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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
Destacadas
Seduvop admite que violentó la ley; construye sin permisos municipales
La titular de Seduvop aseguró que la autorización municipal es un “trámite administrativo” pendiente
Por: Redacción
Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), admitió en entrevista que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí construye obras sin los permisos del Ayuntamiento de San Luis Potosí incumpliendo el requisito que la Constitución federal reserva de manera exclusiva a los municipios, y que ningún otro nivel de gobierno puede eximirse de cumplir, de acuerdo con jurisprudencia vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cuestionada sobre las implicaciones de no contar con esos permisos, la funcionaria respondió: “No nos atrasa porque nosotros seguimos avanzando, pero sí es un requisito a nivel administrativo con el que no contamos.” Sostuvo además que la falta de autorización municipal “es mero trámite administrativo”, sin que ello implique, dijo, un incumplimiento en la calidad o las especificaciones de las obras.
El artículo 115, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los municipios la facultad exclusiva de expedir licencias y permisos de construcción en su territorio. En San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado faculta a los ayuntamientos, en su artículo 31, inciso a), fracción XI, para “formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, y emitir las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió apenas el pasado 5 de junio que ni siquiera una ley estatal puede eximir a la obra pública del gobierno de un permiso municipal de construcción. En la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2026 (12a.)
, derivada de la controversia constitucional que el Municipio de Campeche promovió contra su Congreso local, el Pleno invalidó un artículo que buscaba exentar a “las obras públicas de interés estatal de gran impacto” de tramitar licencia municipal, por considerar que esa exención invade la esfera competencial del municipio y vulnera el principio de autonomía municipal. La jurisprudencia es de aplicación obligatoria desde el 8 de junio.
La declaración de Vargas Tinajero llega dos días después de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusara que las obras estatales avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite”, entre ellas la salida a Guadalajara y la Arena Potosí, mientras el municipio mantiene detenidos más de 600 millones de pesos en obra pública por licitaciones sin autorizar de la Contraloría del Estado. La funcionaria no desmintió esa versión: la confirmó.
El pronunciamiento profundiza la tensión entre el gobierno estatal y el ayuntamiento capitalino por el control de permisos y licitaciones de obra pública, ahora con un antecedente judicial que deja poco margen legal para sostener que la falta de licencia municipal sea, como lo describió la propia Seduvop, un simple trámite administrativo, cuando en los hechos significa que se violentó la ley, misma que Vargas Tinajero protestó cumplir y hacer cumplir cuando tomó el cargo el 26 de septiembre de 2021.
También lee: Galindo: Estado construye sin permisos; municipio mantiene 600 millones parados
Deportes
De las Malvinas al Azteca y del Azteca a Atlanta: Argentina vs Inglaterra y una guerra que no termina
Argentina llega como vigente campeona del mundo. Inglaterra busca su primera Copa en 60 años. Entre los dos equipos hay una guerra, un Maradona y 44 años de historia sin resolver.
La Guerra de las Malvinas ya no se pelea con fusiles. Se pelea con la voz y, en especial, con un balón
Por: Carlos Ruíz Espinosa
Tras su sufrido triunfo ante Suiza en Cuartos de Final, los jugadores de la Selección Argentina cantaron. No cantaron cualquier cosa: cantaron que las Malvinas son argentinas. “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”. Era la víspera de una semifinal de Mundial, una que marcará el capítulo más reciente de una historia que lleva 44 años sin resolverse.
Hoy en Atlanta, la campeona del mundo enfrenta a una Inglaterra que busca su primera Copa en 60 años. Esos 60 años no son un número cualquiera. La última vez que Inglaterra levantó el trofeo fue en 1966, en la tierra donde el futbol nació.
Fue ese año cuando el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó al capitán argentino Antonio Rattín en los Cuartos de Final donde la Albiceleste se enfretaba a los locales. Rattín no quiso salir. Tuvo que ser escoltado por la policía. Inglaterra se acabó llevando la victoria por la mínima con un tanto de Geoff Hurst.
Al final, el técnico inglés Alf Ramsey se negó a que sus jugadores intercambiaran camisetas con los argentinos y los describió en la prensa como “animales”. Los argentinos llamaron a ese partido “el robo del siglo“. Dieciséis años después… llegó la guerra.
El 2 de abril de 1982, Argentina invadió el archipiélago que llama Malvinas y que Gran Bretaña llama Falkland. El conflicto duró 74 días.
La guerra fue breve y fue una catástrofe. El general Leopoldo Galtieri, heredero de Jorge Rafael Videla al frente de una junta militar que llevaba seis años desapareciendo y torturando a su propio pueblo, ordenó la invasión como una apuesta desesperada: necesitaba una causa nacional que enterrara la crisis económica y los crímenes que el régimen acumulaba. La apuesta salió mal.
Los soldados que enviaron a las islas eran en su mayoría reclutas de 18 y 19 años, muchos de provincias tropicales del norte argentino, sin entrenamiento para el frío ni equipamiento suficiente. Llegaron al invierno con ropa inadecuada, mal alimentados, a veces abandonados por sus propios oficiales que dormían en casas mientras los reclutas se congelaban en trincheras.
Frente a ellos, un ejército profesional que recorrió 13,000 kilómetros para recuperar unas islas donde vivían menos de dos mil personas.
El 2 de mayo de 1982, el submarino británico HMS Conqueror hundió al crucero ARA General Belgrano cuando navegaba fuera de la zona de exclusión declarada por Gran Bretaña. Murieron 323 marinos argentinos. Fue el día más sangriento de la guerra y también su punto de no retorno: la flota sudamericana se retiró a sus puertos y no volvió a salir. Lo que quedaba de la guerra se disputaría en tierra, con pibes que no sabían bien por qué estaban ahí, contra soldados que sí.
El poeta Jorge Luis Borges, de ascendencia parcialmente británica, lo vio desde Buenos Aires y dictaminó con su ironía característica: “La guerra de las Malvinas es una pelea entre dos calvos por un peine.” Tres años después escribió el poema “Juan López y John Ward”, sobre dos soldados ficticios (uno por bando) que mueren en las islas sin haber cruzado una sola palabra. Los llamó víctimas de “unas islas demasiado famosas.”
Al final, murieron 649 soldados argentinos y 285 británicos. Argentina se rindió el 14 de junio de 1982. El Mundial de España comenzó al día siguiente. No hubo pausa. No hubo luto colectivo. Hubo futbol.
El caso de Osvaldo Ardiles relató el conflicto como ningún otro. Jugador del Tottenham Hotspur, el día después de la invasión jugó la semifinal de la Copa FA contra el Leicester City: la afición rival lo abucheó en cada toque del balón.
En las Falkland, su primo José Ardiles se desempeñaba como piloto de caza, y acabó muriendo en combate sobre las islas semanas después. Fue el primer piloto argentino en caer en la guerra. Ossie dejó Inglaterra sin saber cuándo volvería, pero sería el primer reflejo de la relación directa que tendría la pelota con las secuelas de las Malvinas.
La derrota en la guerra fue devastadora para un pueblo que, similar a lo que aconteció en el Mundial de 1978, recurrió al futbol para buscar la alegría que la actualidad nacional le quitaba
. El ídolo ya no iba a ser Mario Alberto Kempes como en ese torneo ni mucho menos Videla o Galtieri. El héroe albiceleste respondía al nombre de Diego Armando Maradona.
El 22 de junio de 1986, Cuartos de Final del Mundial de México 86. En el Estadio Azteca, ‘El 10’ metió dos goles contra Inglaterra que explican más sobre Argentina que cualquier libro de historia. El primero fue la mítica “Mano de Dios“. Diego saltó a disputar un balón con el portero Peter Shilton, y ante su falta de estatura, estiró la mano para acabar empujando la pelota a la red… el árbitro lo dio por bueno.
El segundo, en el que gambeteó a cinco ingleses en 11 segundos, fue una obra maestra catalogada como “El Gol del Siglo”. Ganaron 2-1. En un solo día, el ‘Pelusa’ se despachó dos de los tantos más icónicos en la historia del futbol, pero esos goles significaban mucho más que el pase a Semifinales.
En su autobiografía, Maradona lo escribió sin tapujos: “Aunque habíamos dicho antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de las Malvinas, sabíamos que habían matado a muchos chicos argentinos ahí. Los mataron como pajaritos. Y eso era la revancha”.
Roberto Perfumo, ex jugador argentino, fue más claro todavía: “En 1986, ganarle a Inglaterra era suficiente. Ganar el Mundial era secundario para nosotros. Ganarle a Inglaterra era nuestro verdadero objetivo.”
La herida no se cerró en 1986, pero tampoco en 1998, cuando argentinos e ingleses se citaron en Octavos de Final del Mundial de Francia. Un primer tiempo trepidante que acabó 2 por 2 tras un golazo de Michael Owen y un icónico tanto de Javier Zanetti tras un tiro libre. La segunda mitad quedaría marcada por la expulsión del entonces joven David Beckham por una patada al ‘Cholo’ Simeone que convertiría al ‘Spice Boy’ en villano nacional por un buen rato. Los sudamericanos se acabarían imponiendo en penales.
El asunto menos se calmó en 2002, cuando en Corea-Japón, el mismo Beckham cobró el penal que eliminó a Argentina en la Fase de Grupos. Los de Marcelo Bielsa se fueron a las primeras de cambio de un Mundial al que llegaron como favoritos y, por primera vez desde la guerra, volvieron a caer ante los ingleses en semejantes instancias.
Simon Kuper, periodista y autor de Football Against the Enemy —el libro que exploró cómo el fútbol canaliza guerras y dictaduras en todo el mundo—, tituló su análisis de esta rivalidad en The Guardian en 2002 con una frase que hoy suena a profecía: “The conflict lives on.”
El conflicto sigue vivo. Los jugadores argentinos lo cantaron el sábado después de librar el encuentro ante los suizos. La diferencia, es que ya no se pelea con fusiles. Se pelea con la voz y, en especial, con un balón.
Hoy en Atlanta, Argentina defenderá su corona mundial contra una Inglaterra que lleva 60 años esperando repetir lo que logró en 1966, pero esto va mucho más allá de la gloria deportiva. Habrá nuevas generaciones en la cancha que no vivieron la guerra, pero que cargarán con su peso sin buscarlo.
Borges tenía razón: son dos calvos peleándose por un peine. Lo que el escritor no sabía, y seguramente no hubiera querido saber considerando cuánto odiaba al futbol, es que ese peine hoy tiene la forma de un boleto a la Final del domingo.
También lee: El Futbol Une al Mundo: Crónica de un Japón vs Túnez
Ciudad
En el proyecto del Saucito no hay incumplimientos pero sí retrasos: Ayuntamiento
El director de Obras Públicas capitalino, Eustorgio Chávez Garza, informó que la Contraloría General del Estado respondió al expediente de El Saucito más de un mes después de lo que marca la normativa de CompraNet, en medio de la disputa entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado por licitaciones municipales detenidas
Por: Redacción
El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó este martes que la Contraloría General del Estado emitió una nueva observación sobre el paso a desnivel de El Saucito, más de un mes después de que el municipio solventara el señalamiento anterior, y sostuvo que no existen incumplimientos formalmente acreditados contra el gobierno capitalino.
Chávez Garza explicó que el Acuerdo para la utilización de CompraNet San Luis Potosí obliga a la Contraloría a emitir observaciones o autorizar las bases de los procedimientos en un plazo de cinco días hábiles, término que en este caso fue rebasado por semanas.
De acuerdo con el funcionario, la Contraloría emitió su primera observación sobre El Saucito el 27 de mayo; el Ayuntamiento la solventó el 10 de junio, pero la nueva respuesta no llegó sino hasta este 14 de julio, más de un mes después de que la administración capitalina cumpliera con el requerimiento.
El director de Obras Públicas señaló que hasta la semana pasada más de 30 procesos municipales permanecían sin cerrar en la plataforma estatal. En días recientes fueron liberados siete, pero todavía hay 22 expedientes abiertos, mientras el Ayuntamiento continúa ingresando nuevos proyectos al sistema.
Chávez Garza subrayó que CompraNet es la única vía oficial para notificar observaciones o incumplimi entos,
por lo que, al no existir señalamientos de ese tipo registrados en la plataforma, no hay incumplimientos formalmente acreditados contra el Gobierno de la Capital.
La postura del funcionario se da en medio de la ruptura entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, luego de que en febrero ambos anunciaran juntos un paquete de obras cercano a los 800 millones de pesos, coordinación que se rompió cinco meses después, cuando el Gobierno del Estado inició el Puente de la Familia sin que el municipio participara de manera visible.
Galindo ha sostenido que más de 30 licitaciones municipales, iniciadas desde marzo, continúan sin aval de la Contraloría estatal; hacia mediados de julio, dijo, la obra de El Saucito aún no contaba con autorización pese a que la viene denunciando desde junio, y afirmó percibir ya un componente político de cara a la elección de 2027.
La Contraloría estatal, por su parte, ha rechazado que exista un bloqueo político y atribuye el freno a expedientes incompletos, observaciones sin resolver y permisos aún pendientes, entre ellos algunos vinculados con impacto urbano y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El Ayuntamiento sostiene, además, que mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recurso que permanece detenido mientras la Contraloría no autorice las licitaciones municipales pendientes.
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