como doctor, tengo la posibilidad de pedir que los trasladen a otro hospital, por la contingencia y por la cualidad del embarazo, que es de alto riesgo’. Pero no lo hizo así, simplemente a mi me dijo ‘la vamos a ingresar, firmele’. No tuvimos oportunidad de eso, ni siquiera nos comentaron en ningún momento que ese hospital era covid”, dijo Alberto, quien considera que más casos como el de su bebé pueden evitarse.
“Nosotros nos sentimos muy mal, pero queremos que se sepa nuestro caso porque no queremos que nadie más pase lo que nosotros pasamos”.
El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social
Por: Carlos Ruíz
En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.
Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.
El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.
La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración
El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.
Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.
Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.
La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.
Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.
El fondo se redujo en toda la región
La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.
Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.
La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.
En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.
En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).
A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
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Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos
En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones
Por: Redacción
San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.
El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.
En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.
Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.
Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.
En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.
La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.
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