El principal impulsor de la reforma sostuvo que la legislación busca proteger la dignidad de las personas y afirmó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial responder por los casos derivados de su aplicación

Por: Redacción

El diputado local Héctor Serrano, principal promotor de la reforma que tipificó conductas relacionadas con la violencia digital y el mal uso de la inteligencia artificial en San Luis Potosí, defendió nuevamente la legislación y aseguró que su propósito es proteger la dignidad humana frente a ataques, difamaciones y contenidos manipulados difundidos a través de medios digitales.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por uno de los primeros casos relacionados con la aplicación de la norma, sobre el cual existen versiones distintas entre autoridades estatales y federales.

Sin referirse al fondo del asunto, Serrano sostuvo que el Congreso concluyó su trabajo al aprobar la reforma y que ahora corresponde a las instancias encargadas de investigar y resolver los casos explicar sus actuaciones.

“La Fiscalía tiene que responder por su actuación, el gobierno tiene que responder por su actuación y el Poder Judicial tendrá que responder por su actuación”, declaró.

El legislador insistió en que la intención de la reforma nunca fue limitar la libertad de expresión, sino generar herramientas para proteger a las personas frente a contenidos que atenten contra su integridad o reputación.

Serrano argumentó que el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial y la facilidad para manipular imágenes, videos y mensajes ha abierto nuevos riesgos que requieren atención legal.

En ese sentido, señaló que existen espacios digitales donde se difunden ataques personales, contenido denigrante o información falsa que puede afectar tanto a figuras públicas como a ciudadanos en general.

Asimismo, consideró que la discusión pública sobre la ley ha estado marcada por interpretaciones políticas y narrativas encontradas, aunque afirmó que con el tiempo podrá evaluarse con mayor claridad el alcance de la reforma.

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El diputado federal consideró que las decisiones políticas han generado cautela en los mercados, aunque confió en que el acuerdo comercial beneficia a México, Estados Unidos y Canadá

Por: Haniel Valdés

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann afirmó que la incertidumbre política alrededor de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha provocado una desaceleración en las decisiones de inversión, debido a la falta de certeza sobre el rumbo de las negociaciones.

El legislador señaló que, aunque el acuerdo comercial representa un beneficio para los tres países que lo integran, existen factores políticos y de seguridad que pueden modificar el desarrollo de las conversaciones.

“No quiero decir que es una realidad, pero creo que les conviene a los tres países”, expresó al ser cuestionado sobre la continuidad del tratado.

Valladares sostuvo que algunas decisiones, particularmente las relacionadas con la política estadounidense, generan cambios constantes en el panorama económico y afectan la confianza de los inversionistas.

“Hoy la verdad es que hay una retracción de la economía, está en un paro, porque el inversionista y la gran industria no saben qué va a pasar

El diputado explicó que, además de los temas comerciales, existen factores políticos y de seguridad que escapan al control de los sectores productivos y que pueden influir en el desarrollo de las negociaciones.

No obstante, confió en que una vez que exista mayor claridad sobre el futuro del T-MEC, la actividad económica podría recuperar dinamismo.

“Si esto sale pronto, vamos a ver una activación muy rápida e inmediata de la economía y eso va a ser muy positivo para nuestro país”, señaló.

El legislador participa en los trabajos de análisis sobre la revisión del acuerdo comercial y ha sostenido reuniones con representantes de distintos sectores productivos para conocer sus principales preocupaciones.

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El alcalde afirmó que no utilizará el tipo penal relacionado con agresiones en redes sociales y consideró que la Suprema Corte debe revisar esa legislación

Por: Haniel Valdés

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que ha sido objeto de una campaña permanente de ataques en redes sociales y afirmó que cuenta con evidencia que demostraría una estrategia coordinada para afectar su imagen pública.

El edil señaló que este tipo de acciones no son nuevas en su trayectoria política, aunque sostuvo que en los últimos meses se han intensificado.

“Ya hasta me sacaron inteligencia artificial llorando, que me estoy quejando. Yo no me quejo”, declaró.

Galindo afirmó que ha reunido documentación sobre estas publicaciones y adelantó que este lunes presentará el material a los medios de comunicación.

“El ataque no ha cesado. Voy a compartir con ustedes un material que tengo, unas 300 páginas; me atacan simultáneamente y con pauta”, señaló.

El alcalde indicó que, pese a estas situaciones, está acostumbrado a enfrentar este tipo de escenarios debido a su experiencia en el servicio público.

“Vengo de experiencias de gobierno, de mi actividad pública y política, mucho más delicadas, mucho más graves”, comentó.

Añadió que continuará con sus actividades políticas y de gobierno sin modificar su postura frente a este tipo de ataques.

Galindo Ceballos, aseguró que no promoverá denuncias por las campañas de ataques digitales que, afirma, se realizan en su contra, al considerar que el tipo penal creado para sancionar estas conductas no es el mecanismo adecuado

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El presidente municipal reiteró que, aunque ha sido objeto de publicaciones y contenido generado con inteligencia artificial, no acudirá a las autoridades para denunciar estos hechos.

“Como ya lo dije una vez, lo reitero hoy, no voy a denunciar. No creo en ese tipo penal, no creo en esa ley”, manifestó.

Galindo sostuvo que la discusión sobre la libertad de expresión debe mantenerse abierta y consideró que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar la constitucionalidad de dicha legislación.

“La Corte tiene que tumbar esa ley”, expresó.

El alcalde señaló que su postura también busca respaldar el trabajo periodístico y la libre difusión de información.

“Es una pelea que hago también por ustedes los comunicadores y lo voy a seguir haciendo. Cuenten conmigo”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el debate sobre los límites entre la protección de derechos y la libertad de expresión debe resolverse en el ámbito jurídico y constitucional, sin recurrir a mecanismos que, desde su perspectiva, puedan restringir el ejercicio de las libertades públicas.

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