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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
1. Resumen ejecutivo
Alejandro Moreno Cárdenas reordenó el tablero rumbo a 2027. Protestó a más de 100 “Defensores de San Luis Potosí”, llamó a un frente contra Morena para recuperar el Congreso, dejó abierta la puerta al Verde y advirtió que Enrique Galindo “no sería inteligente” si se suma al morenismo. El alcalde no asistió. Ricardo Gallardo Cardona remite la alianza Verde-Morena-PT a las dirigencias nacionales y cifra 320 mil asistentes a la Fenapo por Katy Perry; la ocupación hotelera oscila entre 80 y 90 por ciento según la fuente.
La Pila concentra el contraste capitalino: centro comunitario de más de 20 millones frente a abasto desigual de agua. Interapas deja sin servicio a 15 colonias de Villa de Pozos. UnoTV reportó tres narcolaboratorios y 11 detenciones. Fitch exhibe debilidad financiera del Estado. El SNSP registra alza de delitos violentos contra mujeres.
2. Hallazgos principales
Alito fija vetos y deja a Galindo en el centro
Qué se detectó. Moreno pidió “la coalición más amplia posible” contra Morena y sostuvo diálogo con el PVEM. Dijo que el PRI potosino “no es ni de Sara ni de Galindo”, pero lo incluyó entre los liderazgos que el tricolor necesita para 2027. En Pulso afirmó que Galindo no sería inteligente si se une a Morena. El alcalde no fue al encuentro (El Exprés, Potosí Noticias). El Sol preguntó de qué color es su chaleco. Emsa: el PRI abre la puerta, Galindo debe construir acuerdos. Marcelo de los Santos Anaya reportó más de 4 mil 100 firmas en el proceso interno del PAN. Gallardo reiteró que la alianza verde-guinda la resuelven los nacionales.
De Todos (Pulso) leyó el guiño al Verde como mensaje al gallardismo: para la dirigencia verde, Morena y el gobierno federal rinden más que un PRI que no se recupera de 2018. Global Media: dividido, el bloque opositor no disputa el poder. Selen Terán advirtió que las precampañas adelantadas elevarán la violencia.
¿Por qué es importante? Moreno marcó tres líneas: veto a un salto de Galindo hacia Morena, oferta al Verde que también negocia con Gallardo, y deslinde de Sara Rocha Medina como dueña del PRI local. Quien controle al alcalde capitalino y al candidato verde define gubernatura y Congreso. La silla vacía de Galindo es un dato de poder, no un percance de agenda.
Fenapo: aforo de gobierno, saldo de corporación
Qué se detectó. El boletín 19056 habla de “noche histórica”. Gallardo habló de 320 mil personas y hasta 90 por ciento de ocupación; El Heraldo citó 80 por ciento previo al concierto. La SSPCE declaró saldo blanco (14375).
¿Por qué es importante? El 320 mil entra al relato de capacidad de gobierno sin metodología pública —foro, recinto o día completo—. El saldo blanco no cierra costo de operativo ni derrama verificable. El balance de agosto lo fija quien publique incidentes, no adjetivos.
La capital presume; La Pila y el agua no cierran
Qué se detectó. Galindo entregó el Premio Municipal de Literatura, se fotografió con jóvenes de Canaco y respaldó el Pañaleton (más de 2 mil 900 pañales). Capacita burocracia en inteligencia artificial y proyecta un centro comunitario en La Pila por más de 20 millones. En paralelo, La Pila crece con abasto desigual (Plano, Pulso). El Mañana titula que el alcalde presume mientras La Pila “arde”. Interapas deja sin agua a 15 colonias de Villa de Pozos (Heraldo) y obras inconclusas en el Centro. Pulso pide aclarar el estatus jurídico de la tratadora Escalerillas. El Heraldo documenta basura orgánica en mercados. Visitantes siguen entrando a zonas de riesgo en la Presa San José. Locatarios de Tequis denuncian multas a proveedores en la ciclovía de Carranza. Gallardo dijo que el Estado atiende omisiones municipales en Jacarandas.
¿Por qué es importante? Literatura, Canaco y pañales no sustituyen agua, drenaje y vialidad. La Pila junta inversión anunciada y queja de abasto. Escalerillas y Villa de Pozos convierten a Interapas en el organismo de desgaste compartido. Jacarandas permite al gobernador exhibir omisión municipal en territorio de la capital.
Seguridad: laboratorios, género y gadget
Qué se detectó. UnoTV: tres narcolaboratorios y 11 detenidos. Boletín 19063: “no hay tregua”. SSPC municipal reporta baja incidencia en la zona norte. Cibernética alerta 12 números nuevos de extorsión. El Ayuntamiento suma más de 20 casos de maltrato animal en 2026. Pulso, con SNSP: alza de delitos violentos contra mujeres. Global Media advierte que los 400 consultorios gratuitos con Sheinbaum deben resguardar al personal. Gallardo rechaza que el Congreso se siente en mesas de seguridad. Se anuncian 100 cámaras con reconocimiento facial en carreteras.
¿Por qué es importante? La paz ferial no borra laboratorios ni el dato de género. Excluir al Congreso reserva el tablero de seguridad al Ejecutivo. Cámaras y alertas telefónicas desplazan resultados por herramientas. Los consultorios heredan el riesgo de operar sin protocolo de resguardo.
Empleo y finanzas
Qué se detectó. El Estado habla de 47 mil empleos en tres meses. La ENOE de julio pone la PEA nacional en 62.6 millones. En SLP persisten subocupación e informalidad. Fitch Ratings expone debilidad financiera del gobierno estatal (Pulso). Más de 8 mil escuelas se preparan para el ciclo 2026-2027.
¿Por qué es importante? El empleo formal es el segundo activo de Gallardo después del ranking de homicidios. Fitch lo recorta rumbo a 2027. La subocupación explica por qué 47 mil puestos no se sienten en ingreso.
3. Lectura de cobertura
El Universal SLP privilegia aforo y coalición en voz de Gallardo. Pulso aporta Alito versus Galindo, Fitch, SNSP y Escalerillas. El Sol convierte el chaleco de Galindo en crónica y documenta Jacarandas. El Heraldo mete Villa de Pozos sin agua y ocupación al 80 por ciento. Plano replica boletín y la denuncia de Tequis. El Mañana va al choque en La Pila e Interapas. Global Media y Astrolabio tratan a Moreno como hecho de coalición. Reforma abre el 27/08 con despojo inmobiliario en al menos 11 entidades. San Luis entra a la federación como sede de concierto o pieza de alianza.
Las columnas coinciden: 2027 ya es operación. De Todos descarta la viabilidad inmediata PRI-Verde. Salazar Soni describe la corrupción como red. Terán anticipa violencia de precampaña. Astrolabio insiste en la ANP Sierra de San Miguelito y el riesgo de desincorporar tierras ejidales.
4. Implicaciones y alcance
En 72 horas el efecto Alito se mide en tres reacciones: si Galindo aclara su chaleco; si el Verde responde en nacional o deja correr las dos ofertas; si los 100 defensores se organizan o se quedan en foto. Gallardo sale beneficiado del amarre con Sheinbaum y de remitir la coalición al centro; queda presionado por Fitch, laboratorios y Jacarandas.
Galindo capitaliza feria, Canaco y literatura; queda expuesto en La Pila, Escalerillas, la Presa San José y la silla vacía frente a Moreno. Sara Rocha pierde el monopolio simbólico del PRI local. El PAN capitalino corre con firmas, sin resolver si 2027 se juega contra Morena o contra el Verde.
El paquete de agosto —Fenapo y 320 mil— funciona mientras no se le pida desglose. El de servicios —agua, Interapas, mercados, ciclovía— es el que llega a septiembre. No hay receso ferial en un sistema que ya discute candidatos, vetos y calificadoras.
También lee: Agenda del Poder Martes 25 de agosto de 2026
La tasa de desocupación en San Luis Potosí fue de 3.2 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, por encima del promedio nacional de 2.7 por ciento
Por: Ana G Silva
Más de 43 mil potosinos se encontraban en busca de trabajo durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.
Entre abril y junio de este año, San Luis Potosí registró 43 mil 437 personas desocupadas, lo que representó una tasa de desocupación de 3.2 por ciento, superior al 2.7 por ciento registrado a nivel nacional.
La cifra coloca a la entidad por encima de la media del país en un indicador que considera a las personas que no trabajaron durante el periodo de referencia, pero que se encontraban buscando activamente una oportunidad laboral.
En contraste, a nivel nacional la población desocupada sumó 1.6 millones de personas durante el segundo trimestre de 2026, sin cambios en la tasa de desempleo respecto al mismo periodo de 2025, al mantenerse en 2.7 por ciento.
Sin embargo, las cifras para San Luis Potosí muestran que la presión sobre el mercado laboral va más allá de quienes no tienen empleo.
La entidad registró una tasa de ocupación parcial y desocupación de 12.5 por ciento, superior al promedio nacional de 9.3 por ciento. Este indicador contempla tanto a las personas desocupadas como a aquellas que trabajan menos de 15 horas a la semana.
Además, la tasa de presión general en San Luis Potosí fue de 6.8 por ciento, frente al 5.5 por ciento nacional. Este indicador incluye, además de las personas que se encuentran sin empleo, a quienes ya tienen una ocupación pero buscan otra alternativa laboral.
Así, los resultados de la ENOE muestran que el mercado laboral potosino enfrenta un escenario en el que no solo existen más de 43 mil personas que buscan incorporarse a un empleo, sino también trabajadores que, aun contando con una ocupación, continúan en busca de una mejor oportunidad.
En el mismo periodo, San Luis Potosí registró una población ocupada de 1 millón 329 mil 458 personas y una tasa de participación económica de 60 por ciento, superior al promedio nacional de 59.1 por ciento.
El contraste, sin embargo, revela que una mayor participación de la población en el mercado laboral no necesariamente se traduce en que todas las personas que buscan trabajo logren encontrarlo o permanezcan satisfechas con las condiciones de su empleo.
También lee: No alcanza con un trabajo. La subocupación y el empleo informal azotan a SLP
El secretario de Seguridad afirmó que entre los detenidos hay personas originarias de Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Durango
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado (SSPC) detuvo a cerca de 20 personas por venta de droga en Ciudad Valles durante la última semana, luego de los ataques registrados en la Huasteca y en esa ciudad.
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado, explicó que entre los detenidos hay integrantes de una célula que buscaba ingresar a Ciudad Valles y que participó en intentos de sacar de servicio la tecnología de vigilancia instalada en la región. La Policía de Investigación mantiene a varios de ellos bajo custodia mientras continúan las indagatorias para precisar identidad y modo de operación de los implicados.
El funcionario indicó que estos hechos llevan a la corporación a redoblar los operativos en la región, lo que se refleja en el aumento de la estadística de detenciones vinculadas a la venta de droga.
Juárez atribuyó el origen de los detenidos a otros estados: los de la Huasteca, dijo, provienen de Tamaulipas
, y los de la zona limítrofe con Guanajuato, de Jalisco, dato que J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, ya había confirmado en un evento en Villa de Reyes.
La dependencia informó además una detención reciente de alrededor de nueve personas, que serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos federales. Según Juárez, los detenidos en ese operativo son originarios de Sinaloa y Durango.
“Ahí está la realidad, no la podemos negar (…) si fueran potosinos, pues así lo informarían, pero vienen de Sinaloa y Durango”, afirmó el secretario.
Juárez adelantó que la SSPC dará mayor información sobre este último operativo una vez que la FGR reciba la documentación de la puesta a disposición.
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