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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte III)
Antes lee la primera parte de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Continua con: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
Por: Roberto Rocha
PARTE III
ENFERMEROS PIDEN AUXILIO
El pasado viernes 12 de junio, un grupo de enfermeros del Hospital General del ISSSTE se manifestaron en busca de obtener las condiciones correctas para la realización de sus actividades laborales, pues aseguran que no han recibido cubrebocas n95, pese a que se están atendiendo pacientes de covid-19.
El grupo de enfermeros exigió a la directora del hospital, ubicado a una cuadra de la Calzada de Guadalupe, que solicite a las autoridades federales que ese sea considerado únicamente un hospital covid y no de atención mixta.
Desde el pasado martes 9 de junio, enfermeros de ese centro de salud consiguieron una suspensión de plano, para evitar que, a causa de la pandemia de covid-19, se dé atención médica distinta a la de coronavirus en ese sitio.
Esta suspensión, otorgada por un juez de distrito, fue promovida y obtenida incluso antes del fallecimiento de una enfermera de ese hospital, de nombre Olivia, a causa del covid-19, dada a conocer el pasado jueves. Ese fallecimiento representó la primera muerte de un trabajador de la salud en el estado de San Luis Potosí, que era hasta ese momento, junto con Colima, la única entidad que no había registrado defunciones en personal de ese sector desde el inicio de la pandemia.
Hasta el pasado viernes, dos días después de haber sido notificados de la suspensión de plano, las autoridades del Hospital General del ISSSTE no habían iniciado el procedimiento para enviar la atención médica no destinada al coronavirus a otros centros médicos.
Sin embargo, el sábado 13, la secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, aseguró que el gobierno del estado ya fue notificado acerca de la suspensión obtenida por enfermeros del Hospital General del ISSSTE, para evitar que en ese centro de salud se siga prestando atención médica del covid-19.
Rangel Martínez dio a conocer que la delegación del ISSSTE está analizando la posibilidad de no recibir más pacientes con enfermedades respiratorias. Además recordó que desde el nivel federal se hicieron acuerdos para que, en caso de que la infraestructura en los hospitales quede rebasada, se pudiera mover la atención médica general hacia hospitales privados, o los internamientos del covid-19, se trasladen al Hospital General de Soledad.
La secretaria de Salud también dijo que el ISSSTE deberá agotar sus posibilidades ante instancias federales, pero que el gobierno del estado está dispuesto a apoyar los movimientos de pacientes para no prestar más atención covid en el Hospital General del ISSSTE.
“Hay que tener cuidado que no se pierda la atención para la gente que se está atendiendo ahí. Seguiremos en coordinación todo el tiempo, aquí lo principal son los pacientes, no se han dejado de atender, se va a brindar todo el apoyo”, dijo Rangel Martínez el 13 de junio pasado.
FALLA EL PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIOS CRUZADOS
Según los enfermeros que se manifestaron este viernes 12, durante la más reciente visita del gobernador Juan Manuel Carreras, los trabajadores del ISSSTE dijeron al mandatario que ese hospital había quedado rebasado, por lo que no se entiende la decisión de mantener en ese sitio atención a covid-19, mientras se siguen realizando actividades relacionadas con otras enfermedades e incluso partos.
El cuerpo de enfermería del ISSSTE también aseguró que el código con el que se anuncia el ingreso de un paciente sospechoso de covid no se escucha en todo el hospital, por lo que existe riesgo de que pueda tenerse contacto con pacientes de manera accidental.
Esto contrasta con lo dicho el sábado pasado por la secretaria Mónica Liliana Rangel, quien aseguró que “para garantizar el que no existan infecciones cruzadas, lo que se hace es prácticamente una separación de rutas, en donde no se cruzan las personas que entran a una atención cotidiana y a una atención covid. Se establecen también códigos de alerta de pacientes respiratorios para todo el hospital, para que sepan que llegó una persona sospechosa o confirmada de covid”.
Rangel Martínez señaló también que con ello se busca poder separar “y dar la atención específica de ese paciente, para que nadie más puede entrar a esa áreas, digamos que se bloquean las áreas cotidianas para poder atender toda la ruta covid”. Esto, sin embargo se contradice con la presencia de un bebé con covid en la misma zona de neonatología en la que están otros recién nacidos.
Alberto asegura que el de su hijo no es el único caso de un bebé contagiado por el covid-19 en los cuneros del Hospital General del ISSSTE: “Nos llamó mucho la atención que estaba afuera del hospital un oficial con el uniforme de la Guardia Nacional. Nos dimos cuenta que a su bebita le habían diagnosticado también el covid y se había contagiado ahí, según lo que escuchamos que estaba diciendo en una llamada telefónica”.
“La bebé se veía recién nacida, la tenían en brazos, pero ya se las habían entregado y la tenían ahí. Querían hablar con la pediatra porque ahí se había contagiado. Vimos muchas cosas increíbles para la contingencia que se está viviendo, como que no tengan jabón o papel de baño en el hospital. Incluso, en un cambio de turno, llegó una persona, un trabajador en su bicicleta, que llevó rodando hasta el área de hospitalización”.
15 TRABAJADORES DEL ISSSTE HAN TENIDO COVID
El pasado martes 9 de junio, en la rueda de prensa diaria de actualización sobre el covid-19, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner 
Lutzow Steiner, sin embargo, dijo que no todos están ubicados en el mismo sitio de trabajo ni estuvieron contagiados simultáneamente, sino que pudieron ocupar distintas fechas en sus contagios.
PATRICIO NO MURIÓ POR COVID
Ayer 14 de junio, el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud estatal, Juan Jesús Martínez López, dio a conocer que Patricio fue confirmado por covid-19, después de fallecer.
“Es un prematuro de 35 semanas de gestación, esto quiere decir que nació antes de que tuviera la madurez suficiente. Además de esto desarrolló otra enfermedad secundaria que se llama enterocolitis necrotizante, este paciente fallece de esta enfermedad, que es una enfermedad grave en los pacientes que tienen esta característica de nacer antes de tiempo y en forma paralela, porque tenía pocos días desde su nacimiento hasta su fallecimiento, le realizan una prueba de covid y resulta positiva”, dijo el funcionario estatal.
La Orquesta se comunicó con Alberto al terminar la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del día de ayer. El padre de Patricio informó a este medio que ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud estatal le confirmaron a su familia acerca del positivo a la prueba de covid de su bebé.
Martínez López señaló que el positivo a covid-19 del bebé “no quiere decir que haya tenido síntomas de covid, sino que son parecidos los síntomas de la prematurez, sus pulmones no están desarrollados, por lo tanto tiene dificultad para respirar. Como protocolo, se le hace una prueba de covid a todo paciente que está hospitalizado en un área de terapia intensiva, porque este niño estaba en terapia intensiva neonatal, y resulta positiva”. Los padres del menor tampoco estuvieron enterados que su bebé estaba en terapia intensiva.
El director de Atención Médica también dijo: “la causa de su enfermedad no es covid, puede ser una cosa que estuvo paralela al momento de su fallecimiento, pero la causa principal del deceso fue la prematurez y el desarrollo de un problema intestinal que se llama enterocolitis necrotizante, por la misma prematurez”.
Miguel Ángel Lutzow Steiner, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud estatal, continuó la información: “Hemos identificado ya tres personas que fallecieron, que tenían coronavirus pero que no fallecieron por coronavirus. En esto quiero ser muy claro. Hemos estudiado ya 225 defunciones, pero estas tres que estoy señalando en este momento no se pueden agregar a la contabilidad de coronavirus porque en el dictamen que se lleva a cabo al proceso de la defunción y todas sus características clínicas, el estudio de caso, señalan que no está relacionada la defunción. Es decir, se trata de personas que estaban cursando efectivamente por coronavirus, pero que la causa de la muerte no es esa”.
Al cierre de este domingo, 109 personas han fallecido en el estado de San Luis Potosí a causa del covid-19.
QUE NO LE PASE A NADIE MÁS
“Yo quiero hablar porque estamos molestos, pero no con los doctores, no queremos vengarnos de nadie, no queremos nada, lo único que queremos es que más personas que pasen por una situación como la nuestra, no tengan ese sufrimiento”, dijo Alberto, en entrevista para La Orquesta.
“Yo creo que desde un principio el doctor, el ginecólogo, cuando llegamos a consulta, debió habernos informado que en ese hospital se estaba atendiendo covid. Él debió haber dicho, si está viendo en el expediente que ella es una persona con embarazo de alto riesgo porque tiene tiroides, porque tiene diabetes, porque tiene presión alta, si el mismo doctor me dijo que era todo eso, él tuvo la responsabilidad de haberme dicho que ese era un hospital covid y que se pudo haber complicado”.
“El tuvo que haberme dado la opción de decirme si ustedes tienen posibilidades de ir a otro hospital adelante, él nos hubiera dicho ‘yo, como doctor, tengo la posibilidad de pedir que los trasladen a otro hospital, por la contingencia y por la cualidad del embarazo, que es de alto riesgo’. Pero no lo hizo así, simplemente a mi me dijo ‘la vamos a ingresar, firmele’. No tuvimos oportunidad de eso, ni siquiera nos comentaron en ningún momento que ese hospital era covid”, dijo Alberto, quien considera que más casos como el de su bebé pueden evitarse.
“Nosotros nos sentimos muy mal, pero queremos que se sepa nuestro caso porque no queremos que nadie más pase lo que nosotros pasamos”.
Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
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El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
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José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
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