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¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en SLP? corruptos siguen impunes
En más de tres años desde la creación del Sistema Anticorrupción en San Luis Potosí, no se ha sancionado a ningún funcionario público
Por: El Saxofón
San Luis Potosí cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción hasta ahora inoperante, que no ha logrado probar ni un solo acto de corrupción y por ende no ha podido sancionar a ningún funcionario público acusado de presuntos actos indebidos.
En la entidad el castigo a la corrupción es solo letra muerta en la legislación.
El 20 de diciembre de 2015, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa legislatura se convertiría, a la postre, en “la peor legislatura de la historia”, pues algunos de sus integrantes protagonizarían en 2017 el vergonzoso episodio de “La ecuación corrupta”.
Después de la Ecuación Corrupta, se destaparon otros casos de corrupción al interior del Congreso: uso de empresas fantasma, facturas falsas, supuestos apoyos nunca entregados a los beneficiarios, cuyas identidades fueron robadas (incluso la de una persona fallecida), involucraron a varios legisladores, de todos los partidos.
Aún con ese antecedente, los integrantes de la LXI Legislatura tuvieron en sus manos la elección del Fiscal Anticorrupción, cuya responsabilidad recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, en ese entonces, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, y quien anteriormente se había desempeñado como titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y exdiputado local por el Partido Conciencia Popular.
Hace un año y tres meses que Jorge Alejandro Vera Noyola fue nombrado fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, en enero de 2018. Hasta ahora, la Fiscalía a su cargo no ha dado ningún resultado, cada que son cuestionados faltan argumentos y sobran excusas y pretextos.
La lucha contra la corrupción ha tenido más fuerza desde la iniciativa ciudadana, gracias a las denuncias y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que de parte de los organismos creados por el Estado y que le cuestan al erario público.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido un muy bajo perfil que en nada ha abonado al combate a la corrupción en la entidad.
Al cierre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 16.7 por ciento de la población adulta de San Luis Potosí que estuvo en contacto con algún servidor público durante 2017, experimentó algún acto de corrupción.
De acuerdo con las cifras del Inegi, San Luis Potosí es la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor prevalencia de corrupción en población y este panorama no parece estar cambiando.
Las denuncias se acumulan en la Fiscalía a cargo de Vera Noyola, que si bien tiene una trayectoria incuestionable en el servicio público, hasta ahora, su labor en el combate a la corrupción tampoco le merece mención positiva.
En declaraciones a la prensa, en enero pasado, Vera Noyola afirmó que la Fiscalía tiene denuncias contra al menos 31 servidores públicos.
“Tenemos 31 funcionarios que están sujetos a procesos, que están siendo capturados a través de órdenes de aprehensión o están siendo llamados a juicio a través del sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal“, aseguró.
Sin embargo, cuatro meses después, no hay ningún resultado.
El peor fracaso de la Fiscalía Anticorrupción es el expediente de corrupción más emblemático de San Luis Potosí, “La ecuación corrupta”. La investigación por este caso solo se mantiene sobre el diputado panista Enrique Flores, y prácticamente ha exonerado al resto de los involucrados: Manuel Barrera Guillén del Partido Verde Ecologista se mantuvo en la legislatura, y aguantó hasta el final los señalamientos de corrupción; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y Oscar Bautista Villegas, del PRI, se fueron, pero regresaron después de un tiempo. Incluso Oscar Bautista hoy es diputado federal.
En junio de 2018, a un año de que se diera a conocer el video en el que Enrique Flores “despeja” magistral (o estúpidamente) la ecuación que permitía el blanqueo de cuentas públicas, el propio Vera Noyola, que llevaba cinco meses como fiscal, declaró a la prensa que enfrentaba “en extremo limitantes”, para la investigación del caso, pues al no haber aún una ley de la Fiscalía Anticorrupción esto le impedía intervenir directamente en el caso.
“Yo no estoy exento de la desesperación que tenemos todos de que parece que no avanzan las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, y será con base en resultados”, dijo en su momento, pero ya hay una ley de la Fiscalía, y sigue sin haber resultados.
Sin duda, la corrupción en San Luis Potosí sigue rampante, y el fiscal Anticorrupción, nombrado por una Legislatura corrupta, parece tener las manos amarradas y no puede o no quiere soltárselas.E
Exdiputados usaron empresas fantasma
La organización Ciudadanos Observando denunció a mediados de 2018, que 10 diputados de San Luis Potosí habían usado empresas fantasma para justificar compras por la realización de su segundo informe correspondiente al 2017, durante la legislatura anterior.
El vocero de dicha organización, José Guadalupe González, exhibió ante medios de comunicación pruebas de que las empresas que emitieron dichas facturas no existen físicamente en las direcciones que proporcionaron.
Algunos de los exdiputados mencionados por el desvío de recursos y uso de empresas fantasma fueron Héctor Mendizábal y Mariano Niño, quienes aseguraron que dicha información emitida por Ciudadanos Observando es falsa y obedece a intereses particulares dentro de la organización.
Héctor Mendizábal, exdiputado del PAN señalado por la presentación de una factura por 80 mil 127 pesos que adquirió a través del proveedor (de afiliación panista) de nombre Joel Robledo, cuya empresa es inexistente, según la información proporcionada; indicó que los datos proporcionados por los activistas es incompleta, ya que él en 2017 realizó 17 constancias de los informes que deberían incluir, y que además las empresas que usó están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Me parece lastimosamente o con otros intereses que no aporten las constancias que amparan el gasto y solamente critican la factura, pero que no se informen, porque mis informes costaron más de lo que el recurso se me otorgo aquí”, respondió el panista.
Asimismo, indicó que las constancias de los 17 informes que dio durante el 2017, se pueden revisar a través de la página del Congreso del Estado, en el apartado de transparencia, así como los eventos, convocatorias y trípticos que utilizó.
Por otro lado, Mariano Niño, también exdiputado del PAN, quien también fue señalado por recurrir al mismo proveedor que su compañero de bancada Héctor Mendizábal, y justificar a través de facturas presuntamente falsas 75 mil pesos por el servicio de diseño de identidad e imagen, según los datos proporcionados por Ciudadanos Observando, indicó que el tema que ya había sido presentado con anterioridad por la organización.
El congresista especuló que el escándalo de corrupción se volvió a tocar porque la Junta de Coordinación Política del Congreso está en proceso para aprobar los lineamientos del último informe, mismo para el que fueron asignados 75 mil pesos a cada diputado; es decir, la mitad que lo destinado en 2017.
“Se me hace raro que lo saquen nuevamente porque ya nos había pegado hace un año y pues es a razón de que la Jucopo está en proceso de discusión este tema”, dijo Niño, y agregó que considera “en lo particular está bastante justificable esta erogación, a lo mejor no debe de pasar de 50 mil pesos, si me preguntas mi opinión, pero es parte del presupuesto, además ha ido disminuyendo esta partida. Aunque al final del día si los mismos ciudadanos consideran eliminarlo, pues adelante”, agregó.
Al ser cuestionado por los materiales que utilizó durante su segundo informe de 2017, aseguró que hay evidencia de los trípticos y videos que utilizó, los cuales, dijo, pueden ser consultados a través de transparencia, “Claro que hay evidencia de los trípticos y todo lo que se hizo (…) están en muchos de los distritos, en lo particular puedo dejarte uno, y aquí está de forma transparente”, aseguró pese a que no presentó el mencionado impreso.
Dichas declaraciones se ponen entredicho, ya que en 2017, Jano Segovia, otro de los diputados de la legislatura anterior implicados en presuntos desvíos, declaró para La Orquesta que él había usado facturas apócrifas para justificar el gasto que el Congreso le había otorgado para su segundo informe, ya que dicho dinero lo había repartido entre las principales instituciones de educación superior en Matehuala.
La acción del diputado, aunque loable, fue criticada pues dejó al descubierto un modus operandi que ya ha dado fama nacional a los legisladores potosinos, quienes hasta el momento enfrentan señalamientos por el presunto desvío de aproximadamente cuarenta millones de pesos.
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Gobierno y UASLP reconocen diferencias de “interpretación”, pero confían en acuerdo
La universidad exige liquidez en 2025; pago en obra solo sería posible en ejercicios pasados y con autorización de la SEP
Por: Redacción
Las negociaciones para resolver la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) avanzan “por buen camino”, aseguraron tanto el rector Alejandro Zermeño Guerra como Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas. Ambos reconocieron que las diferencias entre la institución y la administración estatal no han sido de fondo, sino producto de “problemas de interpretación”.
El rector explicó que la discrepancia surge en torno a las aportaciones estatales que complementan el convenio Federación-Estado, pues mientras los recursos federales llegan puntualmente a la universidad y se entregan de inmediato, existe una diferencia en la parte que corresponde al gobierno estatal.
“Ahí es donde tenemos la diferencia. La secretaria de Finanzas tenía un concepto, que ayer creo que quedó aclarado, de que se podía pagar en obra. No. Este año, el 2025, el recurso está perfectamente claro que tiene que ser en líquido”, sostuvo.
Zermeño advirtió que la universidad requiere recursos frescos para cubrir sus compromisos más inmediatos. “Tenemos considerado ese ingreso para poder concluir nuestras actividades de este año. De no resolverse antes de noviembre, tendríamos problemas para cubrir la nómina, los aguinaldos y otras obligaciones básicas”, señaló.
Por su parte, García Vidal defendió la postura del Gobierno del Estado al recordar que ha sido esta administración la única que ha incrementado año con año el presupuesto aprobado por el Congreso a la UASLP. Reconoció que las diferencias han sido en la manera de interpretar los convenios y en las posibilidades de cubrir adeudos con obra, pero insistió en que existe disposición y diálogo para encontrar una salida.
“Es un tema complicado de interpretación, pero la negociación va por buen camino”, afirmó.
La funcionaria también expresó que la universidad mantiene un prestigio invaluable para San Luis Potosí, por lo que el gobierno no dejará solos a los estudiantes. Sin embargo, calificó como lamentables algunas declaraciones mediáticas que, a su juicio, han puesto en entredicho el esfuerzo realizado por la administración estatal.
Tanto el rector como la funcionaria coincidieron en que el mecanismo para resolver la situación debe ser el diálogo, descartando la ruta de las manifestaciones o confrontaciones. “Somos una institución educativa y tenemos que mostrar a la sociedad que sabemos resolver los problemas con inteligencia”, enfatizó Zermeño.
El plazo es claro: si en noviembre no se concreta una solución en torno a la liquidez, la universidad se vería en aprietos para continuar sus operaciones. Mientras tanto, las mesas de negociación siguen abiertas, con la promesa de que, ahora sí, los malentendidos de “interpretación” no se interpongan en la solución definitiva.
También lee: Avanza el diálogo entre el Gobierno del Estado y la UASLP
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Por falta de recursos, proyectos federales no ven la luz en SLP
El gobernador Ricardo Gallardo indicó que se ha intervenido desde el estado en obras de infraestructura como caminos y carreteras
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reconoció que el primer año del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha sido complicado en términos de inversión para la entidad potosina, ya que hasta el momento no se ha iniciado ningún proyecto de la Federación en el estado.
Señaló que el flujo de recursos desde el Gobierno Federal ha sido limitado, lo que ha afectado la ejecución de proyectos en territorio potosino. Ante ello, aseguró que el gobierno estatal ha asumido proyectos de infraestructura que le corresponden a la Federación, con recursos propios.
“Hoy todavía no tenemos un proyecto federal que esté arrancando. Ya tenemos varios listos para 2026, pero era normal que en el primer año llegues y te acomodes; no hay la lana como para llegar a empezar a hacer, lo entendemos. Por eso hemos tenido mucha paciencia”
, declaró el mandatario.
Gallardo explicó que su administración ya ha comenzado a ejecutar obras estratégicas, como la Vía Alterna a la Zona Industrial, que actualmente beneficia a más de 300 mil trabajadores en la zona metropolitana. “Se acortó el tiempo de más de 1 hora 20 minutos a ir a trabajar a media hora. Ya tenemos un flujo en la vía alterna de 2 mil vehículos cada hora al día de hoy”, afirmó.
A pesar de los avances, el gobernador pidió comprensión a la ciudadanía, al asegurar que aún queda mucho por hacer: “Las obras están funcionando, están jalando, y como les digo, falta mucho por hacer, pero que nos tengan poquito paciencia porque lo vamos a hacer”.
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Responsable de caso Nayeli Alfaro no quedará libre: asegura FGESLP
La fiscal García Cazares indicó que los retrasos en el caso se deben a recursos de la defensa; rechazó que el caso esté “atorado”
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), respondió sobre el estado del caso de Na yeli Alfaro Silva, joven fisicoculturista víctima de feminicidio en 2022
, cuyo presunto responsable —Uriel “N”, pareja de la víctima— fue detenido hace tres años.
La funcionaria rechazó que el caso esté “atorado”, como señalan representantes legales de la familia de Alfaro, y explicó que los retrasos obedecen a recursos legales interpuestos por la defensa del acusado.
“La ley permite que los actos se puedan ampliar dentro del proceso. La Fiscalía tiene que esperar los tiempos para que las partes promuevan amparos y éstos se resuelvan, para poder llegar a una conclusión en el caso”, señaló García Cázares.
La fiscal recalcó que no existe riesgo de que el presunto feminicida quede en libertad, pues los recursos legales presentados no interrumpen la medida cautelar.
“De ninguna manera puede quedar libre. Son autos de defensa, pero no corren términos para que pueda seguir en libertad”, afirmó.
Finalmente, la titular de la FGESLP evitó dar una cifra sobre cuántos casos se encuentran bajo condiciones similares, pero aseguró que no son la mayoría.
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