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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Continua con: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Por: Roberto Rocha
PARTE III
ENFERMEROS PIDEN AUXILIO
El pasado viernes 12 de junio, un grupo de enfermeros del Hospital General del ISSSTE se manifestaron en busca de obtener las condiciones correctas para la realización de sus actividades laborales, pues aseguran que no han recibido cubrebocas n95, pese a que se están atendiendo pacientes de covid-19.
El grupo de enfermeros exigió a la directora del hospital, ubicado a una cuadra de la Calzada de Guadalupe, que solicite a las autoridades federales que ese sea considerado únicamente un hospital covid y no de atención mixta.
Desde el pasado martes 9 de junio, enfermeros de ese centro de salud consiguieron una suspensión de plano, para evitar que, a causa de la pandemia de covid-19, se dé atención médica distinta a la de coronavirus en ese sitio.
Esta suspensión, otorgada por un juez de distrito, fue promovida y obtenida incluso antes del fallecimiento de una enfermera de ese hospital, de nombre Olivia, a causa del covid-19, dada a conocer el pasado jueves. Ese fallecimiento representó la primera muerte de un trabajador de la salud en el estado de San Luis Potosí, que era hasta ese momento, junto con Colima, la única entidad que no había registrado defunciones en personal de ese sector desde el inicio de la pandemia.
Hasta el pasado viernes, dos días después de haber sido notificados de la suspensión de plano, las autoridades del Hospital General del ISSSTE no habían iniciado el procedimiento para enviar la atención médica no destinada al coronavirus a otros centros médicos.
Sin embargo, el sábado 13, la secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, aseguró que el gobierno del estado ya fue notificado acerca de la suspensión obtenida por enfermeros del Hospital General del ISSSTE, para evitar que en ese centro de salud se siga prestando atención médica del covid-19.
Rangel Martínez dio a conocer que la delegación del ISSSTE está analizando la posibilidad de no recibir más pacientes con enfermedades respiratorias. Además recordó que desde el nivel federal se hicieron acuerdos para que, en caso de que la infraestructura en los hospitales quede rebasada, se pudiera mover la atención médica general hacia hospitales privados, o los internamientos del covid-19, se trasladen al Hospital General de Soledad.
La secretaria de Salud también dijo que el ISSSTE deberá agotar sus posibilidades ante instancias federales, pero que el gobierno del estado está dispuesto a apoyar los movimientos de pacientes para no prestar más atención covid en el Hospital General del ISSSTE.
“Hay que tener cuidado que no se pierda la atención para la gente que se está atendiendo ahí. Seguiremos en coordinación todo el tiempo, aquí lo principal son los pacientes, no se han dejado de atender, se va a brindar todo el apoyo”, dijo Rangel Martínez el 13 de junio pasado.
FALLA EL PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIOS CRUZADOS
Según los enfermeros que se manifestaron este viernes 12, durante la más reciente visita del gobernador Juan Manuel Carreras, los trabajadores del ISSSTE dijeron al mandatario que ese hospital había quedado rebasado, por lo que no se entiende la decisión de mantener en ese sitio atención a covid-19, mientras se siguen realizando actividades relacionadas con otras enfermedades e incluso partos.
El cuerpo de enfermería del ISSSTE también aseguró que el código con el que se anuncia el ingreso de un paciente sospechoso de covid no se escucha en todo el hospital, por lo que existe riesgo de que pueda tenerse contacto con pacientes de manera accidental.
Esto contrasta con lo dicho el sábado pasado por la secretaria Mónica Liliana Rangel, quien aseguró que “para garantizar el que no existan infecciones cruzadas, lo que se hace es prácticamente una separación de rutas, en donde no se cruzan las personas que entran a una atención cotidiana y a una atención covid. Se establecen también códigos de alerta de pacientes respiratorios para todo el hospital, para que sepan que llegó una persona sospechosa o confirmada de covid”.
Rangel Martínez señaló también que con ello se busca poder separar “y dar la atención específica de ese paciente, para que nadie más puede entrar a esa áreas, digamos que se bloquean las áreas cotidianas para poder atender toda la ruta covid”. Esto, sin embargo se contradice con la presencia de un bebé con covid en la misma zona de neonatología en la que están otros recién nacidos.
Alberto asegura que el de su hijo no es el único caso de un bebé contagiado por el covid-19 en los cuneros del Hospital General del ISSSTE: “Nos llamó mucho la atención que estaba afuera del hospital un oficial con el uniforme de la Guardia Nacional. Nos dimos cuenta que a su bebita le habían diagnosticado también el covid y se había contagiado ahí, según lo que escuchamos que estaba diciendo en una llamada telefónica”.
“La bebé se veía recién nacida, la tenían en brazos, pero ya se las habían entregado y la tenían ahí. Querían hablar con la pediatra porque ahí se había contagiado. Vimos muchas cosas increíbles para la contingencia que se está viviendo, como que no tengan jabón o papel de baño en el hospital. Incluso, en un cambio de turno, llegó una persona, un trabajador en su bicicleta, que llevó rodando hasta el área de hospitalización”.
15 TRABAJADORES DEL ISSSTE HAN TENIDO COVID
El pasado martes 9 de junio, en la rueda de prensa diaria de actualización sobre el covid-19, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner , aseguró que desde el inicio de la pandemia en el estado, el 13 de marzo de 2020, 15 trabajadores del ISSSTE han contraído el coronavirus en San Luis Potosí.
Lutzow Steiner, sin embargo, dijo que no todos están ubicados en el mismo sitio de trabajo ni estuvieron contagiados simultáneamente, sino que pudieron ocupar distintas fechas en sus contagios.
PATRICIO NO MURIÓ POR COVID
Ayer 14 de junio, el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud estatal, Juan Jesús Martínez López, dio a conocer que Patricio fue confirmado por covid-19, después de fallecer.
“Es un prematuro de 35 semanas de gestación, esto quiere decir que nació antes de que tuviera la madurez suficiente. Además de esto desarrolló otra enfermedad secundaria que se llama enterocolitis necrotizante, este paciente fallece de esta enfermedad, que es una enfermedad grave en los pacientes que tienen esta característica de nacer antes de tiempo y en forma paralela, porque tenía pocos días desde su nacimiento hasta su fallecimiento, le realizan una prueba de covid y resulta positiva”, dijo el funcionario estatal.
La Orquesta se comunicó con Alberto al terminar la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del día de ayer. El padre de Patricio informó a este medio que ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud estatal le confirmaron a su familia acerca del positivo a la prueba de covid de su bebé.
Martínez López señaló que el positivo a covid-19 del bebé “no quiere decir que haya tenido síntomas de covid, sino que son parecidos los síntomas de la prematurez, sus pulmones no están desarrollados, por lo tanto tiene dificultad para respirar. Como protocolo, se le hace una prueba de covid a todo paciente que está hospitalizado en un área de terapia intensiva, porque este niño estaba en terapia intensiva neonatal, y resulta positiva”. Los padres del menor tampoco estuvieron enterados que su bebé estaba en terapia intensiva.
El director de Atención Médica también dijo: “la causa de su enfermedad no es covid, puede ser una cosa que estuvo paralela al momento de su fallecimiento, pero la causa principal del deceso fue la prematurez y el desarrollo de un problema intestinal que se llama enterocolitis necrotizante, por la misma prematurez”.
Miguel Ángel Lutzow Steiner, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud estatal, continuó la información: “Hemos identificado ya tres personas que fallecieron, que tenían coronavirus pero que no fallecieron por coronavirus. En esto quiero ser muy claro. Hemos estudiado ya 225 defunciones, pero estas tres que estoy señalando en este momento no se pueden agregar a la contabilidad de coronavirus porque en el dictamen que se lleva a cabo al proceso de la defunción y todas sus características clínicas, el estudio de caso, señalan que no está relacionada la defunción. Es decir, se trata de personas que estaban cursando efectivamente por coronavirus, pero que la causa de la muerte no es esa”.
Al cierre de este domingo, 109 personas han fallecido en el estado de San Luis Potosí a causa del covid-19.
QUE NO LE PASE A NADIE MÁS
“Yo quiero hablar porque estamos molestos, pero no con los doctores, no queremos vengarnos de nadie, no queremos nada, lo único que queremos es que más personas que pasen por una situación como la nuestra, no tengan ese sufrimiento”, dijo Alberto, en entrevista para La Orquesta.
“Yo creo que desde un principio el doctor, el ginecólogo, cuando llegamos a consulta, debió habernos informado que en ese hospital se estaba atendiendo covid. Él debió haber dicho, si está viendo en el expediente que ella es una persona con embarazo de alto riesgo porque tiene tiroides, porque tiene diabetes, porque tiene presión alta, si el mismo doctor me dijo que era todo eso, él tuvo la responsabilidad de haberme dicho que ese era un hospital covid y que se pudo haber complicado”.
“El tuvo que haberme dado la opción de decirme si ustedes tienen posibilidades de ir a otro hospital adelante, él nos hubiera dicho ‘yo, como doctor, tengo la posibilidad de pedir que los trasladen a otro hospital, por la contingencia y por la cualidad del embarazo, que es de alto riesgo’. Pero no lo hizo así, simplemente a mi me dijo ‘la vamos a ingresar, firmele’. No tuvimos oportunidad de eso, ni siquiera nos comentaron en ningún momento que ese hospital era covid”, dijo Alberto, quien considera que más casos como el de su bebé pueden evitarse.
“Nosotros nos sentimos muy mal, pero queremos que se sepa nuestro caso porque no queremos que nadie más pase lo que nosotros pasamos”.
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Disposiciones del INE balancean paridad de género, pero desbalancea escenarios
El INE obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas en juego en el proceso 2027
Por: Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión que cada partido político nacional deberá postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027. Con los perfiles que hoy encabezan las preferencias internas del Partido Acción Nacional (PAN), el blanquiazul tendría que pasar de hombre a mujer en al menos cuatro estados.
El Consejo General del INE aprobó el acuerdo el 29 de octubre por nueve votos contra uno. La obligación cuenta igual si el partido va solo, en coalición o en candidatura común, y no se reduce si decide no competir en alguna entidad.
Cada partido deberá informar qué género postulará en cada estado y justificar sus criterios de competitividad. El acuerdo se apoya en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre ellos el SUP-RAP-116/2020 y el SUP-RAP-327/2023, y todavía puede impugnarse ante ese tribunal.
Cinco mujeres y 12 hombres
La medición de Statistical Research Corporation (SRC) de abril de 2026 preguntó en cada estado quién debería ser la candidata o el candidato del PAN a la gubernatura. Los punteros son cinco mujeres y 12 hombres. No son candidaturas aún porque el PAN no ha definido ninguna.
Las punteras de la medición son Ivideliza Reyes en Nayarit (53.2%), Nelly Márquez en Campeche (33.2%), Adriana Dávila en Tlaxcala (31.6%), Mayuli Martínez en Quintana Roo (23%) y Gu adalupe González
en Guerrero (17%).Para llegar a nueve, el PAN tendría que postular mujeres en al menos cuatro entidades más, en donde hoy encabezan las preferencias al género masculino.
Caso Galindo:
En San Luis Potosí el puntero en la medición es el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con 43.7%. Entre los 12 hombres, cuatro tienen menos preferencia que él: Eduardo Ortiz en Sinaloa (22.7%), Carlos de la Fuente en Nuevo León (26.7%), Felifer Macías en Querétaro (30.2%) y Alfonso Martínez en Michoacán (36.5%).
Si el ajuste cambiará necesariamente por lo menos cuatro de esas probables postulaciones.
El alcalde de la capital potosina no es militante panista, pero fue el partido que lo respaldó en 2021 y 2024, y el senador Mauricio Vila Dosal lo mencionó el 22 de octubre como posible abanderado de Acción Nacional a la gubernatura.
Verónica Rodríguez, la carta panista
Si el PAN tuviera que postular a una mujer en San Luis Potosí, destaca el nombre de Verónica Rodríguez Hernández, quien se mantiene por el momento buscando la candidatura a la alcaldía capitalina.
La Ley electoral potosina permite postular a cualquier género en 2027, luego de que en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la alternancia obligatoria para la gubernatura. Esa libertad local ahora tendrá que caber dentro del mínimo nacional de nueve mujeres.
También lee: SCJN tumba alternancia “niño-niña” a gubernatura de SLP
Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
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Funcionarios con aspiraciones para 2027 tendrán reunión personal con Gallardo
Gallardo negó que medio gabinete quiera participar en el proceso electoral
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tendrá reuniones individuales con los integrantes de su gabinete que quieran participar en el proceso electoral de 2027. Dijo que ese tema lo verá con cada uno “en lo personal, no abierto en un gabinete”.
Lo anunció al salir de una reunión con su gabinete, en la que pidió ajustar el gasto de cierre de año. “Tendré una reunión posterior ya individual con los que yo sé que quieren participar en algún proceso”, dijo. A la pregunta de si se trata de medio gabinete, respondió: “No, no, no”.
Plazo: diciembre
El 15 de septiembre, Gallardo fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Explicó que ese plazo coincide con el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y adelantó que podría haber “una o dos bajas”.
Dos semanas después, tras su Quinto Informe de Gobierno, dijo que haría uno o dos cambios en su gabinete y que serían “100% electorales”. En ese momento aseguró que ningún colaborador saldría todavía: “Va a esperar los tiempos”.
Las cartas del Verde
El 6 de octubre, el gobernador dijo que el Verde tiene una “baraja” de cuatro perfiles para la gubernatura, sin dar nombres: el presidente del partido, el secretario general de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana y un diputado federal. Ese mismo mes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, se dijo listo si el partido lo llama.
“O trabajan o se van”
En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el 19 de octubre, Torres Sánchez reconoció que algunos funcionarios de primer nivel aspiran a contender, aunque ninguno le había manifestado con claridad su intención de pedir licencia. Dijo que los tiempos legales para separarse del cargo aún no llegan.
En julio, el mismo secretario había advertido a quienes tuvieran aspiraciones: “O trabajan y se quedan o se van y participan”.
También lee: Funcionarios con aspiraciones electorales deberán salir en diciembre: Gallardo
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