junio 27, 2026

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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes

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Sistema Anticorrupción

En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público

Por: El Saxofón

San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.

En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.

El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.

Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.

Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.

Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.

La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.

Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.

De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.

Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.

En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.

“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.

Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.

El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.

En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.

“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.

Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E

Exdiputados usaron empresas fantasma

La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.

El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.

Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.

Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.

“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.

Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.

Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.

El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.

“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.

Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.

Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.

La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.

https://laorquesta.mx/niega-ase-uso-de-empresas-fantasmas-no-se-que-empresas-sean-titular/

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Lááástima, Zu-ma-yi-ta. Apuntes de Jorge Saldaña.

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Morena no le abrió la puerta; El PT le reevendió la entrada.

Culto Público, hijos de “En esta casa creemos en Morena y no entra el huachicol”:

Hay una escena creo que universal de esas que dan risa, lástima y vergüenza al mismo tiempo: esa en la que llega a una fiesta un colado sin invitación.

Pero no el colado con oficio. El otro. El que llega tarde, a la brava, sudado, con invitación comprada al vecino del primo de un amigo.

Lo dejan pasar, sí, pero por la puerta de atrás, la que huele a cocina y fritanga.

Adentro, los anfitriones ya se enteraron. Y sin escándalo, se van.

Eso pasó esta viernes en el WTC de la Ciudad de México con Gerardo Sánchez Zumaya, empresario huasteco que sueña —porque gratis todavía es— con ser gobernador de San Luis Potosí en 2027.

Llegó acá muy bravo, con acarreados, matracas, danzantes (de los de verdad -no sus asesores-) y anunciándose como abanderado de Morena para ser defensor de la Transformación.

Llegó a registrarse “porque si vamos a cumplir” -dijeron todo el día-, pero Morena hizo lo que hacen los anfitriones cuando llega el huelemoles que no estaba en la lista: se levantó de la mesa.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández estaban ahí. Cuando apareció Zumaya, se retiraron. El mensaje no necesitó una foto: ¿me concede este baile? No, señor. Con usted no. Ni por error.

Lo recibió el PT. Solo el PT. Y entonces el que entró bravo, salió como el emoji que aparece cuando uno escribe la palabra payaso.

Conviene recordar quién es Zumaya, porque él prefiere que la memoria pública ande distraída. Es originario de Tanquián de Escobedo, tiene unos 34 años y hace no tanto era un modesto comerciante local de la Huasteca.

Lo que vino después no lo explica en sus reels: en pocos años, su empresa Petrogesa y razones sociales vinculadas a su nombre acumularon contratos con Pemex que, según fuentes documentales, van de cientos a más de mil millones de pesos.

Las cifras bailan, pero la pregunta no: ¿cómo pasa un comerciante regional a contratista petrolero de esa escala en lo que tarda un sexenio en irse?

Sobre él pesan señalamientos por presunto lavado de dinero, facturero, huachicol y operaciones financieras que la UIF tiene documentadas con suficiencia.

La última es una acusación por un delito federal que generó una orden de aprehensión en su contra, y si está libre es porque se amparó. Y aquí conviene decirlo sin confundir a Usted mi Culto Público: un amparo no es absolución, es un paréntesis judicial, una puerta que dice “espere tantito”, no diploma de inocencia.

Eso revisó Morena antes de cerrarle la puerta al Batman de pacotilla. No fue la mano de Gallardo. No fue una conspiración contra el “incómodo” huasteco. Fue el filtro de no cargar perfiles con expedientes abiertos, operaciones sospechosas o vínculos que huelan a gasolina robada antes de empezar campaña.

Los demás aspirantes salieron con constancias de tres logos: Morena, PT y Verde. Zumaya salió con uno. Uno solito. El del partido que, al menos en San Luis Potosí, parece haber confundido la puerta de entrada con una taquilla.

Él dice que es lo mismo, pero no es lo mismo.

En política hay gestos que valen más que mil golpes de boletín:

Sheinbaum vino a San Luis Potosí. Vino a la Universidad Politécnica (que no a la UASLP para que ni se sigan adornando) Abrazó a Ricardo Gallardo, gobernador del Verde, ese mismo Verde al que Zumaya acusa de perseguirlo.

La presidenta abrazó Ricardo. No abrazó al huasteco. Y al día siguiente, en televisión nacional, circuló un reportaje sobre irregularidades atribuidas a Zumaya. Casualidad de agenda, dicen algunos. Sí, cómo no, y yo soy Mickey Mouse.

El mensaje no está cifrado: este perfil no es de nosotros. No lo avalamos. No nos lo carguen. (Rúmbele para Tabasco si quiere)

También está su voz. El audio que circuló de la conversación entre él, el otro huachicolero de Tekmol y el líder informativo de la huasteca, Samuel Roa.

Ese audio no revela a un empresario incomprendido ni a un político perseguido. Revela un tono de mafioso, ese de quienes creen que el dinero y las majaderías arregla todo lo que de la ley estorba y que el poder es herramienta personal antes que responsabilidad pública.

La voz no se ampara. Su postura de verdulera contra verdulera (con perdón de las mismas) los dibujó a los dos de la estatura que tienen.

Zumaya no lo dice, pero se le sale por todos sus orificios: quiere gobernar para cobrar. Para ajustar cuentas. Para convertir el Palacio de Gobierno en ventanilla de revancha. No para resolver el agua, la seguridad, el empleo o la pobreza. Quiere el poder como tribunal personal.

Esa es la razón más peligrosa para querer gobernar. Y es la única que tiene.

Lo malo es que Zumaya no se gobierna ni a sí mismo, y un hombre que no puede gobernar su avaricia, su enojo y su necesidad de revancha, no tiene autoridad moral para pedirle a San Luis Potosí las llaves de la casa.

Y entonces está el PT: el partido que en San Luis Potosí no actuó como partido, sino como revendedor.

Don Beto Anaya puede destituir al delegado potosino mañana. Puede desconocer el registro. Puede lavar la cara nacional del PT con un comunicado de tres párrafos. Lo que no puede deshacer es que su estructura en San Luis Potosí demostró, en un solo acto, que tiene precio y que el precio lo paga cualquiera que llegue con suficiente efectivo y misma desesperación.

El dato duele: el PT solo ronda el cuatro por ciento de votación en el estado. Cuatro. Zumaya presumió entrar a la fiesta de la Transformación por la puerta de un partido que, sin Morena, no llega ni al valet parking.

Al desnudo, Zumaya no es el transformador perseguido. No es el outsider incómodo. No es heredero de ninguna causa noble. Es un hombre con órdenes de aprehensión en suspenso por un amparo, con empresas que deben responder una pregunta básica —¿de dónde salió tanto dinero en tan poco tiempo?— y con un audio de su propia voz que ya lo describió mejor que cualquier columna.

Morena lo dijo sin decirlo. La presidenta lo dijo abrazando a otro. El reportaje nacional lo dijo con cifras y fechas. La constancia con un solo logo lo dijo en silencio. Los aspirantes que sí cargaron los tres emblemas lo dijeron con su sola presencia: Zumaya no es la 4T, es un “come cuando hay” de los que Sheinbaum se está sacudiendo. Igual que a los Rochas Moyas, los Andys, los Adanes y, sí…los Zumayitas.

Yo soy Jorge Saldaña.

Bonus: El registro morenista se cerró a las 12 de la noche de ayer. Los lugares eran seis y se anunciaron cuatro. Faltan dos. Un hombre y una mujer, que se pudieron registrar ya tarde y sin hacer ruido…(Se la dejo de tarea)

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Lo dicho: Morena le da palo a Sánchez Zumaya y no lo inscribe. El PT lo aceptó

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Carlos Arreola, Aid Ávila, Ana Dora Cabrera, Daniel Montelongo y Antonio Lorca buscan encabezar el proyecto del partido guinda en SLP

Por: Redacción

Cinco perfiles han formalizado sus aspiraciones para encabezar la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, figura que podría convertirse en la antesala de la candidatura al Gobierno del Estado en 2027 dentro de una posible alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Entre los registros destaca el caso del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien no logró incorporarse al proceso interno del partido guinda debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos, por presunto lavado de dinero, huachicolero y otros delitos, mismos por los que se tuvo que amparar para no ser detenido luego de que se supiera que pesa sobre el una orden de aprehensión. Esta circunstancia le impidió poder inscribirse por Morena y solo lo respaldó el Partido del Trabajo, que no tiene ninguna cláusula de filtro para que se registren presuntos delincuentes.

La diferencia quedó reflejada incluso en las constancias de registro difundidas por los aspirantes. Mientras el resto presentan documentos con los emblemas de Morena, PT y PVEM, la constancia de Sánchez Zumaya únicamente contiene el logotipo petista.

Fuentes partidistas señalaron que Morena ha comenzado a aplicar criterios más estrictos para la selección de perfiles, en concordancia con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear mecanismos internos de verificación de antecedentes, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas de quienes aspiren a representar al movimiento en procesos electorales.

Entre quienes sí buscan la Coordinación Estatal se encuentra Aid Ávila, médico originario de la Huasteca Potosina, quien se identifica como fundador tanto del Partido Verde Ecologista como de Morena

. En 2018 participó como promotor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Tamazunchale y, en 2021, intentó contender por la gubernatura, aunque su aspiración fue descartada por criterios de paridad de género.

También figura Ana Dora Cabrera Vázquez, periodista y activista con presencia en diversos espacios de participación ciudadana.

Otro de los aspirantes es Daniel Montelongo, militante con trayectoria partidista que se ha caracterizado por mantener una postura crítica hacia diversos actores de Morena y cuestionar públicamente el desempeño de funcionarios y representantes del movimiento.

Por su parte, Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado local y presidente del Consejo Político Estatal de Morena, confirmó hace unas semanas su intención de participar en el proceso. Proveniente de una familia con amplia trayectoria política, durante meses posicionó el lema “Es tiempo de mujeres” antes de anunciar formalmente sus aspiraciones.

Finalmente, Antonio Lorca Valle informó que realizó su registro vía electrónica el pasado 24 de junio para buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Aunque aún no se han definido los mecanismos finales de selección, el proceso comienza a perfilar a los actores que buscarán encabezar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en San Luis Potosí rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.

También lee: Morena cierra la puerta a Sánchez Zumaya; se registró por el PT

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“El Realito” acumula 72 fallas y corta agua en 27 colonias

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Desde 2021, el acueducto registra interrupciones recurrentes sin solución definitiva; la nueva suspensión deja sin servicio a colonias del norte, centro y oriente de la capital potosina.

Por: Redacción

Los tanques de almacenamiento del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) dejaron de recibir agua proveniente del acueducto “El Realito” la mañana de este viernes, en lo que sería la interrupción número 72 del sistema desde 2021; 27 colonias de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí quedaron sin servicio.

Para reducir el impacto, Interapas activó su protocolo de atención a contingencias, el mismo que aplica en cada suspensión del acueducto: distribuirá agua mediante pipas en las colonias afectadas y pondrá en operación pozos de reserva para amortiguar la falta del líquido.

La suspensión no estuvo acompañada de ningún comunicado oficial por parte de los operadores del sistema “El Realito”, lo que dejó a los usuarios sin información sobre las causas o la duración del corte. Fue Interapas quien activó la contingencia de manera unilateral ante la ausencia de flujo en sus tanques de almacenamiento.

El corte afecta a las colonias Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional secciones 1 y 2, Jardines de Oriente, La Esmeralda, Lomas de Satélite, Maya Mil, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Barrio de Tequis, Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, Del Llano, San Patricio, Prados de San Vicente, Cecilia Occelli, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia.

“El Realito” es el principal acueducto que abastece a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Desde 2021, el sistema ha acumulado múltiples interrupciones derivadas de fallas en su operación, con una frecuencia que no ha disminuido a lo largo de los años. Con la suspensión de este viernes, el acueducto sumaría 72 fallas en cinco años, incrementando también el número de días totales en que la metrópoli ha dependido de pipas y pozos de emergencia para abastecerse.

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