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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
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SLP en primer lugar nacional en muertes prenatales
La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.
Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.
En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.
Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.
Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas
A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.
Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.
En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.
Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.
En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.
Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.
Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.
Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.
Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.
Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.
El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.
Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.
Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.
El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.
Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.
También lee: Hombres, mayoría de las víctimas de accidentes y homicidios en SLP: INEGI
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Raúl Tortolero llama a “recristianizar” la cultura de Occidente
En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente
Por: Haniel Valdés
Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.
La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.
Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.
El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.
Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.
Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.
El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.
Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”
. Como ejemplo citó el Escudo de las Américas, la coalición de más de 15 países liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado, que —dijo— debería ir acompañada de una “guerra cultural” con base cristiana.
En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.
Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.
Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.
Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.
Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.
Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.
También lee: Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
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Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.
El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.
De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.
Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal
sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.
El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.
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