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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
Ciudad
La radiografía moral de una ciudad a través de sus esquinas. Primera Parte
Reportaje histórico, político y urbano de la nomenclatura potosina
«No nos une el amor sino el espanto;
será por eso que la quiero tanto.»
Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en El otro, el mismo (1964)
Por: Jorge Saldaña.
Caminar por San Luis Potosí es, sin que uno se dé mucha cuenta, un acto de paciencia historiográfica. Uno cree que va a comprar el pan, pero en realidad atraviesa cuatro siglos, tres regímenes, una revolución y una pulquería desaparecida. La esquina —esa institución tan mexicana— se vuelve aquí un libro abierto al que le faltan páginas, le sobran portadas y sostiene memorias cono nombres hechas de azulejo, metal o placa, que de no nombrarse ahí, nadie más las nombraría y menos las recordarían.
Lo cuento como periodista urbano, también como ciudadano y no como acusador. Esto no es una denuncia: es una caminata. Una caminata larga, tropezada y deliciosa por un casco antiguo donde una sola vía recta puede llamarse «Mariano Arista» en una placa, «ARISTA» en la siguiente y, dos cuadras más allá, «GRAL. M. ARISTA», todo en distintos materiales, todo igual de oficial, todo igual de imposible. Un solo general, tres nombres; un solo cabildo pero ningún acuerdo.
El estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura y el «Diccionario histórico de las calles de San Luis Potosí» de don Arcadio Castro Escalante —en su libro «Por las viejas calles de aquel San Luis»— dejaron consignado lo que aquí se cuenta con prosa de domingo: que la nomenclatura de esta ciudad es un palimpsesto -esos manuscritos en pergamino que conservan huellas de una escritura anterior- al igual que nuestro centro, en cada placa hay un héroe encima de un pordiosero, un revolucionario encima de un cura, una avenida encima de una zanja. Y que la abuela, terca, sigue diciendo «La Corriente» cuando el plano oficial dice «Reforma» desde hace ya un siglo.
El verso de Borges con que se abre este reportaje no es decorativo. Es la llave. Porque si hay una manera de querer a las ciudades, esa manera es contradictoria: las queremos por lo que nos avergüenza de ellas. Las queremos por su desorden, por su terquedad, por su modo de no obedecer. San Luis Potosí entra en esa categoría con orgullo. Es una ciudad que se ama, en parte, por su incapacidad para ponerse de acuerdo consigo misma.
De los apodos a los apellidos
En 1828, recién consumada la Independencia, el Ayuntamiento potosino se topó con un problema simpático y propio de la época: necesitaba bautizar oficialmente sus calles, pero no tenía a quién honrar. A los españoles ya no se les quería —era demasiado pronto—, y los héroes nacionales todavía no alcanzaban para tantas esquinas. La solución fue salomónica y muy mexicana: dejar los apodos populares y ponerle apellido de vecino distinguido a lo que faltara.
Así se inauguró, sin saberlo, la primera ley no escrita de la nomenclatura potosina: la calle no se nombra, la calle se hereda. Hereda al insurgente cuando llega la Independencia, hereda al liberal cuando llega la Reforma, hereda al revolucionario cuando llega 1914 —el año bisagra, el del gran rebautizo— y hereda al fraccionador cuando llega el siglo XXI con sus colonias bautizadas con nombres de árboles que aquí no crecen.
Antes de 1828, sin embargo, las calles ya tenían nombre: solo que el nombre lo ponía el barrio, no el cabildo. La calle de la Cruz se llamaba así porque había una gran cruz divisoria entre la ciudad y la villa de San Miguelito. La de las Bóvedas porque allí se levantaron las primeras casas con techo abovedado. La del Arenal porque las lluvias de La Merced llenaban de arena la cuadra. La de los Burros porque los arrieros amarraban sus bestias antes de bajar a la Plaza de Armas. La de la Tamalera porque ahí vivía una mujer cuyos tamales eran de gran demanda.
Estos nombres, hoy reemplazados por placas con apellidos solemnes, eran en realidad un primer sistema completo y eficaz. Funcionaba etnográficamente: nombraba lo que estaba, no lo que se quería honrar. Era una nomenclatura sin proyecto político, asentada en la observación cotidiana. Por eso, cuando el cabildo intentó imponer apellidos en 1828, lo hizo sobre un sustrato vivo que ofreció resistencia silenciosa. La gente siguió diciendo «La Tamalera» mientras la placa decía «Julián de los Reyes».
La cuadra como unidad onomástica
Hasta bien entrado el siglo XIX, una vía recta no tenía un nombre: tenía tantos nombres como cuadras. La calle Iturbide, por ejemplo, en 1864 se desplegaba en ocho identidades distintas: «Ciprés», «Palaus», «Chino o Clima», «Filantropía», «Guayabo», «Mora», «Cocheros» y «Chica». La calle Vallejo se dividía en cinco: «Remedios», «Las Recogidas», «Plaza de Las Recogidas», «Lucero» y «San Miguelito». Manuel José Othón —el poeta— caminaba de niño por una vía que cambiaba cinco veces de nombre.
La avenida Carranza es el caso emblemático. En 1864 era cinco calles distintas en una sola línea: «La Cárcel» las dos primeras cuadras, «Maltos» las dos siguientes, «El Elefante» la quinta, y todo el resto «Real de Tequisquiapan». Cinco nombres, una traza. Hoy es una sola Carranza —liberal, rectísima, peatonal en su tramo histórico— pero quien camine por ahí está caminando, sin saberlo, sobre el rastro de un elefante, una cárcel y un señor de apellido Maltos del que no quedó memoria.
«Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras […], surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos.»
Italo Calvino, Las ciudades invisibles (1972)
Calvino no escribió sobre San Luis Potosí, pero pudo haberlo hecho. Su descripción de Zaira describe con exactitud lo que cualquier potosino ve al levantar la cabeza en una esquina del primer cuadro: la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene. Lo carga en cada placa que no se quitó, en cada rótulo que se dejó conviviendo con el nuevo, en cada rincón donde el catastro y la abuela difieren y nadie se atreve a darle la razón a uno solo de los dos.
Esta lógica de los muchos nombres por cuadra tenía sentido en una ciudad pequeña. Cada tramo coincidía con un edificio característico, una anécdota memorable, un vecino famoso. Cuando la población creció y la administración pública se profesionalizó, ese sistema se volvió insostenible. Una calle con siete nombres no se puede catastrar, no se puede cobrar predial, no se puede patrullar. La unificación llegaría —y llegaría con una ideología.
Las cuatro fechas bisagra
La nomenclatura de San Luis Potosí no cambió de una vez. Cambió en oleadas, y cada oleada lleva la firma del régimen que la promovió. Cuatro son las fechas que conviene memorizar:
- 1828: primera nomenclatura oficial. Es la ola del cabildo independiente. Domina la mezcla de apellidos distinguidos y nombres triviales, por escasez de héroes.
- 1860–1870: primera ola liberal. Tras las Leyes de Reforma, aparecen Galeana, Morelos, Hidalgo, Allende sustituyendo nombres conventuales y virreinales. Es el primer barrido ideológico.
- 1914: el gran rebautizo revolucionario. La nomenclatura moderna —Carranza, Obregón, Madero, Zapata, 5 de Mayo— se impone sobre los antiguos nombres por cuadra. Es el momento más drástico: lo que había tardado tres siglos en sedimentar se sobrescribió en pocos años.
- 1930: ola posrevolucionaria. Aparecen nombres de gobernadores y políticos locales (Julián Carrillo, Francisco Alcalde, Ildefonso Díaz de León). La memoria estatal entra a competir con la memoria nacional.
Si uno camina hoy el centro y lee placa por placa, está leyendo —en estricto rigor— la geología política de la ciudad. La capa más profunda es colonial: convento, virgen, cruz. La siguiente, decimonónica: apellido distinguido, anécdota local. Encima, la liberal: insurgente. Encima, la revolucionaria: jefe armado. Encima, la postrevolucionaria: gobernador. Y en los fraccionamientos nuevos, la capa contemporánea: árbol exótico, flores, montañas y cordilleras. Cinco capas, una ciudad.
La memoria popular como capa subterránea
Hay una capa más, sin embargo, que ningún régimen logró borrar: la oral. Las placas también hablan de lo que el poder quiso olvidar. La calle de Las Manitas —hoy un tramo de Abasolo— se llamó así porque ahí enterraron las manos de un homicida. La de Las Cruces —hoy un tramo de Universidad— porque dos hombres se mataron mutuamente y se les puso cruces en el sitio. Estos nombres no entraron a la oficialidad porque la oficialidad prefiere héroes; pero la oralidad los recuerda. La calle, otra vez, no se borra: se tapa.
Y hay nombres populares que sí lograron permanecer, contra todo pronóstico. La calle Juan del Jarro lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, un pordiosero potosino del siglo XIX, vestido de harapos y con un jarro al hombro para pedir agua y comida. Se le atribuían dotes adivinatorias; la gente lo consultaba sobre fechas de muerte y matrimonios futuros, y atinaba lo suficiente para volverse leyenda. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene placa oficial. Cosa rara, cosa potosina, cosa hermosa.
Ciudad
Galindo ve “mano negra” en conflicto por predio de Puerta de Piedra
El Ayuntamiento propuso habilitar un terreno contiguo como parque urbano, con obras incluidas, pero no hubo respuesta del grupo inconforme
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que existen “manos negras” detrás del conflicto por el predio municipal en el fraccionamiento Puerta de Piedra, luego de que un grupo de vecinos promoviera un amparo para frenar su subasta.
El edil sostuvo que la oposición al proyecto dejó de tener lógica tras haber ofrecido alternativas formales a los inconformes, incluyendo la habilitación de otro terreno contiguo como parque urbano.
“No sé de quién, pero hay dos manos negras. Yo no me la creo. Si te ofrecen otro terreno, con iluminación, cercado y árboles, y no hay respuesta, entonces esto ya salió de la razón lógica”, declaró.
Galindo afirmó que el Ayuntamiento mantuvo diálogo con el grupo y respondió por escrito a sus peticiones, pero acusó que, en lugar de continuar con las negociaciones, optaron por judicializar el caso.
Además, rechazó que el proceso de subasta haya sido suspendido en su totalida
d, como han señalado integrantes del colectivo, al insistir en que el tema se encuentra en litigio y que el Cabildo aprobó la desincorporación de los predios conforme a la ley.
“No se hubiera subastado si no tuviera las condiciones legales. Fue aprobado por unanimidad”, sostuvo.
En contraste, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra ha defendido el amparo interpuesto el pasado 13 de marzo, el cual fue admitido el 10 de abril por un juez, quien ordenó la suspensión del proceso de subasta de al menos 18 predios mientras se analiza el caso.
La audiencia constitucional del caso está programada para el próximo 8 de mayo, fecha en la que se definirá si el proceso de subasta puede continuar o si se confirma la protección legal de los predios.
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Afirma SSPC que la violencia se incrementa con el calor
El secretario Juan Antonio Villa reveló que con la temperatura la gente se vuelve más irritable, además de que aumenta el consumo de alcohol
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que han encontrado una correlación entre el incremento de actos de violencia y el aumento en las temperaturas.
Explicó que el calor genera que mucha gente se vuelva más irritable, por lo que en lugares muy cerrados o en casas pequeñas donde se exponencía la sensación térmica, crecen los incidentes de violencia, como puede ser la familiar.
Asimismo, en esta temporada se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que las personas tienden a embriagarse más, y “se ponen violentos” contra las personas a su alrededor.
Añadió que ante esta situación, han reforzado la seguridad para prevenir estos delitos, instruyendo al Agrupamiento Especial para Atención de Violencia de Género a tratar de manera inmediata los reportes.
Comentó que en la última semana atendieron 14 denuncias de este tema, de las cuales, cuatro resultaron procedentes, con los involucrados siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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