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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
Ciudad
Jaurías de perros, riesgo al oriente de SLP
Vecinos de Jardines del Sur, Valle Dorado y Dalias denuncian ataques contra ellos y sus mascotas por perros sin dueño; piden intervención de la autoridad
Por: Redacción
Habitantes al oriente de la capital potosina han denunciado la presencia de hasta doce perros callejeros, que de manera violenta, han atacado a los vecinos del sector, así como daños materiales y mascotas de diferentes especies.
Vecinos han identificado la presencia de al menos dos jaurías distintas: una integrada por 3 a 4 perros, principalmente de colores café y negro; y otra más numerosa, de entre 8 y 12 ejemplares, en su mayoría de pelaje amarillo. Según reportes, estos grupos han sido vistos también en otras colonias aledañas, como Valle Dorado y Dalias, lo que sugiere que el problema se está extendiendo.
En la calle Aguamarina —a la altura de Daltón y avenida Industrias—, reportan la presencia constante de esta jauría de perros que deambulan por la zona durante la madrugada. En este sector se ha reportado que los habitantes han salido a resguardar a sus propios perros, gatos y conejos, lo que provoca que sean víctimas de agresiones por parte de estos animales. Mientras que en otros casos, también han dado a conocer el hallazgo sin vida de esas mismas mascotas con legitimo dueño.
Además, señalan que estos ataques se producen sin que exista un apar ente interés alimenticio, ya que los cuerpos son abandonados en el lugar. Además, varios vecinos señalan que los perros muerden y dañan vehículos al intentar alcanzar a los animales refugiados en su interior, llegando incluso a subirse sobre ellos.
El caso fue dado a conocer en 2024 por una de las afectadas que lamentó la muerte de su gata por una de estas jaurías, además de alertar a la comunidad sobre la peligrosidad de estos animales. Sin embargo, fuentes consultadas a este medio de comunicación señalan que el problema persiste en la actualidad.
Los vecinos temen que esta situación escale aún más y llegue al punto de poner en riesgo directo la integridad física de los habitantes, particularmente de los niños. Además, advierten que el fenómeno puede convertirse en un problema de mayor escala si no se atiende oportunamente.
Por lo que hacen un llamado a las autoridades municipales, servicios de control animal y protección civil para que intervengan de forma inmediata y evalúen medidas preventivas y de control, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad, siempre y cuando prevalezca un trato digno a los animales en cuestión.
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SAT cierra caso Valeo SLP; “no hay adeudos por utilidades”, indicó la STPS
De acuerdo con la autoridad fiscal, de un supuesto adeudo de 880 millones, la cifra real fue de 54 millones
Por: Redacción
Después de casi nueve años de pleitos legales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio por concluida la controversia entre la empresa Valeo y sus ex trabajadores por el pago de utilidades de 2016.
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí, explicó que la autoridad fiscal determinó que la compañía no tiene pendientes económicos, ya que en su momento pagó más de lo que correspondía. Aunque originalmente se hablaba de un adeudo de 880 millones de pesos, la cifra final que debía cubrirse era de 54 millones; sin embargo, Valeo ya había entregado 261 millones en un primer pago.
“El caso está cerrado”, sentenció el secretario del Trabajo al confirmar que el SAT declaró cumplidas las obligaciones de la empresa.
El funcionario recordó que la resolución permitió destrabar la crisis que afectó a las plantas y que incluso ponía en riesgo a ensambladoras a nivel nacional. “La autoridad fiscal ha sido clara: la compañía cumplió e incluso rebasó lo establecido”, dijo.
Pese a ello, Sánchez Lara detalló que un grupo de extrabajadores manifestó su inconformidad y advirtió que evaluará impugnaciones o nuevas acciones legales.
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Riviera Huasteca arrancaría en 2026
La titular de Sectur indicó que sólo artesanos potosinos podrán participar, para garantizar un beneficio directo
Por: Redacción
Después de poner en marcha el sistema de transporte MetroRed en la Huasteca potosina, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ahora impulsa un nuevo proyecto turístico: la Riviera Huasteca, que busca consolidar a la región como un polo de atracción nacional e internacional.
Yolanda Cepeda Echavarría, secretaria de Turismo del Estado, adelantó que esta iniciativa podría comenzar operaciones en 2026. Se trata de una red de paradores distribuidos en distintos municipios de la Huasteca, donde los visitantes podrán encontrar servicios básicos y, sobre todo, adquirir artesanías directamente de los productores locales.
Cepeda subrayó que en el proyecto sólo podrán participar artesanos potosinos, pues la idea es que los beneficios económicos recaigan directamente en las comunidades de la región.
“Estamos convencidos de que la Riviera Huasteca detonará la economía de la zona. Vamos a solicitar un aumento presupuestal al Congreso, confiando en el respaldo del gobernador, porque este proyecto será un parteaguas para el turismo potosino”, señaló la funcionaria.
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