agosto 22, 2025

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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes

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Sistema Anticorrupción

En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público

Por: El Saxofón

San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.

En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.

El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.

Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.

Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.

Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.

La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.

Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.

De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.

Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.

En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.

“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.

Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.

El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.

En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.

“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.

Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E

Exdiputados usaron empresas fantasma

La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.

El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.

Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.

Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.

“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.

Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.

Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.

El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.

“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.

Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.

Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.

La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.

https://laorquesta.mx/niega-ase-uso-de-empresas-fantasmas-no-se-que-empresas-sean-titular/

#4 Tiempos

La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.

Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).

Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.

El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.

Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.

Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.

Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.

En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.

Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).

En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.

(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).

La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.

En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.

Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).

Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?

¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?

Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.

Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).

Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.

¿Estaría muy ocupada la abogada?

Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.

Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.

Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.

(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)

Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.

Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.

¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ciudad

En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP

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Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre

Por: Redacción

El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.

La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.

Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.

Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.

Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.

Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.

“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.

Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.

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Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial

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Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada

Por: Redacción

El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna

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Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.

Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.

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