julio 8, 2026

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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes

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Sistema Anticorrupción

En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público

Por: El Saxofón

San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.

En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.

El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.

Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.

Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.

Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.

La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.

Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.

De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.

Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.

En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.

“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.

Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.

El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.

En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.

“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.

Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E

Exdiputados usaron empresas fantasma

La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.

El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.

Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.

Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.

“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.

Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.

Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.

El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.

“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.

Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.

Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.

La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.

https://laorquesta.mx/niega-ase-uso-de-empresas-fantasmas-no-se-que-empresas-sean-titular/

Ayuntamiento de SLP

El Saucito no se toca: historia de una promesa que ningún alcalde ha podido cumplir

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La obra más codiciada y más maldita de la capital potosina ha tenido tres intentos fallidos en tres administraciones distintas. En cada uno, fluyó dinero público sin que se moviera un solo metro cúbico de tierra. En el fondo de la historia hay dinero público pagado sin obra ejecutada, recursos que nadie recuperó, y una comunidad que lleva ocho años protegiendo lo suyo.

Por: Redacción

El paso a desnivel de El Saucito es, a estas alturas, más que una obra pública. Es un espejo. Cada administración municipal que se ha asomado a él ha mostrado lo mismo: la ambición por un megaproyecto vial, la incapacidad para concretarlo, y —en más de un caso— la tentación de cobrar antes de construir. Ocho años después del primer intento, la licitación sigue bloqueada, los vecinos acaban de obtener su tercer amparo federal y el alcalde Enrique Galindo Ceballos advierte que si no se liberan las bases pronto, la obra más importante de su gobierno podría morir antes de nacer. De nuevo.

El primer intento: la obra que arrancó con una perforadora y terminó en una investigación

Todo comenzó en febrero de 2018, cuando el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez se plantó en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en el corazón del barrio del Saucito, y anunció el inicio de obras preliminares para un paso inferior vehicular. La inversión prometida: 234 millones de pesos para 1.3 kilómetros de obra. La narrativa era la del alcalde que resolvía el caos vial del norte de la capital. Lo que nadie esperaba era la respuesta del barrio.

El mismo día del arranque, una joven del lugar se abrazó de la perforadora que ya había comenzado a horadar el pavimento. Los vecinos les dijeron a los operadores: “o la paras o te quemamos con todo y máquina.” No era retórica. La gente del Saucito lleva generaciones organizando fiestas patronales, procesiones y rituales alrededor de una iglesia y un cementerio que son, para ellos, identidad. La posibilidad de que una obra de infraestructura los borrara o los dañara no

Los comerciantes y vecinos que se opusieron recibieron avisos de que sus permisos y licencias podrían no renovarse. La presión no funcionó. Para finales de marzo de 2018, el Juzgado Sexto de Distrito concedió suspensión definitiva en el amparo 248/2018, ordenando que no se ejecutara la obra en los tramos donde se ubican la capilla, la iglesia del Señor del Saucito y el cementerio municipal, todos catalogados como monumentos históricos. En abril, los vecinos marcharon con cohetes, danzantes y banda por la avenida Carranza hasta Palacio Municipal. “¡Qué viva el Señor del Saucito!; ¡No nosvamos a rendir!”

El primer intento había fracasado. Pero lo más grave no era el fracaso de la obra. Era lo que se había pagado por ella.

Al terminar el trienio, el gobierno de Xavier Nava Palacios descubrió que de los 130 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero federal destinados al proyecto, se habían erogado 106 millones 153 mil pesos en pagos que no correspondían a ninguna obra ejecutada: 55.7 mdp en materiales que jamás se entregaron, 42.3 mdp en subcontratos, más de un millón y medio en pagos de ISR inexistentes y liquidaciones indebidas al personal técnico. Nava Palacios resumió el caso con una frase: “fue una obra pagada, no ejecutada.”

Cuatro empresas, de las 18 involucradas, devolvieron 55.7 mdp mediante convenios con el nuevo gobierno. Más de 50 millones adicionales quedaron sin recuperar.

Cuando Enrique Galindo asumió la alcaldía en 2021 y se le preguntó si su administración daría seguimiento al caso, respondió con brevedad: “no me toca propiamente estar en ello.” El expediente no volvió a aparecer en la agenda municipal.

El “no me toca” que lo persigue

Con esa respuesta, Galindo cerró la puerta a cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento recuperara los recursos que quedaron sin reintegrar. Las empresas que no habían devuelto el dinero continuaron operando sin consecuencias desde el flanco municipal.

En política, los cálculos que se hacen en el primer año de gobierno con frecuencia cobran factura en el tercero. Galindo gobernaba en tensión permanente con el estado, y abrir un frente en ese momento tenía un costo político claro. Fue una decisión. Las consecuencias, como suele ocurrir, llegaron después.

El segundo intento: Galindo repite el patrón

Para noviembre de 2021, Galindo había lanzado “Vialidades Potosinas” con El Saucito como pieza central: un paso inferior vehicular que prolongara la avenida Salvador Nava en línea recta hasta empalmar con la carretera a Zacatecas. “Vamos por el tercer intento para hacer esa obra y yo no pienso fracasar”, declaró. Lo que siguió tiene un parecido incómodo con lo que ocurrió en 2018.

Entre enero y agosto de 2023, el Ayuntamiento emitió 10 licitaciones distintas relacionadas con el proyecto integral, por un monto total de 378 millones 348 mil pesos. Y comenzó a pagar anticipos: para agosto de ese año, ocho constructoras ya habían recibido 161 millones 131 mil 921 pesos —el 43 por ciento del total—, aunque el proyecto seguía enfrentando el rechazo de una parte de los vecinos y, lo más grave, no existía certeza jurídica de que la obra pudiera ejecutarse.

Porque en mayo de 2023, mientras los pagos fluían, el Juzgado Segundo de Distrito

había concedido suspensión definitiva a vecinos en el juicio 363/2023-III-A, por considerar que desarrollar la obra causaría “perjuicios de difícil reparación”. El Ayuntamiento pagó 161 millones con una suspensión judicial vigente.

El paral elo con lo que ocurrió en 2018 no pasa desapercibido: en aquel caso, se pagó obra que nunca se ejecutó; en este, el Ayuntamiento argumentó que los recursos podían reasignarse. Galindo sugirió que el dinero podría ir al Paseo Esmeralda

en la calzada de Guadalupe, o al desnivel de Himalaya. En todo caso, el patrón —comprometer recursos públicos antes de tener condiciones para construir— se repitió.

El tercer intento: el Saucito contra todos

Con el inicio de su segundo período, Galindo retomó el proyecto en octubre de 2025, esta vez con más precauciones: firmó convenio con el Grupo Universitario del Agua de la UASLP para estudios geológicos y geotécnicos, abrió mesas de diálogo con el INAH, las organizaciones vecinales y los comerciantes. Para abril de 2026 declaraba que el 70 u 80 por ciento de la comunidad apoyaba el proyecto. “Si hay algún riesgo, no lo voy a hacer”, prometió.

En febrero de 2026, el Cabildo aprobó en la Gaceta Municipal 261 el acuerdo que vincula los recursos de la subasta de predios municipales con el proyecto del Saucito, aunque con una condición: el paso inferior del Saucito es el último en el orden de prioridad. Antes deben concluirse la obra de la salida a Guadalajara, el conector Río Españita-Salvador Nava y la rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas.

Y desde el 21 de marzo de 2026, la licitación lleva bloqueada en la plataforma de la Contraloría Estatal, que no ha emitido respuesta. La plataforma, según el alcalde, permanece “ni sí ni no, simplemente inactiva.” En junio, la UASLP presentó observaciones geológicas que pausaron también el proceso técnico: si no se reactiva pronto, la licitación tendría que reiniciarse desde cero. El INAH dictaminó y pidió una certificación de daños adicional. “Ya todo eso es exagerado”, dijo Galindo.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló públicamente que el costo de la obra no se justifica: aseguró que vale 150 millones de pesos, mientras el municipio solicita autorización para gastar más de 300 millones. Galindo respondió con un dato de archivo: cuando Gallardo Juárez licitó esta misma obra en 2018, la proyectó en 240 millones y terminó gastando 120 sin entregar nada. “Él decía de 150 millones de pesos, pero cuando el alcalde anterior al anterior licitó El Saucito, lo licitó en 240 millones de pesos y se gastaron 120”, afirmó.

El nuevo amparo y la Contraloría como árbitro inesperado

El 16 de junio de 2026, mientras la disputa sobre el presunto sobrecosto llenaba las páginas de los medios locales, el Juzgado Sexto de Distrito concedió una nueva suspensión provisional en el amparo 821/2026-III. El Ayuntamiento promovió recurso de queja. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito lo declaró infundado: la medida cautelar se mantiene.

El fundamento es el mismo que en 2018: sin permiso previo del Centro INAH San Luis Potosí, ejecutar una obra en inmediaciones de un monumento histórico es ilegal.

El 3 de julio, los vecinos dieron un paso inusual: notificaron formalmente a la Contraloría General del Estado —la misma que lleva meses sin responder la solicitud de licitación del Ayuntamiento— sobre la existencia de la suspensión provisional y la sentencia del Tribunal Colegiado.

Pidieron que la Contraloría tuviera presentes las medidas cautelares “en cualquier actuación relacionada con procedimientos de revisión, control interno, licitación, contratación, fiscalización, autorización, o seguimiento del proyecto.” El movimiento convierte a la Contraloría, paradójicamente, en el árbitro entre el Ayuntamiento que quiere licitar y los vecinos que tienen una suspensión federal en la mano.

Lo que está en juego

El 6 de julio, Galindo fue directo: “La que nos va a hacer trascender es la del Saucito, y esa sigue sin autorizarse la licitación.” El alcalde describió la obra como su legado. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) la calificó como “urgente” el 1 de julio, aunque su titular Javier Ernesto Flores Navarro advirtió que la infraestructura sola no resolverá los problemas de movilidad si no mejora también el transporte público —materia que corresponde al gobierno estatal.

Al día de hoy la situación es esta: la licitación lleva bloqueada desde el 21 de marzo en la Contraloría Estatal. Existe una suspensión provisional federal vigente, avalada por un Tribunal Colegiado. Los vecinos están organizados, tienen asesoría jurídica y acaban de ganar otro frente legal. Y Galindo, con su segundo período en la recta final, advierte que el proyecto está en riesgo si no se liberan las bases pronto.

En ocho años, tres alcaldes han querido hacer esta obra. Ninguno la ha construido. Dos de ellos comprometieron dinero público antes de tener condiciones legales para hacerlo.

Lo único constante en toda esta historia es El Saucito: el barrio, la iglesia, el cementerio, los vecinos que llevan casi una década diciéndole al poder que ese espacio no se toca sin su permiso. Han ganado tres veces en los tribunales. Y siguen ahí.

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Nuevos expedientes apuntan a presunta red de lavado ligada a Sánchez Zumaya

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Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.

Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.

Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.

El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas

—entre ellas familiares y medios hermanos del empresario— habrían emitido esos comprobantes para dificultar el rastreo del dinero, sin infraestructura ni capacidad económica para respaldarlas. Cita casos atípicos: un joven de 24 años y otro de 25 habrían facturado mil 800

y más de mil 200 millones de pesos, casi sin gastos reportados.

La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.

El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.

Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.

El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.

Con información de Reporte Índigo.

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Un solo sueño: el arte del Mundial en las calles de San Luis | Artículo de Sayd Sauceda

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Por: Sayd Sauceda

Hay sueños que caben en un balón. Y hay ciudades que deciden pintarlos en sus calles. San Luis Potosí, en pleno Mundial 2026, ha convertido el Pasaje Zaragoza y el bulevar Salvador Nava en un lienzo donde el arte y el fútbol se abrazan.

El Ayuntamiento capitalino puso en marcha dos programas: “Color Zaragoza” y “Trazo, Pasión y Fútbol”. El primero convirtió el Pasaje Zaragoza —el andador que va desde la Plaza de Armas hasta el Jardín Colón— en una galería a cielo abierto con más de 60 murales en cortinas de comercios.

El segundo, “Trazo, Pasión y Fútbol”, se enfoca en el fútbol y el Mundial 2026, que ya se está viviendo en el país. La ciudad decidió sumarse con arte urbano en el Pasaje Zaragoza y en el bulevar Salvador Nava.

No es solo una cuestión de embellecer. Es una apuesta por recuperar el espacio público, darle voz a artistas urbanos y fortalecer la identidad cultural desde las calles.

Pasar por el Pasaje Zaragoza y poder detenerse a admirar talento local convierte el recorrido en una experiencia más contemplativa. El arte en el espacio público invita a pensar en dónde se está parado, a poner en perspectiva la obra que llama la atención y también a preguntarse por qué otras no lo hacen. Eso es lo que hace grande al arte: no deja indiferente.

Que el arte llegue a estos espacios no es casualidad. El Ayuntamiento abrió una convocatoria para que artistas independientes pudieran participar. No fue un encargo a dedazo, sino una oportunidad real para que el talento local muestre su visión de la ciudad. Darle esa oportunidad a artistas independientes de plasmar su obra en una cortina o en un puente es un acierto.

El fútbol está en la cultura mexicana. Recuerdo un fin de semana, de esos que no se olvidan. Íbamos a jugar contra los de la otra cuadra. Sentado esperando a que llegara nuestro mejor portero, decidiendo la alineación, todos de playera blanca —varios tuvieron que regresar a cambiar la suya—. Y apostar una Coca de 2.5. Eso era más que una Copa de Champions en ese tiempo. Cuando, aunque vayas perdiendo, podías decir “un gol gana” y remontar sin problema. Esa es la magia del fútbol callejero.

El artista potosino Neto Medellín fue uno de los seleccionados. Pintó dos cortinas en el Pasaje Zaragoza y un puente en el bulevar Salvador Nava. Su obra se llama “Un solo sueño”.

Le preguntamos qué significaba participar en esto y por qué ese nombre:

“Me motivó mucho haber sido elegido entre tanto talento que hay en San Luis Potosí. Hay muchísimos artistas haciendo un gran trabajo, así que formar parte de este proyecto es un honor y también una responsabilidad

. En mi caso, el tema era el fútbol y quise hacer una pieza con la que realmente me sintiera identificado. Así nació ‘Un solo sueño’. Es una obra que habla de algo que compartimos muchos mexicanos. De niños soñamos con jugar un Mundial, con ponernos la camiseta de la Selección y representar a nuestro país. Y aunque con el tiempo esos sueños cambian, seguimos conservando esa ilusión de ver a México llegar a lo más alto y algún día levantar la Copa del Mundo.”

Y sobre la reacción de la gente:

Es muy gratificante escuchar los comentarios de la gente que pasa por estos espacios y ver que conectan con el mural. Cuando recibes una respuesta positiva, todo el esfuerzo cobra sentido, porque el mural no se pinta para uno mismo, sino para todas las personas que lo van a ver todos los días, ya sea camino a la escuela, al trabajo o simplemente mientras caminan por la ciudad. Saber que una obra puede alegrarle el día a alguien o hacerlo detenerse unos segundos a observarla es de las cosas más valiosas del arte urbano. También quise reflejar esa capacidad de los mexicanos para seguir soñando, incluso cuando el camino parece difícil. Más allá del fútbol, el mural habla de la esperanza, de perseguir metas y de no perder esa ilusión que nace desde la infancia.”

“Un solo sueño” ya no es solo un mural en un puente o una cortina. Es un recordatorio de que, aunque crezcamos, aunque la vida nos cambie los planes, la ilusión de ser niños y soñar con un balón no se pierde. Porque al final, todos tenemos uno. Y quién sabe, quizá ese sueño que Neto pintó en el Salvador Nava, uno de estos días, alguien lo viva de verdad.

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