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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
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Entrevista: Ruth González defiende sus derechos políticos; Soy mujer antes que esposa
En su segundo informe legislativo, la senadora reivindicó su condición de mujer por encima de sus vínculos familiares y rechazó que estos determinen su futuro político. En entrevista exclusiva, habló de las mujeres que enfrentan el machismo y la falta de oportunidades en San Luis Potosí, puntualizó que no ha decidido participar en 2027, pero defiende su derecho a hacerlo y, ante una pregunta sobre una eventual alianza entre el PVEM y Movimiento Ciudadano, respondió con humor: “Pues el verde y el naranja combinan, ¿no?”
Por: Jorge Saldaña
La senadora Ruth González Silva convirtió el cierre de su segundo informe legislativo en una defensa de los derechos políticos de las mujeres y, particularmente, de su derecho a participar en las decisiones públicas de San Luis Potosí sin que su condición de esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sea utilizada, por sí sola, para desacreditar sus capacidades o limitar sus aspiraciones.
Ante representantes de distintas fuerzas políticas reunidos en el Teatro de la Paz, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pronunció un mensaje que inevitablemente se inscribe en la discusión sobre la sucesión gubernamental de 2027, aunque reiteró que no ha anunciado su intención de competir.
“Ninguna mujer puede ver limitado su derecho a participar en la vida pública por sus circunstancias personales, por sus vínculos familiares o por las expectativas que otros tengan sobre ella”, sostuvo.
La declaración fue acompañada de un señalamiento sobre la diferencia entre exigir cuentas a quienes desempeñan cargos públicos y utilizar su vida personal como argumento para excluirlos de las decisiones del estado.
“La crítica forma parte de la democracia”, reconoció, pero advirtió que desacreditar o restringir la participación de una mujer por razones ajenas a su capacidad o desempeño reproduce una forma de violencia.
Su posicionamiento adquiere una dimensión particular en San Luis Potosí, donde la posibilidad de que la esposa del actual mandatario participe en la próxima elección ha colocado frente a frente dos debates: el derecho de las mujeres a competir por cargos públicos y las reglas destinadas a impedir el nepotismo electoral.
González Silva no anunció una candidatura. Por el contrario, dijo expresamente:
“Nunca me he pronunciado al respecto y jamás he dicho que quiera participar en el proceso electoral de 2027”.
Sin embargo, aseguró haber sido objeto de mentiras, señalamientos y críticas que también han involucrado a su familia y a su condición de mujer.
Por ello, explicó, su postura trasciende su situación personal y busca defender el derecho de otras potosinas a intervenir en la vida democrática.
“Antes de ser esposa, madre o senadora, soy mujer”
Uno de los momentos centrales de su discurso ocurrió cuando la senadora reivindicó su identidad personal frente a los papeles familiares y públicos con los que habitualmente se le identifica.
“Antes de ser hija, antes de ser madre, antes de ser esposa, incluso antes de ser senadora de la República, soy mujer”, expresó.
La legisladora vinculó esa afirmación con su experiencia en las cuatro regiones del estado, sus recorridos territoriales y el trabajo desarrollado desde el Senado, factores que presentó como parte de su trayectoria propia.
También manifestó su respaldo a la continuidad del proyecto político que actualmente gobierna San Luis Potosí, mencionando la ampliación de programas sociales, infraestructura carretera, transporte público y oportunidades laborales.
“San Luis Potosí es tiempo de mujeres”, afirmó al concluir su intervención, retomando el significado político de la llegada de una mujer a la Presidencia de la República.
La frase dejó abierta una cuestión de fondo: si su defensa de la participación femenina permanecerá en el terreno de los principios o si, llegado el momento, se traducirá en una decisión personal de competir por la gubernatura.
Entrevista exclusiva: las mujeres que todavía tienen miedo de denunciar
Al término del informe, en una entrevista exclusiva concedida a este medio, Ruth González amplió el sentido de su mensaje y trasladó la conversación del escenario electoral a la realidad de miles de mujeres potosinas que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos.
Al preguntarle si existen mujeres cuyo propio entorno les impide avanzar, la senadora reconoció que el machismo continúa presente en distintas comunidades, particularmente en la Huasteca y algunos puntos de la Zona Media.
“Desgraciadamente, definitivamente todavía vivimos en tiempos [en que] el machismo predomina”, señaló, al advertir que persisten mujeres que no se atreven a denunciar situaciones de violencia por miedo o desconfianza hacia las instituciones.
La legisladora identificó otra dificultad: las barreras que enfrentan quienes viven lejos de los centros de atención y carecen de infraestructura adecuada para acercarse a las autoridades.
Reconoció que, en ocasiones, las mujeres han dejado de creer en las instituciones, por lo que consideró indispensable recuperar su confianza y ofrecerles un acompañamiento cercano.
“Hoy estamos buscando que esas mujeres puedan obtener la confianza, que vuelvan a creer, que se acerquen, que sepan que en una servidora pueden contar”, expresó.
Aseguró que ha sostenido encuentros con grupos de mujeres para escucharlas y apoyarlas, y señaló que el acompañamiento debe incluir asesoría jurídica, atención psicológica y otras formas de apoyo integral.
Pero insistió en que el objetivo fundamental es que las mujeres desarrollen autonomía y puedan decidir sobre sus vidas.
“Yo creo que lo más importante es que ellas mismas se sientan capaces, que sepan por ellas mismas salir adelante sin depender de alguien”, explicó.
La conversación abordó también las condiciones de desigualdad que enfrentan mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza y aquellas a quienes su entorno social les ha hecho creer que no tienen posibilidades de superación.
Para la senadora, la defensa de los derechos femeninos no puede quedar reducida al acceso a candidaturas o cargos públicos. También debe traducirse en condiciones para que las potosinas puedan denunciar, recibir atención, superar la dependencia y construir sus propias oportunidades.
Sus declaraciones plantean así un desafío concreto: que el discurso sobre el empoderamiento femenino tenga correspondencia con el acceso efectivo a justicia, servicios y mecanismos de protección, particularmente fuera de la zona metropolitana.
¿Se atreverá en 2027? “Todavía no he decidido”
La entrevista derivó hacia la pregunta electoral que ha acompañado a González Silva durante los últimos meses: si finalmente buscará la gubernatura en 2027.
La senadora respondió que su presencia constante en las comunidades del estado ha sido interpretada por algunos sectores como actividad anticipada de campaña, una lectura que rechazó.
“Porque no están acostumbrados a ver que una legisladora federal pueda regresar, y entonces ustedes aseveran que estoy haciendo campaña, cuando no es así; más bien quise cambiar la forma de hacer política”, sostuvo.
Explicó que no ha tomado una decisión y que, cuando llegue el momento, deberá considerar no solamente sus aspiraciones personales, sino también a su familia.
“También es una decisión familiar, porque también mis hijos cuentan”, puntualizó.
Añadió que el Partido Verde le ha manifestado respaldo y libertad para decidir, siempre dentro de los tiempos establecidos por la legislación electoral.
La senadora afirmó que no se siente presionada ni agobiada por la definición y que, llegado el momento, será una determinación primero personal y después familiar.
Su respuesta confirma que mantiene abierta la posibilidad de participar, pero no constituye un anuncio de candidatura.
“El verde y el naranja combinan”: la broma exclusiva sobre Movimiento Ciudadano
La entrevista dejó también un momento de humor político cuando se le preguntó a Ruth González sobre la presencia del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en su informe, así como sobre los acercamientos entre figuras de Movimiento Ciudadano de Nuevo León y representantes del gobierno potosino.
La pregunta fue directa: ¿existe alguna posibilidad de que el Partido Verde y Movimiento Ciudadano participen juntos en San Luis Potosí?
La respuesta inicial de la senadora, entre bromas, fue:
“Pues combina el verde y el naranja, ¿no? ¿Qué opinas?”.
La expresión dio pie a un intercambio distendido, pero González Silva aclaró inmediatamente que la visita de Colosio no debía interpretarse como el anuncio de un acercamiento electoral.
“No, mira, la verdad es que no. La verdad es que hay una gran relación con muchos senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas”, explicó.
Confirmó que mantiene una amistad cercana con Colosio Riojas y que, a su vez, asistirá a su informe en Nuevo León, al que fue invitada.
“Yo en una semana voy al informe de Colosio allá en Nuevo León, también me invitó y la verdad es que nos llevamos muy bien”, compartió.
La senadora mencionó también su cercanía con Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, con quien recordó coincidencias políticas durante su paso por el PRD, así como con Enrique Vargas, del PAN; Pablo Angulo, del PRI, y legisladores de Morena.
Explicó que las diferencias que se presentan durante los debates parlamentarios no han impedido construir relaciones personales con integrantes de distintas fuerzas políticas.
En consecuencia, la combinación del verde y el naranja quedó como un comentario humorístico de la legisladora ante una pregunta periodística, no como la confirmación de una negociación o de una alianza electoral.
El intercambio, sin embargo, resulta políticamente relevante porque ocurre en un contexto en el que las posibles coaliciones para 2027 todavía forman parte de la discusión pública.
El contexto de 2027: derechos políticos, nepotismo y nuevas alianzas
Las declaraciones de Ruth González se producen después de varios meses de controversia sobre las reglas de la sucesión gubernamental.
En diciembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma que obligaba a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027. Sin embargo, el gobernador Ricardo Gallardo ejerció su facultad de veto y la reforma fue modificada.
Finalmente, las disposiciones aprobadas en 2026 permiten que los partidos registren candidaturas de cualquier género en 2027 y establecen un esquema de alternancia para las siguientes elecciones gubernamentales.
A este escenario se suma la reforma constitucional federal contra el nepotismo electoral, publicada el 1 de abril de 2025, cuya prohibición específica será aplicable a partir de los procesos electorales de 2030, no de 2027.
Esto no elimina el debate político de fondo. Por un lado, está el derecho de cualquier mujer a ser considerada por sus capacidades y trayectoria; por otro, la discusión sobre la concentración del poder y la sucesión entre familiares de quienes ejercen cargos públicos.
En el terreno de las alianzas también existen interrogantes. En septiembre, la senadora prácticamente descartó una coalición del Verde con Morena para la gubernatura de 2027, mientras que en octubre dejó abierta la posibilidad de ser considerada por su partido, sin asumir una candidatura formal.
En ese escenario, la presencia de Colosio y Barrales durante su informe adquiere interés político, aunque la propia González Silva atribuye esos vínculos a relaciones de amistad y trabajo legislativo, no a acuerdos partidistas.
La participación de representantes de cinco fuerzas políticas en su informe mostró, cuando menos, una red de interlocución que trasciende las fronteras del Partido Verde.
Entre la defensa de las mujeres y una decisión que sigue pendiente
El mensaje de Ruth González en su segundo informe tuvo dos dimensiones que se complementaron durante la entrevista posterior.
La primera fue personal y política: reivindicar su derecho a ser evaluada por su trayectoria, sin que sus relaciones familiares sean el único elemento que defina su participación pública.
La segunda fue social: llamar la atención sobre las mujeres potosinas que todavía enfrentan machismo, miedo, pobreza, dificultades para denunciar y falta de confianza en las instituciones.
Aunque su situación ocupa el centro de la discusión electoral, la senadora buscó colocar esa defensa dentro de una causa más amplia, relacionada con el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones y participar en condiciones de igualdad.
Su eventual candidatura sigue sin resolverse. También permanecen abiertas las definiciones partidistas para 2027 y los posibles acuerdos entre fuerzas políticas.
Por ahora, Ruth González dejó tres mensajes: no ha decidido competir por la gubernatura, no renunciará a defender su derecho a participar y considera que las mujeres de San Luis Potosí necesitan oportunidades reales para superar los obstáculos que todavía limitan sus vidas.
Y en medio de esas definiciones, dejó una frase exclusiva que, aunque pronunciada en tono de broma, seguramente alimentará las conversaciones políticas: “Pues combina el verde y el naranja, ¿no?”.
Una combinación de colores que la senadora deslizó y celebró con humor, sin convertirla aún en un anuncio de alianza electoral.
También lee: Dirigencia nacional del Verde reconoce liderazgo legislativo de Ruth González
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Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos
Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto
Por: Ana G Silva
El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.
Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.
Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.
Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%
del monto.
La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.
Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.
También lee: Un contratista obtiene 20% de la obra pública de Tamazunchale
Ciudad
En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento
El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.
Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.
El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.
Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días
para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.
Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.
Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.
Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.
Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.
También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo
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